8A La Prensa Panamá, miércoles 3 de junio de 2026 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. La prueba de hermeticidad consiste en verificar que una tubería o sistema de gas no presente pérdidas. Para ello, se introduce presión en las líneas y se monitorea durante un tiempo determinado. Si la presión disminuye, se presume la existencia de una fuga. Por otro lado, la prueba de presión se enfoca en determinar si las tuberías soportan correctamente niveles específicos de presión sin deformarse ni fallar estructuralmente. También existe la llamada prueba de fuga de gas, que utiliza equipos especializados para localizar exactamente el punto donde se escapa el combustible. Aunque estas medidas son necesarias para garantizar la seguridad, el problema en Panamá radica en los tiempos de respuesta y en la forma en que se manejan las suspensiones del servicio. En otros países de América Latina, Europa o Estados Unidos, cuando se detecta una fuga, las reparaciones suelen ejecutarse en períodos mucho más cortos, gracias a protocolos ágiles, mayor disponibilidad de técnicos certificados y coordinaLas colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. La urgencia de la verdad y el derecho a decidir Mina de Donoso La reciente noticia publicada en La Prensa sobre la prórroga solicitada por la empresa auditora SGS para la entrega del informe final de la mina Cobre Panamá no es un mero trámite administrativo; es una señal de alarma que debe resonar con fuerza en los pasillos gubernamentales. El retraso injustificado en la publicación de los hallazgos técnicos sobre el estado real de la mina siembra dudas razonables: ¿estamos ante una dificultad técnica o ante un intento de dilación estratégica para evitar revelar realidades incómodas? Como sociedad, hemos sido testigos de reportes mensuales que advertían sobre riesgos críticos, como el drenaje ácido de roca y la inestabilidad de estructuras vitales. No podemos permitir que el Gobierno Nacional avance en conversaciones o intenciones de reactivación extractiva sin tener sobre la mesa el documento definitivo de esta auditoría integral. Tomar decisiones de tal magnitud a ciegas, o ignorando las advertencias técnicas de los auditores ambientales, sería una irresponsabilidad histórica con graves consecuencias ambientales y económicas. El informe final no es un documento de consulta opcional para el Ejecutivo; es la línea base obligatoria sobre la cual debe construirse cualquier política pública respecto al futuro del complejo minero. Tengo la sospecha fundada de que se busca tiempo para gestionar las narrativas antes de que la verdad científica se haga pública; pero el Gobierno de Panamá tiene un mandato superior: proteger el interés general y garantizar el cumplimiento del derecho a la información, consagrado en la Ley 6 de 2002 y el Acuerdo de Escazú. Cualquier maniobra que busque minimizar los hallazgos técnicos en favor de intereses privados o de una premura política por la caja fiscal será recibida con justificada indignación ciudadana. Sin embargo, incluso si el informe llegara mañana y fuera cristalino, una decisión de esta envergadura no puede tomarse a puerta cerrada, en el Salón Amarillo de la Presidencia, a espaldas del pueblo, que escogió al mandatario. La minería a gran escala no es solo un tema de ingeniería o de finanzas; es una cuestión de soberanía territorial y de salud pública a largo plazo. La mejor situación, y la única que otorgaría legitimidad democrática a cualquier escenario futuro, es que se consulte a la población mediante un plebiscito nacional. El país merece decidir si quiere seguir el camino de una industria con vulnerabilidades comprobadas o si prefiere trazar un rumbo hacia una economía más sostenible. La soberanía reside en el pueblo, y es este quien debe tener la última palabra sobre un activo que condiciona nuestro patrimonio natural por décadas. El Gobierno debe resistir la presión de actores económicos, esperar la auditoría y, más importante aún, comprender que la legitimidad de su gestión depende de su disposición a escuchar la voluntad popular antes de sellar, de forma irreversible, el destino de nuestras tierras. El Presidente no puede pasar por encima de la voluntad popular, de donde emana el poder público y su legitimidad. Como bien dice el dicho: “quien más consulta, menos se equivoca”. ¿A quién le habla el alcalde Mizrachi? Desarrollo urbano aplican de forma discrecional, sin sustento técnico y sin participación ciudadana, el resultado es especulación: el valor del suelo se multiplica, el desarrollador gana y el barrio paga. El PLOT de 2021 agravó ese problema al plantear en sectores de la ciudad densidades superiores a las de Manhattan, no como respuesta a necesidades de vivienda asequible, sino a la presión del mercado inmobiliario. Ya en 2017, según la consultora CBRE, más de 3,000 apartamentos del centro de la ciudad estaban desocupados, y desde entonces la construcción no ha parado. Los números dicen para quién. Según Indesa Capital, en el primer trimestre de 2026 los compradores extranjeros representaron el 48.8% del mercado, un récord histórico. Desde 2021, año en que se aprobó el PLOT, la inversión extranjera en vivienda creció un 65%, más de tres veces la tasa del mercado local. En paralelo, los créditos hipotecarios para el panameño promedio se derrumban. Según la Superintendencia de Bancos, la aprobación de nuevos créditos preferenciales cayó un 34% en los primeros cuatro meses de 2026. “La gente sigue necesitando dónde vivir, pero no puede comprar; por eso alquila”, reconoció el propio director de Estudios Financieros de la Superintendencia. Esa demanda de alquiler alimenta, paradójicamente, a los inversionistas extranjeros que compran para arrendar. La ciudad se construye intensamente. Para quienes no necesitan hipoteca. La infraestructura que se estira como chicle Cuando un desarrollador obtiene un cambio de zonificación y levanta 200 apartamentos donde antes había cuatro casas, no está obligado a ampliar las calles ni garantizar agua potable para los 700 nuevos residentes. La infraestructura simplemente se estira. El propio presidente Mulino calificó la situación del agua en Panamá Oeste como una “irresponsabilidad mayúscula”. La red de distribución pierde más del 48% del agua por fugas. El Idaan estima que en los próximos 10 años Panamá Oeste llegará a 1.2 millones de habitantes. Nadie invirtió en la infraestructura para recibirlos. Más de 100,000 personas viajan diariamente hacia la ciudad en vías que colapsan cada mañana. Esa gente Margot López El país que desconecta el gas Pruebas de hermeticidad En Panamá, la prueba de hermeticidad se ha convertido en uno de los temas más polémicos dentro de los edificios residenciales y comerciales, debido a los largos períodos en que se suspende el suministro de gas mientras se realizan inspecciones, reparaciones y certificaciones. Muchos expertos consideran que Panamá es uno de los pocos países donde un edificio puede permanecer semanas o incluso meses sin servicio de gas, generando incomodidades, gastos adicionales y afectaciones a la calidad de vida de miles de familias. Las pruebas de hermeticidad forman parte de las normas de seguridad utilizadas para detectar fugas en sistemas de gas. Estas inspecciones están relacionadas con estándares internacionales como los establecidos por la National Fire Protection Association, específicamente las normas NFPA 54 y NFPA 58, que regulan instalaciones de gas combustible y gas licuado de petróleo. El objetivo principal de estas normas es prevenir accidentes, explosiones e incendios ocasionados por fugas o instalaciones defectuosas. ción inmediata entre administraciones, empresas gasistas y autoridades competentes. En Panamá, sin embargo, es frecuente que un edificio permanezca semanas o meses sin gas debido a procesos burocráticos, la espera de permisos, la falta de materiales o retrasos en certificaciones. Durante ese tiempo, los residentes deben recurrir a estufas eléctricas, restaurantes o equipos improvisados para cocinar. Esto genera un aumento considerable en el consumo eléctrico y en los gastos familiares. Además, muchas personas mayores, familias con niños pequeños y comercios que dependen del gas se ven seriamente afectados. Nadie discute la importancia de cumplir con las normas NFPA ni la necesidad de realizar pruebas de hermeticidad para proteger vidas. Sin embargo, consideramos que Panamá necesita una nueva reglamentación para adecuar los procedimientos a los utilizados internacionalmente, acelerar los procesos de inspección y establecer tiempos máximos de respuesta para evitar que miles de personas queden sin un servicio esencial durante períodos excesivamente largos. La seguridad debe ser una prioridad, pero también debe existir eficiencia, planificación y sentido común en la atención de este tipo de situaciones. Opinión EL AUTOR es abogado. EL AUTOR es docente univesitario. LA AUTORA es arquitecta. Irving Domínguez Bonilla vive en el oeste porque la especulación los expulsó del centro. Se levantan antes del amanecer. Llegan de noche. No por elección, sino por exclusión, gracias a decisiones que priorizan rentabilidad sobre habitabilidad. Y mientras Panamá avanza en esa dirección, el resto del mundo camina en sentido contrario. Ciudades referentes del mundo — Ámsterdam, Copenhague, Medellín, Bogotá— invierten en hacerse más caminables, más verdes, menos dependientes del auto. Entienden que una ciudad que funciona bien atrae talento, mejora la salud pública, reduce emisiones y también genera riqueza, pero riqueza distribuida. Panamá hace exactamente lo contrario: aumenta densidad sin transporte público, construye hacia arriba sin ensanchar aceras, aprueba torres sin exigir espacios verdes. Eso es una decisión de política pública que beneficia a un sector muy pequeño. ¿A quién le habla, entonces, el alcalde? ¿Y para quién trabaja? Cuando Mizrachi dice que la demanda legal afectará al panameño que quiere vender su terreno, cabe preguntar: ¿cuántos panameños tienen esa capacidad real? A las familias que serán desplazadas por el embalse del Río Indio les ofrecen $3,000 de indemnización. El panameño que gana cuando sube la densidad no es el vecino de toda la vida: es quien ya tenía los contactos y los recursos para conseguir el cambio de zonificación. Quienes vivimos y defendemos nuestros barrios no nos oponemos al desarrollo. Nos oponemos al desorden. A que se construya sin infraestructura y sin escuchar a quienes viven las consecuencias. Cuando la voz ciudadana se trata como obstáculo en lugar de herramienta de corrección democrática, el debate deja de ser urbanístico y se vuelve político: ¿quién tiene derecho a decidir el futuro de la ciudad y en beneficio de quién? Eso es lo que le pedimos al alcalde. Que explique, con datos, por qué el PLOT sirve a la ciudad. Que abra el debate. Que escuche a los barrios. Porque un alcalde que solo le habla a los constructores y a los inversionistas no le está hablando a Panamá. En un reciente reel de Instagram, el alcalde Mayer Mizrachi amargamente se queja de la demanda interpuesta contra el Plan Local de Ordenamiento Territorial (PLOT) de 2021, argumentando que podría “paralizar toda la construcción en la ciudad”. Nadie podrá construir, dice. Ni remodelar su casa. Ni levantar un quiosco. El terreno que compraste no va a valer lo que pagaste. Hay que aclarar que, de invalidarse el PLOT 2021, simplemente regiría la normativa anterior. Lo que no queda tan claro es a quién se dirige el alcalde en este video: ¿a quienes se benefician del desorden urbano o a quienes lo padecen? Los vecinos que nadie escucha Como nunca antes en la historia panameña, centenares de vecinos organizados en toda la ciudad libran una batalla silenciosa contra cambios de zonificación que transforman sus barrios sin consulta y sin sustento técnico. No son grupos de élite que defienden vistas al mar. Son comunidades a las que se les arrebata su calidad de vida: perdiendo arbolado, con calles colapsadas y temperaturas cada vez más altas. Nunca les preguntaron si eso era lo que esperaban del contrato que tenían con su ciudad. Ese contrato tiene un nombre: zonificación. Mientras estas asociaciones litigan a su propio costo, el alcalde advierte en redes que quienes se quejan quieren “hundir a Panamá” y no cantan el himno nacional. ¿Para quién se construye la ciudad? El valor de un terreno no depende solo de su ubicación: depende de cuánto se puede construir sobre él. En Panamá, el mecanismo funciona así: un desarrollador compra una casa en un barrio de baja densidad —a precio de baja densidad— y luego solicita un cambio de zonificación para ese solo lote. La normativa existe para evitar justo eso: marca las reglas para una zona completa, no para un lote individual. Pero cuando esas reglas se Las pruebas de hermeticidad son indispensables para la seguridad, pero los prolongados cortes del servicio de gas evidencian la necesidad de procedimientos más ágiles. Federico Lau Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Subdirectora de Investigación, Política y Judiciales Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Subdirectora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista Jefa de Información Cecilia Fonseca Gerente General Sudy S. de Chassin ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón
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