1A La Prensa Panamá, miércoles 3 de junio de 2026 El medio libre de Panamá 75¢ Miércoles 3 de junio de 2026 - Año 45 - Nº 15400 Hoy por hoy La fuga registrada en La Joyita es gravísima. Tan preocupante como la evasión de 195 reclusos ha sido el manejo de la información por parte de las autoridades. No se trató de menores escapando, sino de privados de libertad en un penal donde operan integrantes de organizaciones criminales de alta peligrosidad, muchos con antecedentes de delitos graves y vinculación a bandas violentas. Durante más de 24 horas, los ciudadanos ignoraban cuántos reclusos habían escapado, quiénes eran y cuántos seguían prófugos. La fuga era real; los operativos —con agentes del Senan y del Senafront involucrados— estaban en marcha, y muchos vecinos tuvieron que cerrar sus puertas mientras los rumores se multiplicaban, pero la información oficial brillaba por su ausencia. No existe claridad sobre el perfil de los 69 prófugos, información indispensable para conocer el riesgo real y prevenir nuevas amenazas a la comunidad. La gravedad del hecho quedó reflejada Colombia y Costa Rica lideran los depósitos externos en Panamá CENTRO BANCARIO Yolanda Sandoval [email protected] Al cierre de abril de 2026, los depósitos externos del Centro Bancario Internacional de Panamá alcanzaron 49,864.8 millones de dólares, equivalentes al 41.3% del total de la banca del país. Colombia, Costa Rica, Venezuela, Ecuador y República Dominicana concentran la mitad de estos fondos. La evolución económica y política de estos países impacta directamente en los flujos, riesgos, estabilidad y perspectivas futuras del sistema financiero local. VEA 1B La Joyita: 195 fugados; 69 siguen en las calles Juan Manuel Díaz [email protected] FUGA MASIVA Las autoridades atribuyen la fuga masiva a enfrentamientos entre pandillas rivales durante el traslado de internos. El motín dejó tres muertos y expuso graves fallas en la seguridad del sistema penitenciario. Más de 24 horas después del caos desatado el pasado lunes en La Joyita, las autoridades finalmente pusieron cifras a una crisis sin precedentes: 195 reos escaparon del penal, 69 continúan prófugos y el motín dejó tres muertos. Durante una conferencia de prensa encabezada por la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, junto al director del Sistema Penitenciario, Jorge Torregrosa, y el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, se ofrecieron detalles sobre la magnitud de los hechos. Aunque las autoridades reconocieron que entre los prófugos figuran internos de alto perfil, no divulgaron sus identidades, fotografías ni los delitos por los que cumplían condena o enfrentaban procesos judiciales. Según la versión oficial, la violencia se desencadenó durante el traslado de internos hacia otro penal, cuando reclusos vinculados a pandillas rivales iniciaron enfrentamientos dentro del recinto. La situación escaló rápidamente, derivó en una fuga masiva y obligó a desplegar operativos de búsqueda en distintos puntos del país. VEA 2A Jorge Torregrosa (director del Sistema Penitenciario), Dinoska Montalvo (ministra de Gobierno) y Jaime Fernández (director de la Policía Nacional). Gabriel Rodríguez ‘China jamás cancelaría una visa a un panameño’ A pocos días de concluir su misión en Panamá, la embajadora china Xu Xueyuan reafirmó la oposición de Pekín a una oficina taiwanesa en el país, defendió los intereses de empresas chinas, destacó el crecimiento del comercio bilateral y pidió decisiones libres de presiones externas. VEA6A Infografía: LP - Fuente: SBP Principales países de origen de los depósitos externos COLOMBIA 11,446.1 23.0% DEPÓSITOS PARTICIPACIÓN COSTA RICA 4,598.0 9.2% DEPÓSITOS PARTICIPACIÓN VENEZUELA 3,348.0 6.7% DEPÓSITOS PARTICIPACIÓN ECUADOR 3,227.1 6.5% DEPÓSITOS PARTICIPACIÓN R.DOMINICANA 2,772.5 5.6% DEPÓSITOS PARTICIPACIÓN El eventual sustituto de la rectora viene de su círculo de poder Al vicerrector académico de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Jorge Bonilla, se le ha cuestionado por el nombramiento de su esposa como docente dentro de esa casa de estudios. Bonilla es considerado uno de los colaboradores más cercanos de la rectora Etelvina Medianero de Bonagas. VEA 4A Rumbo al Mundial Listos para República Dominicana La selección de fútbol de Panamá celebró ayer su último entrenamiento antes del amistoso contra República Dominicana, programado para hoy a las 7:45 p.m. El cuerpo técnico, liderado por Thomas Christiansen, afinó tácticas ofensivas y defensivas, revisó la condición física de los jugadores y preparó alineación y variantes para el próximo compromiso ante Bosnia y Herzegovina, el 6 de junio en San Luis, Estados Unidos. Además, el primer partido de Panamá en el Mundial se llevará a cabo el 17 de junio contra Ghana.VEA 4B Carlos Vidal-Endara 48 muertos en Colombia Justin Lawrence, a los Mellizos Las autoridades colombianas confirmaron el hallazgo de 48 cadáveres en Guaviare tras combates entre facciones disidentes de las FARC. Entre las víctimas identificadas figuran 11 menores de edad; cinco cuerpos siguen sin identificar. El panameño Justin Lawrence se une a los Mellizos de Minnesota tras ser cambiado por dinero desde los Piratas de Pittsburgh. Compartirá bullpen con Yoendrys Gómez, en un grupo con pocos lanzadores de velocidad. VEA 4B en escenas insólitas, como la captura de uno de los evadidos en un restaurante. Una fuga de esta magnitud resulta injustificable y refuerza la percepción de que la seguridad pública está a la deriva. El país merece una explicación completa. Además de recapturar a los fugitivos, corresponde identificar y sancionar a los responsables de esta falla de seguridad. La ciudadanía tiene derecho a conocer qué ocurrió, por qué y quién responderá por ello, y exigir medidas que eviten que se repitan incidentes de semejante magnitud.
2A La Prensa Panamá, miércoles 3 de junio de 2026 En medio de la crisis generada por la fuga de reos, el Ministerio de Gobierno ha puesto en marcha un proyecto para la construcción de un complejo penitenciario especializado en resarcimiento y rehabilitación. Se trata de una obra que será levantada frente a los centros penitenciarios La Joyita, La Joya y La Nueva Joya, ubicados en el corregimiento de Las Garzas, al este de la capital. El ministerio lanzó la licitación pública para el “Estudio, Diseño, Construcción y Equipamiento” de este nuevo centro, cuyo precio de referencia asciende a $85 millones. Las propuestas, de acuerdo con la entidad, serán recibidas hasta el próximo 14 de julio. En el informe de justificación del proyecto, el Ministerio de Gobierno admitió que el sistema penitenciario panameño ha enfrentado durante las últimas décadas un “progresivo deterioro” en su capacidad para atender de manera adecuada a las personas privadas de libertad. Centros de encierro La entidad destacó factores como la sobrepoblación, la falta de espacios dignos, la carencia de programas efectivos de reinserción social y la limitada infraestructura de apoyo para la educación y el trabajo productivo. “Esto ha generado un ambiente adverso que dificulta el proceso de rehabilitación”, señaló el ministerio. Actualmente, Panamá concentra la mayor parte de su población penitenciaria en el complejo integrado por La Joyita, La Joya y La Nueva Joya. Estas instalaciones, según el informe, fueron concebidas bajo un modelo tradicional de reclusión orientado principalmente al encierro y la custodia, dejando en segundo plano los programas de resocialización. A ello se suma, según la entidad, el crecimiento demográfico del país, la persistencia de fenómenos de criminalidad juvenil y adulta, y la falta de mecanismos de transición para internos en fase de prelibertad, factores que “han provocado una presión significativa sobre estas infraestructuras”. “Ante este escenario, se hace necesaria la creación de un nuevo centro de reinserción social”, añadió el ministerio. Recámaras y aulas El contratista será responsable de la construcción de edificios residenciales para la población privada de libertad, pabellones destinados al personal de custodia y bloques complementarios para educación, talleres técnicos, salud, alimentación, deportes, cultura, visitas y servicios generales. El complejo tendrá capacidad para albergar a 2,500 Gobierno construirá centro penitenciario de rehabilitación por $85 millones REINSERCIÓN personas preliberadas en la etapa final de cumplimiento de condena, bajo un régimen diferenciado de confianza y prelibertad. Los edificios estarán distribuidos por niveles y contarán con recámaras para internos diseñadas para un máximo de seis personas por habitación, con baños individuales, áreas de estudio y convivencia, así como circulaciones verticales. Para los custodios se construirán dormitorios, áreas de descanso, servicios sanitarios, gimnasio, canchas deportivas, vestidores y espacios de apoyo, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas para quienes brindan seguridad y acompañamiento en la operación del centro. El proyecto también contempla un área de salud y atención terapéutica, con consultorios médicos y psicológicos, además de espacios para terapia grupal. Para la recreación de los internos se incluirán dos canchas multiuso techadas, una cancha sintética de dimensiones reducidas y un área de acondicionamiento físico, diseñadas para “fomentar el deporte, la disciplina y la integración social de la población interna”. Contará con seis aulas de docencia, dos aulas multipropósito, un laboratorio de informática, biblioteca, sala de estudio y espacios de apoyo académico para tutores y especialistas en psicopedagogía. Las instalaciones también incluirán espacios culturales y de integración, áreas para la práctica de ajedrez y un área de oración. Todas las edificaciones dispondrán de garitas de control, cercado perimetral, malla ciclón con fundación de bloques, estacionamientos vehiculares, accesos peatonales y vehiculares, vialidades internas, áreas verdes y espacios abiertos. La cárcel La Joyita, de la cual se fugaron decenas de presos el lunes, tiene capacidad para albergar a 2,837 privados de libertad; sin embargo, actualmente mantiene una población penitenciaria de 4,801 internos. Las cárceles del país registran una sobrepoblación de 10,227 personas privadas de libertad, concentradas principalmente en los centros penitenciarios de La Joya, La Joyita y La Nueva Joya. Unidades policiales desplegaron operativos, durante la tarde del lunes y ayer, en distintos puntos para ubicar y recapturar a los evadidos de La Joyita. Cortesía Se fugaron 195 reos de La Joyita, confirma la ministra de Gobierno Juan Manuel Díaz [email protected] José González Pinilla [email protected] MOTÍN Tres privados de libertad murieron dentro del penal antes que se produjera la fuga masiva de los reos. Hasta ayer se mantenían unos 69 reos prófugos. Las autoridades revelaron ayer la magnitud de la fuga ocurrida el pasado lunes en la cárcel La Joyita, cuando 195 privados de libertad escaparon durante un motín, una cifra récord que mantiene en alerta a los estamentos de seguridad y a las comunidades cercanas al complejo penitenciario. Aunque al menos 120 evadidos han sido recapturados, 69 permanecían prófugos, según las cifras ofrecidas por las propias autoridades, que además reconocieron que entre ellos hay internos de alto perfil. Cerca de 24 horas después de los hechos, tampoco se habían divulgado las fotografías de los reos que continúan prófugos. La actualización oficial fue dada a conocer durante una conferencia de prensa encabezada por la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, y el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández. Mientras Fernández informó que 123 de los evadidos habían sido recapturados, Montalvo señaló posteriormente que la cifra ascendía a 126. No preció si la diferencia de tres corresponde a los tres fallecidos en la rebelión. La fuga se produjo en medio de un motín dentro del centro penitenciario, un episodio que dejó un saldo de tres internos muertos, ocho privados de libertad heridos y tres agentes de la Policía Nacional lesionados. Uno de los uniformados fue retenido temporalmente por un grupo de reclusos y posteriormente liberado. Fernández confirmó las tres muertes ocurridas dentro del penal, aunque las autoridades no explicaron bajo qué circunstancias se produjeron ni precisaron si estuvieron relacionadas con enfrentamientos entre pandillas o con disputas personales entre los internos. Posteriormente se conoció que los tres fallecidos presuntamente mantenían vínculos con una pandilla que opera en la provincia de Panamá Oeste. Las autoridades anunciaron la apertura de investigaciones para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades. “Vamos a encontrar a las personas que hayan permitido una situación como esta”, afirmó Montalvo. Por su parte, Fernández dijo que se abrió una investigación administrativa para determinar si hubo participación, complicidad o negligencia por parte de agentes de la Policía Nacional que se encontraban asignados al penal cuando ocurrió la evasión masiva. El director de la Policía también reconoció que entre los prófugos figuran internos considerados de alto perfil, quienes presuntamente estuvieron entre los responsables de promover los actos violentos registrados en los pabellones 13, 14 y 15 de La Joyita. Montalvo aseguró que las autoridades actuarán con firmeza frente a los responsables de los disturbios y sostuvo que no se tolerarán hechos de violencia dentro de Vistas de la cárcel La Nueva Joya. Cortesía/Policía Nacional Panorama Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom los centros penitenciarios. Como medida de seguridad, las visitas al complejo penitenciario ubicado en Las Garzas fueron suspendidas temporalmente. Las autoridades informaron que se reanudarán el próximo lunes únicamente en los centros La Mega Joya y La Joya. En el operativo de búsqueda y recaptura participan aproximadamente 1,200 unidades de la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y el Servicio de Protección Institucional (SPI). Una crisis agravada por el hacinamiento La fuga ocurre en un contexto de severa sobrepoblación penitenciaria en La Joyita. De acuerdo con un informe de la Dirección General del Sistema Penitenciario, con fecha de corte al 30 de abril de 2026, el centro alberga actualmente a 4,788 hombres, a pesar de que fue diseñado para recibir únicamente a 2,837 personas. La diferencia representa una sobrepoblación de 1,951 internos y una densidad penitenciaria de 165.7%, reflejo de la presión que soporta uno de los principales centros de reclusión del país. El reporte señala además que 2,629 privados de libertad cuentan con sentencia condenatoria en firme, lo que equivale al 54.9% de la población del penal. Los restantes 2,159 internos, equivalentes al 45.1%, permanecen en condición de procesados y están a la espera de una decisión judicial definitiva. Las cifras ponen de manifiesto las dificultades estructurales que enfrenta el sistema penitenciario panameño y reabren el debate sobre las condiciones de seguridad, control y gobernabilidad dentro de las cárceles, particularmente en un complejo que concentra buena parte de la población privada de libertad del país.
3A La Prensa Panamá, miércoles 3 de junio de 2026 Estadio Roberto Mariano Bula de Colón. Carlos Vidal Mulino veta proyecto de ley para patronato del estadio Mariano Bula Eliana Morales Gil [email protected] ASAMBLEA NACIONAL El mandatario considera que varios de sus artículos aprobados en la Ley restaban funciones a Pandeportes y afectaban recursos públicos. El presidente José Raúl Mulino objetó el proyecto de ley que creaba el patronato del estadio Roberto Mariano Bula de Colón, al considerar que varios de sus artículos chocan con la forma en que el Estado administra las instalaciones deportivas y generan dudas sobre el manejo de recursos públicos. A través de una nota fechada el pasado 26 de mayo y dirigida al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, el mandatario expuso las objeciones por inconveniencia e inexequibilidad del proyecto de ley impulsado por un grupo de diputados que pretendía darle vida a una entidad con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, para administrar el emblemático estadio de béisbol de Colón. La propuesta buscaba atraer recursos privados, promover actividades comerciales y asegurar el mantenimiento permanente de las instalaciones. Sin embargo, el Ejecutivo concluyó que varios artículos alteran funciones que actualmente corresponden al Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), entidad responsable de dirigir la política deportiva nacional y administrar la infraestructura deportiva del Estado. En su nota, Mulino objetó por inexequibles los artículos que otorgaban autonomía administrativa, económica y financiera al patronato, los que definían su patrimonio y los que le transferían la administración del estadio. A juicio del Ejecutivo, esas disposiciones modifican el modelo de rectoría deportiva vigente y podrían entrar en conflicto con el artículo 86 de la Constitución, que establece la responsabilidad del Estado en la promoción y organización de la actividad deportiva. ¿Quién administra el estadio? El proyecto establecía que el patronato asumiría la administración, mantenimiento y operación del estadio Roberto Mariano Bula, aunque mantenía la propiedad del inmueble en manos del Estado. Para Mulino, esa fórmula deja vacíos importantes. Según la objeción presidencial, el texto no define con claridad cómo se coordinarían las funciones entre el patronato y Pandeportes, ni establece responsabilidades concretas sobre custodia, inversiones, seguros, mantenimiento o manejo patrimonial del inmueble. El presidente de la República también advirtió que, aunque la ley reconoce que el estadio seguiría siendo propiedad estatal, cualquier esquema de administración debe mantener la participación del ente rector del deporte. Mulino insistió en que permitir estructuras autónomas para administrar instalaciones deportivas podría fragmentar la política deportiva nacional. “Si cada estadio importante tuviera su propia ley o autonomía total”, el Estado podría perder capacidad para dirigir una estrategia deportiva coherente en todo el país, señala el documento, que recoge observaciones de Pandeportes y del Ministerio de Educación. Fondos y patrimonio Otro de los puntos cuestionados se refiere al manejo de los recursos económicos del patronato. El proyecto contemplaba que la nueva entidad recibiera fondos estatales, donaciones, aportes privados, ingresos por actividades comerciales y recursos derivados de concesiones y arrendamientos. También le otorgaba la facultad de administrar los bienes y recursos asignados al estadio. Las observaciones también alcanzan el artículo que definía el patrimonio del patronato. La propuesta permitía que la entidad recibiera subsidios, donaciones, ingresos por servicios y otros aportes, pero el Ejecutivo consideró que la norma no precisaba con suficiente claridad los mecanismos de captación, control y destino de esos recursos. Otra de las entidades que Mulino tomó en cuenta para tomar la decisión fue la Contraloría General de la República. El gobernante también cuestionó la creación de un fondo de reserva de sostenibilidad equivalente al 20% de los ingresos netos de autogestión del estadio. Según la Presidencia, el proyecto no define cuáles actividades generarían esos ingresos ni establece un régimen financiero que permita evaluar la viabilidad real del fondo. Contratos, concesiones y presupuesto Las objeciones también alcanzan facultades que el proyecto otorgaba a la junta directiva del patronato. La iniciativa autorizaba a ese organismo a aprobar el presupuesto anual, autorizar contratos, convenios, concesiones y patrocinios relacionados con la operación del estadio. Mulino también objetó esos numerales por considerar que no pueden ejercerse al margen de los controles constitucionales que regulan el uso de fondos públicos y la administración de bienes estatales. Al respecto, sostiene que cualquier presupuesto financiado con recursos públicos debe formar parte del Presupuesto General del Estado y no quedar sujeto únicamente a aprobación interna. Asimismo, advierte que los contratos o concesiones vinculados a bienes estatales deben respetar los procedimientos establecidos en la Constitución y en las normas de contratación pública. El proyecto de ley fue impulsado por el diputado oficialista Nelson Jackson, con el apoyo de sus colegas Víctor Castillo, Yamireliz Chong, Jairo Salazar, Paulette Thomas, Lilia Batista, Rogelio Revello, Shirley Castañedas y Yuzaida Marín. Ahora corresponderá a la Asamblea Nacional analizar las objeciones del Ejecutivo y decidir si introduce modificaciones al proyecto o si insiste en el texto aprobado originalmente. Panorama
4A La Prensa Panamá, miércoles 3 de junio de 2026 Panorama MOROSIDAD. El 22 de abril pasado, el vicerrector de Unachi, Pedro González, reconoció ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea que la universidad adeudaba $12.4 millones en cuotas obrero-patronales a la CSS. Han transcurrido 42 días y todo sigue igual, salvo el monto de la deuda, que seguramente ha aumentado. Ese tipo de conducta, ¿ya dejó de ser delito? Esto demuestra la falacia de la autonomía universitaria: son autónomos cuando tienen rectores que se conducen como si la universidad fuera un feudo familiar, pero cuando surge una deuda con la CSS, ¿con qué bienes van a responder? Con los bienes de la Unachi, que son del Estado. Es decir, nosotros pagamos la cuenta. Algún día alguien tendrá el valor de acabar con esta sinvergüenzura. LEJANO OESTE.La noche del pasado lunes fue vandalizado un vehículo de MiBus en Avenida Rayitos, Ciudad Bolívar, por el conductor de un automóvil que obstruía la vía. Además, al chofer del autobús le apuntaron con un arma de fuego. Van a tener que poner un marshal en cada unidad de la flota, como si se tratara de un avión. CHIFEO. El presidente Mulino ha sostenido reuniones —por separado— con los diputados de RM, el PRD (sin Bolota), el Panameñista y CD, pero no con la bancada independiente, que sigue siendo la más numerosa de todas. Tal vez estaba esperando que regresara Juan Diego. AMNESIA. El partido Realizando Metas (RM) debe de tener algún disgusto con Mulino, porque escribió en redes sociales que actualmente no hay separación de poderes, sino una “intromisión de unos sobre otros”. La mayoría de los miembros de ese colectivo alardeaba del control omnímodo que existía en el gobierno del asilado, cuando todos los Olivia Candanedo junto a su esposo y vicerrector, Jorge Bonilla. Cortesía Unachi: quién es Jorge Bonilla y por qué podría reemplazar a la rectora Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] EDUCACIÓN SUPERIOR El Estatuto Universitario establece que, en caso de una eventual renuncia de la rectora, sería vicerrector Académico quien asumiría temporalmente la conducción de la universidad. Más allá de la figura de Etelvina Medianero de Bonagas, existe otro actor clave en la estructura de poder y funcionamiento de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi): el abogado y vicerrector académico, Jorge Bonilla. No se trata de un cargo menor. El Estatuto Universitario establece que, en caso de una eventual renuncia de la rectora, le corresponde al vicerector académico asumir temporalmente la conducción de la universidad mientras se convocan y celebran nuevas elecciones. Bonilla también ejerce influencia en uno de los procesos más sensibles de la vida universitaria: la contratación de docentes. Entre sus atribuciones figura solicitar al rector el nombramiento de los profesores que ingresan al “banco de datos”, previa recomendación de las comisiones encargadas de evaluar a los aspirantes en las distintas unidades académicas, es decir, las facultades. Las denuncias La trayectoria administrativa de Bonilla no ha estado exenta de cuestionamientos. En la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) reposan varias denuncias relacionadas con el nombramiento de su esposa, Olivia Candanedo, en la planilla de la Unachi. Los registros salariales más recientes reflejan que Bonilla percibe un salario mensual de $9,578, además de un sobresueldo de $500. Candanedo, por su parte, recibe una remuneración de $2,742 y un sobresueldo mensual de $1,500 como profesora de la institución. Las denuncias apuntan precisamente a la legalidad y transparencia de ese nombramiento dentro de la estructura universitaria. Las denuncias señalan que, desde su posición de poder, Bonilla habría influido en los ascensos de su esposa, primero como decano de la Facultad de Derecho y, posteriormente, como vicerrector académico, pese a que debía declararse impedido para intervenir en decisiones que pudieran representar un conflicto de interés. Uno de los aspectos que se solicita investigar es cómo, mientras Bonilla se desempeñaba como decano de la Facultad de Derecho, su esposa ganó de forma consecutiva tres concursos del banco de datos en esa misma facultad, lo que le permitió ascender. Según los denunciantes, en aquel momento Candanedo únicamente contaba con una licenciatura y no poseía estudios de posgrado ni maestría en docencia superior. Nuevos logros La carrera de Olivia Candanedo continuó avanzando dentro de la universidad. En 2020, en pleno confinamiento por la pandemia respiratoria de la covid-19, obtuvo una plaza como docente de tiempo completo, un nombramiento que la obligó a abandonar un cargo administrativo que ejercía hasta entonces. Como resultado de esa desvinculación, recibió una bonificación cercana a los $20,000. Por su parte, Bonilla también fue escalando posiciones dentro de la estructura universitaria. Pasó de decano de la Facultad de Derecho a vicerrector de Asuntos Estudiantiles y, posteriormente, a vicerrector académico. El ascenso de ambos coincidió con los sucesivos períodos de reelección de la rectora Medianero de Bonagas, bajo cuya gestión consolidaron sus trayectorias y poder dentro de la institución. El conflicto de interés volvió a quedar en evidencia este año durante una sesión del Consejo Académico de la Unachi. En la sesión extraordinaria N.° 01-2026, celebrada el 3 de marzo, el vicerrector académico presentó la solicitud de aprobación de una resolución para la reclasificación y el ascenso de 62 docentes de distintas unidades académicas. Al sustentar la propuesta, explicó ante los miembros del Consejo Académico: “Sí, son alrededor de 62 profesores. Vamos a leer una resolución, ya que esa resolución es individual para cada docente, aunque tiene el mismo contenido. Después vamos a leer a todos los docentes con su cédula, el puntaje que obtuvieron y la categoría alcanzada con su reclasificación”, según consta en el acta de la sesión. Dentro del grupo de docentes beneficiados por la resolución figuraba su esposa. No obstante, durante la presentación de la propuesta, el vicerrector evitó mencionar el nombre de ella y anunció que los beneficiarios serían identificados únicamente por sus números de cédula y puntajes. Fuentes de la Unachi sostienen que este episodio constituye una nueva evidencia de un posible conflicto de interés, ya que Bonilla participó en la tramitación y sustentación de una resolución que incluía beneficios para su cónyuge, sin apartarse del proceso ni declararse impedido. Además, el acta de ese Consejo Académico no ha sido publicada ni en la página web de la universidad ni en la Gaceta Oficial. Política y nombramientos La red de influencia vinculada al vicerrector Bonilla trasciende los límites de la Unachi. Uno de sus familiares, Federlin Bonilla, ocupa actualmente el cargo de asesor II en el Ministerio de Relaciones Exteriores, bajo la administración del canciller Javier Martínez-Acha. Por esa posición percibe un salario mensual de $5,000. Antes de incorporarse a la Cancillería, Federlin Bonilla incursionó en la política partidista como candidato a diputado por el Partido Revolucionario Democrático (PRD) en la provincia de Chiriquí, en las elecciones generales de 2024. Las conexiones familiares también alcanzan a la propia estructura universitaria. Durante el período en que Bonilla ejerció como decano de la Facultad de Derecho, se concretaron los nombramientos de Héctor Mariano Cerrud y Berta Cerrud, ambos hermanos suyos por parte de madre. José González Pinilla [email protected] Apede se suma a las voces que exigen la salida de la rectora de la Unachi Más voces se suman a la petición para que la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Etelvina de Bonagas, salga del cargo. Esta vez fue la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede). A través de un comunicado, el gremio consideró “indispensable” que se haga efectiva la renuncia de la rectora, con el objetivo de garantizar que las investigaciones anunciadas por las autoridades competentes puedan desarrollarse con total transparencia, independencia y estricto apego al debido proceso. “Esto permitirá esclarecer los hechos, determinar las responsabilidades correspondientes y actuar conforme a la ley en caso de comprobarse irregularidades o el uso indebido de recursos públicos”, sostuvo. Fue el pasado 11 de mayo cuando la rectora se presentó en el despacho de la ministra de Educación, Lucy Molinar, para solicitar el pago “inmediato” de sus prestaciones laborales y entregar su carta de renuncia, efectiva a partir del 11 de junio. Sin embargo, Bonagas, quien preside el Consejo General Universitario, cambió de opinión porque, según alega, no puede dejar la Unachi “al libre albedrío”, a pesar de que la ley orgánica de esa universidad establece cuál es la línea de sucesión para cubrir sus ausencias; hay, por lo menos, tres vicerrectores habilitados para asumir esa función. Este lunes, el Ministerio de Educación presentó una denuncia ante el Ministerio Público por la presunta comisión de delitos contra la administración pública. Previamente, el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy, ha realizado por lo menos dos inspecciones —en la sede de la Unachi y en las oficinas del Registro Público— como parte de otras investigaciones que lleva a cabo sobre el origen del patrimonio de la rectora y de 12 familiares directos. Además, la Contraloría General de la República retiró a sus auditores. Para Apede, es fundamental que estos procesos avancen con celeridad y que la ciudadanía se mantenga debidamente informada sobre el desarrollo de las investigaciones, “fortaleciendo así la confianza en las instituciones y en los mecanismos de fiscalización del Estado”. “La continuidad de las actividades académicas, la estabilidad institucional y la tranquilidad de estudiantes, docentes y administrativos deben preservarse mientras avanzan las investigaciones correspondientes”, indicó la asociación. Sobre los posibles ajustes administrativos o salariales que puedan discutirse en torno a la universidad, Apede consideró que cualquier decisión debe sustentarse en estudios técnicos, criterios objetivos y dentro del marco legal. órganos del Estado respondían a una sola persona. Y al que no se doblegaba, lo expulsaban. Si no, que se lo pregunten a Ana Matilde. GOLAZO. La Asamblea está tramitando la compra de 29 televisores, con sus correspondientes soportes de pared, a un costo de $6,512. En la orden de compra solo faltó exigir que los aparatos fueran entregados antes del 11 de junio, cuando inicia el Mundial. Tal Cual Mónica Palm [email protected]
5A La Prensa Panamá, miércoles 3 de junio de 2026 La Alcaldía de Panamá planea implementar una medida temporal de inmovilización de vehículos. Imagen generada con inteligencia artificial Alcaldía analiza inmovilizar vehículos mal estacionados Alis Fernández [email protected] TRANSPORTE La administración de la Alcaldía de Panamá estudia nuevas herramientas para sancionar a quienes estacionen sus vehículos en lugares prohibidos. La práctica de estacionar un vehículo sobre una acera no habilitada para ello, invadir una servidumbre pública o ubicarse en un área verde podría tener nuevas consecuencias en la ciudad capital. La Alcaldía de Panamá planea implementar una medida de inmovilización temporal de los vehículos que “obstruyan o dañen servidumbres públicas, aceras, vías municipales, áreas verdes y demás espacios de dominio público municipal del distrito de Panamá”. El documento con la propuesta, presentado por el alcalde Mayer Mizrachi, fue sometido a consideración del Concejo de Panamá y, en la sesión de este martes 2 de junio, se acordó remitir la iniciativa a la Comisión de Asesoría Legal, Asuntos Laborales y Sindicales para su análisis. Cabe mencionar que, durante la escasa media hora que duró la reunión municipal, se solicitó convocar una sesión para mañana, 3 de junio, con la Comisión de Asesoría Legal. Aunque el proyecto de acuerdo con la propuesta ya inició su trámite dentro del Concejo Municipal, durante la sesión no se detalló cómo se ejecutaría la inmovilización de los vehículos ni qué mecanismos utilizaría la Alcaldía para hacer cumplir la medida. En la sesión, que contó con la presencia del alcalde Mizrachi, no hubo comentarios sobre la propuesta. Fue Ismael Atencio, representante del corregimiento Ernesto Córdoba Campos, quien solicitó la inclusión de la propuesta en la sesión de la Comisión de Asesoría Legal, que se realizará mañana. ¿Llegará el sistema de ‘arañas’ en Panamá? No se especificó de qué forma se realizará la inmovilización de los autos ni si será mediante sistemas utilizados en países como México o Estados Unidos, conocidos popularmente como “Arañas” y cuyo nombre oficial es inmovilizador neumático. Como su nombre lo indica, consiste en una abrazadera que se coloca en el neumático del vehículo y está diseñada para impedir que este pueda ser conducido. Una vez colocada en la rueda, el conductor debe cumplir con los pasos o requisitos que establezcan las autoridades para de esta forma lograr que el dispositivo sea retirado. Una ciudad sin estacionamientos Esta medida está siendo considerada en una ciudad donde la falta de estacionamientos continúa siendo una queja recurrente en distintos sectores. Los estacionamientos públicos escasean o están alejados del centro de la ciudad, como es el caso de los ubicados en la Cinta Costera, y los estacionamientos privados son percibidos como “costosos”, por muchos usuarios. #RealidadAutismo ESCOJA TAREAS DE ENTRENAMIENTO EN ORDEN DE PRIORIDAD. Panorama
6A La Prensa Panamá, miércoles 3 de junio de 2026 El Mulino que pasea promedio de 1.17 por mes. Cortizo viajó poco por las limitaciones de la pandemia. Pero la discusión no debe centrarse en cuántas veces despega el avión presidencial, sino en qué aterriza en Panamá después de cada viaje. Como cualquier gasto financiado por los contribuyentes, los viajes presidenciales deberían superar una prueba sencilla: que sus beneficios para el país justifiquen su costo. Más importante que el número de viajes, es la duración de los mismos y los resultados logrados. De hecho, Mulino ha defendido los viajes como una herramienta para atraer inversiones, comparándolos con los que hacía cuando era abogado. “No me hace falta ser Presidente de la República para viajar. Así como hice buenos acuerdos cuando viajaba en el sector privado, lo haré como presidente para todo el país. Cada balboa invertido se multiplicará en beneficios para Panamá”, dijo el pasado 2 de enero. Pero con 24 viajes realizados, aún no existe un solo recuento detallado de la multiplicación de esos beneficios. Tomemos como ejemplo el viaje actual a Grecia. Posidonia es la principal feria marítima del mundo y Panamá tiene razones de sobra para estar allí. Mulino es el único mandatario extranjero que encabezó la delegación de su país en el evento. Antes de llegar al Palacio de las Garzas, el presidente era abogado del sector marítimo. Por eso resulta inevitable preguntarse dónde termina su antigua actividad privada y dónde comienza su actual agenda pública. Nadie discute la importancia estratégica del sector marítimo para el país. Nuestra bandera sigue siendo la más grande del mundo, con cerca del 15% de la flota mercante mundial. Pero el desafío actual no parece ser simplemente atraer más barcos. En los últimos años, Panamá ha tenido que cancelar el registro de más de 650 embarcaciones vinculadas a sanciones internacionales y a la llamada “flota oscura” que transporta petróleo iraní, ruso y venezolano, incluyendo operaciones vinculadas a Cuba. Si de algo debería servir Posidonia es para fortalecer la credibilidad de una bandera sometida a creciente escrutinio internacional, no simplemente para aumentar la cantidad de registros, un negocio que beneficia mucho más a los abogados que al país en su conjunto. En diciembre de 2024, Estados Unidos sancionó siete buques de bandera panameña y una sociedad registrada en Panamá por facilitar el comercio petrolero iraní. Esa sociedad, Ocean Glory Giant, tuvo como agente residente hasta mayo de 2024 a la firma Mulino & Mulino, donde hoy ejercen como abogados los hijos del presidente. Ese precedente hace más legítimas las preguntas sobre quiénes integran las delegaciones oficiales. Si la presencia del contralor en Brasil provocó un necesario debate nacional, el mismo estándar debe aplicarse a los empresarios, asesores y familiares del mandatario presentes en los viajes. La Secretaría de Comunicación confirmó a esta columna que el hijo del presidente no viajó como parte de la comitiva oficial. Por transparencia elemental, el gobierno debería dar el listado completo de quiénes viajan, quién paga esos costos y qué beneficio concreto obtiene el país de cada participación. Y es que para fortalecer la credibilidad internacional y atraer inversión extranjera no hace falta que el presidente haga un viaje mensual, sino que envíe señales claras desde Panamá sobre el respeto a las reglas y la distancia que está dispuesto a mantener frente a intereses cuestionados. Ahí están los hermanos Carretero Napolitano, que pese a las sanciones de la OFAC, siguen apareciendo vinculados a contratos con el Estado panameño. Pues bien, parece que ni la claridad de objetivos ni la austeridad ni los beneficios concretos caracterizan la afición viajera del presidente. Y en tiempos como estos, la misma resulta bastante inconveniente: un país con desempleo de dos dígitos, graves problemas de seguridad y de servicios públicos, no está para que el presidente ande viajando a todo y con todos. Mucho menos cuando no hay un vicepresidente que se quede a cargo del país. Los viajes presidenciales no son paseos. Son inversiones de recursos públicos que exigen rendición de cuentas y resultados concretos. Y como nada de eso se ha demostrado hasta ahora, me permito robarle el apodo al expresidente Torrijos. Claro está que nadie llamaría a Mulino un muñeco, a menos que esté hecho, como Pinocho, de madera... pero chiricana. Hasta que la transparencia y los réditos de los viajes demuestren lo contrario, vamos a llamarlo: El Mulino que pasea. Xu Xueyuan, embajadora de China en Panamá. Eliana Morales Embajadora china afirma que Pekín no aceptará una oficina de Taiwán en Panamá Eliana Morales Gil [email protected] RELACIÓN BILATERAL ‘El gobierno chino jamás cancelaría una visa china a un ciudadano panameño simplemente porque ha viajado a Estados Unidos o se ha llevado bien con Estados Unidos’, dijo la embajadora china. A pocos días de concluir su misión diplomática en Panamá, la embajadora de China, Xu Xueyuan, reiteró la posición de Pekín sobre Taiwán: no aceptará el establecimiento de una representación taiwanesa en el país. Durante una conferencia de prensa a propósito de su despedida, donde hizo un balance de los nueve años de relaciones entre Panamá y China, la diplomática reiteró el principio de una sola China, uno de los pilares de la relación bilateral desde que ambos países establecieron vínculos oficiales en junio de 2017, durante el gobierno de Juan Carlos Varela. “China no permitirá a Taiwán establecer una supuesta oficina en Panamá”, afirmó. La declaración llega en momentos en que la posibilidad de abrir una oficina comercial de Taipéi en Panamá ha ganado espacio en el debate político. En los últimos meses, dos delegaciones de diputados de distintas bancadas viajaron a Taiwán y, posteriormente, la mayoría de sus integrantes expresó públicamente su respaldo a la apertura de una representación taiwanesa en el país. La posibilidad de abrir una oficina comercial de Taipéi en Panamá ha estado en el debate político. En los últimos meses, dos delegaciones de diputados de distintas bancadas de la Asamblea Nacional han realizado visitas oficiales a Taiwán y, tras esos viajes, algunos de ellos se han pronunciado a favor de fortalecer los vínculos con la isla, incluyendo el establecimiento de una oficina comercial o de representación en Panamá. El canciller Javier Martínez Acha ha dicho que eso “no está sobre la mesa”, por lo que no se contempla ninguna negociación al respecto. La neutralidad del Canal La embajadora también respondió una pregunta sobre la posibilidad de que China firme el Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá y reiteró que China mantiene una posición abierta a incorporarse al protocolo, aunque vinculó esa posibilidad al estatus de Taiwán. “Si Taiwán, que es solamente una provincia de China, se retira del Protocolo de Neutralidad, para la adhesión de la República Popular China a ese tratado, tenemos una actitud totalmente abierta”, sostuvo. La diplomática aseguró que, aun sin formar parte del tratado, Pekín ha respetado históricamente la neutralidad de la vía interoceánica y la soberanía panameña sobre ella. “Antes de que existiera ese tratado, China siempre ha respetado la neutralidad del canal y la soberanía panameña sobre este canal”, afirmó. También recordó el respaldo que, según dijo, brindó China a Panamá durante las décadas en que el país reclamaba el control de la ruta acuática. “En los años 1960, el pueblo chino se unió en una gran causa de solidaridad con el pueblo panameño en su lucha justa por recuperar la soberanía del canal”, manifestó. Un balance de nueve años de relaciones La diplomática aprovechó su despedida para destacar el crecimiento del intercambio económico entre ambos países. De acuerdo con las cifras que presentó, el comercio bilateral pasó de $6.800 millones al inicio de las relaciones diplomáticas a cerca de $13,000 millones en la actualidad. Además, explicó que las inversiones directas chinas en Panamá aumentaron de $270 millones en 2016 a $1,740 millones en 2024. “Durante tan solo nueve años esas relaciones económico-comerciales se han estrechado bastante con cada día que pasa”, explicó. También recordó que China sigue siendo el principal proveedor de la Zona Libre de Colón y el segundo usuario del Canal de Panamá. Defensa de las empresas chinas El tema portuario también entró a la agenda de la conferencia de prensa. Las tensiones entre los dos países por este asunto surgieron a raíz de que la Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional el contrato de concesión de Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison. La embajadora reiteró que los intereses de empresas chinas han resultado afectados. “La parte china ha defendido y seguirá defendiendo los intereses y derechos legítimos y razonables de las empresas chinas”, afirmó. También cuestionó la forma en que se resolvió la controversia. “Esos litigios deben resolverse mediante consultas amistosas y no mediante un dictamen judicial, porque si hubiera sido así, ¿dónde estaría el espíritu del contrato?”, expresó. Detención de buques en puertos chinos Después del fallo de la Corte, China comenzó a detener embarcaciones con bandera panameña en sus puertos. Se trata de inspecciones administrativas o de seguridad. En promedio, duran de uno a cuatro días, aunque en una oportunidad un buque de la naviera taiwanesa Koo’s Shipping Co., S.A., fue detenido durante 10 días. Recientemente el canciller Javier Martínez Acha y su homólogo Wang Yi, se reunieron en Nueva York para abordar el tema. La diplomática también reconoció que algunas empresas chinas observan con cautela el panorama actual en Panamá. “Durante el último tiempo sí hay empresas en China que por la situación todavía no entienden” algunos aspectos del entorno local, comentó cuando se le consultó si actualmente inversiones chinas están en pausa debido al contexto geopolítico actual. No obstante, destacó las ventajas logísticas, geográficas y financieras del país y manifestó su deseo de que los inversionistas chinos mantengan su interés en Panamá. Asimismo, pidió condiciones que fortalezcan la confianza empresarial. Las visas Xu también respondió otra consulta sobre lo que piensa sobre las restricciones migratorias impuestas por Estados Unidos a personas vinculadas con China. Aunque reconoció que cada país define soberanamente su política de visas, aprovechó para marcar diferencias con la postura de Pekín. “El gobierno chino jamás cancelaría una visa china a un ciudadano panameño simplemente porque han viajado a Estados Unidos o se han llevado bien con Estados Unidos”, afirmó. La embajadora añadió que espera que los panameños puedan mantener vínculos con ambas potencias. La diplomática también pidió que Panamá tome sus decisiones sin interferencias externas. “Que los panameños no sean objetivo de amenazas de otras partes, sobre todo de las fuerzas externas”, manifestó. A Martín Torrijos le decían “El Muñeco que pasea”: un apodo que mezclaba una popular muñeca de la época con la crítica a sus frecuentes viajes. Dos décadas después, José Raúl Mulino acumula 24 viajes internacionales en casi 24 meses de gobierno. Un viaje por cada mes que ha pasado en la Presidencia. Es temprano todavía para saber si superará los promedios de sus antecesores. Ricardo Martinelli realizó 96 viajes en total, un promedio de 1.6 por mes. Torrijos hizo 89, equivalentes a 1.48 mensuales. Juan Carlos Varela terminó con 70, para un Panorama
7A La Prensa Panamá, miércoles 3 de junio de 2026 Panorama La CSS tiene una planilla de unos 35 mil funcionarios. Archivo Exámenes a funcionarios próximos al retiro de la CSS desatan polémica Aleida Samaniego C. [email protected] SERVICIOS DE SALUD La posibilidad de realizar evaluaciones médicas a funcionarios próximos a jubilarse abre un debate entre la CSS y los gremios médicos, que piden garantías para proteger los derechos laborales de los trabajadores. La posibilidad de realizar evaluaciones médicas a funcionarios próximos a jubilarse ha generado inquietud entre los médicos, mientras la Dirección Nacional de Salud Ocupacional de la Caja de Seguro Social (CSS) sostiene que este tipo de valoraciones responde a criterios de prevención y vigilancia de la salud laboral. La preocupación fue expresada públicamente por la Asociación Médica Nacional, que advirtió, mediante un comunicado, que permanecerá vigilante para evitar que estas valoraciones sean utilizadas como mecanismo para despedir trabajadores o evadir el pago de los beneficios que les corresponden al finalizar su vida laboral. El pronunciamiento surge en medio del debate sobre el alcance que podrían tener las evaluaciones de salud ocupacional en funcionarios que se encuentran en etapas avanzadas de su carrera profesional, una práctica que la CSS defiende como parte de sus responsabilidades legales en materia de salud y seguridad en el trabajo. El gremio interpreta la medida como la intención de responsabilizar al personal médico de los problemas que enfrenta el sistema sanitario. Sostuvo que muchas de las dificultades que atraviesa el sector obedecen a problemas de gestión y administración, más que al desempeño de médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud. Para la organización, si estas valoraciones tienen como propósito conocer el estado de salud de quienes están próximos a culminar su vida laboral y garantizarles la atención necesaria, podrían representar una medida positiva. Sin embargo, advirtió que persisten dudas entre los trabajadores sobre el uso que podría darse a los resultados. “Estaremos vigilantes para que dichos exámenes no sean utilizados como mecanismo para despedir a compañeros de trabajo y así evadir el pago de beneficios que las instituciones del Estado otorgan a sus funcionarios al momento de su retiro”, señaló. ¿Qué explica la CSS? Por su parte, la Dirección Nacional de Salud Ocupacional de la CSS, bajo la administración de Elsa Granda Landucci, sostiene que las evaluaciones médicas forman parte de los programas de vigilancia de la salud de los trabajadores y responden a obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. De acuerdo con la institución, el objetivo principal es identificar oportunamente condiciones de salud que puedan afectar al trabajador o representar riesgos para terceros, especialmente en áreas donde las funciones desempeñadas tienen impacto directo sobre pacientes o usuarios. La CSS enfatiza que estos exámenes no tienen como finalidad excluir a trabajadores por razón de edad ni determinar automáticamente su salida de la institución. Según la entidad, las valoraciones se realizan de manera individual y buscan analizar la relación entre el estado de salud de cada funcionario, sus capacidades funcionales y las exigencias específicas del cargo que desempeña. Según Granda Landucci, la edad cronológica, por sí sola no constituye un criterio para determinar la aptitud laboral de una persona. Las evaluaciones de salud ocupacional no están dirigidas exclusivamente a funcionarios próximos a jubilarse. La CSS, en documentos de comunicación interna, señala que estos procesos también pueden aplicarse a trabajadores expuestos a riesgos laborales específicos, personas con enfermedades crónicas, funcionarios con discapacidad, colaboradores que regresan tras incapacidades prolongadas o aquellos con restricciones médicas previamente identificadas. Entre los objetivos de estas valoraciones figuran la detección temprana de enfermedades relacionadas con el trabajo, la identificación de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos, la adaptación de funciones cuando sea necesario y la evaluación de las medidas preventivas implementadas por la institución. Para los médicos, la principal inquietud radica en conocer si una condición médica detectada durante una evaluación ocupacional podría tener consecuencias sobre su permanencia laboral o incidir en los beneficios económicos acumulados durante años de servicio. Aunque este tipo de exámenes forma parte de las estrategias de prevención de riesgos en numerosos sistemas laborales, especialistas en salud ocupacional señalan que su aplicación requiere transparencia, criterios técnicos claros y garantías de confidencialidad para generar confianza entre los trabajadores. La propia CSS ha indicado que la información médica obtenida durante estas valoraciones está protegida por normas de confidencialidad y que los procesos deben desarrollarse respetando la privacidad de los funcionarios.
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