4A La Prensa Panamá, miércoles 3 de junio de 2026 Panorama MOROSIDAD. El 22 de abril pasado, el vicerrector de Unachi, Pedro González, reconoció ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea que la universidad adeudaba $12.4 millones en cuotas obrero-patronales a la CSS. Han transcurrido 42 días y todo sigue igual, salvo el monto de la deuda, que seguramente ha aumentado. Ese tipo de conducta, ¿ya dejó de ser delito? Esto demuestra la falacia de la autonomía universitaria: son autónomos cuando tienen rectores que se conducen como si la universidad fuera un feudo familiar, pero cuando surge una deuda con la CSS, ¿con qué bienes van a responder? Con los bienes de la Unachi, que son del Estado. Es decir, nosotros pagamos la cuenta. Algún día alguien tendrá el valor de acabar con esta sinvergüenzura. LEJANO OESTE.La noche del pasado lunes fue vandalizado un vehículo de MiBus en Avenida Rayitos, Ciudad Bolívar, por el conductor de un automóvil que obstruía la vía. Además, al chofer del autobús le apuntaron con un arma de fuego. Van a tener que poner un marshal en cada unidad de la flota, como si se tratara de un avión. CHIFEO. El presidente Mulino ha sostenido reuniones —por separado— con los diputados de RM, el PRD (sin Bolota), el Panameñista y CD, pero no con la bancada independiente, que sigue siendo la más numerosa de todas. Tal vez estaba esperando que regresara Juan Diego. AMNESIA. El partido Realizando Metas (RM) debe de tener algún disgusto con Mulino, porque escribió en redes sociales que actualmente no hay separación de poderes, sino una “intromisión de unos sobre otros”. La mayoría de los miembros de ese colectivo alardeaba del control omnímodo que existía en el gobierno del asilado, cuando todos los Olivia Candanedo junto a su esposo y vicerrector, Jorge Bonilla. Cortesía Unachi: quién es Jorge Bonilla y por qué podría reemplazar a la rectora Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] EDUCACIÓN SUPERIOR El Estatuto Universitario establece que, en caso de una eventual renuncia de la rectora, sería vicerrector Académico quien asumiría temporalmente la conducción de la universidad. Más allá de la figura de Etelvina Medianero de Bonagas, existe otro actor clave en la estructura de poder y funcionamiento de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi): el abogado y vicerrector académico, Jorge Bonilla. No se trata de un cargo menor. El Estatuto Universitario establece que, en caso de una eventual renuncia de la rectora, le corresponde al vicerector académico asumir temporalmente la conducción de la universidad mientras se convocan y celebran nuevas elecciones. Bonilla también ejerce influencia en uno de los procesos más sensibles de la vida universitaria: la contratación de docentes. Entre sus atribuciones figura solicitar al rector el nombramiento de los profesores que ingresan al “banco de datos”, previa recomendación de las comisiones encargadas de evaluar a los aspirantes en las distintas unidades académicas, es decir, las facultades. Las denuncias La trayectoria administrativa de Bonilla no ha estado exenta de cuestionamientos. En la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) reposan varias denuncias relacionadas con el nombramiento de su esposa, Olivia Candanedo, en la planilla de la Unachi. Los registros salariales más recientes reflejan que Bonilla percibe un salario mensual de $9,578, además de un sobresueldo de $500. Candanedo, por su parte, recibe una remuneración de $2,742 y un sobresueldo mensual de $1,500 como profesora de la institución. Las denuncias apuntan precisamente a la legalidad y transparencia de ese nombramiento dentro de la estructura universitaria. Las denuncias señalan que, desde su posición de poder, Bonilla habría influido en los ascensos de su esposa, primero como decano de la Facultad de Derecho y, posteriormente, como vicerrector académico, pese a que debía declararse impedido para intervenir en decisiones que pudieran representar un conflicto de interés. Uno de los aspectos que se solicita investigar es cómo, mientras Bonilla se desempeñaba como decano de la Facultad de Derecho, su esposa ganó de forma consecutiva tres concursos del banco de datos en esa misma facultad, lo que le permitió ascender. Según los denunciantes, en aquel momento Candanedo únicamente contaba con una licenciatura y no poseía estudios de posgrado ni maestría en docencia superior. Nuevos logros La carrera de Olivia Candanedo continuó avanzando dentro de la universidad. En 2020, en pleno confinamiento por la pandemia respiratoria de la covid-19, obtuvo una plaza como docente de tiempo completo, un nombramiento que la obligó a abandonar un cargo administrativo que ejercía hasta entonces. Como resultado de esa desvinculación, recibió una bonificación cercana a los $20,000. Por su parte, Bonilla también fue escalando posiciones dentro de la estructura universitaria. Pasó de decano de la Facultad de Derecho a vicerrector de Asuntos Estudiantiles y, posteriormente, a vicerrector académico. El ascenso de ambos coincidió con los sucesivos períodos de reelección de la rectora Medianero de Bonagas, bajo cuya gestión consolidaron sus trayectorias y poder dentro de la institución. El conflicto de interés volvió a quedar en evidencia este año durante una sesión del Consejo Académico de la Unachi. En la sesión extraordinaria N.° 01-2026, celebrada el 3 de marzo, el vicerrector académico presentó la solicitud de aprobación de una resolución para la reclasificación y el ascenso de 62 docentes de distintas unidades académicas. Al sustentar la propuesta, explicó ante los miembros del Consejo Académico: “Sí, son alrededor de 62 profesores. Vamos a leer una resolución, ya que esa resolución es individual para cada docente, aunque tiene el mismo contenido. Después vamos a leer a todos los docentes con su cédula, el puntaje que obtuvieron y la categoría alcanzada con su reclasificación”, según consta en el acta de la sesión. Dentro del grupo de docentes beneficiados por la resolución figuraba su esposa. No obstante, durante la presentación de la propuesta, el vicerrector evitó mencionar el nombre de ella y anunció que los beneficiarios serían identificados únicamente por sus números de cédula y puntajes. Fuentes de la Unachi sostienen que este episodio constituye una nueva evidencia de un posible conflicto de interés, ya que Bonilla participó en la tramitación y sustentación de una resolución que incluía beneficios para su cónyuge, sin apartarse del proceso ni declararse impedido. Además, el acta de ese Consejo Académico no ha sido publicada ni en la página web de la universidad ni en la Gaceta Oficial. Política y nombramientos La red de influencia vinculada al vicerrector Bonilla trasciende los límites de la Unachi. Uno de sus familiares, Federlin Bonilla, ocupa actualmente el cargo de asesor II en el Ministerio de Relaciones Exteriores, bajo la administración del canciller Javier Martínez-Acha. Por esa posición percibe un salario mensual de $5,000. Antes de incorporarse a la Cancillería, Federlin Bonilla incursionó en la política partidista como candidato a diputado por el Partido Revolucionario Democrático (PRD) en la provincia de Chiriquí, en las elecciones generales de 2024. Las conexiones familiares también alcanzan a la propia estructura universitaria. Durante el período en que Bonilla ejerció como decano de la Facultad de Derecho, se concretaron los nombramientos de Héctor Mariano Cerrud y Berta Cerrud, ambos hermanos suyos por parte de madre. José González Pinilla [email protected] Apede se suma a las voces que exigen la salida de la rectora de la Unachi Más voces se suman a la petición para que la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Etelvina de Bonagas, salga del cargo. Esta vez fue la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede). A través de un comunicado, el gremio consideró “indispensable” que se haga efectiva la renuncia de la rectora, con el objetivo de garantizar que las investigaciones anunciadas por las autoridades competentes puedan desarrollarse con total transparencia, independencia y estricto apego al debido proceso. “Esto permitirá esclarecer los hechos, determinar las responsabilidades correspondientes y actuar conforme a la ley en caso de comprobarse irregularidades o el uso indebido de recursos públicos”, sostuvo. Fue el pasado 11 de mayo cuando la rectora se presentó en el despacho de la ministra de Educación, Lucy Molinar, para solicitar el pago “inmediato” de sus prestaciones laborales y entregar su carta de renuncia, efectiva a partir del 11 de junio. Sin embargo, Bonagas, quien preside el Consejo General Universitario, cambió de opinión porque, según alega, no puede dejar la Unachi “al libre albedrío”, a pesar de que la ley orgánica de esa universidad establece cuál es la línea de sucesión para cubrir sus ausencias; hay, por lo menos, tres vicerrectores habilitados para asumir esa función. Este lunes, el Ministerio de Educación presentó una denuncia ante el Ministerio Público por la presunta comisión de delitos contra la administración pública. Previamente, el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy, ha realizado por lo menos dos inspecciones —en la sede de la Unachi y en las oficinas del Registro Público— como parte de otras investigaciones que lleva a cabo sobre el origen del patrimonio de la rectora y de 12 familiares directos. Además, la Contraloría General de la República retiró a sus auditores. Para Apede, es fundamental que estos procesos avancen con celeridad y que la ciudadanía se mantenga debidamente informada sobre el desarrollo de las investigaciones, “fortaleciendo así la confianza en las instituciones y en los mecanismos de fiscalización del Estado”. “La continuidad de las actividades académicas, la estabilidad institucional y la tranquilidad de estudiantes, docentes y administrativos deben preservarse mientras avanzan las investigaciones correspondientes”, indicó la asociación. Sobre los posibles ajustes administrativos o salariales que puedan discutirse en torno a la universidad, Apede consideró que cualquier decisión debe sustentarse en estudios técnicos, criterios objetivos y dentro del marco legal. órganos del Estado respondían a una sola persona. Y al que no se doblegaba, lo expulsaban. Si no, que se lo pregunten a Ana Matilde. GOLAZO. La Asamblea está tramitando la compra de 29 televisores, con sus correspondientes soportes de pared, a un costo de $6,512. En la orden de compra solo faltó exigir que los aparatos fueran entregados antes del 11 de junio, cuando inicia el Mundial. Tal Cual Mónica Palm [email protected]
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