6A La Prensa Panamá, lunes 11 de mayo de 2026 La magistrada María Eugenia López Arias, actuando como juez de garantías, validó una solicitud de control posterior presentada por el procurador Luis Carlos Gómez Rudy, sobre una serie de vídeos del jueves 9 de abril de 2026, cuando el contralor Anel Flores interrumpió una diligencia judicial en la que participaban tres auditores de la Contraloría. Fuentes ligadas al proceso confirmaron que el pasado 6 de mayo se realizó la audiencia solicitada por Gómez Rudy, para validar vídeos de las cámaras de seguridad de la Fiscalía Anticorrupción, en los que se observa a Flores, al subcontralor Omar Castillo y a otros funcionarios de la Contraloría cuando ingresan al edificio Central Park, en la Transístmica, en donde operan varios despachos del Ministerio Público. No son los únicos videos: en redes sociales circularon imágenes grabadas ese día por un acompañante de Flores, en las que se le observa con claridad cómo ingresa al elevador del PH Central Park, el día de los hechos denunciados. Se desconoce si el procurador presentó las imágenes que circularon en redes o alguna otra petición a la juez de garantías durante el desarrollo de la audiencia y cuáles serán las siguientes diligencias a practicar dentro de esta investigación. Trascendió que la audiencia se realizó vía Zoom, aunque no se precisó si el contralor Flores participó. La magistrada López dirigió la sesión desde su despacho. Gómez Rudy solicitó la audiencia el pasado 27 de abril, 18 días después de que la Procuraduría anunciara la apertura de una investigación penal, luego de que la fiscal anticorrupción Adela Cedeño denunciara más temprano, ante el Despacho Superior, que funcionarios de la Contraloría irrumpieron en medio de una entrevista con tres auditoras, impidiendo así la culminación de la diligencia. Las auditoras estaban siendo entrevistadas en el marco de la causa que se adelanta contra el exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, por presunto enriquecimiento injustificado, cuando la sesión fue suspendida por la aparición en escena de Flores y varios funcionarios. El 10 de abril, en un comuniValidan vídeos en carpetilla relacionada al Contralor, tras irrumpir en Fiscalía AUDIENCIA cado, la Contraloría rechazó haber interferido en diligencias del Ministerio Público y aseguró que la presencia del contralor en la Fiscalía Anticorrupción respondió únicamente “a la necesidad de conocer la situación” de las auditoras, ya que la entrevista se había prolongado por más de ocho horas. El Código Procesal Penal establece que el pleno de la Corte Suprema de Justicia es el ente competente para procesar e imponer medidas cautelares al contralor de la República. El pleno designa a un magistrado como juez de garantías, quien se encargará de realizar los actos de control y afectación de garantías durante la etapa de investigación y la etapa intermedia. En el Código Procesal Penal se especifica que le corresponde al procurador general de la Nación llevar a cabo la investigación penal. Es por esta razón que Gómez Rudy presentó sus peticiones a la magistrada López. Representante del corregimiento de Ancón, Yamireth Batista. Cortesía Edil de Ancón: Remodelaciones y fiestas con fondos públicos Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Juan Manuel Díaz C. [email protected] INVESTIGACIÓN El origen de este caso está relacionado con tres querellas penales presentadas por la abogada Celma Moncada en representación de vecinos y exfuncionarios de esta junta comunal. La junta comunal de Ancón, dirigida por la representante del Movimiento Otro Camino (MOCA), Yamireth Batista, quedó bajo una creciente sombra de cuestionamientos tras el allanamiento efectuado el pasado 8 de mayo por el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Anticorrupción y agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ). El origen de esta diligencia judicial está relacionado con tres querellas penales presentadas por la abogada Celma Moncada en representación de vecinos y exfuncionarios de esta junta comunal, por presuntos malos manejos de fondos públicos. Además, los denunciantes interpusieron acciones por supuesto maltrato laboral contra personal de la entidad. Uno de los documentos, presentado ante la Fiscalía Anticorrupción el 24 de abril de 2026, describe un supuesto esquema sistemático de desviación de fondos públicos para beneficio de Batista. La denuncia fue impulsada por José Luis Barrera, quien ocupó el cargo de administrador de la junta comunal y asegura haber sido testigo directo de las supuestas irregularidades. El relato El relato del querellante detalla cómo la infraestructura pública habría sido utilizada para fines privados, específicamente en la remodelación del apartamento personal de Batista, ubicado en el PH Country Club, en Condado del Rey. De hecho, el propio Ministerio Público informó el viernes que, además de allanar la Junta Comunal de Ancón, también realizó diligencias en un apartamento propiedad de la representante de corregimiento, ubicado en Condado del Rey. Según la denuncia, se utilizaron fondos de la junta comunal para pagar a empresas por materiales y servicios de construcción. Entre las mejoras financiadas con dinero estatal se mencionan la instalación de un “walking closet”, puertas nuevas y trabajos de pintura. La logística de este presunto desvío de recursos incluía un paso intermedio para intentar ocultar el destino final de los bienes. El documento señala que, en septiembre de 2025, materiales adquiridos con fondos públicos fueron trasladados primero a la bodega de la junta comunal y posteriormente llevados al apartamento privado de la representante, supuestamente bajo sus instrucciones directas. Uno de los puntos más específicos de la querella se refiere a la adquisición de unidades de aire acondicionado. De las tres unidades compradas con fondos de la junta comunal, dos habrían sido instaladas en el domicilio de Batista y una tercera en el apartamento de una funcionaria de la junta comunal y muy allegada a la edil. Viajes y compras en Zona Libre El compendio de supuestas irregularidades también se extiende a un viaje a la Zona Libre de Colón, realizado en abril de 2025. Según el testimonio de Barrera, él acompañó a la funcionaria mientras esta seleccionaba personalmente mobiliario, como escritorios, mesas de noche y papel decorativo. Aunque las compras fueron tramitadas como suministros para la oficina comunal, parte de estos artículos terminó presuntamente decorando la vivienda particular de Batista. La supuesta utilización de fondos públicos no se limitó a bienes materiales, sino también a eventos de carácter recreativo y personal. La denuncia menciona una fiesta de Navidad celebrada en diciembre de 2025 en Playa Pipas, provincia de Coclé, que incluyó bebidas alcohólicas y coincidió con un día de duelo nacional. Además, se señala que el cumpleaños de la representante fue celebrado en “Mi Pueblito” con la presentación del artista Ulpiano Vergara, actividad que, según la querella, fue pagada íntegramente con fondos de la junta comunal mientras se cobraba entrada a los asistentes. El escrutinio financiero también revela una lista de viajes internacionales para la funcionaria, sus hijos y personas de su entorno cercano. La querella documenta pagos con fondos públicos para traslados y trámites de visa a destinos como Medellín, Orlando, Miami y México, realizados entre agosto de 2025 y febrero de 2026. Otros detalles El supuesto esquema de peculado habría contado con la colaboración de otros funcionarios clave dentro de la Junta Comunal de Ancón. La denuncia menciona a José Macre, gerente administrativo, por el presunto manejo de efectivo proveniente de cheques, y a Nineika Sanjur, encargada de compras. Según los querellantes, estas acciones habrían sido coordinadas bajo la dirección de la representante para facilitar el desvío de fondos. Como sustento de estas acusaciones, los denunciantes presentaron cerca de 25 pruebas documentales, entre ellas facturas de comercios y comprobantes de depósitos bancarios. Además, pusieron a disposición del Ministerio Público sus teléfonos celulares, que contendrían imágenes, chats y documentos que, según afirman, corroboran los hechos descritos. Además de Barrera, la excolaboradora de la Junta Comunal de Ancón, Crystal Madelleyn Morelo Beleño, también presentó una querella contra la edil de Ancón por supuesto maltrato laboral, sumándose así a las denuncias que rodean la gestión administrativa dentro de la comuna. Este medio realizó llamadas a la representante Batista para conocer su versión de los hechos, tanto el viernes como ayer, domingo; sin embargo, al cierre de esta edición no hubo respuesta. Flores en la Fiscalía. Archivo Procuradora Grettel Villalaz. Cortesía Procuraduría avala facultades de la Asamblea RESPONDE CONSULTA Eliana Morales Gil [email protected] La Procuraduría de la Administración confirmó la interpretación legal de que el presidente y el secretario general de la Asamblea Nacional tienen la potestad para gestionar aspectos clave de la administración interna de la institución, incluyendo asuntos del registro obligatorio de asistencia de los funcionarios. En la nota C-051-26, fechada el pasado 9 de abril, la procuradora Grettel Villalaz respondió una consulta del contralor Anel Flores sobre el alcance del artículo 161 del Reglamento de Recursos Humanos del Servicio Legislativo. En su respuesta, la procuradora concluyó que tanto el presidente de la Asamblea como el secretario general tienen la facultad “exclusiva” de exceptuar a determinados funcionarios del deber de marcar las entradas y salidas cuando así lo consideren. Recordó que la norma obliga a la Asamblea a mantener un registro de asistencia y puntualidad del personal. Sin embargo, añadió que el reglamento también “faculta en términos amplios” tanto al presidente como al secretario general, de manera independiente, para exonerar a funcionarios específicos.
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