1A La Prensa Panamá, lunes 11 de mayo de 2026 El medio libre de Panamá 75¢ Lunes 11 de mayo de 2026 - Año 45 - Nº 15378 Hoy por hoy La investigación sobre la irrupción del contralor en una diligencia de la Fiscalía Anticorrupción no puede reducirse a un simple incidente administrativo. Todo el país vio las imágenes. Circularon ampliamente en redes sociales y, hasta ahora, el propio contralor no ha negado su presencia en el lugar. Ante hechos públicos y notorios, corresponde que las instituciones actúen conforme a la ley y no bajo cálculos políticos o corporativos. Que el procurador general haya impulsado diligencias y solicitado el control judicial de las pruebas es exactamente lo que se espera en un Estado mínimamente institucional. Investigar no equivale a condenar; significa cumplir con el deber constitucional de esclarecer posibles delitos, sin importar el cargo de los involucrados. Al mismo tiempo, el contralor tiene derecho al debido proceso y a todas las garantías legales. Ahora corresponde a la Corte Suprema de Justicia actuar con independencia, aplicar el Código Procesal Penal y resolver conforme a Derecho, no a conveniencias coyunturales. Ellas.pa El metano oculto en la basura 6B Torres confía en que la Sele avanzará de fase en el Mundial 5B Deportes Economía Expertos piden revisar tasa del 15% en reforma al Código Fiscal 1B ADEMÁS Unachi: nueva polémica por pagos de vigencias expiradas 2B De Panamá a Colombia: el rastro societario de Malaquita Hernández en escándalo de Lili Pink En el escándalo de la cadena Lili Pink ha surgido un nombre en la investigación: el del nicaragüense Malaquita Bismar Hernández, con residencia en Panamá. Este personaje preside o figura como dignatario en una veintena de sociedades panameñas, algunas propietarias de millonarios negocios en Colombia. VEA 2A Desabastecimiento frena exámenes médicos en CSS Aleida Samaniego C. [email protected] La falta de reactivos en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid está impidiendo la realización de al menos 34 SERVICIOS DE SALUD La falta de reactivos en la CSS impide realizar pruebas básicas de laboratorio y retrasa diagnósticos y tratamientos de pacientes. pruebas básicas de laboratorio, afectando la atención de pacientes hospitalizados y ambulatorios de la Caja de Seguro Social (CSS). Exámenes esenciales para evaluar funciones renales, hepáticas, metabólicas e inmunológicas no se están procesando, lo que retrasa diagnósticos, complica el seguimiento clínico y obliga en algunos casos a recurrir a laboratorios privados, generando costos adicionales para los pacientes. Médicos y organizaciones de pacientes advierten que esta escasez aumenta los riesgos en áreas críticas como Urgencias y Cuidados Intensivos. La CSS atribuyó el desabastecimiento a retrasos administrativos y de planificación durante la transición hacia un nuevo modelo de compras centralizadas implementado desde marzo de 2026. VEA 8A Clásico de fútbol español FC Barcelona es de nuevo el campeón EFE Presunto uso personal de fondos públicos en junta comunal de Ancón Validan videos deirrupción del contraloren la Fiscalía AN gasta $13 millones en 386 asesores La Junta Comunal de Ancón, dirigida por Yamireth Batista, enfrenta investigaciones por presunto peculado y maltrato laboral tras un allanamiento del Ministerio Público. Querellas presentadas por exfuncionarios denuncian supuesto uso de fondos públicos para remodelaciones privadas, viajes, fiestas y compras personales. VEA 6A La magistrada María Eugenia López Arias avaló la solicitud presentada por el procurador Luis Carlos Gómez Rudy para validar videos sobre la irrupción del contralor Anel Flores en la Fiscalía Anticorrupción. Las imágenes forman parte de la investigación por la interrupción de una diligencia vinculada al caso judicial del exvicepresidente José Gabriel Carrizo. VEA 6A La Asamblea Nacional (AN) tiene 386 asesores en planilla que cuestan $13.3 millones al año, equivalente a uno de cada ocho funcionarios de la institución. Al menos 37 de ellos cobran el techo salarial de $5,000. Aunque la cifra bajó respecto a los 469 asesores registrados en abril de 2025, el recorte de 83 plazas no alteró el fondo: la asesoría sigue siendo uno de los componentes más costosos del engranaje legislativo. VEA 4A INVESTIGACIÓN FONDOS PÚBLICOS Los jugadores del FC Barcelona celebran el título de Liga con el trofeo al finalizar el encuentro correspondiente a la jornada 35 de LaLiga que FC Barcelona y Real Madrid disputaron ayer en el Camp Nou, en Barcelona. El equipo de Barcelona ganó 2 a 0 al Real Madrid. La fiesta del alirón empezó justo después del clásico. VEA 5B
2A La Prensa Panamá, lunes 11 de mayo de 2026 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Lili Pink tiene 330 locales comerciales en Colombia y un total de 85 en Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá y Venezuela. Tomadas de Instagram ¿Por qué Panamá es tan importante en las investigaciones del caso Lili Pink? Rolando Rodríguez B. [email protected] La Fiscalía de Colombia enfrenta un caso complejo en el que intervienen instrumentos societarios tanto de ese país como de Panamá para, presuntamente, lavar dinero y evadir impuestos. El escándalo desatado el pasado 28 de abril en Colombia, tras conocerse las acusaciones de contrabando, evasión de impuestos, lavado de activos e incluso enriquecimiento ilícito de particulares en el caso de la cadena Lili Pink, tiene crecientes ramificaciones en Panamá, donde abogados y directores nominales de sociedades locales que serían parte del grupo empresarial colombiano han empezado a renunciar cuando aún no se seca la tinta sobre las órdenes de detención giradas por fiscales del vecino país contra una decena de acusados. La Fiscalía de Colombia enfrenta un caso complejo en el que intervienen instrumentos societarios tanto de ese país como de Panamá para, presuntamente, contrabandear mercancías, lavar dinero y evadir impuestos. Las primeras investigaciones revelan el papel relevante de sociedades “fachada” constituidas en Panamá con supuestos testaferros paramovermercancíadesde China y Panamá con destino a Colombia y, además, ocultar a los verdaderos responsables de la operación ilegal. La operación Esta semana se informó de la captura —el pasado 26 de abril— de uno de los nueve acusados con órdenes de arresto. Se trata de Walter Francisco Martínez Martínez, representante legal de al menos siete sociedades “fachada”, supuestamente creadas para importar mercancía, mover dinero y asumir riesgos jurídicos dentro del esquema ilegal, sostiene la fiscalía colombiana. Estas “compañías” introducían mercancía a Colombia mediante operaciones irregulares en Aduanas que incluían la subfacturación. Una vez dentro del país, los productos pasaban a los canales formales de comercialización, es decir, a las tiendas de la marca Lili Pink, entre otras. La comercialización de la mercancía — según la fiscalía— convertía presunto dinero ilícito en ingresos aparentemente legales, produciéndose así el supuesto lavado de activos. Para llegar a este último paso, primero se constituían sociedades en las que deliberadamente no aparecían los verdaderos beneficiarios. Se utilizaban personas de bajo perfil o testaferros; incluso, figuraba hasta un chofer. Luego, estas “empresas” importaban al mercado colombiano prendas de vestir, juguetes, cosméticos y otros productos de consumo masivo desde Panamá y China. Esta operación producía ganancias constantes y crecientes que debían pagar impuestos en Colombia, pero lo que en realidad ocurría era que el dinero era sacado del país mediante complejas operaciones financieras o pagos ficticios entre compañías. También se evadían responsabilidades tributarias y aduaneras mediante la creación y disolución constante de sociedades que, al desaparecer de la vida jurídica, dejaban tras de sí una estela de deudas y obligaciones con el Estado, informaron los fiscales. Únicamente sobrevivían las cuentas por cobrar y los activos; todo lo demás caía en saco roto. Este patrón fue una de las debilidades del esquema y abrió la posibilidad de una investigación judicial debido a ese sospechoso e inusual comportamiento. El rol de Panamá En las publicaciones que siguieron al primer impacto del escándalo en Colombia, un nombre ha salido a escena, además del de Martínez y los miembros de las familias que estarían detrás de los sospechosos negocios. Ese nombre corresponde al de un nicaragüense con residencia en Panamá llamado Malaquilla Bismar Hernández. Este personaje es identificado en medios digitales colombianos como un poderoso empresario, pues preside o es dignatario en cerca de una veintena de sociedades panameñas, algunas propietarias de importantes y multimillonarios negocios en Colombia. Sin embargo, en Panamá, Hernández cuenta con un aviso de operación comercial que describe una realidad muy distinta. Se trata de un comercio llamado Delicias Elieth — con un capital invertido de apenas $1,000— ubicado en el modesto barrio capitalino de La Siesta, cercano al Aeropuerto Internacional de Tocumen. Según documentos oficiales, desde hace seis meses se dedica a la organización de convenciones y eventos comerciales. Ese es el negocio de Hernández en Panamá, completamente alejado del glamour de la moda femenina. En Colombia, la situación es distinta. Su nombre aparece en este caso ya que, de acuerdo con las autoridades colombianas, habría controlado empresas como Unique International, S.A.S. y la sociedad panameña Twome, S.A. as autoridades detectaron su presencia en cambios societarios, frecuentes movimientos de control accionario y en sus ingresos y salidas de la propiedad de estas compañías. Por ello, es objeto de investigación. Y no es un asunto menor. La sociedad Twome fue reportada por Hernández ante la Cámara de Comercio de Bogotá como la única propietaria de Unique International, S.A.S., empresa fabricante de condones masculinos y femeninos. Esta compañía se fundó en 2015 en Colombia y ese mismo año recibió $1.1 millones de la Fundación Bill y Melinda Gates por sus productos innovadores. Dos años después —en marzo de 2017— se fundó en Panamá Twome, S.A., con un capital social de $10 mil. La sociedad fue presidida desde el principio por Malaquilla Bismar Hernández. Junto a él figuraban Abigail Arauz Chavarría, como secretaria y tesorera, ambos con domicilio en calle Andrés Mojica, calle 75E, San Francisco, Panamá, dirección que también correspondía al agente residente: el abogado Danilo Enrique Adames Adames. En agosto de 2021, como ocurrió en casi todas las sociedades panameñas en las que aparecía Hernández, se incorporaron a la directiva —en reemplazo de Arauz Chavarría— Raquel Homsany Esses e Yvette Esses Esses, como secretaria y tesorera, respectivamente, ambas con domicilio en una oficina del P.H. Bay Mall, en la Avenida Balboa. Hernández permaneció en el cargo de presidente de la sociedad hasta la actualidad. Antes de terminar ese año, se modificó el pacto constitutivo de Twome para permitirle importar y exportar todo tipo de mercancías, incluidas propiedades personales. Además, se le agregó una función adicional: contratar agencias aduaneras, de carga y transporte, con la “intención de apoyar la importación y exportación…”, entre otras actividades. En marzo de 2025, Yvette Esses Esses dejó su cargo en esa sociedad y fue reemplazada por Héctor Adames Rodríguez, quien había actuado como tramitador en la constitución de esa misma sociedad en 2017. Hernández aparece presidiendo más de una docena de sociedades aparentemente vinculadas al grupo investigado en Colombia. Por ejemplo, presidió, a partir de junio de 2015, Damax, S.A., creada en Panamá en 2001. Originalmente, la sociedad fue presidida por Max Abadi Harari, mientras que Joyce Abadi Homsany ocupaba la vicepresidencia. Además, figuraban en la directiva Ivette Abadi Homsany (tesorera), David Max Abadi Homsany (subtesorero) y Max Abadi Harari (secretario). En agosto de 2021 ingresaron Raquel Homsany Esses e Yvette Esses Esses. Un año después, el agente residente de la sociedad —Danilo Enrique Adames Adames— fue reemplazado por la firma Morgan & Morgan, aunque Hernández permaneció como presidente. Posteriormente, Morgan & Morgan se fue incorporando gradualmente a otras sociedades presididas por Hernández. En total, Malaquilla Bismar Hernández pasó a presidir nueve sociedades entre el 24 y el 25 de junio de 2015; una más el 1 de julio del mismo año, y otras tres el 21 de marzo de 2017. A su vez, Raquel Homsany Esses e Yvette Esses Esses ingresaron a esas mismas sociedades entre el 13 de julio y el 9 de agosto de 2021. Esas sociedades son Damax, S.A., Fiveshe, S.A., Maxyvet, S.A., Pink Aruba, S.A., Maxjoy, S.A., Silver Sea Holding, S.A., Malta Blue, S.A., Nepal Blue, S.A., Fiji Blue, S.A., Construcciones Bocc Panamá, S.A., Active Company, S.A. y Mail Blue, S.A., además de Twome, S.A. Renuncias Tras el escándalo, abogados y directivos de sociedades panameñas vinculadas al grupo colombiano han presentado su renuncia a los cargos que ocupaban. Por ejemplo, una empresa clave dentro del engranaje empresarial colombiano es la sociedad panameña Bestsea Blue, S.A., propietaria de la colombiana Fast Moda, S.A.S., operadora de las marcas Lili Pink y Loi. Bestsea Blue se constituyó en Panamá el 11 de noviembre de 2020 con un capital social de $10,000. Sus dignatarios eran, una vez más, los mismos de siempre, incluido Malaquilla Bismar Hernández y su agente residente, Danilo Enrique Adames Adames, aunque esta vez bajo la firma de abogados Adames Lex. Al igual que ocurrió con otras sociedades, en esta también ingresaron Yvette Esses Esses, como secretaria, y Julián Ríos Rodríguez como director, el 26 de agosto de 2022. Pocos meses después, el 7 de marzo de 2023, la junta directiva completa fue reemplazada, incluido el nicaragüense. La operación se repitió en octubre de 2024 y en junio de 2025. En septiembre de ese mismo año, durante una reunión extraordinaria de accionistas, se produjo un cambio importante en el pacto social de la empresa: el capital social pasó de 10 mil dólares a 2 millones de dólares. Sin embargo, el pasado 28 de abril —el mismo día en que el escándalo estalló en Colombia— los directivos de esta sociedad renunciaron en pleno: Danilo Enrique Adames Adames (presidente y agente residente), Astrid Lirieth Escala Clement (secretaria) y Héctor Adames Rodríguez (tesorero). Lo mismo ocurrió más recientemente —el pasado 4 de mayo— cuando los dignatarios renunciaron a la sociedad panameña Orange Perú, S.A., creada en abril de 2013 y presidida desde el 29 de junio de 2015 por el nicaragüense Hernández. En agosto de 2022, Morgan & Morgan se convirtió en su agente residente y, en julio de 2024, la junta directiva completa fue reemplazada. Sin embargo, la semana pasada también renunció toda su directiva, después de que el escándalo de Lili Pink traspasara las fronteras colombianas. Preguntas Fast Moda, S.A.S. tiene activos por un monto de 295 mil millones de pesos —cerca de $80 millones— e ingresos por 600 mil millones de pesos, es decir, unos $160 millones. Esas cifras son públicas en Colombia, pero lo que sigue siendo un secreto es quiénes están detrás de las sociedades vinculadas al grupo empresarial colombiano en Panamá. ¿Cuál es la identidad de quienes se esconden detrás de directores nominales? Seguramente esta pregunta llegará a Panamá a medida que avancen las investigaciones. ¿Hay más sociedades panameñas involucradas en este asunto? Esa pregunta recaerá sobre los abogados de dichas sociedades. ¿Cooperarán las autoridades locales y las firmas de abogados? ¿Lo harán las autoridades panameñas respecto al supuesto contrabando hacia Colombia? ¿Dónde se depositaba el dinero que salía de Colombia o el que se utilizaba para las supuestas operaciones ilegales en este país? Al parecer, Panamá posee algunas de las piezas que podrían ayudar a resolver este escandaloso rompecabezas. Los directivos y agente residente de la sociedad panameña Bestsea Blue, S.A. propietaria de la sociedad colombiana que maneja la marca Lili Pink renunciaron en pleno el mismo día que estalló el escándalo en Colombia. Malaquilla Bismar Hernández es investigado en Colombia. Tomado de El Tiempo UI UNIDAD INVESTIGATIVA
3A La Prensa Panamá, lunes 11 de mayo de 2026
4A La Prensa Panamá, lunes 11 de mayo de 2026 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] CAKE. Uno podría pensar que verdaderas celebridades como Shakira o Taylor Swift podrían cumplir años y cobrar entrada para celebrarlo con ellas. Pero no Yamireth Batista. Sin embargo, eso fue lo que presuntamente hizo la representante de Ancón, según la denuncia presentada por los vecinos de ese corregimiento: utilizó fondos de la junta comunal para pagar su cumpleaños, con Ulpiano Vergara y su orquesta, y cobró a cada “invitado” por su asistencia. La parranda fue en Mi Pueblito. Si permiten que se quede en el cargo, al quinto año celebrará su onomástico en el edificio de la administración del Canal. GOBIERNOS LOCALES. El CEN del Partido Revolucionario Democrático (PRD) se reunió el fin de semana en Santiago con sus alcaldes y representantes de Veraguas. Hasta allá fueron Benicio Robinson, Balbina Herrera, Crispiano Adames, Raúl Pineda, Medín Jiménez, etc. ¿Se habrán reunido para juntar plata para la defensa de Pérez Herrera y los investigados en la junta comunal de Belisario Porras? MATERIA. Este lunes, la Comisión de Economía de la Asamblea inicia la discusión del proyecto de ley de sustancia económica, en sesiones extraordinarias. Si a usted le interesaba lo que ocurría en la mina de Donoso y en la Caja de Seguro Social, preste mucha atención a lo que va a suceder aquí. BURLA. El loco celebró su primer año en Colombia, de juerga y disfrutando los $19.2 millones que le debe al Tesoro Nacional. Después de todo, ¿cómo mueve la plata en ese país? ¿Acaso ya tenía cuentas bancarias en Colombia? Un lavador, que a su vez es padre de dos lavadores, vive como un rey. Pero a una abuelita que se pasa $25 del saldo promedio de su cuenta, se la cierran. Fachada del edificio de la Asamblea Nacional que alberga las oficinas de los diputados. Archivo La Asamblea tiene un asesor por cada ocho funcionarios; cuestan $13 millones al año Eliana Morales Gil [email protected] PLANILLA Abogados y amigos personales de figuras políticas ocupan los puestos de asesoría mejor pagados en la Asamblea Nacional. La planilla permanente de la Asamblea Nacional correspondiente a abril de 2026, y publicada en el portal de transparencia de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, registraba 386 funcionarios vinculados a cargos de asesoría. Aquí se cuentan asesores legales, técnicos especializados, administrativos y parlamentarios. Sus salarios representan $1.1 millones mensuales y al menos $13.3 millones al año, cifra que una vez más pone bajo la lupa el peso de la burocracia que rodea al Legislativo. Aunque el número es menor al reportado un año antes, la estructura sigue siendo robusta. En abril de 2025, la Asamblea, entonces bajo la presidencia de la diputada oficialista Dana Castañeda, registraba 469 asesores que costaban $1.3 millones mensuales. Significa que, en un año, la planilla redujo 83 cargos de asesoría, equivalente a una caída cercana al 18%. El gasto mensual también bajó en unos $222 mil. Sin embargo, el recorte no alteró el fondo: la asesoría sigue siendo uno de los componentes más costosos y numerosos dentro del engranaje legislativo. Los 386 asesores representan aproximadamente el 12% de la planilla permanente de la Asamblea Nacional, es decir, cerca de uno de cada ocho funcionarios de la institución, tomando en cuenta que en abril de 2026 había 3,200 personas en planilla. El salario promedio de este grupo alcanza los $2,884 mensuales, muy por encima del promedio general de la institución, que ronda los $1,896. 2024 y 2025 El mayor número de contrataciones se dio en 2024, año en que entraron 53 asesores al Legislativo. En junio de 2024, por ejemplo, el último mes en que el perredista Jaime Vargas presidió la Asamblea, ingresaron seis funcionarios. Algunos de ellos vinculados al partido oficialista Realizando Metas (RM). Entre ellos figuran Jessica Canto, abogada del expresidente Ricardo Martinelli; Yasmina Pimentel, quien fue ministra de Vivienda durante el gobierno de Martinelli; y Jessica Panay, del Partido Revolucionario Democrático (PRD). Todas ganan un salario mensual de $5 mil. Una revisión de la planilla muestra queporlomenos37asesores están en el techo salarial de $5 mil. Entre los mejor pagados aparecen asesores legales, técnicos especializados y altos cargos de asesoría parlamentaria. En ese renglón también está Linda Gesto, amiga personal de Martinelli, quien entró al Legislativo el 17 de julio de 2024. No obstante, agosto de 2024 fue el mes en que más personal ingresó a cargos de asesoría. En total, 27 personas entraron a la Asamblea durante ese periodo. Mientras que a partir del 1 de julio de 2025, cuando Jorge Herrera, del Partido Panameñista, asumió la presidencia del Legislativo, ingresaron 26 nuevos funcionarios para estos puestos. Fallas de la estructura La estructura de personal revisada también expone fallas de control y organización dentro del sistema administrativo legislativo. Un mismo cargo aparece escrito de distintas maneras: “asesoría”, “asesoria”, “asesorìa”, “especializado” o “especilizado”. De acuerdo con expertos en manejo y administración de bases de datos consultados para esta nota, estas inconsistencias dificultan las auditorías, complican los cruces de información y entorpecen el seguimiento real de la estructura de personal. Cada presidencia legislativa promete recortar planillas, ordenar nombramientos o combatir las llamadas “botellas”, personas que cobran pero no trabajan. Lo prometió Dana Castañeda cuando se sentó en el puesto. Lo repitió Jorge Herrera cuando la sucedió, pero la nómina de asesoría ha sobrevivido a todos los cambios políticos de los últimos años. ‘Asesores de asesores’ El diputado Luis Duke, subjefe de la bancada Vamos, aseguró que dentro de la estructura de asesorías de la Asamblea hay funcionarios que sí cumplen funciones técnicas y administrativas clave, especialmente en las comisiones legislativas y en el pleno. Según explicó, asesores legales, parlamentarios y equipos técnicos apoyan la redacción de proyectos, el análisis jurídico y el funcionamiento interno del Legislativo. “Me consta que trabajan muchas horas”, afirmó. Sin embargo, Duke también reconoció que existen “asesores de los asesores”. Los definió como funcionarios nombrados en la planilla permanente que terminan asignados al apoyo directo de diputados o bancadas políticas. No se publica la planilla por diputado A su juicio, la planilla que publica la Asamblea no permite identificar con claridad a quién responde cada asesor ni cuál es su función específica. “Solamente te dice: este es asesor”, cuestionó. El diputado advirtió que la estructura actual facilita la acumulación de personal. Según explicó, en otros parlamentos los especialistas trabajan para toda la institución y no para diputados específicos. “Se contratan cinco o seis asesores económicos para toda la Asamblea”, contó. En cambio, dijo, el modelo panameño multiplica los cargos en comisiones, bancadas y despachos legislativos. Duke también afirmó que el problema de las “botellas” no necesariamente se concentra en los salarios más altos de asesoría. Según dijo, los mayores riesgos aparecen en cargos con salarios bajos, donde, aseguró, se dan prácticas de devolución parcial de dinero, conocido como cashback, o funcionarios que cobran sin asistir a trabajar. Además, cuestionó que la Asamblea no publique la planilla correspondiente a los despachos de los diputados, donde, a su juicio, existe “un grueso importante de funcionarios” difícil de auditar. Entre los mejores pagados está Linda Gesto, amiga de Ricardo Martinelli. Archivo ¿ASISTENCIA? Hay una funcionaria de la Asamblea, supuestamente asignada a la oficina de la bancada de RM, a la que se le ve frecuentemente en aviones y yates con un prófugo de la justicia, que ahora anda promocionando (dentro y fuera de Panamá) un libro de su autoría, y nada de esto ha llamado aparentemente la atención del contralor. El doble rasero de las pesquisas de la Contraloría nunca antes fue tan evidente. Asamblea Nacional Abril 2026 Infografía: LP - Fuente: Asamblea Nacional 386 37 $2,884 Total de asesores Salario promedio $13.3 1 Millones anuales de cada 8 funcionarios asesores con salarios de $5 mil El peso de los asesores legislativos
5A La Prensa Panamá, lunes 11 de mayo de 2026
6A La Prensa Panamá, lunes 11 de mayo de 2026 La magistrada María Eugenia López Arias, actuando como juez de garantías, validó una solicitud de control posterior presentada por el procurador Luis Carlos Gómez Rudy, sobre una serie de vídeos del jueves 9 de abril de 2026, cuando el contralor Anel Flores interrumpió una diligencia judicial en la que participaban tres auditores de la Contraloría. Fuentes ligadas al proceso confirmaron que el pasado 6 de mayo se realizó la audiencia solicitada por Gómez Rudy, para validar vídeos de las cámaras de seguridad de la Fiscalía Anticorrupción, en los que se observa a Flores, al subcontralor Omar Castillo y a otros funcionarios de la Contraloría cuando ingresan al edificio Central Park, en la Transístmica, en donde operan varios despachos del Ministerio Público. No son los únicos videos: en redes sociales circularon imágenes grabadas ese día por un acompañante de Flores, en las que se le observa con claridad cómo ingresa al elevador del PH Central Park, el día de los hechos denunciados. Se desconoce si el procurador presentó las imágenes que circularon en redes o alguna otra petición a la juez de garantías durante el desarrollo de la audiencia y cuáles serán las siguientes diligencias a practicar dentro de esta investigación. Trascendió que la audiencia se realizó vía Zoom, aunque no se precisó si el contralor Flores participó. La magistrada López dirigió la sesión desde su despacho. Gómez Rudy solicitó la audiencia el pasado 27 de abril, 18 días después de que la Procuraduría anunciara la apertura de una investigación penal, luego de que la fiscal anticorrupción Adela Cedeño denunciara más temprano, ante el Despacho Superior, que funcionarios de la Contraloría irrumpieron en medio de una entrevista con tres auditoras, impidiendo así la culminación de la diligencia. Las auditoras estaban siendo entrevistadas en el marco de la causa que se adelanta contra el exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, por presunto enriquecimiento injustificado, cuando la sesión fue suspendida por la aparición en escena de Flores y varios funcionarios. El 10 de abril, en un comuniValidan vídeos en carpetilla relacionada al Contralor, tras irrumpir en Fiscalía AUDIENCIA cado, la Contraloría rechazó haber interferido en diligencias del Ministerio Público y aseguró que la presencia del contralor en la Fiscalía Anticorrupción respondió únicamente “a la necesidad de conocer la situación” de las auditoras, ya que la entrevista se había prolongado por más de ocho horas. El Código Procesal Penal establece que el pleno de la Corte Suprema de Justicia es el ente competente para procesar e imponer medidas cautelares al contralor de la República. El pleno designa a un magistrado como juez de garantías, quien se encargará de realizar los actos de control y afectación de garantías durante la etapa de investigación y la etapa intermedia. En el Código Procesal Penal se especifica que le corresponde al procurador general de la Nación llevar a cabo la investigación penal. Es por esta razón que Gómez Rudy presentó sus peticiones a la magistrada López. Representante del corregimiento de Ancón, Yamireth Batista. Cortesía Edil de Ancón: Remodelaciones y fiestas con fondos públicos Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Juan Manuel Díaz C. [email protected] INVESTIGACIÓN El origen de este caso está relacionado con tres querellas penales presentadas por la abogada Celma Moncada en representación de vecinos y exfuncionarios de esta junta comunal. La junta comunal de Ancón, dirigida por la representante del Movimiento Otro Camino (MOCA), Yamireth Batista, quedó bajo una creciente sombra de cuestionamientos tras el allanamiento efectuado el pasado 8 de mayo por el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Anticorrupción y agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ). El origen de esta diligencia judicial está relacionado con tres querellas penales presentadas por la abogada Celma Moncada en representación de vecinos y exfuncionarios de esta junta comunal, por presuntos malos manejos de fondos públicos. Además, los denunciantes interpusieron acciones por supuesto maltrato laboral contra personal de la entidad. Uno de los documentos, presentado ante la Fiscalía Anticorrupción el 24 de abril de 2026, describe un supuesto esquema sistemático de desviación de fondos públicos para beneficio de Batista. La denuncia fue impulsada por José Luis Barrera, quien ocupó el cargo de administrador de la junta comunal y asegura haber sido testigo directo de las supuestas irregularidades. El relato El relato del querellante detalla cómo la infraestructura pública habría sido utilizada para fines privados, específicamente en la remodelación del apartamento personal de Batista, ubicado en el PH Country Club, en Condado del Rey. De hecho, el propio Ministerio Público informó el viernes que, además de allanar la Junta Comunal de Ancón, también realizó diligencias en un apartamento propiedad de la representante de corregimiento, ubicado en Condado del Rey. Según la denuncia, se utilizaron fondos de la junta comunal para pagar a empresas por materiales y servicios de construcción. Entre las mejoras financiadas con dinero estatal se mencionan la instalación de un “walking closet”, puertas nuevas y trabajos de pintura. La logística de este presunto desvío de recursos incluía un paso intermedio para intentar ocultar el destino final de los bienes. El documento señala que, en septiembre de 2025, materiales adquiridos con fondos públicos fueron trasladados primero a la bodega de la junta comunal y posteriormente llevados al apartamento privado de la representante, supuestamente bajo sus instrucciones directas. Uno de los puntos más específicos de la querella se refiere a la adquisición de unidades de aire acondicionado. De las tres unidades compradas con fondos de la junta comunal, dos habrían sido instaladas en el domicilio de Batista y una tercera en el apartamento de una funcionaria de la junta comunal y muy allegada a la edil. Viajes y compras en Zona Libre El compendio de supuestas irregularidades también se extiende a un viaje a la Zona Libre de Colón, realizado en abril de 2025. Según el testimonio de Barrera, él acompañó a la funcionaria mientras esta seleccionaba personalmente mobiliario, como escritorios, mesas de noche y papel decorativo. Aunque las compras fueron tramitadas como suministros para la oficina comunal, parte de estos artículos terminó presuntamente decorando la vivienda particular de Batista. La supuesta utilización de fondos públicos no se limitó a bienes materiales, sino también a eventos de carácter recreativo y personal. La denuncia menciona una fiesta de Navidad celebrada en diciembre de 2025 en Playa Pipas, provincia de Coclé, que incluyó bebidas alcohólicas y coincidió con un día de duelo nacional. Además, se señala que el cumpleaños de la representante fue celebrado en “Mi Pueblito” con la presentación del artista Ulpiano Vergara, actividad que, según la querella, fue pagada íntegramente con fondos de la junta comunal mientras se cobraba entrada a los asistentes. El escrutinio financiero también revela una lista de viajes internacionales para la funcionaria, sus hijos y personas de su entorno cercano. La querella documenta pagos con fondos públicos para traslados y trámites de visa a destinos como Medellín, Orlando, Miami y México, realizados entre agosto de 2025 y febrero de 2026. Otros detalles El supuesto esquema de peculado habría contado con la colaboración de otros funcionarios clave dentro de la Junta Comunal de Ancón. La denuncia menciona a José Macre, gerente administrativo, por el presunto manejo de efectivo proveniente de cheques, y a Nineika Sanjur, encargada de compras. Según los querellantes, estas acciones habrían sido coordinadas bajo la dirección de la representante para facilitar el desvío de fondos. Como sustento de estas acusaciones, los denunciantes presentaron cerca de 25 pruebas documentales, entre ellas facturas de comercios y comprobantes de depósitos bancarios. Además, pusieron a disposición del Ministerio Público sus teléfonos celulares, que contendrían imágenes, chats y documentos que, según afirman, corroboran los hechos descritos. Además de Barrera, la excolaboradora de la Junta Comunal de Ancón, Crystal Madelleyn Morelo Beleño, también presentó una querella contra la edil de Ancón por supuesto maltrato laboral, sumándose así a las denuncias que rodean la gestión administrativa dentro de la comuna. Este medio realizó llamadas a la representante Batista para conocer su versión de los hechos, tanto el viernes como ayer, domingo; sin embargo, al cierre de esta edición no hubo respuesta. Flores en la Fiscalía. Archivo Procuradora Grettel Villalaz. Cortesía Procuraduría avala facultades de la Asamblea RESPONDE CONSULTA Eliana Morales Gil [email protected] La Procuraduría de la Administración confirmó la interpretación legal de que el presidente y el secretario general de la Asamblea Nacional tienen la potestad para gestionar aspectos clave de la administración interna de la institución, incluyendo asuntos del registro obligatorio de asistencia de los funcionarios. En la nota C-051-26, fechada el pasado 9 de abril, la procuradora Grettel Villalaz respondió una consulta del contralor Anel Flores sobre el alcance del artículo 161 del Reglamento de Recursos Humanos del Servicio Legislativo. En su respuesta, la procuradora concluyó que tanto el presidente de la Asamblea como el secretario general tienen la facultad “exclusiva” de exceptuar a determinados funcionarios del deber de marcar las entradas y salidas cuando así lo consideren. Recordó que la norma obliga a la Asamblea a mantener un registro de asistencia y puntualidad del personal. Sin embargo, añadió que el reglamento también “faculta en términos amplios” tanto al presidente como al secretario general, de manera independiente, para exonerar a funcionarios específicos.
7A La Prensa Panamá, lunes 11 de mayo de 2026
8A La Prensa Panamá, lunes 11 de mayo de 2026 El Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid atiende diariamente a unas 5 mil personas, en medio de problemas por la falta de reactivos para pruebas de laboratorio esenciales. Gabriel Rodríguez Falta de reactivos afecta pruebas de pacientes en el Complejo Hospitalario Aleida Samaniego C. [email protected] SALUD Entre las pruebas que no se están realizando figuran indicadores clave de la función renal y pruebas hepáticas . La CSS informó que la compra centralizada de insumos de química e inmunoquímica está próxima a completarse. Estar hospitalizado en uno de los principales centros hospitalarios del país ya no implica únicamente recibir tratamiento y esperar la evolución clínica. Para muchos pacientes en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, de la Caja de Seguro Social (CSS), también significa enfrentar una barrera inesperada: la falta recurrente de reactivos que, desde marzo pasado, ha impedido la realización de pruebas de laboratorio esenciales. Lejos de ser un hecho aislado, la situación está afectando directamente la capacidad diagnóstica en uno de los hospitales más importantes del sistema público. Documentos a los que tuvo acceso La Prensa evidencian que múltiples pruebas de química sanguínea no han podido realizarse en pacientes hospitalizados por la ausencia de insumos básicos, un problema que impacta tanto a médicos como a pacientes. En la práctica clínica, estos análisis no son opcionales, sino herramientas fundamentales para evaluar el estado de salud, detectar complicaciones y tomar decisiones terapéuticas oportunas; sin ellos, se reduce la precisión en la atención médica. Solicitudes de laboratorio con fecha del 30 de abril revisadas muestran exámenes marcados con la leyenda “NO HAY REACTIVO”, lo que confirma un desabastecimiento que abarca distintas áreas críticas del hospital. Esta limitación no solo retrasa diagnósticos, sino que obliga a los médicos a actuar sin información completa, especialmente en áreas sensibles como Urgencias o la Unidad de Cuidados Intensivos. En total, se trata de 34 tipos de pruebas químicas de uso cotidiano en los laboratorios de la CSS, algunas de las cuales no pueden realizarse actualmente por la falta de reactivos. La CSS no publica un indicador porcentual único del nivel de abastecimiento de reactivos por hospital, por lo que la magnitud del problema se reconstruye a partir de evidencias documentales. Entre las pruebas que no se están realizando figuran indicadores clave de la función renal, como el nitrógeno de urea, la creatinina y la tasa de filtración glomerular (CKD-EPI 2021). Estos parámetros permiten detectar desde alteraciones leves hasta fallas renales graves, por lo que su ausencia limita la identificación temprana de complicaciones. A esto se suman estudios metabólicos y minerales — como el ácido úrico, el colesterol HDL, el calcio y el magnesio— necesarios para el seguimiento de enfermedades crónicas y trastornos metabólicos. En condiciones normales, estos análisis forman parte de la rutina hospitalaria; hoy, en cambio, muchos simplemente no se pueden procesar. El impacto también alcanza pruebas hepáticas y pancreáticas, entre ellas la bilirrubina en sus distintas fracciones —conjugada, no conjugada y total—, así como la amilasa y la gamaglutamil transferasa. Estos estudios son esenciales para detectar enfermedades del hígado y del páncreas, cuya evolución puede ser rápida si no se monitorea a tiempo. Un familiar de un paciente hospitalizado en el Complejo expresó su preocupación por la imposibilidad de realizar algunos exámenes de laboratorio dentro del hospital. Señaló que la falta de reactivos ha generado incertidumbre sobre la evolución del tratamiento y los tiempos de diagnóstico. La situación, según Enma Pinzón, presidenta de la Federación de Asociaciones de Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas (Fenaeccd), no afecta únicamente a los pacientes hospitalizados. “Hay falta de reactivos para los pacientes que asisten a los diferentes laboratorios de la Caja, independientemente de si están hospitalizados o no”, señaló. Orlando Quintero, director de Probidsida (Pro Bienestar y Dignidad de las Personas Afectadas por el VIH/ sida) y miembro de la Fenaeccd, citó como ejemplo la falta de pruebas de CD4, un examen que mide la cantidad de linfocitos T en la sangre y permite evaluar el estado del sistema inmunológico, especialmente en personas con VIH. Es clave para monitorear la progresión de la infección y la eficacia del tratamiento antirretroviral (TAR), dijo. Para el personal médico, la falta de estos insumos representa un obstáculo cotidiano. Sin resultados de laboratorio, el seguimiento clínico se vuelve más complejo y, en algunos casos, las decisiones deben tomarse con base en la evaluación clínica y la experiencia, pero sin el respaldo de datos confirmatorios. “Son pruebas básicas. No estamos hablando de exámenes especializados, sino de estudios que se solicitan todos los días”, comentó una fuente médica en el hospital que pidió reserva de su identidad. “Cuando no están disponibles, el margen de error aumenta y el riesgo para el paciente también”. El problema no solo tiene implicaciones clínicas. También genera una carga adicional para los pacientes y sus familias, quienes, ante la falta de servicios dentro del hospital, se ven obligados a buscar alternativas fuera del sistema público, asumiendo costos que no siempre pueden cubrir. Cambios en medio de la escasez Este escenario ocurre en paralelo a un proceso de reorganización dentro de la CSS, institución responsable del hospital, que ha impulsado cambios en los mecanismos de compra y abastecimiento de insumos médicos. De acuerdo con memorandos emitidos por el director de la CSS, Dino Mon, en marzo de 2026, la institución implementó un modelo de centralización de compras con el objetivo de mejorar la eficiencia, reducir la fragmentación de los procesos y optimizar el uso de los recursos. Bajo este esquema, todas las adquisiciones de medicamentos e insumos deben ser gestionadas por la Dirección Nacional de Planificación, dejando atrás el sistema anterior, en el que distintas unidades realizaban compras de forma independiente. Un memorando fechado el 18 de marzo de 2026 establece que las compras de insumos y medicamentos, sin importar la cuantía, deben ser consolidadas por esa dirección y contar con el visto bueno de la Dirección Nacional de Servicios y Prestaciones en Salud, así como del despacho superior. La medida, según la CSS, busca mejorar el control del inventario y prevenir irregularidades. Sin embargo, en la práctica, médicos consultados advierten que la transición hacia este nuevo modelo ha coincidido con retrasos en la disponibilidad de insumos, incluidos los reactivos de laboratorio. Además de la centralización, la reestructuración incluyó el traslado de personal clave de áreas como Planeación de Suministro y Control Operativo hacia la Dirección de Planificación, con el objetivo de alinear la toma de decisiones con la ejecución logística. La CSS ha señalado que estos cambios forman parte de un proceso de modernización orientado a garantizar un abastecimiento “pleno y oportuno”. La posición de la CSS Marcos Young, director de Servicios y Prestaciones de Salud de la CSS, explicó que la centralización de las compras en la CSS tiene como objetivo garantizar que todas las adquisiciones cumplan con estándares uniformes de calidad y precios competitivos. Además, indicó que este sistema permite un mayor control del gasto y una distribución más equitativa y eficiente de los recursos en las distintas unidades del país. En relación con el desabastecimiento registrado en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, dijo que la situación no se debe a restricciones impuestas por el nivel central, sino a retrasos administrativos y de planificación durante la transición hacia el nuevo modelo de autorizaciones, implementado desde marzo de 2026. Aclaró que el hospital mantiene la facultad de realizar compras locales. También afirmó que los tiempos de compra se mantienen dentro de lo habitual y que el sistema se encuentra en una fase de consolidación técnica, más que de fallas. Como medida para enfrentar la escasez de reactivos, adelantó que se reforzará el suministro desde el Almacén Central y que la compra centralizada de insumos de química e inmunoquímica está próxima a completarse, lo que permitirá fortalecer el inventario en todo el país. Especialistas advierten que este tipo de situaciones puede tener consecuencias a corto y mediano plazo, ya que la ausencia de pruebas no solo retrasa diagnósticos, sino que puede impedir la detección oportuna de complicaciones, afectar el seguimiento de enfermedades crónicas y prolongar las estancias hospitalarias. Imágenes de una de las solicitudes de pruebas de laboratorio clínico del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias M. . Cortesía Panorama
9A La Prensa Panamá, lunes 11 de mayo de 2026 El plan maestro de Vista Azul abarca territorios de los distritos de Panamá y San Miguelito. Gabriel Rodríguez Ministro ordena revisar vigencia de EIA del proyecto Vista Azul Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] URBANISMO La advertencia de Juan Carlos Navarro surge luego de publicaciones de La Prensa, en las que residentes de unas 70 barriadas de Condado del Rey, manifestaron preocupación por el proyecto. El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, reaccionó ayer ante la posible reactivación del proyecto urbanístico Vista Azul, ubicado cerca del área de Condado del Rey, con una orden directa a su equipo técnico: verificar si la iniciativa cuenta con un estudio de impacto ambiental (EIA) aprobado y vigente. “Ya procedí a solicitar que investiguen si ese proyecto, Vista Azul, tiene un estudio de impacto ambiental aprobado y vigente”, expresó el funcionario, en medio de crecientes cuestionamientos ciudadanos sobre el desarrollo inmobiliario, que vuelve a generar tensiones en el norte de la capital. La advertencia de Navarro surge luego de publicaciones de La Prensa, en las que residentes de unas 70 barriadas de Condado del Rey, en el distrito de San Miguelito, manifestaron preocupación por el reinicio de un proyecto que permaneció paralizado durante más de una década. Los moradores sostienen que la zona ya enfrenta serios problemas de movilidad, presión sobre los servicios públicos y deterioro de la calidad de vida, por lo que temen que una expansión urbanística de gran escala agrave aún más la situación. Las inquietudes no son nuevas. Desde los primeros intentos de desarrollar Vista Azul, comunidades como Altos del Country, Villa Vizcaya, Bosques de Cibeles, Limajo, Altos de Panamá y Condado del Rey protagonizaron protestas y acciones de resistencia para defender sus residencias y exigir estudios técnicos que evaluaran el impacto real del proyecto sobre el entorno urbano y ambiental. Vista Azul fue aprobado mediante la Resolución 223-2011 del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), emitida el 16 de mayo de 2011, bajo la figura de un Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT). El plan contempla un polígono de al menos 200 hectáreas y se proyecta como uno de los desarrollos urbanísticos de mayor extensión en el área norte de la ciudad capital. El estudio ambiental aprobado originalmente para el proyecto Vista Azul perdió vigencia luego de que el proyecto permaneciera paralizado durante más de una década sin llegar a ejecutarse. Ahora, la empresa promotora activó recientemente una fase de consultas comunitarias como paso previo a la elaboración de un nuevo estudio ambiental, requisito indispensable para reactivar el megaproyecto. No obstante, el documento aún no ha sido presentado formalmente ante el Ministerio de Ambiente, por lo que la viabilidad del desarrollo continúa bajo incertidumbre, mientras crece la inquietud entre residentes de Condado del Rey y áreas vecinas. Actualmente, dos parcelas pertenecientes a Grupo Arango son desarrolladas por la promotora MS Norte, S.A., empresa que ha sostenido reuniones comunitarias para explicar el alcance de la primera fase del proyecto, denominada Condado Norte, parcelas 2 y 3. Entre las obras previstas destaca la construcción de una vía de acceso conectada al Corredor Norte, infraestructura que también ha generado inquietud entre los residentes por el posible aumento del tráfico vehicular. Panorama
10A La Prensa Panamá, lunes 11 de mayo de 2026 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. cursos cargados de emocionalidad, uso intensivo de redes sociales para ganar protagonismo y participación en temas que exceden sus competencias se han vuelto parte de su actuar cotidiano. Más preocupante aún es el contenido de muchas de sus propuestas legislativas: iniciativas sin sustento técnico sólido, orientadas más a obtener aplausos que a resolver problemas estructurales. Ejemplo de ello es el respaldo a sistemas de reparto en reformas al seguro social, modelos que han demostrado ser insostenibles en numerosos países y que trasladan costos a las futuras generaciones. También destacan propuestas como aumentos de pensiones sin explicar con claridad su financiamiento, o planteamientos que implican mayores impuestos y cargas para la economía. Este tipo de medidas no solo reflejan populismo, sino también una falta de responsabilidad fiscal. En lugar de promover igualdad ante la ley, reducción de regulaciones o mejoras en la eficiencia económica, muchas iniciativas apuntan hacia más intervención estatal, controles de precios, mayor burocracia y concesiones a grupos de presión. Paradójicamente, mientras critican al Ejecutivo Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Nos estamos olvidando de estar Comunicación Hubo un tiempo en que muchas conversaciones ocurrían sin prisa y algunas visitas no necesitaban motivo. Las familias encontraban espacios para compartir aun en medio de las dificultades, y ciertas cosas simples parecían tener un valor distinto. Hoy, mientras todo continúa avanzando rápidamente, a veces surge una sensación difícil de explicar: pareciera que la vida comenzó a moverse más rápido que nuestra capacidad de permanecer presentes. La modernidad transformó la manera de vivir, trabajar y comunicarnos. Todo parece inmediato. Las respuestas llegan rápido, las noticias recorren el mundo en segundos y las personas permanecen conectadas casi todo el tiempo. Sin embargo, en medio de tantos avances, también comenzó a sentirse un cansancio distinto, uno que no siempre se refleja físicamente, pero que termina ocupando silenciosamente la vida emocional de muchas personas. Tal vez por eso ciertos recuerdos conmueven tanto. Una fotografía antigua, una carta guardada o una conversación familiar pueden traer de vuelta memorias e historias del pasado que parecían haberse quedado atrás. No porque la vida fuera perfecta, sino porque todavía existían pausas humanas más naturales y una manera diferente de compartir el tiempo. Poco a poco también cambió la forma de comunicarnos. Muchas palabras dejaron de escribirse. Las conversaciones comenzaron a llenarse de emojis,imágenes reenviadas, videos ajenos y respuestas rápidas, mientras las historias personales ocupaban menos espacio. Quizás todavía estamos a tiempo de recuperar pequeñas cosas que parecían simples y hoy empiezan a sentirse valiosas: escribir más palabras propias, conversar sin apuro, visitar más.Porque hay ausencias que no comienzan cuando alguien se va, sino lentamente, cuando dejamos de estar presentes en la vida de quienes un día estuvieron siempre para nosotros. De siervos, vasallos y otras raleas Tecnofeudalismo capital que, además, no actúa como un medio de producción tradicional, sino como un instrumento de modificación de la conducta humana mediante el algoritmo. Esta capacidad otorga a los dueños de este capital un poder de extracción que va más allá de lo que cualquier capitalista industrial pudo imaginar. Una de las peculiaridades más malignas del capital de la nube es su capacidad para reproducirse sin que sea necesario pagar salarios a la gran mayoría de quienes favorecen su expansión. En el tecnofeudalismo, el stock de capital de las plataformas aumenta cada vez que un usuario hace un click, sube un video, publica una foto o, simplemente, se desplaza por la ciudad con su celular encendido. Este fenómeno convierte a miles de millones de personas en lo que Varoufakis denomina “siervos de la nube” que trabajan voluntaria, pero inconscientemente, y ocupan entretenidos su ocio para enriquecer a los dueños del capital de la nube porque, al mismo tiempo, cada interacción digital es, en esencia, trabajo gratuito, y a veces placentero, que entrena a los algoritmos y aumenta el valor de la plataforma. De esta forma, se facilita que las empresas tecnológicas mantengan estructuras de costes laborales extremadamente bajas en comparación con su facturación maximizando sus plusvalías. Mientras que la inmensa mayoría de la población mundial actúa ahora como siervos de la nube, la clase capitalista tradicional, sostiene Varoufakis, ha sido degradada al estatus de vasalla siendo productores de mercancías físicas que, para llegar al consumidor, dependen totalmente de las plataformas en la nube propiedad de los grandes emporios. A diferencia de los trabajadores asalariados tradicionales, los siervos no reciben un pago por su actividad en las plataformas; su «pago» es el acceso a servicios que parecen gratuitos, pero que en realidad son el cebo para la extracción de sus datos y su atención. El capitalista vasallo es propietario de los medios de producción y emplea trabajadoManuel Alcántara Sáez Caras nuevas... ideas no tanto Política Las elecciones de mayo de 2024 trajeron consigo caras nuevas en la política panameña, especialmente en la Asamblea Nacional. Uno de los hechos más llamativos fue la llegada de aproximadamente 20 diputados independientes, generando expectativas de un cambio significativo dentro del órgano legislativo. Sin embargo, tras casi dos años en sus cargos, la ciudadanía empieza a recordar aquel refrán: “escoba nueva barre bien”. La expectativa inicial ha dado paso a la decepción. A pesar de las dificultades reales que implica construir acuerdos en el Legislativo, a estas alturas esa explicación comienza a parecer más una excusa que una justificación válida. En muchos casos, estas nuevas figuras parecen más enfocadas en la visibilidad mediática que en el ejercicio efectivo de sus funciones. Hemos visto más “taquilla” que resultados concretos. Sus discursos, que en campaña se basaban en una división simplista entre “los buenos” y “los malos”, hoy evidencian una realidad distinta: ser nuevo o joven no garantiza ser mejor, y el tiempo lo ha demostrado. Las críticas que antes dirigían al populismo y a las prácticas tradicionales de la política han terminado replicándose. Dispor la falta de empleo, el alto costo de vida y la escasez de oportunidades, no impulsan reformas estructurales desde el Legislativo que podrían incidir directamente en estos problemas. La realidad es que, más allá del discurso de oposición, no han demostrado una voluntad clara de transformar la forma de hacer política. Lo que parece haber cambiado no es el sistema, sino los actores: nuevos políticos reproduciendo viejas prácticas. A casi dos años de gestión, tampoco se ha evidenciado un esfuerzo serio por limitar el poder del Estado, pese a las constantes denuncias sobre discrecionalidad y corrupción. Todo queda, en gran medida, en palabras: discursos bien intencionados, pero vacíos de acciones concretas. Como dice el refrán, “el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones”. Muchas de las propuestas presentadas no solo carecen de viabilidad económica, sino que incluso contradicen principios básicos del comportamiento humano y del funcionamiento de los mercados. Existe, además, una peligrosa tendencia: la creencia de que los políticos saben qué es lo mejor para los ciudadanos y deben imponerlo en nombre del “bien común”, sin importar los costos. Y no hay nada más riesgoso que justificar los medios por los fines. Al final, muchos ciudadanos siguen viendo en estas figuras a líderes salvadores, cediendo su libertad a cambio de una promesa de seguridad. Pero la historia demuestra que ese intercambio rara vez termina bien. Opinión LA AUTORA es educadora EL AUTOR es miembro de la Fundación Libertad EL AUTOR es director de CIEPS-Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (AIP-Panamá). Evangelina Batista de Cortez res, pero debe entregar una parte sustancial de sus ingresos (la renta de la nube) al dueño de la plataforma simplemente por el derecho a existir en el mercado digital. En un orden de cosas opuesto, pero que ayuda a entender la coyuntura actual, hace un mes, Palantir Technologies –empresa de análisis de datos e inteligencia artificial cuyos clientes incluyen a los ejército de los Estados Unidos y de Israel, así como a la agencia de control de inmigración ICE– publicó su manifiesto de 22 puntos constitutivo de una especie de teoría del reemplazo que declara públicamente cuál debe ser el orden del mundo y que constituye la contrapartida del pensamiento de Varoufakis. La condena que en el último de los puntos del manifiesto acerca del pluralismo “vacuo y hueco” del que debe resistirse su superficial tentación es un ataque a toda forma de multiculturalismo y de reivindicación del regreso a la más estricta jerarquización de los grupos humanos. De hecho, lo que impone es que la tecnología es una ideología además de ser un poder material. Ello resulta coherente con la certeza de que la tecnología, por sí sola, puede otorgar libertades que el Estado liberal es incapaz de proveer máxime ahora que están lejanos los tiempos en que se llegó a pensar que la IA se implementaría priorizando la seguridad y el bien común. La decisión del Pentágono de incluir en su lista negra a Anthropic porque quería restringir el uso de su IA — incluso para la vigilancia masiva y las armas totalmente autónomas— fue el gran momento que prestó la competencia para aprovechar la oportunidad y expandirse. La confianza en los tecnofeudos -Silicon Valley-, alejados de las deterioradas y en declive democracias de masas, es total. Es la línea seguida por un filósofo neofascista, Curtis Yarvin. Conocido por su proyecto de la ilustración oscura, un culto tecnopolítico promotor del reemplazo de la democracia liberal por regímenes autoritarios, incluida la monarquía absoluta, que aboga por la creación de una plutocracia, una élite cognitiva, que sobreviva a una humanidad en decadencia. Se trata de los nuevos señores feudales. Uno de los fenómenos de mayor impacto en el orden político actual y que menos atención se presta es la profunda devaluación del concepto de ciudadanía. El ejercicio de derechos y libertades, la participación y la aspiración al bienestar ha definido al individuo del último medio siglo de una parte relevante de la humanidad. Sin embargo, en el marco de las democracias fatigadas en que vivimos se ha puesto el acento a la hora de realizar el diagnóstico de su estado en la representación, un ámbito que ha acabado siendo irrelevante cuando no despreciable por el creciente descrédito de los procesos electorales. La obscena permanente manipulación hasta el último minuto de los distritos electorales en Estados Unidos es la muestra más palmaria de ello. La mayor complejidad de la ciudadanía hace tiempo que fue reemplazada por la simpleza del electorado y hoy el panorama que se alumbra tiene que ver con una reconfiguración de una figura que parecía relegada como es la del vasallaje. La exponencial revolución digital ha comportado una transformación radical de la sociedad mundial en un lapso muy breve que está trastocando los patrones económicos, las formas de interacción social y la manera en que se lleva a cabo la política. La exacerbación tecnológica, la desenfrenada popularización de su uso, la concentración del capital, las relaciones entre el poder político y el derivado del conglomerado empresarial han gestado una nueva era donde se va diluyendo la sociedad del cansancio que se denomina tecnofeudalismo. En el tecnofeudalismo, según Yanis Varoufakis, profesor de economía y ministro de Finanzas en Grecia durante seis meses en 2015, en su libro de este título publicado hace justo un año, los mercados han sido desplazados por plataformas digitales que funcionan como feudos y el beneficio empresarial ha sido suplantado por una forma arcaica, pero tecnológicamente avanzada, de extracción: la renta de la nube. Un tipo de A casi dos años de gestión, tampoco se ha evidenciado un esfuerzo serio por limitar el poder del Estado, pese a las constantes denuncias sobre discrecionalidad y corrupción. José Jauregui Los mercados han sido desplazados por plataformas digitales que funcionan como feudos y el beneficio empresarial ha sido suplantado por una forma arcaica, pero tecnológicamente avanzada: la renta de la nube. Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Subdirectora de Investigación, Política y Judiciales Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Subdirectora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista Jefa de Información Cecilia Fonseca Gerente General Sudy S. de Chassin ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUxMjQ5NQ==