2A La Prensa Panamá, domingo 26 de abril de 2026 Los diputados de la bancada independiente Vamos confirmaron que fueron convocados a una reunión con el contralor Anel Flores para este lunes 27 de abril. El encuentro está pautado para las 11:00 a.m. en la sede principal de la Contraloría General de la República (CGR), ubicada en la avenida Balboa. A la reunión con el contralor también asistirán Jorge Herrera, presidente de Asamblea Nacional, y los jefes de las otras bancadas legislativas. Los diputados Luis Duke y Roberto Zúñiga —este último jefe de la bancada independiente— aseguraron que acudirán a la reunión, la cual se produce en medio de tensiones entre Vamos y la CGR, tras la decisión de la Contraloría de colocar a unos 40 funcionarios de la Asamblea Nacional en la categoría de “licencia sin sueldo”. Zúniga adelantó que el objetivo del encuentro es solucionar y aclarar la situación de los funcionaros, quienes laboran en los despachos de los diputados de la coalición Vamos. “También es para que esto nunca vuelva a ocurrir”, dijo. La Contraloría sostiene que solo siete funcionarios de la Asamblea tienen suspendido el pago de su salario como parte de procesos de “verificación e investigación” iniciados desde marzo pasado, relacionados con la asistencia. Sin embargo, los diputados de Vamos aseguran que la cantidad de funcionarios afectados es mucho mayor y denuncian que ninguno de ellos solicitó licencia alguna ni fue notificado formalmente de la medida. De acuerdo a Zúñiga, los funcionarios señalados han cumplido con la lista de asistencia, incluso los fines de semana. “Todos firman su asistencia, mes a mes. Ese es el mecanismo de control con los funcionarios eventuales y lo digo francamente: si nos ponen Bancada Vamos confirma reunión con el contralor; será mañana lunes PULSEO un sistema de marcación digital, no tenemos ningún problema”, indicó. Según la bancada Vamos, los colaboradores “investigados” siguen desempeñando sus funciones, pero sin remuneración. Los siete funcionarios a los que alude el comunicado de la CGR laboran en los despachos de Duke, Alexandra Brenes y Jhonathan Vega. El diputado Duke confirmó que no reciben salario desde marzo pasado. Sin embargo, afirmó que la afectación se extiende a por lo menos 34 funcionarios adicionales. Ya no son solo de los despachos de Duke, Brenes y Vega; también hay personal de Janine Prado, Roberto Zúñiga, Yamireliz Chong, Eduardo Gaitán y Augusto Palacios. Desde la Asamblea Nacional, el presidente Jorge Herrera ha señalado que ni la institución ni los jefes de los despachos autorizaron trámite alguno de licencias sin sueldo para el personal afectado. Incluso, la Dirección de Recursos Humanos de la Asamblea certificó que no se ha tramitado licencia alguna respecto a los funcionarios legislativos, “por lo que no existe actuación administrativa de esta institución que sustente la adopción de dicha medida”. Ya una de las afectadas, la abogada Martita Cornejo, quien labora en el despacho de Brenes, presentó un amparo de garantías constitucionales ante la Corte Suprema de Justicia. Los especialistas aseguran que el machismo -en una sociedad en la que la mujer asciende más rápido que el hombre- es un factor determinante en la violencia. Gabriel Rodríguez Femicidio en Panamá: una década de cifras que no logran bajar Alis Fernández [email protected] José González Pinilla [email protected] VIOLENCIA “Antes de que un hombre mate a una mujer pasan muchísimas cosas, diversas formas de violencia que se van acumulando”, explica Aracelly de León del Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá. Panamá tipificó el femicidio como delito hace más de una década (2013), pero la violencia letal contra las mujeres está lejos de desaparecer. Entre medidas de protección insuficientes, una cultura machista, casos cada vez menos aislados y cifras que no descienden, la advertencia es clara: el problema persiste. La violencia de género con resultados fatales era un hecho en la sociedad panameña, pero desde que fue tipificada como delito, el término femicidio ha permitido visibilizar el problema, aunque eso no siempre se traduzca en menos violencia hacia la mujer. De acuerdo con datos oficiales, en Panamá este fenómeno ha seguido una tendencia lineal en los últimos 10 años. En 2015 se registraron 29 casos, cifra que se redujo hasta 18, en 2017, y repuntó hasta alcanzar su punto más alto en 2020, con 31 víctimas. La estadística de 2020, año en que la pandemia de covid-19 obligó al mundo a confinarse, parece confirmar una verdad complicada, que el femicida suele vivir bajo el mismo techo que la víctima. Desde entonces, los registros han oscilado entre 15 y 23 casos anuales, con 15 en 2023 como el nivel más bajo en los años recientes; en 2025 se contabilizaron 20 víctimas. En lo que va de 2026,yasereportan11casos. Más allá de las cifras, especialistas coinciden en que el problema responde a una red de factores sociales que van desde la violencia en la sociedad actual hasta factores culturales y falta de fuerza en las medidas de prevención. En conversación con La Prensa, el criminólogo y sociólogo Tirso Castillo de Lemos explicó que el femicidio es un crimen motivado por odio, control y dominación, en el que el agresor percibe a la mujer como una posesión. Este perfil suele estar marcado por conductas como celos extremos, violencia, control y una visión misógina. Según el especialista, la mayoría de los casos en Panamá están vinculados a parejas o exparejas, especialmente cuando la víctima decide terminar la relación, lo que el agresor interpreta como una pérdida de control o una “ofensa” a su ego. Advierte que el femicidio no es un hecho aislado, sino la fase final de un ciclo de violencia doméstica que incluye agresiones, reconciliación y repetición del abuso. En muchos casos, las víctimas ya habían denunciado previamente. “Estamos ante una sociedad extremadamente machista, una sociedad donde la violencia contra la mujer es permisiva”, señala. Añade que la violencia doméstica es, sin duda alguna, un antecedente del femicidio, ya que en la mayoría de los casos las víctimas directas son las mujeres. Castillo de Lemos recalca que, si bien las medidas de protección a la víctima deberían cambiar, con algo más que órdenes de alejamiento, también se debería pensar en el aumento de penas a los agresores. En Panamá, actualmente la justicia puede llegar a aplicar de 25 a 30 años de cárcel a los femicidas, pero el también catedrático de la Universidad de Panamá considera que los años de cárcel deberían aumentar a mucho más que eso. De igual forma, manifiesta que las medidas de protección a las víctimas deben mejorar, y que la implementación de brazaletes de control es una gran manera de reforzar estas medidas, ya que notifica a las autoridades cuando el agresor vulnera la orden de alejamiento. Desde una perspectiva social, Aracelly De León, directora del Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá, apunta que estos crímenes suelen estar precedidos por múltiples formas de violencia. “Antes de que un hombre mate a una mujer pasan muchísimas cosas, diversas formas de violencia que se van acumulando”, explica. La experta señala que, en muchas ocasiones, a pesar de que la víctima vive violencia, no lo reconoce a tiempo o no denuncia, lo que dificulta la intervención oportuna. “Hay mujeres que sienten vergüenza o no identifican que son víctimas de violencia doméstica”, afirma. La también catedrática coincidió en que existe la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección, pues considera que la respuesta institucional sigue siendo limitada y las medidas muchas veces no son suficientes. “Le dan un papelito y la mandan para la casa y muchas veces termina durmiendo con el enemigo”, cuestiona. La psicóloga clínica del centro de atención integral del Ministerio de la Mujer, Yaravis Almanza, menciona que la violencia contra la mujer está estructurada dentro de los mecanismos sociales de poder, que responde a aspectos culturales en los modelos de crianza para niños y para niñas, en donde se les enseña a los niños “que ellos son los del poder, que no lloran o que son invencibles”. Difirió con el profesor Castillo de Lemos en el punto del aumento de penas, pues señala que si bien una medida como esa “tal vez impacte mucho”, lo que se debe cambiar es el modelo de educación y crianza para que exista igualdad entre niños y niñas desde pequeños. Aseguró que si bien los brazaletes serían de mucha utilidad, el primer paso a seguir es que la víctima interponga la denuncia. Las cifras cambian, pero el problema continúa, y detrás de cada número hay una historia de dolor que pudo evitarse. Roberto Zúñiga y Anel Flores. 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