8A La Prensa Panamá, jueves 23 de abril de 2026 Franz Wever Guerra (izq.) es el actual vicepresidente de la Fedebeis y Miguel Ordóñez (der.) el director de Pandeportes Archivo Federaciones desafían plazos del proceso electoral deportivo en 2026 Guillermo Pineda [email protected] MORA El nuevo ciclo electoral del deporte panameño avanza entre retrasos, reclamos y recursos legales. Federaciones cuestionan plazos y exigencias de Pandeportes, mientras crece la incertidumbre sobre la renovación de estructuras dirigenciales. El deporte panameño está en un año clave. El 2026 marca el inicio de un nuevo ciclo electoral que, por ley, debe celebrarse para renovar las estructuras dirigenciales en federaciones y ligas provinciales, distritales y de corregimiento, así como en clubes y asociaciones deportivas de todo el país. Sin embargo, a casi cuatro meses de iniciado el calendario, el proceso avanza con lentitud y rodeado de tensiones entre las autoridades y los organismos deportivos. Cada 4 años El marco legal es claro. La Ley 50 de 2007, que reorganiza el funcionamiento de Pandeportes, establece en su artículo 2 que esta entidad es la responsable de definir los mecanismos para desarrollar el proceso electoral deportivo. A su vez, el artículo 9 señala que dichos mecanismos deben ser aprobados por el Consejo Nacional de la Actividad Física, el Deporte y la Recreación, un organismo multisectorial que incluye representantes del Estado, el movimiento olímpico, el sector empresarial y la educación física. Según el artículo 12 de la Ley 50, el director general de Pandeportes tiene la facultad de supervisar y reconocer a las juntas directivas electas en las organizaciones deportivas, con la excepción del Comité Olímpico de Panamá (COP). Además, la ley establece que estos procesos deben realizarse cada cuatro años. Pese a este marco, la realidad dista de lo establecido. El antecedente más reciente dejó un precedente irregular: en el año 2022 (en pleno coletazo de la pandemia respiratoria de la covid-19), múltiples elecciones no se realizaron en los tiempos previstos y se extendieron hasta 2023 e incluso 2024. Ahora, con un nuevo ciclo en marcha, las señales apuntan a un escenario similar. Pandeportes toma las riendas El director de Pandeportes, Miguel Ordóñez, contó que desde enero pasado se envió una comunicación por correo electrónico a todas las federaciones y asociaciones deportivas, solicitando la verificación y certificación anual de sus estructuras organizativas. Las federaciones debían remitir (antes del 31 de marzo) documentación clave para validar su funcionamiento: listado actualizado de ligas provinciales afiliadas, certificaciones de personería jurídica, inscripción en el Registro Público, estatutos vigentes, actas de elección de sus juntas directivas y cualquier otro documento necesario para la verificación institucional. Sin embargo, la respuesta fue limitada. La falta de entrega de información evidenció el descontento de varias federaciones, que optaron por no cumplir con el plazo inicial y solicitaron una reunión con Ordoñez. Ese encuentro se llevó a cabo el 20 de marzo, en el salón Lloyd LaBeach de Pandeportes, con la participación de representantes de más de 20 federaciones. En total, en todo el país hay 43 federaciones. Diez días antes de esa reunión, se había firmado la Resolución Nº 072-2026 DG, que formalizaba la obligación de entregar la documentación antes del 31 de marzo. No obstante, tras el diálogo sostenido, se acordó extender el plazo hasta el 31 de mayo. El ajuste, aunque representa una prorroga, no resuelve el fondo del conflicto. Excusas y acciones legales Las federaciones han insistido en que existen dificultades estructurales que complican el cumplimiento de los plazos, especialmente en lo relacionado con la formalización legal de ligas, clubes y asociaciones que conforman la base del sistema deportivo. En medio de este escenario, un grupo de federaciones decidió elevar el tono. El pasado 16 de abril, organizaciones como las de judo, atletismo, natación, béisbol, jiu jitsu japonés, jiu jitsu shiakan, artes marciales mixtas y boxeo olímpico otorgaron un poder legal a los abogados Gustavo Padilla, Franz Wever Guerra y Eusebio Rivera, para interponer un recurso de reconsideración contra la Resolución Nº 072-2026 DG. El movimiento, sin embargo, no estuvo exento de controversia. El documento incluía los nombres de otros 12 dirigentes que no plasmaron su firma. Entre ellos, el presidente de la Asociación Nacional de Tiro con Arco, Luis Barría, quien emitió un comunicado para Astillero en área de Coco del Mar en los años de 1970. Cortesía Del astillero al Coco Parque: el relato inédito del mar que San Francisco volvió a mirar URBANISMO Yaritza Mojica [email protected] El terreno donde hoy avanza el proyecto Coco Parque, ubicado frente al mar en Coco del Mar, corregimiento de San Francisco, guarda una larga historia ligada al desarrollo marítimo y al acceso restringido de la comunidad. Mucho antes de proyectarse como parque público, el sitio funcionó como un astillero dedicado a la reparación, construcción y mantenimiento de embarcaciones, actividad que se estima inició en la década de 1970. El origen legal del uso de esta área se remonta a una concesión otorgada por el Estado para ocupar una zona de playa con el propósito de construir una marina turística. Segúnregistrosconocidos, elcontratofueconcedidoinicialmente en 1973 y posteriormenterenovadoen1986. Sin embargo, con el paso de los años, el uso del terreno se apartó de los fines establecidos. Aunque el contrato autorizaba una marina turística, el área terminó siendo rellenada y utilizada para otras actividades recreativas, sin acceso abierto para toda la ciudadanía. El astillero operó por más de 38 años, hasta que en 2011 la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), mediante la Resolución ADM No. 031 del 16 de febrero de ese año, negó la renovación de la concesión por incumplimientos contractuales de la empresa administradora. Otro factor determinante fue la construcción del tramo marino del Corredor Sur, cuya infraestructura modificó el entorno e impidió el desarrollo de la actividad originalmente pactada. Para muchos residentes, la recuperación del espacio después de la reciente demolición de la estructura residencial que bloqueaba la servidumbre del acceso al llamado Coco Parque, representa el cierre de una larga etapa de exclusión. Manuel Moreno Riola, de 73 años, y residente de San Francisco, relató que nunca antes había podido entrar libremente al área. “Es la primera vez”, contó. Recordó que en su juventud solo podía acercarse por puntos cercanos, cuando todavía existía una represa donde se bañaba junto a familias tradicionales del sector, como los Galindo, Arias y Marcuzzi. Moreno también evocó la época del astillero. “Yo fui marino, y el primer barco en el que trabajé lo hicieron aquí. Se llamaba Las de Oro, en el año 72”, recordó. El acceso público al terreno fue restablecido el pasado lunes 20 de abril, cuando la representante de San Francisco, Serena Vamvas, acudió al sitio con maquinaria y personal de apoyo para demoler una garita que bloqueaba el ingreso al área. La estructura colindaba con el edificio Belvedere Park, una propiedad horizontal de 25 pisos construida en 1986, conocida por su carácter exclusivo de un apartamento por piso. Según la Junta Comunal, la garita ocupaba parte de una servidumbre pública del Estado, correspondiente a una finca vinculada históricamente al desarrollo inmobiliario del área. Esa servidumbre, explicaron las autoridades, fue constituida en 1981 mediante el plano 87-4242-7 para garantizar el acceso al terreno. Al no renovarse la antigua concesión, el espacio mantiene su condición pública. Las autoridades sustentaron la demolición en la Ley 6 de 2006, que protege los espacios públicos, y en el Acuerdo 136-2020, cuyo artículo 96 establece que toda construcción dentro de una servidumbre constituye una falta insubsanable y debe ser removida de inmediato. Con base en esas normas, y mediante un proveído firmado por el alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, se ordenóelderribodelaestructura. Hoy el terreno, de 1.3 hectáreas, se proyecta como uno de los nuevos pulmones urbanos de la ciudad. Coco Parque ya cuenta con un diseño preliminar aprobado por la comunidad y contempla una inversión de 700 mil dólares. El plan incluye áreas infantiles, zona para mascotas, senderos para caminar o correr, vigilancia permanente mediante guardaparques y espacios de convivencia frente al mar. Para los residentes de San Francisco, el proyecto no solo representa un nuevo parque, sino que simboliza la recuperación de un espacio que durante décadas observaron desde afuera. rechazar el uso de su nombre y aseguró que se trataba de una acción que podía confundir. “Se hace con la única finalidad de confundir a la opinión pública insinuando que la asociación ha refrendado dicho poder y demanda”, advirtió. Desde el equipo legal conformado por Padilla, Wever y Rivera, que impulsa el recurso, se aclaró que aquellos nombres sin firma ni validación notarial no forman parte efectiva del proceso. Otro escollo Más allá de la disputa puntual, el argumento de las federaciones también gira en torno a las dificultades económicas y legales que enfrentan para regularizar sus estructuras. La falta de personería jurídica en algunas ligas y asociaciones podría dejarlas fuera del padrón electoral. Ante estas preocupaciones, Ordóñez propuso la creación de un Comité Federativo integrado por tres o cuatro presidentes, con el objetivo de establecer una mesa de trabajo junto a la Contraloría General de la República. La intención es abordar, entre otros temas, los tiempos en la entrega de apoyos económicos, que actualmente pueden tardar alrededor de 60 días debido a los procesos administrativos del Estado. Ordóñez ha señalado que desde Pandeportes existe disposición para apoyar económicamente a las federaciones en su proceso de regularización, pero subraya que el cumplimiento de los plazos sigue siendo una prioridad. David Ochy no logró revocar su condena por peculado El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales rechazó una solicitud de aclaración de sentencia presentada por Daniel Ochy contra la sanción de ocho años de prisión impuesta por el delito de peculado, relacionada con el diseño y construcción de la autopista Arraiján- La Chorrera. A través del edicto No. 349, colgado en la sede del Juzgado Primero Liquidador de Causas, se informa a las partes de la decisión asumida por el tribunal de mantener, en todas sus partes, la sentencia emitida el 1 de diciembre de 2025. Daniel Ochy fue condenado a la pena de ocho años de prisión por el delito de peculado, luego de que el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales revocó un fallo absolutorio del Juzgado Primero Liquidador. JUSTICIA Juan Manuel Díaz [email protected] Panorama
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