1A La Prensa Panamá, jueves 23 de abril de 2026 El medio libre de Panamá 75¢ Jueves 23 de abril de 2026 - Año 45 - Nº 15360 Hoy por hoy La ratificación de la condena en el caso New Business, tras el rechazo de nuevas demandas de inconstitucionalidad impulsadas por Ricardo Martinelli, tiene implicaciones que van más allá del expediente penal. Refuerza una sentencia firme y debilita aún más la tesis de persecución política invocada para sostener un asilo cada vez más carente de sustento. El asilo protege a perseguidos, no a condenados que rehúyen cumplir un fallo. Cuando los recursos legales se agotan y la justicia reafirma la validez de la condena, cambia también el lenguaje con que debe describirse la situación: no se está ante un perseguido político, sino ante un prófugo. Ese punto importa. Normalizar que una persona condenada pueda eludir la ejecución de una sentencia mientras se ampara en una narrativa política erosiona el Estado de derecho. También envía un mensaje de impunidad. Panamá necesita afirmar lo contrario: que las condenas se cumplen, que la justicia no se negocia y que el asilo no puede servir de refugio para prófugos. Martinelli salió por la puerta giratoria de la que habló recientemente el presidente de la República. Resulta contradictorio combatir ese mecanismo cuando favorece a narcotraficantes y pandilleros, pero tolerarlo cuando beneficia a un condenado por corrupción. Una incursión en la literatura juvenil 7B Wine & Cocktail Fusion Fest 2026: una noche de sabores 6B Ellas.pa Panorama Exigen a Mizrachi explicar gasto en asesores 4A Economía Panamá, contra el tiempo para salir de lista de paraísos fiscales 1B CSJ ratifica condena de Martinelli por lavado Juan Manuel Díaz [email protected] JUSTICIA El Pleno de la Corte rechazó tres demandas de inconstitucionalidad y reforzó la sentencia de New Business. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ratificó la condena de Ricardo Martinelli por blanqueo de capitales en el caso New Business, tras desestimar tres demandas de inconstitucionalidad que buscaban anular el proceso. Con esta decisión, el Pleno mantiene vigente la sentencia de 128 meses de prisión impuesta al exmandatario por la compra de Editora Panamá América (Epasa) con fondos públicos. La decisión fue divulgada ayer mediante el Edicto 560 de la Secretaría General del Órgano Judicial y lleva la firma del magistrado ponente Olmedo Arrocha. El fallo representa un nuevo revés para la estrategia legal de Martinelli y refuerza la firmeza de la condena, luego de sucesivos intentos por cuestionarla mediante recursos constitucionales y argumentos vinculados al principio de especialidad. La decisión también reaviva el debate sobre el asilo político concedido por el gobierno de Colombia a Martinelli, pese a una condena firme por blanqueo de capitales. La resolución se produce en momentos en que persiste la controversia sobre su condición jurídica, al mantenerse fuera del alcance de la ejecución de la pena. VEA 2A Dos informes de minoría sustentan el rechazo al proyecto del bioetanol ASAMBLEA NACIONAL Eliana Morales Gil [email protected] El polémico proyecto de ley 443, que propone la obligación de mezclar gasolina con un 10% de etanol, volvió a la discusión la noche del miércoles, con el sustento de dos informes de minoría que rechazan la propuesta. Los documentos fueron presentados por los diputados Alexandra Brenes, JorSe profundiza pulso entre Vamos y el contralor Flores ge González y Jhonathan Vega, de la bancada Vamos, así como por Ernesto Cedeño, de Otro Camino, quienes cuestionan tanto el fondo como la viabilidad de la iniciativa. Ambos informes coinciPruebas de la Línea 3 El tren en las alturas de Panamá Oeste El monorriel extendió las pruebas de los trenes en la Línea 3 que comunicará Panamá Oeste y ciudad de Panamá. Ayer se hicieron recorridos entre la estación Ciudad del Futuro, en el corregimiento de Juan Demóstenes Arosemena, y San Bernardino, en Arraiján cabecera, como parte de los ensayos iniciales. La obra registra un avance de 69%, mientras el tramo elevado —primera fase— debe entregarse en abril de 2027 y la obra completa en octubre de 2028. Elysée Fernández den en que imponer la mezcla de manera obligatoria afectaría la libre competencia y los derechos del consumidor. Advierten sobre la falta de estudios técnicos concluyentes, el posible encarecimiento del combustible para los consumidores y la ausencia de garantías sobre la capacidad local de producción de etanol. VEA 2A La Contraloría, a cargo de Anel Flores, asegura que solo siete funcionarios están bajo licencia; Vamos sostiene que son más, niega solicitudes voluntarias y cuestiona el sustento legal. VEA 4A
2A La Prensa Panamá, jueves 23 de abril de 2026 El exalcalde del distrito de Colón y miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Alex Lee, fue aprehendido la mañana de ayer, según confirmaron fuentes vinculadas al caso. Lee ya había sido detenido en mayo de 2024 en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, cuando se dirigía a tomar un vuelo rumbo a Medellín, Colombia. En ese momento, Lee era investigado por la supuesta comisión del delito de peculado en perjuicio de la junta comunal de Barrio Sur (Colón). De acuerdo con la fiscalía, habría malversado $214 mil durante el periodo 20092014, producto de una partida que le dio el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para asuntos sociales. Junto a Lee, también fueron aprehendidos el representante del corregimiento de Barrio Norte, Javier Lynch, y otros dos funcionarios que eran requeridos por la Fiscalía Anticorrupción. La operación Litus, desarrollada entre la Policía y la fiscalía, abarcó varios punAprehenden por segunda vez al exalcalde de Colón Alex Lee JUSTICIA tos de la ciudad de Colón en busca de personas investigadas por la presunta comisión del delito de peculado agravado en perjuicio del Estado. En el caso de Lee, se le atribuye el manejo irregular de fondos por un monto de $1 millón cuando era parte de la Junta Comunal de Barrio Sur, en la provincia de Colón. Mientras que en el caso del representante Javier Lynch la fiscalía lo investiga por presuntas irregularidades en el manejo de fondos de la descentralización hasta por un monto de $6 millones. La investigación se inició a raíz de un informe de auditoría elaborado por la Contraloría General de la República que reveló irregularidades administrativas, como insuficiencia de documentos, que sustentaran el gasto de los fondos asignados por la descentralización. La fiscal anticorrupción Digna Barrios, a cargo de las diligencias, explicó que se realizaron un total de seis diligencias de allanamientos relacionados con investigaciones iniciadas en el año 2024 por la presunta comisión del delito de peculado. Los diputados Jorge González y Alexandra Brenes, de la bancada Vamos Diputados de Vamos alertan sobre efectos de la ley de etanol Eliana Morales Gil [email protected] Juan Manuel Díaz [email protected] LEGISLATIVO En un informe de minoría, los diputados rechazaron el texto aprobado en primer debate el 24 de marzo, argumentando que el modelo propuesto viola los derechos de los consumidores. Es inconstitucional, amenaza la seguridad alimentaria de los panameños y pone en riesgo el ecosistema nacional al priorizar intereses comerciales sobre el bienestar público. Estas son algunas de las valoraciones de los diputados Alexandra Brenes, Jorge González y Jhonathan Vega, de la bancada Vamos, sobre el proyecto de ley 443, que establece el etanol obligatorio en Panamá. A través de un informe de minoría, los diputados rechazaron el texto aprobado en primer debate el pasado 24 de marzo, argumentando las razones arriba expuestas y que el Estado intenta imponer un modelo que viola los derechos básicos de los consumidores y los compromisos ambientales internacionales de Panamá. Golpe a la libertad del consumidor El informe advierte que el proyecto viola el artículo 49 de la Constitución Política, que prohíbe los monopolios y ordena proteger la libre competencia y los derechos del consumidor, pues obliga a la población a consumir gasolinas con una mezcla del 10 % de bioetanol anhidro. “Se elimina la libertad de elección que tiene el consumidor, lo cual puede afectar directamente la operatividad de maquinaria o motores cuya fabricación no les permite funcionar óptimamente con gasolina con aditivos de las características propias del bioetanol”, se destaca en el informe. Amenaza a la canasta básica Uno de los puntos más críticos del informe destaca el peligro que corre el suministro de azúcar en el país. El documento recuerda que, actualmente, el mercado local consume al menos dos tercios de la producción nacional de caña de azúcar. Los diputados advierten que centrar este cultivo en la producción de bioetanol provocará un desbalance en el suministro de azúcar, un insumo esencial de la canasta básica nacional. También explican que el proyecto carece de estudios técnicos que demuestren que el sector primario tiene la capacidad de producir combustible sin encarecer o desabastecer los alimentos de la población. Retroceso ambiental y riesgo de incendios En materia ambiental, Brenes, González y Vega denuncian que la propuesta vulnera el principio de no regresión ambiental y el Acuerdo de Escazú. Argumentan que el texto ignora las sugerencias del Ministerio de Ambiente y promueve la expansión de monocultivos energéticos, lo cual aumenta el riesgo de incendios forestales debido a la práctica de quema y la gestión intensiva de biomasa. Contrario a lo que afirma el Ejecutivo, los diputados advierten que el proyecto no representa una alternativa menos contaminante, sino que fragmentará los ecosistemas y alterará la humedad del suelo. Falta de condiciones técnicas El informe de minoría, además, resalta otra contradicción: mientras el Ministerio de la Presidencia impulsa este proyecto de ley, la Secretaría Nacional de Energía suspendió recientemente la implementación del bioetanol mediante una resolución. Al respecto, advierten que el propio Gobierno reconoce en dicho documento que el país no cuenta con las condiciones técnicas, regulatorias ni de mercado necesarias para ejecutar el programa de forma segura. Por ende, los diputados consideran “sumamente incongruente” insistir en una ley cuya aplicación práctica el propio Estado ha declarado inviable por ahora. Reforma integral Luego de sustentar los cuestionamientos al proyecto de ley 443, los tres diputados proponen un texto con varias modificaciones. Por ejemplo, plantean que los distribuidores deben ser responsables objetivos por los daños que el bioetanol La Corte Suprema de Justicia declaró que no son inconstitucionales ni la orden de indagatoria ni la sentencia condenatoria contra el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014) por lavado de dinero en el denominado caso New Business. La decisión se conoció a través del Edicto 560, divulgado por la secretaria general del Órgano Judicial este 22 de abril, y lleva la firma del magistrado Olmedo Arrocha, quien actuó como ponente de tres demandas de inconstitucionalidad: dos presentadas por Ángel Alvarez y otra por Nadia Castillo. La orden de indagatoria fue dictada por el fiscal especializado contra la Delincuencia Organizada, Emeldo Márquez. En tanto, la sentencia fue expedida el 17 de julio de 2023, por el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales (ya clausurado), a cargo de la juez Baloisa Marquínez. Por el caso New Business, Martinelli (que el año pasado se asiló en Colombia) fue condenado a 128 meses de prisión y al pago de una multa de $19.2 millones. También fue inhabilitado para ocupar cargos públicos. Álvarez presentó una de las demandas en representación de la exprimera dama Marta Linares de Martinelli, contra la orden No.1 de 30 de junio de 2020 por la cual la fiscalía ordenó la indagatoria del exmandatario. La otra demanda de Álvarez es contra la sentenCorte mantiene condena a Martinelli tras desestimar tres demandas de inconstitucionalidad CASO NEW BUSINESS cia que dictó la juez Marquínez contra Martinelli y cuatro imputados más: Daniel Ochy, Janeth Vásquez, Iván Arrocha y Valentín Martínez Vásquez. Sin embargo, Martínez Vásquez presentó un recurso de revisión ante la Sala Penal de la Corte que lo absolvió de los cargos, luego de aportar nuevas evidencias en su favor. Mientras que la abogada Castillo también demandó por inconstitucional la orden de indagatoria firmada por el fiscal Márquez. Estos son unos de los últimos recursos ensayados por la defensa de Martinelli para dejar sin efecto la sentencia en su contra por blanqueo de capitales. Martinelli llegó a Colombia el 10 de mayo del 2025, tras salir de la embajada de Panamá en Nicaragua, donde permaneció desde el 7 de febrero de 2024. Juan Manuel Díaz [email protected] Ricardo Martinelli, expresidente de la República. Archivo Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama cause a los motores o vehículos de los consumidores. También proponen que la producción debe enfocarse en residuos de origen animal o vegetal, prohibiendo la conversión de bosques o manglares en cultivos energéticos. Asimismo, sugieren que el Estado debe aplicar criterios estrictos de prevención, precaución y responsabilidad ambiental en todas las fases de producción. Finalmente, los diputados Brenes, González y Vega condicionan su apoyo a que el proyecto incorpore estas modificaciones para garantizar que la transición energética sea ordenada, justa y, sobre todo, constitucional. El informe de Cedeño Los tres votaron en contra de que el proyecto de ley 443 se aprobara en primer debate. Otro que votó en contra fue Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino, quien también presentó un informe de minoría. “Si bien su finalidad es legítima, algunas de sus disposiciones podrían generar riesgos y eventuales vicios de inconstitucionalidad, particularmente en relación con los principios de libre competencia, razonabilidad, seguridad jurídica y protección al consumidor, en caso de que no se delimiten adecuadamente sus alcances”, dice el documento de Cedeño. Además, advierte que el proyecto de ley establece tratamientos diferenciados entre la producción nacional e importada e introduce un nivel significativo de intervención estatal, entre otras cosas. En el pleno El debate de esta propuesta se reanudó ayer. Se presentaron dos informes de minoría y se comenzó la sustentación.
3A La Prensa Panamá, jueves 23 de abril de 2026 Panorama Justo Castañeda, secretario general de la ATTT. LP Secretario de la ATTT sale de vacaciones tras controversia Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] PLATAFORMAS Luego de días de cuestionamientos por las nuevas reglas al transporte por aplicaciones, la ATTT optó por apartar temporalmente a uno de sus principales funcionarios. El director de la Autoridad de Transito y Transporte Terrestre (ATTT), Nicolás Brea, confirmo a La Prensa, que el secretario general de la entidad y hermano de la diputada Dana Castañeda, Justo Castañeda, fue enviado de vacaciones. Esto ocurre en medio de la derogación del polémico decreto que buscaba regular las plataformas tecnologicas de transporte. A Castañeda se le atribuye participación en la dirección de varias concesionarias y se le vincula con la tenencia de cupos de buses y taxis. Las prestatarias son vistas por diversos actores del sector como organizaciones que hacen negocio con los certificados de operación, una práctica que, según estas críticas, ha distorsionado el sistema de concesiones en el transporte público por el acaparamiento de los cupos de operación. En el caso de Castañeda, hasta 2022 aparecía vinculado a varias sociedades anónimas del sector transporte en la provincia de Coclé. Entre ellas figura Transportes San Carlos El Valle, S.A. (Transanva, S.A.), donde ocupaba el cargo de agente residente, aunque la sociedad se encuentra suspendida. También aparecía en Transportistas Unidos de Aguadulce, igualmente suspendida. En el caso de la Unión de Transporte La Pintada Panamá, S.A., aparecía como director y agente residente, y de la Central de Transportistas de Coclé, S.A. (CTC), donde ocupaba el cargo de vicepresidente y director. Dueño de certificados Los hermanos Castañeda concentraban cupos de transporte o certificados de operación. Por ejemplo, a nombre de la diputada y de sus parientes había 87 cupos de taxis, buses y rutas internas, según datos de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) a 2022. A su vez, el Sindicato de Trabajadores del Transporte de la Provincia de Coclé —que lideraba el secretario de la ATTT— tiene 422 cupos. En Coclé hay 1,994 cupos entre buses, rutas internas, taxis, buses colegiales y transporte de turismo. Estos cupos están distribuidos entre 36 organizaciones, pero cuatro concentran el 28% (553 cupos), todas relacionadas con actores políticos. Según datos de la ATTT, entregados a La Prensa en 2022, las organizaciones que concentran estos cupos son: el Sindicato de Trabajadores del Transporte de la Provincia de Coclé; la Unión de Transporte La Pintada-Panamá y la Unión de Transportistas El Copé-Panamá. Las dos primeras eran lideradas por Justo Castañeda. La tercera, por Eyber Castañeda, ambos hermanos de la diputada de Realizando Metas (RM). Otra organización, con 75 cupos, es la Unión de Transportistas de Penonomé-Panamá (Utrapep), que presidía Jorge Iván Arrocha, exdiputado panameñista. Una de las principales polémicas del sistema tradicional radica en la carga económica que termina asumiendo el conductor, quien debe pagar miles de dólares a la concesionaria para acceder a un certificado de operación que, en origen, esta última obtiene gratuitamente de la ATTT. Denuncian red que hacía diplomas falsos en el Meduca El Ministerio de Educación (Meduca) denunció ante el Ministerio Público una red de funcionarios y particulares dedicada a falsificar diplomas universitarios para participar en concursos de vacantes docentes del año lectivo 2026. La directora de Recursos Humanos, Celia Rodríguez, informó que se detectaron 50 documentos falsos usados para obtener mayor puntaje en las ternas de selección. Las principales irregularidades se ubicaron en Chiriquí, la comarca Ngäbe Buglé, Darién y Herrera. Algunos postulantes ni siquiera estaban matriculados en las universidades que certificaban los títulos presentados. Meduca inició acciones administrativas para separar del cargo a funcionarios implicados y pidió apoyo a universidades para verificar documentos. También revisa expedientes aún en trámite. En febrero ya había denunciado otros 16 casos similares. En el proceso actual participan unos 22 mil docentes que compiten por 3,234 vacantes en escuelas públicas de todo el país. FRAUDE Juan Manuel Díaz [email protected]
4A La Prensa Panamá, jueves 23 de abril de 2026 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] REVANCHA 1. En política, las coincidencias muchas veces no lo son. Qué casualidad que ahora que la bancada de Vamos ha exteriorizado su oposición al proyecto de ley que promueve el uso del bioetanol anhidro, por arte de magia haya surgido toda una suerte de obstáculos del personal de esa bancada. Todo apunta a quien algunos hasta públicamente han señalado como el posible beneficiario de esa iniciativa legislativa: el contralor Anel Flores. Parece que no le basta con patear la puerta de la fiscalía anticorrupción. O se hace lo que él quiere en los distintos órganos del Estado o que se atengan a la ira de esta divinidad del olimpo. REVANCHA 2. Por cierto, la suspensión de salarios que ordenó la Contraloría afecta a los despachos de Janine Prado y Eduardo Gaitán, que son los diputados con las planillas más reducidas de la Asamblea (hace un año, cada uno empleaba a tres personas). En cambio, las planillas más abultadas son las de Benicio Robinson y Marcos Castillero, con 145 y 150 personas, respectivamente, pero a esos no les pasa nada. Eso es lo que sucede cuando la sed de venganza obnubila la mentalidad de algunos funcionarios. CHIFEO. Lucy Molinar no se presentó ante la Comisión de Educación de la Asamblea. En cambio, respondió por escrito el cuestionario que la comisión había preparado, imposibilitando así que se le hiciera alguna repregunta. Era la tercera vez que se le citaba. Tampoco ha acudido a sustentar la memoria del Meduca correspondiente a 2025. Parece que la ministra responde lo que quiere y cuando quiere. SACRIFICIO. Ernestina Morales, la suplente El contralor Anel Flores y los diputados de Vamos Luis Duke y Roberto Zúñiga. LP La Contraloría suspende salarios a siete funcionarios; Vamos asegura que son más José González Pinilla [email protected] PUGNA Las diferencias entre la Contraloría General de la República (CGR) y la bancadadeVamosseprofundizan. Las partes ni siquiera concuerdan respecto a la cantidad de funcionarios de la Asamblea Nacional (AN) que no está recibiendo su salario y que labora en los despachos de los diputados independientes. La CGR asegura que “únicamente” son siete los funcionarios que están en “licencia sin sueldo por investigación”. Vamos replica que hay 34 más y que ninguno de ellos solicitó licencia alguna; todos se mantienen laborando y gratis, porque ya saben que no van a cobrar. ‘Únicamente siete’ La mañana de este miércoles 22 de abril, la CGR emitió un comunicado para explicar que siete funcionarios del Legislativo tienen el salario suspendido “como parte de procesos de verificación e investigación iniciados desde la segunda quincena de marzo”. Advierte que el resto del personal de la AN ha recibido su pago de forma regular. Según la Contraloría, la decisión se sustenta en el Decreto 90-2019-DNMySC, adoptado el 2 de diciembre de 2019, el cual establece que la licencia sin sueldo por investigación es una acción administrativa aplicada para verificar el cumplimiento de funciones y el uso adecuado de los recursos del Estado. “No es una sanción, sino un mecanismo que permite realizar investigaciones con transparencia y respetando el debido proceso”, indicó la institución. La CGR anuncia que, a partir de la segunda quincena de abril,lamedidadelicenciasin sueldo por investigación será aplicada “formalmente”, conforme al “marco normativo vigente”, y se extenderá a los funcionariosbajoevaluación. ¿Eso qué significa? Si el comunicado indica que la disposición “será aplicada de manera formal”, entonces, ¿cómo se está implementado ahora? ¿De manera informal? El comunicado también menciona que ya el año pasado se aplicó la licencia sin sueldo por investigación en los despachos de otros diputados, “sin distinción política”. No se precisa cuáles serían esos supuestos despachos, pero el año pasado ni un diputado protestó, como sí está haciendo Vamos ahora. Supuestamente, los funcionarios afectados no firman la lista de asistencia. La Contraloría remarca que las excepciones deben ser autorizadas por el presidente y el secretario general de la AN. Lo de la inasistencia es un señalamiento ampliamente refutado por los diputados. Brenes incluso probó que su personal registra su asistencia con una huella digital. La Contraloría no ha hecho caso a estas explicaciones y sostiene que cuando termine la etapa de “verificación”, aquellos casos que no cuenten con sustento serán remitidos “a las instancias correspondientes para determinar responsabilidades”. La entidad señala que el comunicado pretende dar respuesta a los diputados Roberto Zúñiga y Luis Duke, quiénes públicamente han solicitado explicaciones, aunque hay más miembros de Vamos con reclamaciones idénticas. De hecho, el día antes, varios miembros de la bancada independiente hablaron en conferencia de prensa y aseguraron José González Pinilla [email protected] Edificio Hatillo, sede del Municipio de Panamá. Archivo Exigen al alcalde Mayer Mizrachi explicar gasto en asesores y publicidad FONDOS PÚBLICOS Una solicitud formal para que el alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, entregue información detallada sobre la contratación de asesores, la suspensión de obras por supuesta falta de fondos y el gasto en contratos de publicidad fue presentada ayer. La petición fue interpuesta por el ciudadano Freddy Pittí, quien sustentó que su acción está amparada en el artículo 41 de la Constitución Política, que reconoce el derecho de toda persona a presentar peticiones respetuosas ante los servidores públicos, así como en la Ley 6 del 22 de enero de 2002, conocida como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Entre los puntos solicitados, Pittí pidió un informe técnico-financiero que sustente la “falta de presupuesto” alegada por el municipio para justificar la suspensión del proyecto de Renovación Urbana de la Calle 50, señalando que esta explicación debe contrastarse con el superávit reportado por la Tesorería Municipal. Además, solicitó detalles sobre la contratación de una empresa para servicios de publicidad por un monto aproximado de $1.4 millones, así como información que permita confirmar o descartar versiones difundidas sobre la presunta contratación de 16 asesores, con salarios que oscilarían entre $3,000 y $6,000. Pittí también reclamó explicaciones sobre un reciente incidente que, según indicó, afectó la transparencia del portal institucional, al impedir temporalmente el acceso público a los datos de la planilla municipal. De acuerdo con el solicitante, el objetivo del recurso es garantizar el derecho ciudadano de acceso a la información y promover la integridad en el manejo de los fondos públicos. ‘Hay contradicciones entreeldiscursoylosnúmeros’ Pittí, en entrevista con La Prensa, aseguró que la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se están administrando los recursos del municipio, especialmente ante cuestionamientos surgidos en distintos sectores. “Esta herramienta que nos proporciona la Constitución y la Ley 6 de Transparencia nos permite, desde la ciudadanía, tomar acciones para entender qué está sucediendo en esta Alcaldía, que lamentablemente no ha tenido la capacidad de transparentar información después de una serie de cuestionamientos”, afirmó. Sostuvo que existen contradicciones entre el discurso de austeridad esgrimido por la administración municipal y los datos financieros divulgados por la Tesorería. “Por un lado hay una narrativa de que no hay presupuesto para proyectos urgentes como la calle 50, mientras por otro lado se habla de ingresos históricos y se destinan millones a contratos de publicidad y asesorías”, cuestionó. Pittí agregó que la intención de la petición es conocer el estado real de las finanzas municipales y si existe una estrategia clara de gestión, señalando además la importancia de fortalecer la coordinación con las juntas de desarrollo local. “A nadie le conviene que a la Alcaldía le vaya mal, pero los ciudadanos merecemos saber cómo se están gestionando nuestros fondos”, sostuvo. Alcaldía responde Por su parte, la Alcaldía de Panamá informó que responderá a la solicitud dentro del plazo establecido por la Ley de Transparencia, que contempla 30 días calendario, con posibilidad de prórroga. “Esta solicitud de información se responderá de acuerdo a los términos establecidos en la ley”, reiteró. Sin embargo, adelantó que varias de las afirmaciones del peticionario no serían precisas, particularmente en lo relacionado con la cantidad de asesores y los montos de publicidad. Desde la Alcaldía aseguran que la cifra correspondiente a publicidad no asciende a $4 millones, sino a aproximadamente $1.2 millones. de Benicio Robinson en el Parlacen, fue a Guatemala a abogar por un mecanismo de blindaje para Nito Cortizo y Gaby Carrizo, pero la presidenta de ese organismo, la guatemalteca Karla Gutiérrez, espetó que esa institución ya no es un “santuario de impunidad”. Sería recomendable que Ernestina diga cuáles son las razones para promover ese blindaje y si acaso tiene algún mandato de su partido. La CGR informó que los siete funcionarios de la Asamblea Nacional tienen el salario suspendido debido a procesos de verificación e investigación. que la Contraloría estaría utilizando la figura administrativa como una forma de presión política. Hay muchos más Los siete funcionarios a los que alude el comunicado de la CGR laboran en los despachos de Duke, Alexandra Brenes y Jhonathan Vega. Duke confirmó que no reciben salario desde marzo pasado. No obstante, afirmó que la afectación se extiende a por lo menos 34 funcionarios adicionales. Y ya no son solo de los despachos de Duke, Brenes y Vega; también hay personal de Janine Prado, Roberto Zúñiga, Yamirelis Chong, Eduardo Gaitán y Augusto Palacios. Esta lista se ha incrementado conforme avanzan las horas. Prado, por ejemplo, hizo la consulta en el sitio digital después de Duke y ya eran 43. En la proforma aparece que el estado laboral es “licencia sin sueldo eventual”. El renglón donde debe aparecer la firma del solicitante está en blanco. Tampoco se indica cuál es la fecha de retorno, como estipula el Decreto 90-2019-DNMySC al que alude la Contraloría en su boletín. Estos 34 funcionarios ya saben que, a partir de la próxima quincena, no recibirán su salario, porque el pasado martes se percataron que en la proforma que está en el sitio web de la Contraloría han anotado que ellos también están con licencia sin sueldo. ‘El DENI y el G2’ El diputado Zúñiga arremetió contra el contralor Anel Flores, al afirmar que la Contraloría “dejó de ser un ente de fiscalización y se convirtió en un ente de extorsión”, y sostuvo que actúa como “el DENI y el G2 de la actualidad”, al supuestamente presionar a diputados mediante licencias sin sueldo impuestas a su personal. Zúñiga cuestionó además que la situación ocurra en medio del debate del proyecto de ley que promueve el uso del bioetanol anhidro, al que su bancada se opone, y calificó la medida como un acto de persecución. Flores tendría algún interés en ese proyecto, ya que su familia es propietaria de un ingenio azucarero. Por su parte, el diputado Duke señaló que se estarían vulnerando derechos laborales y la institucionalidad de la Asamblea, al considerar que el personal eventual no puede ser colocado en licencia sin sueldo bajo los criterios expuestos. Duke recalca que ni un funcionario asignado a los despachos de Vamos ha solicitado licencia sin sueldo, por lo que la Contraloría adoptó esa decisión de forma unilateral y sin avisar a nadie, lo que limitaría el derecho de los afectados a defenderse. Zúñigaremarcaqueasícomo el funcionario es el único que tiene derecho a solicitar la licencia, la entidad nominadora (que, en este caso, es la Asamblea) es la única que puede concederlo, conforme está establecido en la Ley de Carrera Administrativa.
5A La Prensa Panamá, jueves 23 de abril de 2026
6A La Prensa Panamá, jueves 23 de abril de 2026
7A La Prensa Panamá, jueves 23 de abril de 2026
8A La Prensa Panamá, jueves 23 de abril de 2026 Franz Wever Guerra (izq.) es el actual vicepresidente de la Fedebeis y Miguel Ordóñez (der.) el director de Pandeportes Archivo Federaciones desafían plazos del proceso electoral deportivo en 2026 Guillermo Pineda [email protected] MORA El nuevo ciclo electoral del deporte panameño avanza entre retrasos, reclamos y recursos legales. Federaciones cuestionan plazos y exigencias de Pandeportes, mientras crece la incertidumbre sobre la renovación de estructuras dirigenciales. El deporte panameño está en un año clave. El 2026 marca el inicio de un nuevo ciclo electoral que, por ley, debe celebrarse para renovar las estructuras dirigenciales en federaciones y ligas provinciales, distritales y de corregimiento, así como en clubes y asociaciones deportivas de todo el país. Sin embargo, a casi cuatro meses de iniciado el calendario, el proceso avanza con lentitud y rodeado de tensiones entre las autoridades y los organismos deportivos. Cada 4 años El marco legal es claro. La Ley 50 de 2007, que reorganiza el funcionamiento de Pandeportes, establece en su artículo 2 que esta entidad es la responsable de definir los mecanismos para desarrollar el proceso electoral deportivo. A su vez, el artículo 9 señala que dichos mecanismos deben ser aprobados por el Consejo Nacional de la Actividad Física, el Deporte y la Recreación, un organismo multisectorial que incluye representantes del Estado, el movimiento olímpico, el sector empresarial y la educación física. Según el artículo 12 de la Ley 50, el director general de Pandeportes tiene la facultad de supervisar y reconocer a las juntas directivas electas en las organizaciones deportivas, con la excepción del Comité Olímpico de Panamá (COP). Además, la ley establece que estos procesos deben realizarse cada cuatro años. Pese a este marco, la realidad dista de lo establecido. El antecedente más reciente dejó un precedente irregular: en el año 2022 (en pleno coletazo de la pandemia respiratoria de la covid-19), múltiples elecciones no se realizaron en los tiempos previstos y se extendieron hasta 2023 e incluso 2024. Ahora, con un nuevo ciclo en marcha, las señales apuntan a un escenario similar. Pandeportes toma las riendas El director de Pandeportes, Miguel Ordóñez, contó que desde enero pasado se envió una comunicación por correo electrónico a todas las federaciones y asociaciones deportivas, solicitando la verificación y certificación anual de sus estructuras organizativas. Las federaciones debían remitir (antes del 31 de marzo) documentación clave para validar su funcionamiento: listado actualizado de ligas provinciales afiliadas, certificaciones de personería jurídica, inscripción en el Registro Público, estatutos vigentes, actas de elección de sus juntas directivas y cualquier otro documento necesario para la verificación institucional. Sin embargo, la respuesta fue limitada. La falta de entrega de información evidenció el descontento de varias federaciones, que optaron por no cumplir con el plazo inicial y solicitaron una reunión con Ordoñez. Ese encuentro se llevó a cabo el 20 de marzo, en el salón Lloyd LaBeach de Pandeportes, con la participación de representantes de más de 20 federaciones. En total, en todo el país hay 43 federaciones. Diez días antes de esa reunión, se había firmado la Resolución Nº 072-2026 DG, que formalizaba la obligación de entregar la documentación antes del 31 de marzo. No obstante, tras el diálogo sostenido, se acordó extender el plazo hasta el 31 de mayo. El ajuste, aunque representa una prorroga, no resuelve el fondo del conflicto. Excusas y acciones legales Las federaciones han insistido en que existen dificultades estructurales que complican el cumplimiento de los plazos, especialmente en lo relacionado con la formalización legal de ligas, clubes y asociaciones que conforman la base del sistema deportivo. En medio de este escenario, un grupo de federaciones decidió elevar el tono. El pasado 16 de abril, organizaciones como las de judo, atletismo, natación, béisbol, jiu jitsu japonés, jiu jitsu shiakan, artes marciales mixtas y boxeo olímpico otorgaron un poder legal a los abogados Gustavo Padilla, Franz Wever Guerra y Eusebio Rivera, para interponer un recurso de reconsideración contra la Resolución Nº 072-2026 DG. El movimiento, sin embargo, no estuvo exento de controversia. El documento incluía los nombres de otros 12 dirigentes que no plasmaron su firma. Entre ellos, el presidente de la Asociación Nacional de Tiro con Arco, Luis Barría, quien emitió un comunicado para Astillero en área de Coco del Mar en los años de 1970. Cortesía Del astillero al Coco Parque: el relato inédito del mar que San Francisco volvió a mirar URBANISMO Yaritza Mojica [email protected] El terreno donde hoy avanza el proyecto Coco Parque, ubicado frente al mar en Coco del Mar, corregimiento de San Francisco, guarda una larga historia ligada al desarrollo marítimo y al acceso restringido de la comunidad. Mucho antes de proyectarse como parque público, el sitio funcionó como un astillero dedicado a la reparación, construcción y mantenimiento de embarcaciones, actividad que se estima inició en la década de 1970. El origen legal del uso de esta área se remonta a una concesión otorgada por el Estado para ocupar una zona de playa con el propósito de construir una marina turística. Segúnregistrosconocidos, elcontratofueconcedidoinicialmente en 1973 y posteriormenterenovadoen1986. Sin embargo, con el paso de los años, el uso del terreno se apartó de los fines establecidos. Aunque el contrato autorizaba una marina turística, el área terminó siendo rellenada y utilizada para otras actividades recreativas, sin acceso abierto para toda la ciudadanía. El astillero operó por más de 38 años, hasta que en 2011 la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), mediante la Resolución ADM No. 031 del 16 de febrero de ese año, negó la renovación de la concesión por incumplimientos contractuales de la empresa administradora. Otro factor determinante fue la construcción del tramo marino del Corredor Sur, cuya infraestructura modificó el entorno e impidió el desarrollo de la actividad originalmente pactada. Para muchos residentes, la recuperación del espacio después de la reciente demolición de la estructura residencial que bloqueaba la servidumbre del acceso al llamado Coco Parque, representa el cierre de una larga etapa de exclusión. Manuel Moreno Riola, de 73 años, y residente de San Francisco, relató que nunca antes había podido entrar libremente al área. “Es la primera vez”, contó. Recordó que en su juventud solo podía acercarse por puntos cercanos, cuando todavía existía una represa donde se bañaba junto a familias tradicionales del sector, como los Galindo, Arias y Marcuzzi. Moreno también evocó la época del astillero. “Yo fui marino, y el primer barco en el que trabajé lo hicieron aquí. Se llamaba Las de Oro, en el año 72”, recordó. El acceso público al terreno fue restablecido el pasado lunes 20 de abril, cuando la representante de San Francisco, Serena Vamvas, acudió al sitio con maquinaria y personal de apoyo para demoler una garita que bloqueaba el ingreso al área. La estructura colindaba con el edificio Belvedere Park, una propiedad horizontal de 25 pisos construida en 1986, conocida por su carácter exclusivo de un apartamento por piso. Según la Junta Comunal, la garita ocupaba parte de una servidumbre pública del Estado, correspondiente a una finca vinculada históricamente al desarrollo inmobiliario del área. Esa servidumbre, explicaron las autoridades, fue constituida en 1981 mediante el plano 87-4242-7 para garantizar el acceso al terreno. Al no renovarse la antigua concesión, el espacio mantiene su condición pública. Las autoridades sustentaron la demolición en la Ley 6 de 2006, que protege los espacios públicos, y en el Acuerdo 136-2020, cuyo artículo 96 establece que toda construcción dentro de una servidumbre constituye una falta insubsanable y debe ser removida de inmediato. Con base en esas normas, y mediante un proveído firmado por el alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, se ordenóelderribodelaestructura. Hoy el terreno, de 1.3 hectáreas, se proyecta como uno de los nuevos pulmones urbanos de la ciudad. Coco Parque ya cuenta con un diseño preliminar aprobado por la comunidad y contempla una inversión de 700 mil dólares. El plan incluye áreas infantiles, zona para mascotas, senderos para caminar o correr, vigilancia permanente mediante guardaparques y espacios de convivencia frente al mar. Para los residentes de San Francisco, el proyecto no solo representa un nuevo parque, sino que simboliza la recuperación de un espacio que durante décadas observaron desde afuera. rechazar el uso de su nombre y aseguró que se trataba de una acción que podía confundir. “Se hace con la única finalidad de confundir a la opinión pública insinuando que la asociación ha refrendado dicho poder y demanda”, advirtió. Desde el equipo legal conformado por Padilla, Wever y Rivera, que impulsa el recurso, se aclaró que aquellos nombres sin firma ni validación notarial no forman parte efectiva del proceso. Otro escollo Más allá de la disputa puntual, el argumento de las federaciones también gira en torno a las dificultades económicas y legales que enfrentan para regularizar sus estructuras. La falta de personería jurídica en algunas ligas y asociaciones podría dejarlas fuera del padrón electoral. Ante estas preocupaciones, Ordóñez propuso la creación de un Comité Federativo integrado por tres o cuatro presidentes, con el objetivo de establecer una mesa de trabajo junto a la Contraloría General de la República. La intención es abordar, entre otros temas, los tiempos en la entrega de apoyos económicos, que actualmente pueden tardar alrededor de 60 días debido a los procesos administrativos del Estado. Ordóñez ha señalado que desde Pandeportes existe disposición para apoyar económicamente a las federaciones en su proceso de regularización, pero subraya que el cumplimiento de los plazos sigue siendo una prioridad. David Ochy no logró revocar su condena por peculado El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales rechazó una solicitud de aclaración de sentencia presentada por Daniel Ochy contra la sanción de ocho años de prisión impuesta por el delito de peculado, relacionada con el diseño y construcción de la autopista Arraiján- La Chorrera. A través del edicto No. 349, colgado en la sede del Juzgado Primero Liquidador de Causas, se informa a las partes de la decisión asumida por el tribunal de mantener, en todas sus partes, la sentencia emitida el 1 de diciembre de 2025. Daniel Ochy fue condenado a la pena de ocho años de prisión por el delito de peculado, luego de que el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales revocó un fallo absolutorio del Juzgado Primero Liquidador. JUSTICIA Juan Manuel Díaz [email protected] Panorama
9A La Prensa Panamá, jueves 23 de abril de 2026 a.v/1250412
10A La Prensa Panamá, jueves 23 de abril de 2026 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy riencia acumulada demuestra que el problema no radica en la falta de ideas, sino en la incapacidad de traducirlas en políticas públicas efectivas. La visión de Betancourt, profundamente humanista, asigna a la educación un papel central en la transformación social. Sin embargo, en el contexto actual, esa concepción resulta incompleta si no se articula con la estructura económica y tecnológica del país. La educación no puede seguir siendo concebida únicamente como un instrumento ético de superación de la desigualdad; debe convertirse en el sistema operativo del desarrollo nacional. Esto implica vincularla de manera directa con la innovación, la productividad y la formación de capacidades pertinentes para el siglo XXI. Sin esa articulación, el sistema educativo corre el riesgo de generar expectativas que no puede cumplir. Forma ciudadanos que aspiran a la movilidad social, pero los inserta en una economía que no siempre está en condiciones de absorber sus capacidades. El resultado es una brecha creciente entre educación y realidad. Por su parte, la propuesta de despolitización planteada por García también requiere una revisión profunda. En la práctica, lejos de eliminar las distorsiones, el sistema educativo ha continuado afectado por dinámicas clientelares, decisiones sin sustento técnico y una débil continuidad institucional. La despolitización, entendida como ausencia de política, no resolvió el problema. El verdadero desafío no es despolitizar la educación, sino repolitizarla correctamente. Es decir, liberarla de su captura partidista y orientarla hacia un proyecLas colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Mala praxis médica e inteligencia artificial: una discusión impostergable Responsabilidad médica recomendar un tratamiento inadecuado. Cuando de ello se deriva un daño al paciente, las preguntas jurídicas se vuelven inevitables: ¿es responsable el médico por confiar en la herramienta? ¿Lo es la institución que la adquirió y la implementó? ¿Debe responder el desarrollador del software? ¿O estamos ante un riesgo inherente al uso de tecnologías emergentes? El marco normativo vigente en Panamá no ofrece respuestas claras frente a estos escenarios. Este vacío revela una tensión estructural: seguimos juzgando la medicina del siglo XXI con criterios legales del siglo pasado. En la medicina digital, el error ya no es necesariamente el resultado de una acción u omisión individual. Puede ser consecuencia de un algoritmo mal entrenado, de una mala integración del sistema en el flujo clínico, de deficiencias organizacionales o de la ausencia de protocolos adecuados. El análisis clásico de causalidad, pensado para decisiones humanas aisladas, resulta insuficiente cuando interviene un entramado tecnológico complejo. Ello obliga a repensar el concepto de mala praxis desde una perspectiva más amplia y realista. No se trata de diluir la responsabilidad profesional del médico, sino de reconocer que la atención en salud es hoy el producto de un sistema en el que interactúan personas, tecnologías e instituciones. Avanzar hacia un modelo de responsabilidad sistémica permitiría evaluar de manera más justa y efectiva los fallos en la atención médica, identificando no solo al profesional, sino también las condiciones estructurales que contribuyen al daño. En el contexto panameño, este debate es especialmente relevante. El Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social impulsan procesos de modernización, digitalización de expedientes y uso creciente de tecnologías de información en salud. La adopción de herramientas basadas en inteligencia artificial es una consecuenJosé Vicente Pachar De la esperanza al compromiso Reforma educativa A 25 años del Diálogo Nacional por la Educación, Panamá no enfrenta un problema de diagnóstico, sino de ejecución: es hora de transformar el sistema con dirección estratégica y no solo con consensos. Han pasado veinticinco años desde el Diálogo Nacional por la Educación, cuyo resultado fue sintetizado en el documento “Una cita con la esperanza”. Aquel momento representó un esfuerzo significativo por reconocer la crisis estructural del sistema educativo panameño y construir consensos amplios para su transformación. Sin embargo, en 2026, la evidencia es contundente: los problemas fundamentales persisten y muchos de los acuerdos alcanzados no se han materializado en reformas sostenidas. Dos voces de aquel proceso permiten hoy una relectura crítica. Por un lado, Belisario Betancourt, expresidente de Colombia y moderador del diálogo, quien sostuvo que la educación posee un poder especial para enfrentar la opresión, la exclusión, la pobreza y el conflicto. Por otro, José Ramón García, quien planteó la necesidad de despolitizar el sistema educativo como condición para su éxito. Ambas afirmaciones siguen siendo relevantes, pero requieren ser actualizadas. La expeto nacional de desarrollo. Toda educación es, en esencia, una construcción política: define qué tipo de ciudadano se forma, qué valores se promueven y qué modelo de sociedad se persigue. Pretender neutralidad es, en realidad, renunciar a la dirección estratégica. El balance de estos veinticinco años es claro. Panamá no fracasó en el diagnóstico de su sistema educativo; fracasó en la gobernanza de su transformación. Hubo diálogo, hubo acuerdos, hubo memoria. Lo que no hubo fue una capacidad sostenida de ejecución que trascendiera los ciclos políticos y garantizara continuidad. Hoy, el contexto es más exigente. La irrupción de la inteligencia artificial, la aceleración tecnológica y las nuevas dinámicas del trabajo imponen la necesidad de un cambio profundo. No se trata de ajustes marginales, sino de una reconfiguración del sistema: rediseño curricular, fortalecimiento de la formación docente, integración tecnológica y construcción de una gobernanza educativa basada en evidencia y planificación estratégica. Panamá ya tuvo su “cita con la esperanza”. El desafío actual es mucho más complejo: convertir esa esperanza en estructura, en política pública efectiva y en resultados verificables. Porque en educación, el tiempo no es neutro. Cada año sin transformación real no es simplemente un año perdido; es un año en que la desigualdad se consolida y el futuro se posterga. Opinión EL AUTOR es especialista en Ciencias Sociales. EL AUTOR es patólogo forense y exdirector del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. cia lógica de estas políticas. Sin embargo, dicha modernización debe ir acompañada de una actualización normativa y de capacidades institucionales acordes a la complejidad tecnológica que se introduce en los servicios de salud. El desafío alcanza también al sistema de justicia. Jueces, fiscales y peritos se verán cada vez más enfrentados a casos en los que será necesario comprender principios básicos de evidencia científica digital, funcionamiento general de sistemas algorítmicos y gestión de riesgos clínicos. Analizar estos casos sin una mínima alfabetización tecnológica aumentará el riesgo de decisiones injustas o arbitrarias, en perjuicio tanto de los pacientes como de los profesionales de la salud. Desde el punto de vista ético, existe una línea que no debe cruzarse. La inteligencia artificial carece de conciencia moral, empatía y responsabilidad jurídica. Puede asistir al médico, pero no reemplazar su juicio ni su deber ético. Por ello, resulta esencial reforzar el principio de supervisión humana significativa: el médico debe comprender las limitaciones del sistema, evaluar críticamente sus resultados, documentar su uso e informar al paciente cuando se utilicen herramientas automatizadas en su atención. La inteligencia artificial no es una promesa futura, sino una realidad presente en la medicina panameña. La cuestión no es si surgirán conflictos legales asociados a su uso, sino si estamos preparados para afrontarlos con criterios modernos, equilibrados y justos. En la medicina que ya vivimos, la responsabilidad no recaerá únicamente sobre un individuo, sino sobre todo el sistema que rodea la atención del paciente. Reconocerlo a tiempo es una tarea impostergable. La medicina atraviesa una transformación profunda impulsada por la incorporación progresiva de la inteligencia artificial (IA) en el diagnóstico, el tratamiento y la gestión clínica. En Panamá, esta realidad comienza a sentirse tanto en el sector público como en el privado, donde sistemas de apoyo diagnóstico, herramientas predictivas y plataformas de análisis de datos prometen mejorar la eficiencia y la precisión de la atención sanitaria. Sin embargo, junto con estas oportunidades surge una pregunta que el país aún no ha abordado con la seriedad necesaria: ¿cómo debe entenderse la mala praxis médica cuando las decisiones clínicas están influidas por algoritmos? Durante décadas, la responsabilidad médica se ha evaluado a partir de un modelo relativamente claro, centrado en la actuación individual del profesional y en el respeto de la llamada lex artis. Este esquema fue diseñado para una medicina esencialmente analógica, en la que el juicio clínico dependía casi exclusivamente del conocimiento, la experiencia y la pericia del médico. No obstante, la práctica médica contemporánea es distinta. Hoy, los profesionales toman decisiones apoyados en tecnologías complejas que procesan grandes volúmenes de información y ofrecen recomendaciones basadas en patrones estadísticos. El problema surge cuando estas herramientas fallan. Un sistema de inteligencia artificial puede sugerir un diagnóstico incorrecto, subestimar un riesgo o Rogelio Mata Grau La deserción escolar como desafío jurídico en Panamá Educación La deserción escolar en Panamá sigue siendo un problema persistente que incide directamente en la equidad y el desarrollo del país. Aunque suele explicarse por factores económicos, familiares o sociales, este enfoque resulta insuficiente si no se incorpora su dimensión jurídica. El derecho a la educación, reconocido en la Constitución y en instrumentos internacionales, no se limita al acceso al sistema educativo. Comprende también la permanencia y la culminación del proceso formativo. En consecuencia, la deserción escolar plantea una pregunta relevante sobre el grado de cumplimiento de esta garantía. En la última década, el país ha registrado cifras significativas de abandono escolar, con variaciones que en algunos años han superado los 15,000 estudiantes. Más allá de la fluctuación de los datos, el fenómeno evidencia una situación estructural que no puede atribuirse únicamente a decisiones individuales. Desde una perspectiva jurídica, la deserción escolar puede interpretarse como un indicador de debilidades en la garantía del derecho a la educación. No se trata de asignar responsabilidades de forma automática, sino de analizar si los mecanismos institucionales de prevención y atención están funcionando de manera efectiva. El sistema educativo dispone de herramientas para identificar y acompañar a estudiantes en riesgo. Entre ellas, los gabinetes psicopedagógicos cumplen una función relevante en la detección temprana de factores asociados al abandono escolar. Sin embargo, la efectividad de estas instancias depende de su capacidad de actuación oportuna y de la coordinación con otros actores. En la mayoría de los casos, la deserción no ocurre de manera repentina. Existen señales previas, como ausentismo recurrente, bajo rendimiento académico o situaciones familiares complejas. Estas señales constituyen oportunidades de intervención que, de ser atendidas a tiempo, pueden evitar la desvinculación del estudiante. El análisis del fenómeno requiere reconocer la responsabilidad compartida entre el Estado, la familia y las instituciones educativas. El Estado debe garantizar condiciones adecuadas para la permanencia escolar; la familia, acompañar el proceso educativo; y la escuela, asegurar mecanismos de seguimiento e intervención. Experiencias en otros países de la región muestran que la reducción de la deserción escolar exige estrategias integrales que incluyan apoyo psicosocial, seguimiento personalizado y articulación interinstitucional. Panamá cuenta con un marco normativo suficiente; el desafío principal radica en su aplicación efectiva. En este contexto, resulta necesario fortalecer las rutas institucionales de prevención, atención y reinserción educativa. La permanencia en el sistema educativo no puede depender exclusivamente de las condiciones del estudiante, sino de la capacidad del sistema para responder a sus necesidades. La deserción escolar no debe ser asumida como un fenómeno inevitable. Por el contrario, debe entenderse como una señal que exige revisión y acción. Garantizar el derecho a la educación implica asegurar que ningún estudiante quede fuera del sistema sin que se hayan agotado las medidas necesarias para su permanencia. EL AUTOR es abogado y docente. Carlos Baltazar Lan Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón † Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. 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