4A La Prensa Panamá, jueves 23 de abril de 2026 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] REVANCHA 1. En política, las coincidencias muchas veces no lo son. Qué casualidad que ahora que la bancada de Vamos ha exteriorizado su oposición al proyecto de ley que promueve el uso del bioetanol anhidro, por arte de magia haya surgido toda una suerte de obstáculos del personal de esa bancada. Todo apunta a quien algunos hasta públicamente han señalado como el posible beneficiario de esa iniciativa legislativa: el contralor Anel Flores. Parece que no le basta con patear la puerta de la fiscalía anticorrupción. O se hace lo que él quiere en los distintos órganos del Estado o que se atengan a la ira de esta divinidad del olimpo. REVANCHA 2. Por cierto, la suspensión de salarios que ordenó la Contraloría afecta a los despachos de Janine Prado y Eduardo Gaitán, que son los diputados con las planillas más reducidas de la Asamblea (hace un año, cada uno empleaba a tres personas). En cambio, las planillas más abultadas son las de Benicio Robinson y Marcos Castillero, con 145 y 150 personas, respectivamente, pero a esos no les pasa nada. Eso es lo que sucede cuando la sed de venganza obnubila la mentalidad de algunos funcionarios. CHIFEO. Lucy Molinar no se presentó ante la Comisión de Educación de la Asamblea. En cambio, respondió por escrito el cuestionario que la comisión había preparado, imposibilitando así que se le hiciera alguna repregunta. Era la tercera vez que se le citaba. Tampoco ha acudido a sustentar la memoria del Meduca correspondiente a 2025. Parece que la ministra responde lo que quiere y cuando quiere. SACRIFICIO. Ernestina Morales, la suplente El contralor Anel Flores y los diputados de Vamos Luis Duke y Roberto Zúñiga. LP La Contraloría suspende salarios a siete funcionarios; Vamos asegura que son más José González Pinilla [email protected] PUGNA Las diferencias entre la Contraloría General de la República (CGR) y la bancadadeVamosseprofundizan. Las partes ni siquiera concuerdan respecto a la cantidad de funcionarios de la Asamblea Nacional (AN) que no está recibiendo su salario y que labora en los despachos de los diputados independientes. La CGR asegura que “únicamente” son siete los funcionarios que están en “licencia sin sueldo por investigación”. Vamos replica que hay 34 más y que ninguno de ellos solicitó licencia alguna; todos se mantienen laborando y gratis, porque ya saben que no van a cobrar. ‘Únicamente siete’ La mañana de este miércoles 22 de abril, la CGR emitió un comunicado para explicar que siete funcionarios del Legislativo tienen el salario suspendido “como parte de procesos de verificación e investigación iniciados desde la segunda quincena de marzo”. Advierte que el resto del personal de la AN ha recibido su pago de forma regular. Según la Contraloría, la decisión se sustenta en el Decreto 90-2019-DNMySC, adoptado el 2 de diciembre de 2019, el cual establece que la licencia sin sueldo por investigación es una acción administrativa aplicada para verificar el cumplimiento de funciones y el uso adecuado de los recursos del Estado. “No es una sanción, sino un mecanismo que permite realizar investigaciones con transparencia y respetando el debido proceso”, indicó la institución. La CGR anuncia que, a partir de la segunda quincena de abril,lamedidadelicenciasin sueldo por investigación será aplicada “formalmente”, conforme al “marco normativo vigente”, y se extenderá a los funcionariosbajoevaluación. ¿Eso qué significa? Si el comunicado indica que la disposición “será aplicada de manera formal”, entonces, ¿cómo se está implementado ahora? ¿De manera informal? El comunicado también menciona que ya el año pasado se aplicó la licencia sin sueldo por investigación en los despachos de otros diputados, “sin distinción política”. No se precisa cuáles serían esos supuestos despachos, pero el año pasado ni un diputado protestó, como sí está haciendo Vamos ahora. Supuestamente, los funcionarios afectados no firman la lista de asistencia. La Contraloría remarca que las excepciones deben ser autorizadas por el presidente y el secretario general de la AN. Lo de la inasistencia es un señalamiento ampliamente refutado por los diputados. Brenes incluso probó que su personal registra su asistencia con una huella digital. La Contraloría no ha hecho caso a estas explicaciones y sostiene que cuando termine la etapa de “verificación”, aquellos casos que no cuenten con sustento serán remitidos “a las instancias correspondientes para determinar responsabilidades”. La entidad señala que el comunicado pretende dar respuesta a los diputados Roberto Zúñiga y Luis Duke, quiénes públicamente han solicitado explicaciones, aunque hay más miembros de Vamos con reclamaciones idénticas. De hecho, el día antes, varios miembros de la bancada independiente hablaron en conferencia de prensa y aseguraron José González Pinilla [email protected] Edificio Hatillo, sede del Municipio de Panamá. Archivo Exigen al alcalde Mayer Mizrachi explicar gasto en asesores y publicidad FONDOS PÚBLICOS Una solicitud formal para que el alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, entregue información detallada sobre la contratación de asesores, la suspensión de obras por supuesta falta de fondos y el gasto en contratos de publicidad fue presentada ayer. La petición fue interpuesta por el ciudadano Freddy Pittí, quien sustentó que su acción está amparada en el artículo 41 de la Constitución Política, que reconoce el derecho de toda persona a presentar peticiones respetuosas ante los servidores públicos, así como en la Ley 6 del 22 de enero de 2002, conocida como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Entre los puntos solicitados, Pittí pidió un informe técnico-financiero que sustente la “falta de presupuesto” alegada por el municipio para justificar la suspensión del proyecto de Renovación Urbana de la Calle 50, señalando que esta explicación debe contrastarse con el superávit reportado por la Tesorería Municipal. Además, solicitó detalles sobre la contratación de una empresa para servicios de publicidad por un monto aproximado de $1.4 millones, así como información que permita confirmar o descartar versiones difundidas sobre la presunta contratación de 16 asesores, con salarios que oscilarían entre $3,000 y $6,000. Pittí también reclamó explicaciones sobre un reciente incidente que, según indicó, afectó la transparencia del portal institucional, al impedir temporalmente el acceso público a los datos de la planilla municipal. De acuerdo con el solicitante, el objetivo del recurso es garantizar el derecho ciudadano de acceso a la información y promover la integridad en el manejo de los fondos públicos. ‘Hay contradicciones entreeldiscursoylosnúmeros’ Pittí, en entrevista con La Prensa, aseguró que la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se están administrando los recursos del municipio, especialmente ante cuestionamientos surgidos en distintos sectores. “Esta herramienta que nos proporciona la Constitución y la Ley 6 de Transparencia nos permite, desde la ciudadanía, tomar acciones para entender qué está sucediendo en esta Alcaldía, que lamentablemente no ha tenido la capacidad de transparentar información después de una serie de cuestionamientos”, afirmó. Sostuvo que existen contradicciones entre el discurso de austeridad esgrimido por la administración municipal y los datos financieros divulgados por la Tesorería. “Por un lado hay una narrativa de que no hay presupuesto para proyectos urgentes como la calle 50, mientras por otro lado se habla de ingresos históricos y se destinan millones a contratos de publicidad y asesorías”, cuestionó. Pittí agregó que la intención de la petición es conocer el estado real de las finanzas municipales y si existe una estrategia clara de gestión, señalando además la importancia de fortalecer la coordinación con las juntas de desarrollo local. “A nadie le conviene que a la Alcaldía le vaya mal, pero los ciudadanos merecemos saber cómo se están gestionando nuestros fondos”, sostuvo. Alcaldía responde Por su parte, la Alcaldía de Panamá informó que responderá a la solicitud dentro del plazo establecido por la Ley de Transparencia, que contempla 30 días calendario, con posibilidad de prórroga. “Esta solicitud de información se responderá de acuerdo a los términos establecidos en la ley”, reiteró. Sin embargo, adelantó que varias de las afirmaciones del peticionario no serían precisas, particularmente en lo relacionado con la cantidad de asesores y los montos de publicidad. Desde la Alcaldía aseguran que la cifra correspondiente a publicidad no asciende a $4 millones, sino a aproximadamente $1.2 millones. de Benicio Robinson en el Parlacen, fue a Guatemala a abogar por un mecanismo de blindaje para Nito Cortizo y Gaby Carrizo, pero la presidenta de ese organismo, la guatemalteca Karla Gutiérrez, espetó que esa institución ya no es un “santuario de impunidad”. Sería recomendable que Ernestina diga cuáles son las razones para promover ese blindaje y si acaso tiene algún mandato de su partido. La CGR informó que los siete funcionarios de la Asamblea Nacional tienen el salario suspendido debido a procesos de verificación e investigación. que la Contraloría estaría utilizando la figura administrativa como una forma de presión política. Hay muchos más Los siete funcionarios a los que alude el comunicado de la CGR laboran en los despachos de Duke, Alexandra Brenes y Jhonathan Vega. Duke confirmó que no reciben salario desde marzo pasado. No obstante, afirmó que la afectación se extiende a por lo menos 34 funcionarios adicionales. Y ya no son solo de los despachos de Duke, Brenes y Vega; también hay personal de Janine Prado, Roberto Zúñiga, Yamirelis Chong, Eduardo Gaitán y Augusto Palacios. Esta lista se ha incrementado conforme avanzan las horas. Prado, por ejemplo, hizo la consulta en el sitio digital después de Duke y ya eran 43. En la proforma aparece que el estado laboral es “licencia sin sueldo eventual”. El renglón donde debe aparecer la firma del solicitante está en blanco. Tampoco se indica cuál es la fecha de retorno, como estipula el Decreto 90-2019-DNMySC al que alude la Contraloría en su boletín. Estos 34 funcionarios ya saben que, a partir de la próxima quincena, no recibirán su salario, porque el pasado martes se percataron que en la proforma que está en el sitio web de la Contraloría han anotado que ellos también están con licencia sin sueldo. ‘El DENI y el G2’ El diputado Zúñiga arremetió contra el contralor Anel Flores, al afirmar que la Contraloría “dejó de ser un ente de fiscalización y se convirtió en un ente de extorsión”, y sostuvo que actúa como “el DENI y el G2 de la actualidad”, al supuestamente presionar a diputados mediante licencias sin sueldo impuestas a su personal. Zúñiga cuestionó además que la situación ocurra en medio del debate del proyecto de ley que promueve el uso del bioetanol anhidro, al que su bancada se opone, y calificó la medida como un acto de persecución. Flores tendría algún interés en ese proyecto, ya que su familia es propietaria de un ingenio azucarero. Por su parte, el diputado Duke señaló que se estarían vulnerando derechos laborales y la institucionalidad de la Asamblea, al considerar que el personal eventual no puede ser colocado en licencia sin sueldo bajo los criterios expuestos. Duke recalca que ni un funcionario asignado a los despachos de Vamos ha solicitado licencia sin sueldo, por lo que la Contraloría adoptó esa decisión de forma unilateral y sin avisar a nadie, lo que limitaría el derecho de los afectados a defenderse. Zúñigaremarcaqueasícomo el funcionario es el único que tiene derecho a solicitar la licencia, la entidad nominadora (que, en este caso, es la Asamblea) es la única que puede concederlo, conforme está establecido en la Ley de Carrera Administrativa.
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