10A La Prensa Panamá, jueves 23 de abril de 2026 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy riencia acumulada demuestra que el problema no radica en la falta de ideas, sino en la incapacidad de traducirlas en políticas públicas efectivas. La visión de Betancourt, profundamente humanista, asigna a la educación un papel central en la transformación social. Sin embargo, en el contexto actual, esa concepción resulta incompleta si no se articula con la estructura económica y tecnológica del país. La educación no puede seguir siendo concebida únicamente como un instrumento ético de superación de la desigualdad; debe convertirse en el sistema operativo del desarrollo nacional. Esto implica vincularla de manera directa con la innovación, la productividad y la formación de capacidades pertinentes para el siglo XXI. Sin esa articulación, el sistema educativo corre el riesgo de generar expectativas que no puede cumplir. Forma ciudadanos que aspiran a la movilidad social, pero los inserta en una economía que no siempre está en condiciones de absorber sus capacidades. El resultado es una brecha creciente entre educación y realidad. Por su parte, la propuesta de despolitización planteada por García también requiere una revisión profunda. En la práctica, lejos de eliminar las distorsiones, el sistema educativo ha continuado afectado por dinámicas clientelares, decisiones sin sustento técnico y una débil continuidad institucional. La despolitización, entendida como ausencia de política, no resolvió el problema. El verdadero desafío no es despolitizar la educación, sino repolitizarla correctamente. Es decir, liberarla de su captura partidista y orientarla hacia un proyecLas colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Mala praxis médica e inteligencia artificial: una discusión impostergable Responsabilidad médica recomendar un tratamiento inadecuado. Cuando de ello se deriva un daño al paciente, las preguntas jurídicas se vuelven inevitables: ¿es responsable el médico por confiar en la herramienta? ¿Lo es la institución que la adquirió y la implementó? ¿Debe responder el desarrollador del software? ¿O estamos ante un riesgo inherente al uso de tecnologías emergentes? El marco normativo vigente en Panamá no ofrece respuestas claras frente a estos escenarios. Este vacío revela una tensión estructural: seguimos juzgando la medicina del siglo XXI con criterios legales del siglo pasado. En la medicina digital, el error ya no es necesariamente el resultado de una acción u omisión individual. Puede ser consecuencia de un algoritmo mal entrenado, de una mala integración del sistema en el flujo clínico, de deficiencias organizacionales o de la ausencia de protocolos adecuados. El análisis clásico de causalidad, pensado para decisiones humanas aisladas, resulta insuficiente cuando interviene un entramado tecnológico complejo. Ello obliga a repensar el concepto de mala praxis desde una perspectiva más amplia y realista. No se trata de diluir la responsabilidad profesional del médico, sino de reconocer que la atención en salud es hoy el producto de un sistema en el que interactúan personas, tecnologías e instituciones. Avanzar hacia un modelo de responsabilidad sistémica permitiría evaluar de manera más justa y efectiva los fallos en la atención médica, identificando no solo al profesional, sino también las condiciones estructurales que contribuyen al daño. En el contexto panameño, este debate es especialmente relevante. El Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social impulsan procesos de modernización, digitalización de expedientes y uso creciente de tecnologías de información en salud. La adopción de herramientas basadas en inteligencia artificial es una consecuenJosé Vicente Pachar De la esperanza al compromiso Reforma educativa A 25 años del Diálogo Nacional por la Educación, Panamá no enfrenta un problema de diagnóstico, sino de ejecución: es hora de transformar el sistema con dirección estratégica y no solo con consensos. Han pasado veinticinco años desde el Diálogo Nacional por la Educación, cuyo resultado fue sintetizado en el documento “Una cita con la esperanza”. Aquel momento representó un esfuerzo significativo por reconocer la crisis estructural del sistema educativo panameño y construir consensos amplios para su transformación. Sin embargo, en 2026, la evidencia es contundente: los problemas fundamentales persisten y muchos de los acuerdos alcanzados no se han materializado en reformas sostenidas. Dos voces de aquel proceso permiten hoy una relectura crítica. Por un lado, Belisario Betancourt, expresidente de Colombia y moderador del diálogo, quien sostuvo que la educación posee un poder especial para enfrentar la opresión, la exclusión, la pobreza y el conflicto. Por otro, José Ramón García, quien planteó la necesidad de despolitizar el sistema educativo como condición para su éxito. Ambas afirmaciones siguen siendo relevantes, pero requieren ser actualizadas. La expeto nacional de desarrollo. Toda educación es, en esencia, una construcción política: define qué tipo de ciudadano se forma, qué valores se promueven y qué modelo de sociedad se persigue. Pretender neutralidad es, en realidad, renunciar a la dirección estratégica. El balance de estos veinticinco años es claro. Panamá no fracasó en el diagnóstico de su sistema educativo; fracasó en la gobernanza de su transformación. Hubo diálogo, hubo acuerdos, hubo memoria. Lo que no hubo fue una capacidad sostenida de ejecución que trascendiera los ciclos políticos y garantizara continuidad. Hoy, el contexto es más exigente. La irrupción de la inteligencia artificial, la aceleración tecnológica y las nuevas dinámicas del trabajo imponen la necesidad de un cambio profundo. No se trata de ajustes marginales, sino de una reconfiguración del sistema: rediseño curricular, fortalecimiento de la formación docente, integración tecnológica y construcción de una gobernanza educativa basada en evidencia y planificación estratégica. Panamá ya tuvo su “cita con la esperanza”. El desafío actual es mucho más complejo: convertir esa esperanza en estructura, en política pública efectiva y en resultados verificables. Porque en educación, el tiempo no es neutro. Cada año sin transformación real no es simplemente un año perdido; es un año en que la desigualdad se consolida y el futuro se posterga. Opinión EL AUTOR es especialista en Ciencias Sociales. EL AUTOR es patólogo forense y exdirector del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. cia lógica de estas políticas. Sin embargo, dicha modernización debe ir acompañada de una actualización normativa y de capacidades institucionales acordes a la complejidad tecnológica que se introduce en los servicios de salud. El desafío alcanza también al sistema de justicia. Jueces, fiscales y peritos se verán cada vez más enfrentados a casos en los que será necesario comprender principios básicos de evidencia científica digital, funcionamiento general de sistemas algorítmicos y gestión de riesgos clínicos. Analizar estos casos sin una mínima alfabetización tecnológica aumentará el riesgo de decisiones injustas o arbitrarias, en perjuicio tanto de los pacientes como de los profesionales de la salud. Desde el punto de vista ético, existe una línea que no debe cruzarse. La inteligencia artificial carece de conciencia moral, empatía y responsabilidad jurídica. Puede asistir al médico, pero no reemplazar su juicio ni su deber ético. Por ello, resulta esencial reforzar el principio de supervisión humana significativa: el médico debe comprender las limitaciones del sistema, evaluar críticamente sus resultados, documentar su uso e informar al paciente cuando se utilicen herramientas automatizadas en su atención. La inteligencia artificial no es una promesa futura, sino una realidad presente en la medicina panameña. La cuestión no es si surgirán conflictos legales asociados a su uso, sino si estamos preparados para afrontarlos con criterios modernos, equilibrados y justos. En la medicina que ya vivimos, la responsabilidad no recaerá únicamente sobre un individuo, sino sobre todo el sistema que rodea la atención del paciente. Reconocerlo a tiempo es una tarea impostergable. La medicina atraviesa una transformación profunda impulsada por la incorporación progresiva de la inteligencia artificial (IA) en el diagnóstico, el tratamiento y la gestión clínica. En Panamá, esta realidad comienza a sentirse tanto en el sector público como en el privado, donde sistemas de apoyo diagnóstico, herramientas predictivas y plataformas de análisis de datos prometen mejorar la eficiencia y la precisión de la atención sanitaria. Sin embargo, junto con estas oportunidades surge una pregunta que el país aún no ha abordado con la seriedad necesaria: ¿cómo debe entenderse la mala praxis médica cuando las decisiones clínicas están influidas por algoritmos? Durante décadas, la responsabilidad médica se ha evaluado a partir de un modelo relativamente claro, centrado en la actuación individual del profesional y en el respeto de la llamada lex artis. Este esquema fue diseñado para una medicina esencialmente analógica, en la que el juicio clínico dependía casi exclusivamente del conocimiento, la experiencia y la pericia del médico. No obstante, la práctica médica contemporánea es distinta. Hoy, los profesionales toman decisiones apoyados en tecnologías complejas que procesan grandes volúmenes de información y ofrecen recomendaciones basadas en patrones estadísticos. El problema surge cuando estas herramientas fallan. Un sistema de inteligencia artificial puede sugerir un diagnóstico incorrecto, subestimar un riesgo o Rogelio Mata Grau La deserción escolar como desafío jurídico en Panamá Educación La deserción escolar en Panamá sigue siendo un problema persistente que incide directamente en la equidad y el desarrollo del país. Aunque suele explicarse por factores económicos, familiares o sociales, este enfoque resulta insuficiente si no se incorpora su dimensión jurídica. El derecho a la educación, reconocido en la Constitución y en instrumentos internacionales, no se limita al acceso al sistema educativo. Comprende también la permanencia y la culminación del proceso formativo. En consecuencia, la deserción escolar plantea una pregunta relevante sobre el grado de cumplimiento de esta garantía. En la última década, el país ha registrado cifras significativas de abandono escolar, con variaciones que en algunos años han superado los 15,000 estudiantes. Más allá de la fluctuación de los datos, el fenómeno evidencia una situación estructural que no puede atribuirse únicamente a decisiones individuales. Desde una perspectiva jurídica, la deserción escolar puede interpretarse como un indicador de debilidades en la garantía del derecho a la educación. No se trata de asignar responsabilidades de forma automática, sino de analizar si los mecanismos institucionales de prevención y atención están funcionando de manera efectiva. El sistema educativo dispone de herramientas para identificar y acompañar a estudiantes en riesgo. Entre ellas, los gabinetes psicopedagógicos cumplen una función relevante en la detección temprana de factores asociados al abandono escolar. Sin embargo, la efectividad de estas instancias depende de su capacidad de actuación oportuna y de la coordinación con otros actores. En la mayoría de los casos, la deserción no ocurre de manera repentina. Existen señales previas, como ausentismo recurrente, bajo rendimiento académico o situaciones familiares complejas. Estas señales constituyen oportunidades de intervención que, de ser atendidas a tiempo, pueden evitar la desvinculación del estudiante. El análisis del fenómeno requiere reconocer la responsabilidad compartida entre el Estado, la familia y las instituciones educativas. El Estado debe garantizar condiciones adecuadas para la permanencia escolar; la familia, acompañar el proceso educativo; y la escuela, asegurar mecanismos de seguimiento e intervención. Experiencias en otros países de la región muestran que la reducción de la deserción escolar exige estrategias integrales que incluyan apoyo psicosocial, seguimiento personalizado y articulación interinstitucional. Panamá cuenta con un marco normativo suficiente; el desafío principal radica en su aplicación efectiva. En este contexto, resulta necesario fortalecer las rutas institucionales de prevención, atención y reinserción educativa. La permanencia en el sistema educativo no puede depender exclusivamente de las condiciones del estudiante, sino de la capacidad del sistema para responder a sus necesidades. La deserción escolar no debe ser asumida como un fenómeno inevitable. Por el contrario, debe entenderse como una señal que exige revisión y acción. Garantizar el derecho a la educación implica asegurar que ningún estudiante quede fuera del sistema sin que se hayan agotado las medidas necesarias para su permanencia. EL AUTOR es abogado y docente. Carlos Baltazar Lan Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón † Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. 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