2A La Prensa Panamá, miércoles 22 de abril de 2026 Ali Zaki Hage Jalil, durante su traslado tras ser extraditado a Panamá el pasado lunes desde Venezuela. EFE Alas Chiricanas: la historia que vuelve Eliana Morales Gil [email protected] ATENTADO Extraditado desde Venezuela, Ali Hage Zaki enfrenta la justicia tras un proceso lleno de omisiones, sospechosos liberados y conexiones internacionales que mantuvieron el caso abierto por 32 años. Ali Zaki Hage Jalil, extraditado desde Venezuela por su vínculo con la explosión del vuelo 901 de Alas Chiricanas, que dejó 21 muertos en 1994, ya había sido detenido en Panamá meses después del atentado. Aquella vez lo dejaron libre. El 9 de octubre de 1994, autoridades panameñas lo detuvieron con ametralladoras tipo Mini Mac calibre 9 milímetros. El caso no avanzó en la jurisdicción penal. Fue remitido a la esfera administrativa y Zaki recuperó la libertad. No hay constancia en los expedientes revisados de que esa detención esté formalmente vinculada con la investigación por la explosión del avión de Alas, pero el hombre aprovechó la oportunidad y se esfumó. El proceso por tráfico de armas estuvo a cargo de Carlos Augusto Herrera, fiscal auxiliar de la República en aquella época. Los dos sospechosos detenidos en Paso Canoa Cinco días después del atentado, el 24 de julio de 1994, otros dos hombres cayeron en el paso fronterizo de Paso Canoa, cuando intentaban ingresar a Costa Rica. De acuerdo a información disponible en el Registro Judicial, se trataba de Mohammad Taha y Mohammad Moutan. Moutan portaba un pasaporte estadounidense falsificado a nombre de Midiam Fadel Shawar. El uso de identidades falsas coincide con el patrón detectado en la investigación, que tenía como figura central a un pasajero registrado bajo el nombre de Ali Hawa Jamal. En los documentos judiciales de la época, ese nombre aparece como el de la persona que “presumiblemente habría activado el artefacto” dentro de la aeronave. Su cuerpo nunca fue reclamado y por años permaneció en la morgue judicial. La propia investigación, sin embargo, dejaba abierta la principal incógnita: la identidad real de ese pasajero no había sido establecida. De acuerdo con datos del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, luego del atentado, todos los pasajeros fueron reconocidos salvo uno, Ali Hawa Jamal. La Fiscalía Auxiliar vinculó a Taha y Moutan con el atentado. Los señaló como simpatizantes de grupos armados del Medio Oriente, entre ellos la Organización para la Liberación de Palestina, y ordenó su detención preventiva en septiembre de 1994 por delitos de peligro común y atentado contra los medios de transporte. El caso no prosperó. En abril de 1995, el pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró ilegal la detención de ambos. La sentencia estableció que transcurridos varios meses, la investigación no había incorporado nuevos elementos de prueba. No bastó la sospecha. Taha fue puesto en libertad; Moutan quedó a órdenes de la fiscalía únicamente por falsificación de documentos. Casi 32 años después, esos nombres reaparecen en el expediente. La Fiscalía Superior de Descarga mantiene cargos contra Mohammad Taha y Mohammad Moutan, junto a Gilberto Tomás Yangüez y el propio Zaki Hage Jalil. Se desconoce el paradero de los dos primeros. Se presume que Yangüez está en Panamá. Argentina pidió información La investigación panameña llamó la atención de la justicia argentina desde temprano. El 18 de julio de 1994, un día antes de la explosión del avión en Panamá, un atentado destruyó la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, matando a 85 personas. La cercanía temporal entre ambos ataques activó alertas. En 1995, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 9 de Argentina envió un exhorto diplomático a Panamá dentro del proceso Pasteur 633-DAIA. El tribunal pidió acceso a piezas del expediente panameño y formuló preguntas puntuales. Entre ellas, si se había logrado establecer la verdadera identidad de Ali Hawa Jamal, si existían pruebas que vincularan a ese nombre con Taha y Moutan, y cuáles eran las conclusiones periciales sobre la carga explosiva. El exhorto también recoge que, según comunicados atribuidos a los propios responsables, ambos atentados habrían sido reivindicados por el grupo Anssar Allah. La justicia argentina buscaba confirmar si existía una conexión operativa. La Corte Suprema de Justicia declaró viable la solicitud. En los documentos disponibles revisados por La Prensa no consta cuál fue la respuesta enviada a Buenos Aires. Ali Hawa Jamal Los expedientes de los años noventa no mostraban una autoría consolidada. La línea principal giraba en torno a Ali Hawa Jamal, un nombre sin identidad confirmada. La detención de Taha y Moutan tampoco permitió sostener la hipótesis inicial. La Corte Suprema cerró esa vía por falta de pruebas. La investigación continuó sin lograr fijar con certeza quién estaba detrás del atentado ni cómo se articulaban los vínculos entre los sospechosos. El giro, 3 décadas después El caso se reabrió en 2017 a solicitud de la Fiscalía Superior de Descarga. “El hombre que llevaba el explosivo, había viajado al menos ocho veces en una semana, entre las ciudades de Colón y Panamá en los días previos al atentado, siempre con pasaportes falsos, de quien no se pudo recoger antecedentes de vida porque “no conocía a nadie”, no hablaba inglés, ni español. Era de cabello negro, 1.80 metros de estatura”, informó el Ministerio Público en una nota de prensa. En 2020 el FBI emitió una nota de búsqueda de Ali Zaki Jalil en la que lo presentó como una persona que podría tener información sobre este atentado. “Era un paracaidista entusiasta que viajaba a muchos países. Jalil era propietario de varios bares en la isla Margarita, Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama El paraíso que estalló en pedazos Sabrina Bacal [email protected] Casi 32 años después del atentado terrorista contra el vuelo 901 de Alas Chiricanas —que dejó 20 víctimas—, el principal sospechoso llegó extraditado desde Venezuela para enfrentar, por fin, a la justicia. En una coincidencia providencial, la llegada de Ali Hage Zaki Jalil ocurre la misma semana del estreno de Paraíso Tropical en los cines. La película, además de documentar este ataque terrorista, expone el trauma individual y colectivo que dejaron el ataque y los años sin respuestas por parte de las autoridades. Como sobrino de una de las víctimas, su director Abner Benaim convierte fragmentos de su terapia en una exhibición pública de una herida emocional que aún no cierra. Pero esa herida no es solo suya: es la de un país donde, una y otra vez, la impunidad termina imponiéndose sobre la justicia. Es la de una sociedad donde el camino de “pasar la página” es mucho más transitado que el de buscar la verdad. “En mi vida he hecho como 10 mil autopsias, pero esta es la única que he hecho a un terrorista que se suicida. No ha habido ningún otro caso en Panamá”. El dictamen del ex jefe de Medicatura Forense, el Dr. José Vicente Pachar, no dejó lugar a dudas: quien detonó la bomba en el vuelo 901 fue un terrorista suicida, que subió al avión como un pasajero más: el muerto número 21. Esa contundencia contrasta con el abrumador silencio que envolvió el caso durante casi 25 años. ¿Fue la falta de recursos o la falta de voluntad? ¿Fue el temor a las represalias lo que hizo que muchos miraran para otro lado o hubo algún tipo de complicidad o encubrimiento? Ali Hage Zaki fue detenido en Panamá por un caso de armas incautadas meses después del atentado, pero fue liberado. ¿No tenían evidencia en ese momento de su participación en la explosión del avión? ¿Qué papel jugó en el atentado? ¿Quiénes más ayudaron al terrorista suicida a preparar y subir una bomba que mató a 20 inocentes en un vuelo comercial? ¿Cómo explicar la inacción de las autoridades panameñas por tantos años? Hay conexiones internacionales que también forman parte del rompecabezas que aún no termina de armarse. La explosión ocurrió un día después del ataque contra la AMIA (centro de la comunidad judía) en Buenos Aires, donde murieron 85 personas. Existe un vínculo entre ambos atentados, atribuidos después a la organización terrorista Hezbolá. En octubre de 2024 el FBI ofreció una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que condujera a los responsables y ahora un investigador revela en la película que han identificado a un tercer sospechoso. La extradición de Ali Hage Zaki Jalil ocurre en un contexto político inédito: uno en el que Venezuela colabora junto a Estados Unidos y Panamá en la investigación. Benaim bautizó su cinta Paraíso Tropical porque la explosión en la que murió su tío hizo estallar por los aires su utopía infantil de que en Panamá “no pasaban esas cosas”. Es la pérdida de inocencia que el cineasta comparte con la audiencia. Ese proceso también debería tener una dimensión institucional. La llegada del principal sospechoso no es el fin de la pesadilla que han vivido los familiares. Puede ser el comienzo del fin. Porque hacer justicia en este caso no solo será procesar a Ali Hage Zaki Jalil. Será también sacar a la luz pública todo lo que durante años se prefirió callar. Fuerzas especiales custodian al sospechoso Un día después de su llegada al país, el principal sospechoso fue puesto bajo un esquema de seguridad reforzado. Su custodia quedó a cargo de fuerzas especiales, mientras se coordinan las diligencias judiciales correspondientes. Las autoridades confirmaron que permanece bajo vigilancia en instalaciones de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), a la espera de ser llevado ante la fiscalía -a cargo de Geomara Guerra- para rendir declaración indagatoria por su presunta vinculación con el atentado. El operativo forma parte de las medidas adoptadas para garantizar el desarrollo del proceso, en un caso que se reabre tras más de tres décadas. VIGILANCIA Juan Manuel Díaz [email protected] Venezuela, y es posible que haya vivido ahí”, se lee en el aviso. En octubre de 2024, el Programa de Recompensas por la Justicia (Rewards for Justice, RFJ) del Departamento de Estado de Estados Unidos, ofreció $5 millones a cambio de información de cualquier persona vinculada al atentado terrorista, incluyendo a Ali Zaki. En noviembre de 2025, autoridades venezolanas lo detuvieron en isla Margarita. No se escondía. Tenía una tienda de artículos deportivos, una discoteca, manejaba un todoterreno marca Hummer. El lunes 20 de abril de 2026 llegó a Panamá en un vuelo directo de Copa Airlines desde Caracas, en una operación coordinada con agencias internacionales. La sombra de Hezbolá En 2024 la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos concluyó que Hezbolá fue responsable del atentado en Panamá. Hezbulá, organización chií libanesa con brazo político y militar, es señalada como grupo terrorista por varios países por su participación en ataques internacionales.
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