4A La Prensa Panamá, jueves 16 de abril de 2026 Panorama FAVORITO. El fiscal de Cuentas, Jaime Barroso, calculó que ya tiene los votos para ser designado magistrado del Tribunal Electoral (TE). “No he conocido un candidato a algo que sienta que no tiene los votos. Yo siento que los tengo. Si yo sintiera que no los tengo, créame que retiro mi postulación”, dijo Barroso en la Comisión de Credenciales, cuando la diputada Yamirelis Chong le preguntó si él era el ungido del oficialismo. Y después dicen que no. TIERRA 1. Realizando Metas (RM) no esconde su animosidad hacia el procurador Gómez Rudy, a quien acusa de mantener intacta la “estructura corrupta” que, según ese colectivo, operaba en el Ministerio Público durante los gobiernos anteriores. Después de todo, que a RM no le guste el procurador es hasta una buena señal. TIERRA 2. Por cierto, RM comunicó que, aunque todavía no ha tirado la línea, ya sabe a quién no quiere en el TE: a Ian Bailey, a quien identifica como “ficha” del exmagistrado Eduardo Valdés y de Rómulo Roux. Pero sucede que entre los candidatos, no hay nadie con ese nombre. O querían desquitarse con Bailey o están tan despistados que no se han dado cuenta de que no está en la lista. LENTOS. Las reformas al reglamento interno de la Asamblea Nacional fueron aprobadas hace una semana, en la Comisión de Credenciales, pero todavía el proyecto no ha sido incluido en la agenda del pleno legislativo. Ojalá no estén esperando a que termine el periodo de sesiones ordinarias. Tanto Jorge Herrera como Dana Castañeda se habían comprometido públicamente a reformar el reglamento. Ojalá este no sea otro ejemplo de la palabra empeñada que queda en nada. José González Pinilla [email protected] Diputados archivan proyecto que recortaba servicio de escolta vitalicio ASAMBLEA NACIONAL La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional rechazó este miércoles 15 de abril el proyecto de ley que buscaba limitar el servicio de escolta oficial asignado a los expresidentes de la República, un beneficio vitalicio financiado con fondos públicos. La iniciativa, presentada por el diputado Jonathan Vega, de la bancada Vamos, fue sometida a discusión en primer debate, pero no logró los votos necesarios para avanzar. La votación finalizó con cuatro diputados a favor y cinco en contra, por lo que el proyecto quedó rechazado, según anunció el diputado Luis Eduardo Camacho. Votaron a favor los diputados de Vamos, Herminia E. Thompson, suplente de Roberto Zúñiga, Janine Prado, Luis Duke y José Pérez Barboni, este último del Movimiento Otro Camino. En contra votaron los diputados Camacho, Shirley Castañeda, de Realizando Metas; Didiano Pinilla, de Cambio Democrático, Raphael Buchanan y Sara Magallón, suplente de Jairo Salazar, del Partido Revolucionario Democrático. Durante la sustentación de la propuesta, Vega argumentó que el objetivo principal era reducir el gasto estatal destinado a escoltas personales y redirigir esos recursos hacia la seguridad ciudadana, en momentos en que se reportan hechos delictivos y reclamos por mayor presencia policial en zonas turísticas y comerciales del país. “Este proyecto de ley busca ahorrar recursos económicos al Estado, en este caso busca eliminar el gasto de privilegios para redirigir a los agentes de seguridad ciudadana, en este caso SPI, que son los que ven el servicio de escolta”, expresó el diputado, señalando que la norma vigente tiene más de 28 años sin ser actualizada. Vega sostuvo que, mientras se mantienen agentes asignados a la protección de expresidentes, se registran situaciones que evidencian la falta de agentes policiales en las calles. Mencionó, por ejemplo, la muerte de un policía en el corregimiento de El Chorrillo, así como denuncias de comerciantes del Casco Antiguo por hurtos y robos en la zona. El diputado propuso que el servicio de escoltas para quienes hayan ejercido la Presidencia sea limitado a un periodo máximo de 10 años, en lugar de mantenerse de manera vitalicia, como ocurre actualmente. Además, presentó estimaciones sobre el costo anual de estas asignaciones. Según indicó, cada escolta representa un gasto aproximado de 48 mil dólares al año. Bajo ese cálculo, si seis expresidentes cuentan con dos escoltas cada uno —lo que equivaldría a 72 funcionarios en total— el Estado estaría destinando unos 3.4 millones de dólares anuales para este servicio. “Esto es una inversión social versus privilegio”, afirmó Vega, señalando que esos fondos podrían utilizarse para becas universitarias, equipamiento de centros de salud o reforzar la seguridad en áreas de alta circulación turística. Como referencia, mencionó casos internacionales de exmandatarios que han renunciado a su protección oficial o cuyos gobiernos han reducido esos esquemas de seguridad, citando ejemplos como el expresidente mexicano Vicente Fox, el caso de Sri Lanka y el expresidente estadounidense Richard Nixon. Sin embargo, el diputado Camacho manifestó su rechazo al proyecto y reiteró que considera negativa la propuesta. Aunque reconoció que el Servicio de Protección Institucional (SPI) requiere una revisión sobre la cantidad de agentes asignados y sus funciones, advirtió que eso no debe traducirse en disminuir la seguridad de expresidentes. SEÑALAMIENTO. La Sala Cuarta de la Corte Suprema certificó que Jaime Alberto Castillo Martínez no está registrado como idóneo para ejercer la abogacía en la República de Panamá. Castillo se presenta como “asesor” del Meduca, aunque en la planilla aparece con el cargo de “secretaria 1”, con un salario mensual de $5,000. Ojalá esto se aclare pronto. El ejercicio ilegal de una profesión es un delito. Tal Cual Mónica Palm [email protected] La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional que preside el diputado Luis Eduardo Camacho. Elysée Fernández Comisión de Gobierno aprueba proyecto de ley contra ‘botellas’ Eliana Morales Gil [email protected] BUROCRACIA Con el respaldo de seis diputados de distintas bancadas —entre ellos el presidente de la comisión, Luis Eduardo Camacho, de RM—, la diputada Janine Prado, de Vamos, presentó la iniciativa. La llamada “ley antibotella” pasó el primer debate. Este miércoles, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional le dio luz verde al proyecto de ley 408, que incrementa las penas a los funcionarios públicos que cobran sin trabajar. La iniciativa, presentada por la diputada Janine Prado, de Vamos, contó con el respaldo de seis diputados de distintas fracciones políticas, incluido el presidente de la comisión, Luis Eduardo Camacho, del oficialista Realizando Metas (RM). El proyecto establece penas de entre seis y ocho años de cárcel para la persona que acepte un nombramiento en un cargo público o perciba remuneración del Estado sin prestar el servicio para el cual ha sido designada. La pena se agravará de ocho a diez años de prisión si la lesión patrimonial supera los $50 mil. Inicialmente, la propuesta incluía sanciones para quienes realizaran estos nombramientos; sin embargo, ese artículo fue retirado durante el primer debate. Camacho impulsó el retiro de este artículo tras un amplio discurso. La diputada Prado, por su parte, recordó que la propuesta no solo abarca la Asamblea, sino también a las distintas instituciones y ministerios del aparato estatal. “Necesitamos fortalecer la legislación en esta materia”, añadió. El objetivo del proyecto, recordó, es fortalecer la lucha contra la corrupción y optimizar la eficiencia del aparato gubernamental. Otro de los diputados que tomó la palabra fue Osman Gómez, miembro de la bancada mixta, quien llegó al Legislativo postulado por el partido Alianza. Mencionó que, cuando se menciona la palabra “botella”, automáticamente se apunta a la Asamblea. “No todas las veces es cierto que existen botellas en este órgano del Estado”, planteó. Advirtió que es importante definir qué se considera una “botella” y, como ejemplo, contó que hay diputados que cuentan con funcionarios que trabajan sábado y domingo en el interior del país. “Y trabajan más de ocho horas”, agregó. El visto bueno del Ministerio Público En el debate también participó la fiscal Tania Saavedra, del Ministerio Público. Saavedra recordó que, en octubre de 2025, la entidad emitió concepto favorable sobre la propuesta. En cuanto a las modificaciones introducidas, indicó que no hay cambios sustanciales respecto al texto original, por lo que no tienen objeciones. Además, valoró la intención de actualizar la legislación panameña a estándares internacionales en materia de lucha contra la corrupción. Lo próximo: el segundo debate en el pleno legislativo, donde interactúan los 71 diputados. Llegará al hemiciclo legislativo en la recta final de las sesiones ordinarias de la Asamblea. Vieja práctica El fenómeno de las “botellas” se mantiene como una de las prácticas más persistentes dentro de la administración pública. La Asamblea Nacional figura de forma recurrente entre las instituciones señaladas por inflar planillas millonarias, en las que una parte del personal percibe salario sin cumplir funciones efectivas. De hecho, en la exposición de motivos del proyecto, la diputada Prado recordó que las “botellas” constituyen una de las expresiones más evidentes del clientelismo político y la corrupción estructural. Anotó que el país tiene una de las tasas más altas de empleados públicos en la región: 15.6 % de su fuerza laboral, por encima del promedio latinoamericano, que es del 10%. “El Estado no puede seguir financiando una planilla inflada que no se traduce en mejores servicios para los ciudadanos”, advirtió. Renuncia el subadministrador de la Autoridad Marítima La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) confirmó que Alexander De Gracia ya no ocupa el cargo de subadministrador de la entidad. No se precisó la razón de su renuncia, pero La Prensa sospechó de la salida del funcionario ayer miércoles 15 de abril, cuando en la Gaceta Oficial se divulgaron dos resoluciones en las que se designa a Nadia Madrid, directora administrativa de la entidad, como directora encargada, dado que el titular, Luis Roquebert, se ausentará durante dos semanas. Roquebert estará atendiendo una misión oficial en el extranjero del 17 al 26 de abril. Acto seguido, estará de vacaciones del 27 de abril al 3 de mayo. El Ejecutivo debe designar al reemplazo formal de De Gracia. La última vez que se tuvo noticias del hasta ahora subadministrador -que es ingeniero náutico- fue cuando acudió a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para sustentar el traslado de unas partidas presupuestarias. Con él estaba el secretario general de la AMP, Volney Guinard. MARÍTIMA Mónica Palm [email protected] Alexander De Gracia. Archivo
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