2A La Prensa Panamá, domingo 12 de abril de 2026 Roberto Motta Alvarado, empresario con una trayectoria vinculada a distintos sectores del ámbito corporativo y social en Panamá, falleció ayer, sábado. Fue accionista y director en entidades como Banco General, La Prensa, ASSA Compañía de Seguros, Gold Mills y Calox. También participó en la fundación de la Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA) y fue miembro del Club Rotario Panamá Sur. Sus allegados lo recuerdan como un hombre enfocado en el trabajo, la fe y el país, cuya trayectoria integró el ámbito empresarial con la educación. La oportunidad de emprender de forma independiente se le presentó en 1967, cuando adquirió una pequeña empresa distribuidora de perfumes y cosméticos que pertenecía Fallece Roberto Motta Alvarado, reconocido empresario panameño OBITUARIO a sus tíos Arturo y Alberto Motta. A partir de esa base fundó Agencias Motta, S.A., que operó inicialmente en la Avenida Central entre 1967 y 1969. En 1970 se trasladó a la Vía Frangipani y, posteriormente, al sector de la Urbanización Industrial, en Los Ángeles. En diferentes ocasiones, mencionó como sus referentes a figuras como su padre, Roberto Motta Cardoze, así como a Federico Humbert Azcárraga y Roberto Eisenmann Jr. Roberto Motta Alvarado nació el 26 de agosto de 1939, hijo de Roberto Motta Cardoze y Dora Alvarado de Motta. Casado con Marianela Stanziola González Revilla, con quien tuvo cuatro hijos: Roberto III, Emily, Liz Marie y Félix Miguel. Fue presidente de la Asociación de Ejecutivos de Empresa (Apede), director de la Cámara de Comercio y activista de la Cruzada Civilista. Su funeral será el lunes, a las 10:00 a.m., en la Parroquia de San Lucas. La Corte acumuló en un solo expediente las causas seguida a Juan Carlos Varela, Jaime Ford y los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares por la coimas de Odebrecht. LP El segundo juicio por las coimas en fase de admisión de pruebas Juan Manuel Díaz [email protected] Yolanda Sandoval [email protected] ODEBRECHT El proceso se encuentra ahora en la fase de la presentación de las pruebas que las partes usarán durante el juicio, para el cual aún no se ha fijado fecha. En el caso Odebrecht, todavía hay cuatro imputados que no han sido enjuiciados. Se trata del expresidente Juan Carlos Varela (20142019); el exministro de Obras Públicas, Jaime Ford, y los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares. Los cuatro son diputados (bien sea principal o suplente) del Parlamento Centroamericano (Parlacen), por tanto, deben ser procesados por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), conforme dictan los artículos 155 y 206 de la Constitución. Precisamente, la Corte decidió acumular en una sola causa los expedientes abiertos contra cada uno de ellos. El proceso se encuentra ahora en la fase de la presentación de las pruebas que las partes usarán durante el juicio, para el cual aún no se ha fijado fecha. Ford fue fue electo como parlamentario centroamericano por el Partido Realizando Metas (RM) en mayo de 2024, lo mismo que los hermanos Martinelli, aunque ellos son suplentes. Ricardo Alberto también es diputado suplente de la Asamblea Nacional. Mientras que Varela ya tiene dos periodos en el Parlacen. Antes ocupó la curul que le correspondía como presidente saliente de la República. En las elecciones de 2024, conservó la curul ya que su partido, el Panameñista, lo colocó de primero en su lista de postulados al Parlacen. Para este proceso, el pleno de la CSJ designó a las magistradas María Eugenia López Arias y Maribel Cornejo como juez de garantías y fiscal, respectivamente. Aún la Corte no ha fijado una fecha de juicio. ¿Por qué están procesados? Ford está vinculado a la trama de Odebrecht luego de que Jorge Espino, quien alcanzó un acuerdo de colaboración con la fiscalía anticorrupción, declarara que recibió dinero de la constructora brasileña a través de la sociedad Westfall Holding, S.A., la cual tenía una cuenta en el Principado de Andorra, controlada por el exministro. En el expediente también está la declaración del exdirectivo de Odebrecht y encargado de la Dirección de Operaciones Estructurada, Luiz Eduardo Da Rocha Soares, quien explicó que se hicieron desembolsos a favor de Ford, a través de transferencias a Westfall Holding. La Oficina de Operaciones Estructuradas incluso tenía un apodo para identificar los dineros asignados a Ford: “Explorer”. Ford ya tiene una condena por blanqueo de capitales, pero por otro caso de coimas pagadas en la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014): el de Blue Apple. En este caso, la condena dictada en su contra por la juez Baloisa Marquínez es de 80 meses de prisión y el pago de una multa de $11.4 millones. Los hijos convictos Los hermanos Martinelli ya fueron extraditados, procesados, enjuiciados y encarcelados por haber conspirado para blanquear hasta $28 millones en coimas de Odebrecht, utilizando el sistema financiero estadounidense, según ellos mismos confesaron al juez de Brooklyn, Richard Dearie. Ambos señalaron que cometieron los ilícitos porque seguían instrucciones de su padre. Martinelli acaba de ser enjuiciado y está a la espera de que la juez (que casualmente es Marquínez) anuncie su veredicto. La sentencia del juez Dearie es una de las pruebas que la Corte de Distrito de Brooklyn aportó a la Fiscalía Anticorrupción y que ahora está en manos de la CSJ. Entre los hechos atribuidos y admitidos por los hermanos Martinelli están las transferencias que Odebrecht realizó entre los años 2009 al 2015 (coincidiendo con el mandato presidencial de su padre) utilizando cuentas a nombre de sociedades instrumentales como Klinfeld Services LTD, Constructora Internacional del Sur, S.A, Select Engineering Consulting and Services Inc., Aeon Group, Baxley Assets inc., Hadar Assets Inc, Odira Holding, Innovation Research Engineering and Development y Trident Inter, entre otras. También las autoridades obtuvieron información de Suiza en la que se reflejan pagos a Kadair Investment Ltd por parte de sociedades manejadas por los operadores de Odebrecht, por montos entre los $1.5 millones y $3.1 millones. Así mismo, se citan las declaraciones de los colaboradores brasileños Olivio Rodrigues y Fernando Migliaccio, ambos operadores de la Oficina de Operaciones Estructuradas, así como de André Rabello, antiguo intendente de Odebrecht en Panamá. Rabello incluso señaló que los hijos del Martinelli Berrocal eran sus lobistas y que la relación empezó incluso antes de que el padre tomara posesión como gobernante. Varela y las ‘donaciones’ A Varela se le investiga por los dineros que Odebrecht transfirió a cuentas a nombre de V-Tech, y Poseidón Enterprises, ambas sociedades controladas por Jaime Lasso, quien recogía donacionens para la campaña del Partido Panameñista. Los dineros luego eran desviados a la Fundación Don James, antes de ser entregados a su beneficiario final, que era Varela. Según la investigación, estos fondos fueron recibidos en concepto de aporte o donaciones para la campaña política. La declaración de Rabello reveló que Lasso actuaba como lobista y que le presentó algunos ministros y personas relacionadas con el Panameñista. Lasso también fue enjuiciado y, como Martinelli, está esperando que se dicte sentencia. Además de la intensa lucha política del oficialismo por el control de la Defensoría del Pueblo en la Asamblea Nacional, surge una interrogante clave: ¿qué hay detrás del interés por dominar una entidad cuya misión es la defensa de los derechos ciudadanos? Todo apunta al peso de sus recursos: un presupuesto que supera los $7 millones y una planilla de más de 250 funcionarios, con salarios que oscilan entre los $800 —como el de una secretaria— y los $7 mil que percibe el defensor del pueblo, lo que convierte a la institución en un espacio de influencia administrativa y política, más allá de su mandato constitucional. Con la llegada de una figura cuestionada por algunos de sus fallos, como la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, Ángela Russo, tras ser escogida esta semana por la Asamblea Nacional con 37 votos, la Defensoría del Pueblo inicia una nueva etapa. El presupuesto Las cifras presupuestaRusso administrará más de $7 millones y una planilla de 250 funcionarios DEFENSORA DEL PUEBLO rias de la entidad reflejan una tendencia fluctuante en los últimos años. Para 2026, la institución cuenta con una asignación de $7.2 millones, una reducción frente a los $7.9 millones de 2025 y los $8 millones registrados en 2024. En años anteriores, el presupuesto se situó en 7.8 millones en 2023 y 7.6 millones en 2022, lo que evidencia ajustes progresivos a lo largo del tiempo. De ese monto correspondiente a 2026, unos $7 millones están destinados a gastos de funcionamiento, mientras que apenas $200 mil se asignan a inversión. Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Angela Russo fue elegida como Defensora del Pueblo tres meses después de dejar la Corte Suprema. Archivo Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama
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