2A La Prensa Panamá, miércoles 8 de abril de 2026 ¿Quién era la persona que murió en el siniestro bajo el Puente de las Américas?Esto es lo que se sabe hasta ahora. Se llamaba Jeyner Treminio, tenía 40 años y era de Nicaragua. Según medios de ese país, nació en Santa María de Pantasma, un municipio del departamento de Jinotega. Era trabajador de la empresa Environmental Solutions Development, Inc., compañía que, según Panama Oil Terminals, S.A. (POTSA), había subarrendado un área dentro de su concesión en el sector de La Boca, en Balboa. Esta sociedad se dedica al manejo de desechos y fumigación dentro o fuera de los recintos portuarios. De acuerdo con Víctor Álvarez, director del Cuerpo de Bomberos de Panamá, Treminio quedó atrapado entre camiones cisternas que contenían combustible con una capacidad estimada de entre 5,000 y 10,000 galones cada uno. Al menos 75 miembros del Cuerpo de Bomberos participaron en las labores de extinción. Se enfrentaron a condiciones complejas por el riesgo de nuevas explosiones y la intensidad del fuego. El nicaragüense no fue la única víctima. Dos bomberos resultaron con quemaduras, pero están fuera de peligro. ‘Eramipapá’ “Era mi papá, amaba a sus hijas y ahora una niña de cinco años no sabe que su padre murió. Nosotros ni siquiera podemos ver sus restos para darle cristiana sepultura. Y aún peor, no sabremos si habrá justicia por su muerte”, escribió una mujer en las redes sociales de un medio nicaragüense. Una inspección del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) determinó que Treminio no contaba con permiso de trabajo vigente. La ministra Jackeline Muñoz calificó de “inaceptable” la muerte del trabajador. “La seguridad laboral no es opcional. Ninguna operación, contrato o negocio puede estar por encima de la vida de un trabajador”, escribió en Instagram. Informó además que la persona carecía de permiso de trabajo desde 2021. “Esto no es un error. Es una falla grave de cumplimiento de la empresa”, añadió. Cuando sonó la alarma La alarma sonó en el CuerQuién era el trabajador que murió en la explosión po de Bomberos a las 4:12 p.m. del lunes 6 de abril. Era el primer día laboral después del asueto de Semana Santa. El equipo se movilizó a la zona junto a los de otras entidades de gobierno, entre ellos el Sistema de Protección Civil. La vía se cerró duramente 40 minutos, abrió nuevamente, para luego cerrarla hasta el martes en la tarde. ‘Logre contar cinco explosiones’ Kathyland Navarro, vicerrectora de la Universidad Marítima de Panamá, centro educativo ubicado en la zona del siniestro, relató a los periodistas que primero observaron “un pequeño fuego entre dos cisternas”, pero que el incendio escaló rápidamente. “Logré contar cinco explosiones”, narró. De inmediato comenzaron a evacuar la universidad. Luego del suceso, el Ministerio Público, institución a cargo del procurador Luis Carlos Gómez Ruddy, abrió una investigación de oficio para determinar las causas del siniestro y establecer posibles responsabilidades, a través de la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana. Mientras tanto, la Policía Nacional informó que luego del hallazgo de un cuerpo sin vida en el área del incendio, la Dirección de Investigación Judicial en coordinación con el Ministerio Público, comenzó las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades. El Ministerio de Obras Públicas, entidad en manos del ministro José Luis Andrade, ordenó pruebas de patología forense al puente para evaluar su estado estructural. La vía se abrió nuevamente en la tarde de ayer, pero con restricciones para algunos vehículos. El área concesionada a POTSA, donde ocurrió la explosión, el lunes. Gabriel Rodríguez Vínculos, concesiones y origen del siniestro en el puente de las Américas Mónica Palm [email protected] Eliana Morales Gil [email protected] INVESTIGACIÓN Mientras POTSA atribuye el siniestro a un supuesto subarrendatario, salen a flote dudas sobre la legalidad de terceros operando dentro de una concesión estatal ya bajo cuestionamientos. El Panama Oil Terminals, S.A. (POTSA), la empresa involucrada en la explosión que provocó el cierre del Puente de las Américas, señaló como responsable del siniestro a un “cliente” al que supuestamente había subarrendado un área dentro de su concesión. Se trata de Environmental Solutions Development, Inc., la cual se dedica al manejo de desechos y fumigación dentro o fuera de los recintos portuarios. Esta sociedad tiene una licencia de operación desde el año 2014, según los registros de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), y está ubicada “en las instalaciones de POTSA, La Boca, corregimiento de Ancón, provincia de Panamá”, donde el pasado lunes explotaron tres camiones cisternas, provocando la muerte de un trabajador. Estas instalaciones corresponden al antiguo patio de tanques de combustible en Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico), que por un tiempo operó la empresa Atlántico Pacífico, S.A. (APSA). Su ubicación es envidiable, ya que permite almacenar hasta 3.3 millones de barriles de fuel oil y diésel a ambos lados del Canal de Panamá. El gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) endosó esa concesión, por la vía directa, al consorcio griego Aegean Oil Terminals. El 27 de junio de 2011, el contrato fue firmado por el entonces administrador de la AMP, Roberto Linares (que ahora es ministro de Desarrollo Agropecuario), y el griego Tehodoros Motsenigo, actuando como representante legal de Aegean. El documento fue refrendado por la contralora de aquella época, Gioconda de Bianchini. A cambio, Aegean se comprometió a pagar un canon fijo que representa un total de $19.8 millones durante toda la vigencia del contrato, el cual expira el 27 de junio de 2031, aunque la AMP lo suspendió después del siniestro con los cisternas. Según el contrato, el pago del canon fijo era mensual; empezó en $50,000 y tenía un incremento de 5% anual. Una fuente contó que la empresa había dejado de pagar y que la deuda acumulaba $4.3 millones. El último pago lo hizo en 2023. Cambios, nombres y viejos conocidos El 6 de marzo de 2013, Aegean pasó a llamarse Panama Oil Terminals o POTSA, como todo el mundo la conoce ahora. POTSA es una subsidiaria de Global Oil Management Group LLC, un holding controlado por Harry Sargeant III, un poderoso magnate estadounidense del sector energético y el transporte marítimo, e importante donante del partido Republicano. Sargeant III también mantiene vínculos con la industria petrolera venezolana, aunque en febrero pasado, el presidente Donald Trump desmintió que fuera un enviado de Estados Unidos para reactivar ese sector, luego de la captura de Nicolás Maduro. Con la llegada de los estadounidenses empezó una sucesión de figuras en el cuerpo de dignatarios y directores de POTSA. Los griegos dejaron de figurar en las principales posiciones y en su lugar ahora estaban Luis Carlos Vidal (presidente), Luis Enrique Esquivel Gólcher (secretario) y una sociedad denominada Springfield World Limited (tesorero). El 11 de diciembre de 2013, Esquivel renunció y fue reemplazado por Omar Antonio Guerra Pérez. Dos años después, el 23 de diciembre de 2015, Carlos Fernández, Otto Reich y Thomas Steigerwald fueron designados presidente, secretario y tesorero, respectivamente. También apareció el abogado Miguel Miranda como agente residente. Carlos Fernández es el director para América Latina y el Caribe de Global Oil Management Group. Reich, que fue subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental en el mandato de George W. Bush, estuvo en ese cargo casi cuatro años. El 20 de enero de 2020 se registró su renuncia. Fue sustituido por Harry Sargeant IV, el hijo del fundador de Global Oil Management Group. Reich no se alejó por mucho tiempo y regresó a POTSA el 31 de agosto de 2020 para reemplazar al hasta entonces tesorero Thomas Steigerwald. A partir de 2024, se hizo visible la presencia del abogado Edgar Iglesias Constantino. Iglesias y su conexión con Btesh Iglesias fue agente residente de Grand Bell International, S.A., una sociedad que tiene un contrato para construir y subarrendar bodegas en la terminal de carga del Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. (AITSA). Grand Bell obtuvo esa concesión el 2 de abril de 2012, cuando Iglesias era gerente de Asesoría Legal de AITSA en el gobierno de Martinelli. La suscriptora de Grand Bell es Ailedsabel González, una abogada muy cercana a Gabriel Gaby Btesh. Iglesias logró que, en julio de 2024, poco después de la toma de posesión de José Raúl Mulino, se le designara como subgerente de AITSA. Poco duró en el cargo; apenas 9 días. Fue destituido, precisamente, cuando se descubrieron sus nexos con Grand Bell. Las primeras tareas de Iglesias con POTSA fueron haciendo gestiones en su nombre y representación, protocolizando actas ante notario y realizando inscripciones en el Registro Público. Finalmente, el 27 de enero de 2025, fue designado tesorero. Otto Reich pasó entonces a figurar como secretario, aunque el 29 de diciembre de 2025 se formalizó su salida (por segunda vez…) de la sociedad. Con la salida de Reich, Jarvis León se incorporó como director. Estos son los últimos cambios que aparecen inscritos. ¿Quién es el ‘cliente’ de POTSA? Sobre Environmental Solutions Development, la sociedad tiene como agente residente a la firma Infante Pérez Almillano (IPAL), a la que pertenece el canciller Javier Martínez Acha y el embajador de Panamá en España, Héctor Infante. Ambos están en licencia. Sus directivos y dignatarios son Marleen Páez Denis, Nelly Esther Bryan Estrada y Marta Samaniego Socorro, como presidenta, secretaria y tesorera. Se desconocen los términosdelcontratodesubarrendamiento que Environmental Solutions supuestamente pactó con POTSA para operar en Balboa. La AMP no ha dicho nada al respecto, pero en el contrato de 2011 consta que POTSA está obligada a informar sobre cualquier acuerdo suscrito “con terceras personas” que guarde relación con el uso de sus instalaciones. En un comunicado, POTSA reconoció que el contrato de subarrendamiento de tanques y otras áreas operativas que mantiene con Environmental Solutions, es en el marco de la concesión de 2011 suscrita con la AMP. La Prensa conoció que, el año pasado, la AMP habría iniciado el proceso para rescindir el contrato de POTSA, precisamente al detectar la presencia de terceros en el área de concesión sin su consentimiento. Así quedaron dos de los camiones cisterna. Gabriel Rodríguez Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama
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