1A La Prensa Panamá, viernes 13 de marzo 2026 El medio libre de Panamá 75¢ Viernes 13 de marzo de 2026 - Año 45 - Nº 15319 Hoy por hoy Hace apenas unos meses el país atravesó un intenso debate para reformar la ley de la Caja de Seguro Social (CSS). Aquella discusión era necesaria para preservar la sostenibilidad de una institución que sostiene el sistema de protección social de millones de panameños. Sin embargo, mientras el país intenta dejar atrás ese episodio, nuevas revelaciones muestran que la crisis de la CSS no es solo financiera: también es institucional. El propio director de la entidad ha descrito un panorama alarmante: pensiones fraudulentas, manipulación de sistemas informáticos, desaparición de medicamentos controlados y redes internas que afectan el abastecimiento de fármacos esenciales. Particularmente inquietante es el esquema que habría permitido sacar medicamentos de las instalaciones para su posterior recuperación fuera de los centros médicos, provocando desabastecimiento. Múltiples denuncias ya han sido remitidas al Ministerio Público, que tiene la responsabilidad de investigarlas con la urgencia que el caso amerita. Panamá acaba de atravesar una reforma dolorosa para salvar la CSS. Pero si la corrupción sigue perforando la institución desde dentro, cualquier reforma corre el riesgo de quedar incompleta. Cuando Belisario cruzó el Atlántico 9A La espera terminó 6B Deportes Panorama Reforma al derecho a réplica afecta al periodismo 4A Economía El Canal revela fecha para adjudicar puertos y gasoducto 3B AN: $12.1 millones para planilla y reparaciones Eliana Morales Gil [email protected] FONDOS PÚBLICOS El presupuesto del Órgano Legislativo se eleva ahora a $110.8 millones, reabriendo el debate sobre el crecimiento recurrente del gasto legislativo. Los fondos salen del MEF. La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional (AN) aprobó un traslado de partida de $12.1 millones al Legislativo para cubrir salarios de personal transitorio y realizar trabajos de infraestructura. Con esta decisión, el presupuesto de la institución Cosco Shipping aclara que no abandonará Panamá La naviera estatal china Cosco Shipping Lines suspendió operaciones en el puerto de Balboa, pero aseguró que no abandonará Panamá. La empresa afirma que se trata de un ajuste operativo dentro de su red portuaria. VEA 1B ATTT examina concesión del revisado vehicular Nuevo liderazgo iraní insiste en que el estrecho de Ormuz seguirá cerrado La ATTT ordenó una evaluación interna del contrato para digitalizar el revisado vehicular, adjudicado en 2022 a 3Tech Latin America, tras revelaciones periodísticas que vinculan al empresario Jean Paul De El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, aseguró en un mensaje en video, difundido por la televisión estatal sin que apareciera públicamente, que su país mantendrá el bloqueo del estrecho de Ormuz para presionar a Estados Unidos e Israel. Por este estrecho transita cerca de una quinta parte del petróleo que se comercializa en el mundo. Tras este mensaje, el petróleo intermedio de Texas (WTI) -de referencia para Panamá- subió un 9.72%, hasta situarse en 95.73 dólares el barril. VEA 2B La telaraña de la CSS: medicinas robadas, pensiones fraudulentas y venta de citas El director Dino Mon sigue revelando un panorama preocupante dentro de la Caja de Seguro Social: irregularidades internas que afectan recursos públicos y golpean directamente la atención a los pacientes.. VEA 6A Gremio empresarial Cámara de Comercio elige nuevo presidente El empresario Aurelio Barría Pino (a la derecha) fue elegido anoche presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) para el período 2026-2027. Barría Pino reemplazará en el cargo al actual presidente Juan Arias (a la izquierda) y asumirá formalmente la presidencia del gremio empresarial el 8 de abril de 2026. Al agradecer la confianza de la membresía, afirmó que el sector empresarial enfrenta “retos que pondrán a prueba nuestra capacidad como empresarios, directores de gremio y ciudadanos responsables”. Cortesía pasa de $98.7 millones a $110.8 millones. El presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, explicó que $10.36 millones se destinarán a gastos de funcionamiento, principalmente para pagar a funcionarios que trabajaron varios meses sin salario. También se asignaron $1.7 millones para reparaciones urgentes en el Palacio Justo Arosemena. VEA 2A Janon, familiar político del exvicepresidente Gaby Carrizo, como inversionista en el proyecto tecnológico. La entidad analizará si el proceso administrativo cumplió con los procedimientos establecidos o si existen actos que deban corregirse o incluso anularse. VEA 5A UI UNIDAD INVESTIGATIVA Fuente: Asamblea Nacional elaborada por IA/OpenAi
2A La Prensa Panamá, viernes 13 de marzo 2026 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ordenó la suspensión provisional del aumento en las tarifas de los planes de telefonía celular anunciados por las empresas Cable & Wireless Panamá (Más Móvil) y Tigo Panamá. Esto, como parte de una investigación administrativa que lleva adelante por la presunta comisión de prácticas monopolísticas. Según la entidad, la medida aplica para los planes prepago como pospago que habían sido implementados y que se mantienen vigentes durante este 2026. Acodeco fundamenta sus decisión en lo establecido en el artículo 105 de la Ley 45 de 2007 y el artículo 27 del Acodeco ordena suspender aumento en tarifas móviles de Más Móvil y Tigo CONSUMIDOR Decreto Ejecutivo 8-A de 2009, que regulan las normas de libre competencia y protección al consumidor en Panamá. La entidad advirtió que si las empresas telefónicas aplican el aumento durante la suspensión, los usuarios podrán presentar las denuncias a través de la línea 311 y el correo [email protected]. De comprobarse alguna irregularidad, dijo la Acodeco, las compañías podrían enfrentar sanciones por desacato. La investigación de Acodeco se produce luego de una solicitud que presentó la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP). De acuerdo a la ASEP, se han implementado incrementos de precios en los últimos años en planes asociados a los servicios de internet residencial, telefonía móvil pospago, telefonía fija y televisión pagada, situación que ha generado inquietud y malestar entre los usuarios. Resaltó que el mercado de telecomunicaciones en Panamá está diseñado bajo un esquema de libre competencia, por lo que las empresas telefónicas pueden fijar sus precios conforme a las reglas del sector. Sede del Palacio Justo Arosemena Archivo La Asamblea se aprueba $12.1 millones para planilla transitoria Eliana Morales Gil [email protected] José González Pinilla [email protected] FONDOS PÚBLICOS El traslado de $12.1 millones aprobado por la Comisión de Presupuesto eleva el presupuesto del Legislativo a $110.8 millones para cubrir planilla transitoria y atender urgencias estructurales. La Asamblea Nacional se aseguró recursos para sí misma. La Comisión de Presupuesto dio luz verde a un traslado de $12.1 millones para pagar salarios de personal transitorio y ejecutar trabajos de infraestructura en los edificios del Legislativo. Jorge Herrera, presidente de ese poder del Estado, fue personalmente a la comisión y sustentó que se trata de una medida para garantizar la estabilidad administrativa y la funcionalidad del órgano que dirige. Luego de varias horas de preguntas y respuestas, la comisión aprobó el traslado con 14 votos a favor. Se trata de un traslado interinstitucional, es decir, los fondos saldrán del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Justo Botacio, subdirector de Presupuesto de la Nación, explicó que originalmente la Asamblea solicitó $57 millones, pero que se le aprobó una asignación de $12.1 tras un análisis de las necesidades prioritarias. Con el traslado aprobado, el presupuesto de la Asamblea pasa de $98.7 millones a $110.8 millones. La mayor parte: planilla transitoria El grueso del dinero, $10.36 millones, cubre gastos de funcionamiento. Allí aparece uno de los puntos más importantes: el personal transitorio, conocido como planilla 002. Herrera explicó que la medida busca pagar a funcionarios que, según dijo, llevan entre 10 y 20 años de servicio y trabajaron los primeros meses del año sin salario por falta de recursos asignados. “Cuando hablamos de personal transitorio no hablamos de nuevas contrataciones masivas ni estructuras paralelas”, argumentó. Según el presidente del Legislativo, muchos de estos trabajadores enfrentan dificultades para acceder a crédito o cumplir con compromisos básicos. Dietas y combustible Dentro del mismo paquete aparecen $260 mil para dietas y $500 mil para combustible de los diputados. Herrera explicó que ambos rubros responden a obligaciones que el presupuesto original no cubrió por completo. La diputada Janine Prado, de la bancada independiente Vamos le pidió que explicara a cuánto asciende el salario de un diputado y si las dietas y el combustible están incluídos en ese monto. El presidente de la Asamblea respondió que el salario de un legislador es de $7,000, aunque tras los descuentos legales reciben $5,600. Esa cifra, añadió, ya incluye las dietas y el combustible. Un palacio con alarmas que no funcionan El traslado también destinará $1.7 a inversiones que, según Herrera, resultan urgentes para evitar riesgos en el Palacio Justo Arosemena. Manifestó que los informes técnicos describen un edificio con problemas visibles: el sistema contra incendios no funciona, el palco de prensa del pleno está deteriorado, los paneles eléctricos registran sobrecargas constantes y las filtraciones y daños afectan el cielo raso de la plazoleta del edificio nuevo y el sistema de bombas. “Encontramos un deterioro que exige intervención inmediata”, recalcó Herrera en la comisión que el jueves tenía más público de lo usual: funcionarios, asesores, diputados y otros. Prometió que las obras pasarán por licitación pública y contarán con asesoría técnica de la Universidad Tecnológica de Panamá y de la Cámara Panameña de la Construcción. Las preguntas técnicas La diputada Prado tomó la palabra con una batería de preguntas técnicas sobre ejecución presupuestaria, infraestructura y personal. Prado observó que la ejecución del presupuesto apenas alcanzaba 13.5% en febrero de 2026 y pidió explicaciones sobre el flujo de dinero que llega desde el MEF. También puso la lupa sobre la planilla. Según sus cifras, la administración anterior entregó la Asamblea con 4,586 funcionarios, mientras que a diciembre de 2025 la cifra llegó a 5,718, un aumento de más de 1,200 empleados. Herrera, quien tomó las riendas del Legislativo el 1 de julio de 2025, respondió que cada uno de los 71 diputados puede nombrar personal en su despacho, con un límite de 20 colaboradores o $20 mil en salarios. “No hablamos de planillas nuevas, sino de renovaciones de contratos de seis meses”, agregó. Prado también preguntó por las Oficinas de Participación Ciudadana, creadas en administraciones pasadas. Herrera confirmó su cierre. Según explicó, el personal, en su mayoría con carrera legislativa, pasó a otras instituciones mediante convenios para apoyar programas sociales, incluso en escuelas. Pagos hasta junio El diputado Francisco Brea, del Partido Panameñista y copartidario de Herrera, primero destacó que el presidente de la Asamblea acudiera personalmente a sustentar el traslado. “No es común ver al presidente de la Asamblea dar la cara en estos temas”, comentó. Luego preguntó si el traslado garantizaría el pago de salarios hasta el final del periodo legislativo. “Con esta aprobación aseguramos los pagos del personal fijo y transitorio hasta el 30 de junio”, manifestó Herrera. También explicó que los funcionarios cubiertos por el traslado trabajan tanto en los despachos de diputados como en las 107 divisiones administrativas de la Asamblea. La plata no alcanza En medio del debate, Herrera lanzó otra crítica: el presupuesto aprobado para la Asamblea. Según explicó, el Legislativo opera con $98.7 millones, pero la institución necesita entre $150 y $160 millones para cubrir su funcionamiento real. “El presupuesto actual es irreal”, afirmó. Una vez más recordó que en diciembre pasado la institución logró ahorros por $21 millones gracias a ajustes administrativos. También insistió en que eliminó algunos privilegios internos, como alquileres de autos y gastos de combustible personal en la presidencia. El espaldarazo de los colegas Durante la sesión, varios diputados cerraron filas en defensa de la gestión de Jorge Herrera. Los legisladores insistieron en que la institución enfrenta críticas constantes y pidieron proteger tanto la estabilidad del órgano legislativo como a su personal. Discursos apasionados, salpicados de reproches y alusiones veladas, marcaron la recta final del debate. Benicio Robinson hijo, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), recordó que su bancada no respaldó inicialmente la elección de Herrera, pero afirmó que hoy respalda su gestión “por el bien común”. Al mismo tiempo lanzó una crítica directa a quienes, según dijo, utilizan a la Asamblea para obtener réditos políticos. “Hay quienes usan a la Asamblea como papel higiénico para ganar protagonismo”, sostuvo. Robinson también defendió a los funcionarios legislativos. Señaló que muchos trabajaron durante años para sostener la labor parlamentaria y rechazó que se les descalifique con términos como “botellas” o “vagos”. “Son panameños que han trabajado para que los diputados ocupemos nuestras curules”, añadió. En la misma línea, Luis Eduardo Camacho, del partido Realizando Metas (RM), recordó que los colaboradores pertenecen a la institución y no al presidente de turno. “Algunos creen que la única manera de lucir es desluciendo otra cosa”, afirmó, antes de advertir que la Asamblea suele convertirse en “rehén” de decisiones financieras que toma el Ejecutivo. El discurso de Manuel Cohen, de Cambio Democrático fue el más incendiario. El diputado calificó como una “vergüenza” que el Legislativo tenga que operar con recursos que, a su juicio, no cubren sus necesidades reales. Según planteó, la institución requiere más de $50 millones adicionales, mientras que el traslado aprobado apenas supera los $12 millones. Cohen también arremetió contra lo que describió como la búsqueda de “taquilla” mediática en el debate público. Pidió a Herrera que no ceda a presiones para reducir personal. “No se dé tantos golpes en el pecho reduciendo planillas, porque cada vez que injustamente se reduce una planilla se afecta la economía de gente que necesita vivir y son panameños”, expresó. El diputado añadió que varios trabajadores han pasado meses sin cobrar salario y, ante esa situación, muchos terminan recurriendo a prestamistas con altos intereses para cubrir gastos básicos mientras esperan el pago de sus ingresos. Y así, después de horas de preguntas y discursos encendidos, Herrera se fue con los millones aprobados. Eduardo Vásquez lidera la Comisión de Presupuesto. Archivo Jorge Herrera, presidente de la Asamblea. Archivo
3A La Prensa Panamá, viernes 13 de marzo 2026
4A La Prensa Panamá, viernes 13 de marzo 2026 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] CHAMA. El director encargado del Idaan, Luis Santanach, ha tenido a bien hacerse acompañar de una venezolana cuando asiste a reuniones de trabajo. Eso no tendría nada de malo, excepto que la joven es conocida por representar a una empresa contratista de la institución. Ojalá que este triángulo lo aclare el propio director antes de que seamos nosotros quienes revelemos el nombre y de que la Antai tome nota. TVL. Sobre el proyecto que modifica el derecho a réplica, ¿eso aplicará también a la televisora de la Asamblea como medio de comunicación? Dentro de su programación, ¿qué “prominencia” le van a dar a todas esas réplicas que podrían generarse cada vez que un diputado miente o insulta desde su curul? REJAS. Al detenido exdirector de Pandeportes, Héctor Brands, le podrían cambiar la detención provisional por una medida cautelar menos severa, alegando supuestos problemas de salud. Su nueva abogada es una de las figuras más vistosas del entorno del loco. PADRINO. El pleno legislativo aprobó en tercer debate un proyecto que declara la dramatización de la Semana Santa Viviente de Pesé como un evento folclórico nacional y crea su patronato. El proponente es el diputado Popi Varela. Después vendrán la feria del Seco y la de la tortuga. AFÁN. Ayer, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea aprobó Los nueve diputados de la Comisión de Gobierno votaron a favor de la propuesta. Elysée Fernández Derecho a réplica aviva debate entre diputados y gremios periodísticos Ohigginis Arcia jaramillo [email protected] COMISIÓN DE GOBIERNO Para los gremios periodísticos, además de que el tema ya está regulado, el proyecto plantea riesgos para la libertad de expresión al incidir en cómo los medios publican información. La propuesta legislativa que reforma el derecho a réplica en los medios de comunicación, aprobada por unanimidad en primer debate en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, ha encendido las alarmas en el sector periodístico y reabierto un debate sensible sobre los límites entre la regulación y la libertad editorial. Diversos grupos, como el Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información y el Consejo Nacional de Periodismo (CNP), advirtieron que la iniciativa no solo toca un tema que ya se encuentra regulado en la legislación vigente a través de la Ley 22 de 2005, sino que además podría abrir la puerta a nuevas formas de intervención en el delicado funcionamiento editorial de los medios de comunicación. Para estos sectores, el proyecto de ley (que lleva el número 391) plantea posibles riesgos para las libertades de expresión y de prensa al establecer disposiciones que, según sostienen, podrían incidir directamente en la forma en que los medios publican, corrigen o responden a las informaciones difundidas, un terreno donde cada palabra suele pesar tanto como el silencio. Pero, ¿cuál fue la motivación de algunos diputados de la Comisión de Gobierno para darle el visto bueno a esta propuesta y qué esperan en el segundo debate? La diputada de la coalición Vamos, Janine Prado, explicó que su posición frente al proyecto de ley que reforma el derecho a réplica estuvo marcada por los cambios que ha experimentado el ecosistema mediático en las últimas dos décadas, un periodo en el que la forma de comunicar también cambió de ritmo. Cambios en la comunicación Ante la consulta de este medio, Prado señaló que en los últimos 21 años el mundo de la comunicación ha sufrido transformaciones profundas, especialmente por la expansión de los medios digitales, un fenómeno que —según sostuvo— obliga a revisar el marco legal vigente para adaptarlo a las nuevas dinámicas informativas. En ese contexto, la diputada quiso saber cuál era la opinión de los medios de comunicación. Ni un gremio emitió concepto (favorable o no) al proyecto de ley presentado por el diputado Ernesto Cedeño, como suele ocurrir cuando un proyecto en discutido en primer debate. Cedeño respondió que se había cursado invitación a diversos gremios y organizaciones vinculadas al sector para conocer sus opiniones, pero que —según su versión— nadie respondió. Guido Rodríguez, que es parte de la junta directiva del Fórum, recalcó que Cedeño nunca les consultó sobre el tema. Prado insistió en que el proceso legislativo aún ofrece espacio para ampliar la discusión. A su juicio, en el segundo debate (cuando todavía se podrían introducir modificaciones) debe garantizarse la participación de todas las partes involucradas, en particular de los sectores vinculados al periodismo y a los medios de comunicación. “Los proyectos de ley se fortalecen cuando escuchamos a todos los sectores”, sostuvo la diputada, al abogar por un debate más amplio antes de la aprobación definitiva de la propuesta. Mientras tanto, el diputado Roberto Zúñiga, también del movimiento Vamos, subrayó que el debate sobre la iniciativa debe darse en un ambiente democrático, donde se escuchen todas las posiciones, incluidas las críticas provenientes del sector periodístico. “Tiene todo el derecho a estar en contra del proyecto. Vivimos en democracia. Se tienen que escuchar las opiniones de todos”, afirmó, al tiempo que consideró fundamental que periodistas y gremios participen en la discusión legislativa para introducir los ajustes que sean necesarios. Durante la discusión en primer debate se introdujo un cambio específico: que el derecho a réplica tenga la misma “prominencia” con la que se difundió la información original. Según sostuvo Zúñiga, la modificación también busca aclarar el tema de la responsabilidad sobre los contenidos publicados, al señalar que la propuesta apunta a redefinir quién responde por la información difundida en los medios. No obstante, Zúñiga recordó que el proyecto aún se encuentra en una etapa inicial del trámite legislativo y que su contenido puede ser modificado en el segundo debate. Otras opiniones Este jueves en el pleno de la Asamblea, el diputado del movimiento Movimiento Otro Camino (Moca), Ernesto Cedeño, defendió la iniciativa al sostener que su propuesta no crea una figura nueva, sino que busca hacer efectivo un principio ya reconocido en la legislación panameña y en el artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Rodríguez, en el programa Cuarto Poder, de Telemetro, que conduce junto a Atenógenes Rodríguez, dijo que no conoce un solo caso en el que el medio de comunicación haya negado el derecho a réplica. Lo mismo declaró Jorge Molina, director (encargado) de La Prensa y presidente de Corporación La Prensa, S.A. (Corprensa). “No conozco de ningún caso que haya llegado a la Corte o los tribunales porque no se ha cumplido el derecho a réplica. La buena práctica periodística conlleva reconocer el derecho a réplica y ciertamente se respeta. Conforme viene planteado lo que se conoce del proyecto distorsiona el derecho a réplica y lo convierte en un mecanismo de facilitar situaciones conocidas como la postverdad o fake news”, señaló Molina. Agregó que el proyecto genera una situación desafortunada porque se ha avanzado en su discusión sin participación de los medios de comunicación. “A Corprensa, nadie la ha convocado a ese debate”, remarcó. Según explicó, el objetivo es garantizar que, cuando una persona sea afectada por una información inexacta, pueda ejercer una rectificación o réplica con la misma relevancia con la que se difundió la publicación original. Lo mismo hizo el diputado del partido Realizando Metas (RM), Luis Eduardo Camacho, presidente de la Comisión de Gobierno, quien respaldó el trámite del anteproyecto al subrayar que la iniciativa fue acogida de manera unánime por los miembros de esa instancia legislativa. Camacho aclaró que el proyecto no pretende “inventar” el derecho a réplica, ya establecido en la ley, sino introducir ajustes al procedimiento para hacerlo efectivo en la práctica. También criticó lo que calificó como interpretaciones erróneas difundidas en algunos medios y redes sociales sobre el contenido de la propuesta. Entre los cambios propuestos figura un nuevo criterio de visibilidad para las réplicas. Mientras la legislación vigente establece que la rectificación debe contar con el mismo espacio que la información cuestionada, la reforma añade que también deberá tener la misma prominencia, lo que implicaría garantizar un nivel similar de exposición o relevancia editorial. El proyecto también elimina una cláusula existente en la normativa actual que condiciona la extensión de la réplica a la “disponibilidad del medio”. En la versión reformada, ese criterio desaparece, lo que, según los gremios, reduce el margen de decisión editorial de los medios de comunicación. La Asamblea todavía no ha divulgado cómo quedó el texto modificado del proyecto 391, luego de su aprobación en primer debate el pasado 11 de marzo. Lo próximo será su incorporación en la agenda del pleno legislativo, para su discusión en segundo debate. un crédito adicional de $24.3 millones a favor de la Contraloría; el 90 % será destinado a gastos de funcionamiento. Todo la intervención del contralor Anel Flores — sustentación, preguntas y votación— transcurrió en menos de media hora. Queda la duda de si los diputados querían congraciarse con él o simplemente que se retirara rápido del lugar. $198.5millones costarán las dos etapas del Gorgas La construcción de la nueva sede del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (Icges), conocida como Nuevo Campus Gorgas, avanza tras superar varios contratiempos iniciales, con una inversión estimada de $198,455,650, informó el director del Icges, Nicanor III Obaldía, durante la presentación del informe de gestión 2025 ante la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional. El proyecto se desarrolla a un costado de la Ciudad de la Salud y se divide en dos fases: la primera, con un monto de $73,376,706, y la segunda, por $125,078,944. Según las autoridades, la primera fase registra un 18% de avance, y se proyecta que su construcción esté finalizada para cuando la entidad cumpla 100 años en el 2028. La obra es financiada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y contempla la construcción de un edificio de administración, laboratorios, una garita de seguridad y una caseta para el manejo de desechos peligrosos. La fase inicial también incluye seis edificios y cinco laboratorios, cuya construcción se proyecta finalizar para 2027. El consorcio encargado de la obra es GIA RM Gorgas, conformado por las empresas Constructora y Edificadora GIA+A, S.A. de C.V. e Ingeniería RM, S.A. La construcción de la segunda fase incluye un laboratorio de alta seguridad, un bioterio (instalación que alberga animales de laboratorio), una clínica de medicina tropical y espacios para ensayos clínicos, así como estacionamientos subterráneos con capacidad para 400 vehículos, entre otras instalaciones. INFRAESTRUCTURA Aleida Samaniego [email protected] La primera fase del Gorgas registra un 18% de avance. Cortesía/Minsa
5A La Prensa Panamá, viernes 13 de marzo 2026 El muelle construido en Isla Contadora por la empresa Marina Contadora Holding, presidida por Jean Paul De Janon. Días después de que la concesión para esta infraestructura fuera oficializada en Gaceta Oficial, De Janon fue nombrado inspector náutico en la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), la misma entidad que otorgó el contrato. Foto tomada de Marina Contadora (Instagram). ATTT investiga el contrato de revisado vehicular digital Ereida Prieto-Barreiro [email protected] La entidad analiza si en el proceso administrativo relacionado con la concesión directa (originalmente adjudicada a 3Tech Latin America Corp. en 2022) se cumplieron los procedimientos establecidos o si existen decisiones que deban corregirse, subsanarse e incluso anularse. La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) ha ordenado una evaluación interna para determinar si el contrato de digitalización del revisado vehicular cumplió con los procedimientos administrativos correspondientes, luego de revelaciones periodísticas de este medio que vinculan al empresario Jean Paul De Janon Arias, esposo de una prima hermana del exvicepresidente José Gabriel “Gaby” Carrizo, como inversionista en el negocio. La entidad analiza si en el proceso administrativo relacionado con la concesión directa (que originalmente fue adjudicada a 3Tech Latin America Corp. en el año 2022)secumplieronlosprocedimientos establecidos o si existen decisiones que deban corregirse, subsanarse e incluso anularse. “Estamos revisando, de acuerdo con la información publicada, si se cumplieron los procedimientos de forma correcta. Queremos determinar si existen actos administrativos que corregir, subsanar o anular”, indicó la institución por escrito, ante una consulta de La Prensa. Para ello, la ATTT informó que conformó un equipo interdepartamental encargado de examinar la documentación y las decisiones tomadas dentro del proyecto. El grupo está integrado por la Oficina de Asesoría Legal y las direcciones Administrativa y de Servicio y Control Vehicular. El ingreso al negocio La Prensa reveló que De Janon figura como “socio incidental” e inversionista en el proyecto tecnológico destinado a digitalizar el proceso del revisado vehicular. El contrato fue adjudicado en noviembre de 2022 a la empresa 3Tech Latin America, Corp., que obtendría $2.40 por cada revisado vehicular procesado a través de la plataforma digital. Sin embargo, pocos días después de firmada la concesión, el presidente de 3Tech Latin America, Eric Barrios, suscribió un acuerdo que incorporó como inversionista a la sociedad Panama Dynamics Int., vinculada a De Janon. A partir de ese momento, la comisión por cada revisado vehicular se dividiría: $1.30 para 3Tech y $1.10 para Panama Dynamics, es decir, casi la mitad de los ingresos del negocio. ‘No fue voluntario’ 3Tech Latin America firmó un acuerdo que permitió la entrada de Panama Dynamics bajo el argumento de que la compañía aportaría financiamiento para el desarrollo del proyecto. Según la versión de Barrios, la incorporación de Panama Dynamics al proyecto no fue “voluntaria”. No amplió ese señalamiento ni especificó si recibió presiones para asociarse a De Janon. El vínculo político Durante las conversaciones para integrar a Panama Dynamics al proyecto surgió además un elemento político. De Janon es esposo de María Carolina Carrizo Araúz, hija de Ignacio Carrizo, tío de Gaby Carrizo. De acuerdo con Barrios, ese vínculo familiar fue mencionado por el propio De Janon cuando la empresa inicialmente se resistía a aceptar a Panama Dynamics como socio en el contrato con la ATTT. Panama Dynamics Int. fue constituida en 2019. Entonces se llamaba Rent Contadora, S.A. y se dedicada al alquiler de carritos de golf y equipos en isla Contadora. Posteriormente, la sociedad cambió su nombre y terminó vinculada al desarrollo de la plataforma tecnológica para el revisado vehicular. Consultado sobre su participación en el contrato y el acuerdo con 3Tech, De Janon declinó referirse al tema, argumentando que el acuerdo interno entre las empresas se encuentra actualmente en un proceso de arbitraje. Lo del revisado vehicular con la ATTT no es la única concesión importante que controla De Janon. También tiene un contrato para el uso de fondo de mar con la Autoridad Marítima de Panamá (AMP). El contrato es a favor de Marina Contadora Holding, sociedad que él representa. Paralelamente, De Janon – siendo concesionario de la AMP– fue nombrado inspector náutico en esa entidad en 2020, cargo que, entre otras funciones, tiene la responsabilidad de fiscalizar las operaciones en puertos, marinas y muelles del país. De Janon se negó a precisar cuánto tiempo permaneció como empleado de la AMP, contratado bajo la administración de Laurentino Cortizo (2019-2024), en la que Carrizo se desempeñó como vicepresidente de la República y ministro de la Presidencia. UI UNIDAD INVESTIGATIVA
6A La Prensa Panamá, viernes 13 de marzo 2026 El director de la Caja de Seguro Social, Dino Mon, presenta su informe de gestión 2024-2025 en la comisión legislativa de Salud, Trabajo y Desarrollo Social. Captura de pantalla Ácido hialurónico, uno de los fármacos que escasea primero en la CSS Aleida Samaniego C. [email protected] PRESENTACIÓN DE INFORME El director de la CSS, Dino Mon, alertó sobre fallas y posibles irregularidades en el manejo de medicamentos, que incluirían el hurto de insumos y deficiencias en los controles de inventario. La situación, según dijo, afecta el abastecimiento en las farmacias Enquistada en las instalaciones de la Caja de Seguro Social (CSS) operaría una estructura irregular, tipo “telaraña” vinculada a la desaparición de medicamentos, de acuerdo con la información presentada por el director de la entidad, Dino Mon, durante la presentación de su informe de gestión 2025 ante la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional. Mon manifestó que algunos funcionarios estarían involucrados en el hurto de estos insumos, lo que afecta directamente el abastecimiento en las farmacias de la CSS, al tiempo que perjudica a los pacientes que dependen de estos tratamientos. El funcionario detalló que una de las prácticas detectadas consiste en desechar medicamentos en bolsas de basura dentro de las instalaciones. Posteriormente, estas bolsas son retiradas por personas en situación de calle, quienes recuperan productos que aún se encuentran en condiciones de uso. De acuerdo con Mon, esta situación fue identificada inicialmente en la provincia de Chiriquí; sin embargo, aseguró que el problema no es aislado y que se repite en distintos puntos de la red de atención de la CSS. Entre los medicamentos que mencionó como ejemplo se encuentra el ácido hialurónico, un polisacárido natural presente en la piel, las articulaciones y en el contorno de los ojos, fundamental para mantener la hidratación, la elasticidad y la firmeza de los tejidos. Este compuesto se utiliza en diversos tratamientos médicos, especialmente en terapias para las articulaciones y en procedimientos relacionados con la salud ocular. El director de la CSS indicó que el ácido hialurónico suele ser uno de los primeros productos en desaparecer de las farmacias de la institución, pese a que en las estimaciones de compra se contempla la cantidad necesaria para cubrir la demanda. “Cuando buscamos la razón, en las estimaciones confirmamos que compramos lo necesario. Entonces surge la pregunta: ¿por qué no lo tenemos? ¿Por qué se desabasteció antes de la fecha prevista para el próximo proceso de licitación?”, cuestionó Mon durante su exposición. Señaló que la institución busca enfrentar este problema mediante el uso de tecnología para fortalecer los controles en el manejo de los medicamentos. “Son temas que vamos a controlar únicamente con tecnología. Ya tenemos el SALMI (Sistema Informático de Administración Logística de Medicamentos e Insumos) y, con ese sistema, podremos saber qué entra y qué sale. Los sistemas anteriores estaban vulnerados; cualquier persona del área de sistemas podía modificar los inventarios. Sabíamos lo que salía del punto A, pero en el punto B no se registraba lo que llegaba”, detalló Mon. Añadió que estas fallas en los controles facilitan la desaparición de ciertos productos dentro de la red de salud, incluidos medicamentos para tratar la presión arterial, como el irbesartán y la amlodipina. “Obviamente, los medicamentos más sensibles son los primeros que se pierden”, afirmó. Las declaraciones del funcionario vuelven a poner sobre la mesa el debate sobre los controles internos en la institución y los mecanismos de supervisión en la cadena de manejo de medicamentos, un tema que durante años ha generado preocupación entre pacientes, personal médico y autoridades. Dentro de la CSS se han detectado diversos esquemas de corrupción que incluyen pensiones fraudulentas, manipulación de sistemas informáticos y venta ilegal de citas médicas. Entre los casos más graves se encuentra la aprobación irregular de 52 jubilaciones, con un impacto económico superior a 10 millones de dólares, mediante la alteración de registros y la creación de relaciones laborales inexistentes. También se investigan irregularidades en el manejo de medicamentos, como la desaparición de 19 mil ampollas de fentanilo en 2022. Además, se identificaron manipulaciones en el Sistema de Ingresos y Prestaciones Económicas (SIPE) para borrar deudas de empleadores y generar créditos indebidos, lo que podría afectar los aportes de los trabajadores. A esto se suma la existencia de redes dedicadas a la venta ilegal de citas médicas, que cobraban hasta 125 dólares por turnos con especialistas. Ante estas irregularidades, la CSS ha implementado herramientas tecnológicas como el sistema SALMI y ha solicitado investigaciones para identificar a los responsables. En ese sentido, Mon indicó que la institución está a la espera de los resultados de las investigaciones, luego de haber entregado al Ministerio Público toda la información que calificó como “material fértil” para iniciar las indagaciones. Control de inventario Un experto en ingeniería industrial consultado explicó que la gestión de inventario de medicamentos requiere controles “estrictos porque se trata de productos sensibles, con fecha de vencimiento, alto costo y riesgo de robo”. El especialista agregó que “para evitar sobreprecios, robos y desabastecimiento, se debe aplicar un sistema de control basado en principios de logística, auditoría interna y sistemas de información dentro del campo de la gestión de inventarios y la auditoría interna”. Por su parte, Ivonne Torres Atencio, directora del Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, explicó que el ácido hialurónico tiene múltiples aplicaciones tanto en medicina estética como en tratamientos terapéuticos, entre ellos, relleno facial para la corrección de arrugas y surcos, como los nasogenianos y las llamadas líneas de marioneta. También se usa para dar volumen a zonas como los labios, los pómulos y el mentón, y puede emplearse para mejorar la hidratación profunda de la piel y en procedimientos de rejuvenecimiento facial. Torres Atencio mencionó que el ácido hialurónico también tiene usos específicos en procedimientos como la rinomodelación, el tratamiento de ojeras hundidas o incluso la corrección de deformaciones en el lóbulo de la oreja ocasionadas por el uso prolongado de aretes pesados. En el ámbito médico, explicó que este compuesto también se utiliza en tratamientos terapéuticos conocidos como viscosuplementación, que consiste en la aplicación del producto en articulaciones para aliviar el dolor y mejorar la movilidad en pacientes con artritis u otras afecciones articulares. La creación de un seguro médico privado para los trabajadores de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), fue solicitada a los diputados por administrador de la entidad, Ovil Moreno. La petición fue presentada por Moreno durante la sustentación de la memoria anual ante la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, tras el grave accidente que dejó a dos funcionarias del equipo de barrido con heridas de consideración. Moreno recordó el accidente registrado el pasado 5 de marzo, cuando un autobús atropelló a Yadira Pinto y Eusebia “Cheva” de Suárez, dos trabajadoras de aseo que cumplían su jornada laboral. En el caso de Pinto, sufrió una fuerte herida en la cabeza que requirió 13 puntos de sutura y posteriormente fue dada de alta. Sin embargo, la situación de “Cheva” de Suárez es crítica, ya que permanece en coma desde el día del accidente, además de haber sufrido dos infartos y dos episodios de isquemia, según relataron sus familiares. Ante este panorama, Moreno pidió a los diputados respaldar una iniciativa que garantice una atención médica más rápida y digna para el personal de aseo, quienes —afirmó— enfrentan riesgos constantes en las calles. “El personal de la Autoridad de Aseo sale a la calle todos los días, como los policías. Ellos limpian la ciudad desde la madrugada para que Panamá amanezca limpia y muchas veces quedan expuestos a conductores que circulan a alta velocidad sin tomar precauciones”, indicó Moreno. El funcionario insistió en que la tragedia debe servir para pasar de la lamentación a la acción, de manera que se establezcan mecanismos de protección para los trabajadores que diariamente se encargan de la recolección de desechos y del mantenimiento de la limpieza en la ciudad. AAUD pide seguro médico privado para trabajadores de aseo tras accidente PROTECCIÓN LABORAL Durante la sustentación también presentó avances de la gestión de la institución, entre ellos una ejecución presupuestaria del 90% en funcionamiento y del 83% en inversión, así como recaudaciones por 85 millones de dólares en tasas de aseo durante el último año, recursos que —aseguró— se reinvierten en mejorar el servicio y las condiciones laborales del personal. El año pasado, el presupuesto de la AAUD fue de $64.6 millones, de los cuales $51.9 millones se destinaron a funcionamiento y $12.7 millones a inversión. Con respecto a la recolección de desechos en 2025, la AAUD recolectó más de 500 mil toneladas de basura, cifra que supera las 800 mil toneladas si se suman los residuos recogidos por empresas privadas que operan bajo la regulación de la entidad. Rellenode Patacón En cuanto al vertedero de cerro Patacón, Moreno resaltó las mejoras operativas en el relleno sanitario, donde actualmente operan más de 50 equipos pesados en tres turnos diarios, desde las 6:00 a.m. hasta horas de la noche. Según explicó, durante el último año se han compactado, terraceado y confinado más de 150 mil metros cuadrados de desechos, una técnica que permite reducir la producción de lixiviados —líquidos contaminantes generados por la descomposición de la basura— al limitar la entrada de oxígeno en los residuos. Yaritza Mojica [email protected] En 2025, la AAUD recolectó unas 500 mil toneladas de basura. Cortesía Panorama
7A La Prensa Panamá, viernes 13 de marzo 2026
8A La Prensa Panamá, viernes 13 de marzo 2026 “Todo fue una vil persecución”, expresó el abogado Nilo González mediante un video publicado en su cuenta de Instagram, en el que comunicaba que “se hizo justicia”, luego de que se declarara inocente al dirigente indígena Toribio García, información que posteriormente fue confirmada por el Órgano Judicial mediante un comunicado. De acuerdo con el comunicado, el Tribunal de Juicio Oral desarrolló una audiencia durante tres días en la ciudad de David, Chiriquí, en la que se escucharon y analizaron los alegatos de las partes intervinientes, así como 15 pruebas testimoniales, cuatro periciales y una documental presentadas por el Ministerio Público y la defensa. Al final, los tres jueces encargados de la decisión declararon no culpable al dirigente por los presuntos delitos contra los servidores públicos, apología del delito y lesiones personales. García fue detenido en junio de 2025, cuando era requerido por la presunta comisión de delitos contra la administración de justicia, en su modalidad de apología Declaran no culpable al dirigente indígena Toribio García PROCESO JUDICIAL del delito, y contra la personalidad interna del Estado. Esto ocurrió en medio de las protestas registradas el año pasado contra la Ley 462 de la Caja de Seguro Social. Además, se fijó para el próximo 26 de marzo de 2026 la audiencia de lectura de sentencia. “Es vergonzoso saber que se utiliza la palabra del Estado para presionar a líderes sociales”, señaló el abogado defensor en el video, en el que afirmó que tanto el Ministerio Público como agentes de la Policía Nacional que declararon en el caso “mintieron”. También aclaró que, si bien su defendido no puede hacer uso de redes sociales, la publicación fue realizada desde la cuenta de González. El director encargado de la Senadis, José Townshend, sustenta la memoria anual 2025 en la Comisión de Trabajo de la Asamblea Nacional. Captura de pantalla 112 personas con discapacidad viven en albergues de la Senniaf Yaritza Mojica [email protected] Alis Fernández [email protected] SECRETARÍA NACIONAL DE DISCAPACIDAD Estefany Rodríguez, directora de Participación Ciudadana de la Senadis, detalló que la institución mantiene acompañamiento técnico y social en 15 albergues donde reside esta población vulnerable. Un total de 112 personas con discapacidad se encuentran actualmente en albergues en Panamá, entre ellas 96 niños y 16 adultos, según datos presentados por la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis) durante la sustentación de su informe anual ayer, ante la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional. La información fue brindada por Estefany Rodríguez, directora de Participación Ciudadana de la entidad, tras la consulta realizada por el diputado suplente Luis Batista, del partido Realizando Metas, quien preguntó cuántas personas con discapacidad se encuentran en los albergues de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf). La Senniaf ha estado en el centro del debate público en las últimas semanas debido a problemas estructurales y cuestionamientos relacionados con el hacinamiento, la falta de recursos y la atención a los menores, especialmente a aquellos con discapacidad o en condiciones de alta vulnerabilidad. Ante este escenario Rodríguez indicó que Senadis mantiene acompañamiento técnico y social en 15 albergues donde reside esta población vulnerable. Rodríguez detalló que el trabajo de Senadis se centra en velar por los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad, además de formular recomendaciones en materia de accesibilidad y servicios dentro de estos centros. El objetivo es garantizar que los programas sociales y la atención que reciben en los albergues respondan a sus necesidades específicas, especialmente en el caso de los menores de edad. La gestión y administración de estos albergues se mantiene bajo vigilancia pública, luego de denuncias por supuestos maltratos contra menores en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen. Durante la sesión, el diputado Batista también consultó sobre la coordinación que mantiene Senadis con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides). En ese contexto se abordó la falta de espacios especializados para adultos con discapacidad que no cuentan con un lugar donde vivir. En respuesta, el director encargado de Senadis, José Townshend, informó que la entidad mantiene coordinación con el Mides para evaluar la creación de un centro permanente destinado a esta población. Mientras se avanza en esa planificación, las autoridades indicaron que se habilitó un espacio temporal en El Valle de Antón para albergar a personas adultas con discapacidad. Limitación de recursos en la Senadis Townshend reconoció que uno de los principales desafíos sigue siendo la limitación de recursos, ya que el presupuesto asignado a la institución ronda los 11.5 millones de dólares, monto que consideran insuficiente frente a la creciente demanda de programas y servicios para la población con discapacidad. El diputado, Carlos Afú, del circuito 7-1, se hizo eco de la necesidad de más recursos para contratar abogados, donde puso como ejemplo que en la sede de Los Santos no cuenta con un profesional de esa rama. A nivel de la sede central, la entidad indicó que solo tiene tres abogados para realizar asesoría y tres arquitectos para las supervisiones de las infraestructuras para las personas con discapacidad. En ese contexto, los resultados de la segunda Encuesta Nacional de Discapacidad, suministrados a la entidad a finales de 2025, indican que 781 mil personas en Panamá viven con algún grado de discapacidad, lo que representa una prevalencia nacional del 18%. De esta población, el 58% corresponde a mujeres y el 42% a hombres, mientras que la mayor concentración de casos se registra en personas mayores de 51 años. El director encargado de Senadis explicó que estos datos están sirviendo de base para fortalecer las políticas públicas y la planificación institucional orientadas a esta población. Gestión administrativa y financiera El informe también detalla la gestión administrativa y financiera de la institución. Al cierre de diciembre, Senadis reportó $970 mil en el Fondo General, $791 mil en el Fondo de Inversión y $492 mil en el Fondo de Gestión, además de $307 mil provenientes de multas impuestas por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) por el uso indebido de los estacionamientos destinados a personas con discapacidad. En cuanto a la ejecución presupuestaria, la entidad indicó que su presupuesto anual fue de $11.5 millones, con una ejecución del 86%. En materia de servicios, la Dirección Nacional de Certificaciones citó a 5,790 personas para evaluación, de las cuales 5,226 fueron certificadas con discapacidad. Asimismo, se emitieron 2,795 permisos de estacionamiento para personas con discapacidad, incluyendo duplicados y renovaciones. Senadis también reportó inspecciones de accesibilidad en parques, centros educativos, plazas comerciales, instituciones gubernamentales y viviendas en diversas provincias, además de capacitaciones sobre accesibilidad universal y la presentación del Plan Nacional de Accesibilidad Universal ante gobiernos locales, universidades y empresas privadas. En cuanto al apoyo social, el Fondo Rotativo de Discapacidad entregó más de $577 mil en ayudas a personas en distintas provincias, mientras que el programa de subsidios económicos permitió completar pagos pendientes a beneficiarios registrados. La institución también destacó el funcionamiento de su Centro de Recursos en Tiflotecnología, ubicado en el Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE), donde personas con discapacidad visual reciben capacitación en herramientas tecnológicas que les permiten leer textos, navegar en internet y utilizar computadoras mediante programas que convierten la información en audio. Finalmente, Senadis informó que durante el último año se realizaron 81 jornadas de sensibilización y participación ciudadana, alcanzando a más de 2,200 personas, además de participar en ferias institucionales y actividades con asociaciones de personas con discapacidad en distintas regiones del país. Toribio García fue detenido en junio de 2025. Captura de pantalla Muere trabajador tras descarga eléctrica en obras del Cuarto Puente ACCIDENTE Yaritza Mojica [email protected] La tarde de ayer se registró un accidente laboral en el proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, obra que ejecuta el Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP), en el que un obrero sufrió una descarga eléctrica y perdió la vida. Información suministrada por trabajadores a través de redes sociales dan cuenta que el hombre se electrocutó mientras realizaba sus labores. En los videos difundidos se observa un vehículo de carga echando humo, mientras varios compañeros intentaban rescatarlo del camión. De manera extraoficial se conoció que el camión grúa habría tocado una línea de alta tensión, lo que provocó que el obrero recibiera la descarga eléctrica. Posteriormente, el vehículo se incendió, lo que habría ocasionado el fallecimiento. El Consorcio Panamá Cuarto Puente −mediante un comunicado− expresó que desde el momento en que ocurrió el incidente, se activaron los protocolos de emergencia y asistencia médica en el sitio; y a pesar de los esfuerzos realizados por paramédicos, el colaborador perdió la vida. El consorcio dijo que inició los procedimientos internos correspondientes para verificar lo ocurrido y brindará toda la información y colaboración necesaria a las autoridades. Panorama
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