4A La Prensa Panamá, viernes 6 de marzo de 2026 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] MORDAZA. Una fiscal ha concedido una “orden de protección” a Roberto y Ramón Carretero, que impide que la periodista Sabrina Bacal informe sobre sus actividades. Otro clavo más al ataúd de la libertad de prensa en Panamá. ADIÓS. En dos días renunciaron el viceministro de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Francisco Ameglio; la directora del Senniaf, Ana Melinda Fábrega, y el director del Idaan, Rutilio Villarreal. ¿Cuáles serán las tres renuncias de la próxima semana? SEQUÍA. Rutilio no pegaba una. Hace unos meses dijo que el agua de La Villa era potable, pero el presidente Mulino había recomendado no usarla para consumo humano. No se sorprendan si su repentina partida es consecuencia de la escasez en Azuero. Gota a gota, hasta la paciencia se agota. ADVERTENCIA. La juez Águeda Rentería dispuso que el juicio por las irregularidades en los contratos adjudicados a FCC y Odebrecht (para rehabilitar el Casco Antiguo y la Domingo Díaz) se desarrolle sin la presencia de periodistas en la sala y sin transmisión en directo a través de las redes sociales. Rentería es la misma juez que absolvió a 185 imputados (incluyendo a Ricky Fábrega y Ventura Vega) en el caso de la compensación de los diablos rojos. También favoreció al exministro Federico Suárez (entre otros) en el proceso por las irregularidades en la rehabilitación de la autopista Arraiján–La Chorrera y decretó la nulidad del caso granos del PAN. ¿Para eso es que quiere sesionar a puerta cerrada? LAMENTO. Yamireliz Chong (que en enero registró una asistencia de 100%) explicó que participó en todas las reuniones En Panamá no existe ningún trámite ni certificado que valide la afrodescendencia. Yaritza Mojica Cabello afro en las escuelas: ‘No es un tema estético, es identidad’ Yasser Yánez García [email protected] SOCIEDAD El investigador social Gilberto Toro advierte que las restricciones al cabello afro en centros educativos reproducen prejuicios históricos y afectan la identidad cultural de estudiantes afrodescendientes. La polémica por las restricciones al uso del cabello afro en centros educativos del país ha reavivado el debate sobre discriminación, identidad cultural y derechos humanos en Panamá. Lo que para algunos planteles se presenta como una cuestión de reglamento interno o disciplina escolar, para organizaciones del movimiento afropanameño y especialistas en temas sociales constituye una práctica que vulnera derechos fundamentales. Con el inicio del año escolar el pasado 2 de marzo, agrupaciones afrodescendientes alertaron al Ministerio de Educación (Meduca) sobre casos en los que se estaría condicionando la matrícula o el ingreso al primer día de clases de estudiantes afrodescendientes si no realizaban “cambios correctivos” en su cabello natural. Las exigencias, según denunciaron, incluyen cortarse el cabello, retirar trenzas o modificar peinados afro, bajo reglamentos internos que califican de arbitrarios y carentes de sustento legal. Para el investigador social Gilberto Toro, el trasfondo no es estético ni disciplinario, sino estructural. “Aquí hay una confusión que viene desde mediados del siglo XX, cuando en las escuelas se reglamentaba la higiene: uñas cortas, oídos limpios, cabello arreglado. Pero en algún momento eso se desvió y se empezó a asociar apariencia con disciplina y conducta”, explica. A su juicio, el problema surge cuando la textura natural del cabello afro comienza a ser interpretada como desorden o falta de pulcritud. “Vivimos en una sociedad que juzga por la portada. Si el cabello crece hacia arriba molesta; si cae hacia abajo no molesta. Ahí es donde aparece la figura discriminatoria”, sostiene. Insiste a su vez en que se trata de un asunto de identidad y memoria histórica. “No es un tema superficial. Cuando se le dice a un estudiante que su cabello natural no es aceptable, el mensaje que recibe es que su identidad tampoco lo es”, afirma. Más allá del debate jurídico, Toro señala que históricamente las niñas afro llevaban trenzas, moños y peinados tradicionales como una forma de protección del cabello, no como una declaración política. “Las abuelas y madres cuidaban el cabello con trenzas y cuentas. Eso era normal y no generaba ruido”, recuerda. Sin embargo, con el paso del tiempo, se comenzó a vincular una “proyección positiva” o “decente” con determinados estándares estéticos. “Se hizo una relación directa entre un supuesto ‘mal cabello’ y la imagen del uniforme. Eso derivó en persecución”, afirma. A su juicio, esa persecución no es nueva. La enmarca dentro de una historia más amplia de discriminación contra la población afrodescendiente, particularmente la afroantillana. “Hubo épocas en que se prohibía hablar inglés en escuelas de Bocas del Toro o Colón. Ha existido una persecución cultural y social”, recuerda. Cabe recordar, que el Resuelto N.° 887-AL del 23 de marzo de 2023 del Meduca prohíbe de manera explícita cualquier forma de discriminación por razones étnicas o culturales en centros educativos oficiales y particulares. Dicha norma impide restringir el uso de cabello natural, trenzas, twists, moños o peinados afro, al reconocer estas expresiones como parte de la identidad cultural de los estudiantes. Para Toro, uno de los aspectos más preocupantes es el desconocimiento sobre la diversidad afro en Panamá. Distingue entre la población afrocolonial —representada simbólicamente por la cultura congo— y la afroantillana, llegada en el siglo XIX y XX para trabajar en obras como el ferrocarril y el Canal. “Hay un nivel de ignorancia tal que se cuestiona la identidad de estudiantes por su apellido. Decirle a un joven que no es negro porque no se apellida Spencer demuestra ridiculez e irrespeto”, sostiene. Subraya que la identidad no se limita a rasgos físicos ni a apellidos. “En el censo se pregunta cómo usted se autoidentifica. Nadie puede decirle a otro que está equivocado por identificarse como afro. La identidad es cultural, social, es cómo usted vive desde que se levanta hasta que se acuesta”. Otro punto que considera alarmante es la exigencia de certificaciones para acreditar la condición afrodescendiente en algunos casos. “Eso es la joya de la corona en la ignorancia. No existe ningún ‘carné’ para ser afro. Es un tema personal y familiar”, afirma. Toro advierte que ya existen marcos legales y pronunciamientos de la Defensoría del Pueblo que protegen derechos vinculados a la identidad cultural, incluyendo prácticas asociadas al cabello en comunidades como la rastafari, a la que pertenece. “Hemos tenido que sustentar legalmente nuestro derecho a no cortarnos el cabello. Obligar a alguien a hacerlo puede constituir una violación de derechos humanos”, señala. El investigador cuestiona la contradicción entre las reformas educativas que promueven el pensamiento crítico y las prácticas que, a su juicio, fomentan el sometimiento. “No se puede formar pensamiento crítico aplicando control sobre la identidad. Lo que se forma así es rebaño”, afirma. Agrega que el problema trasciende el reglamento escolar. “No es más importante que el agua o la infraestructura, pero aquí se está vulnerando a la persona. Se le transmite al estudiante que su identidad es incorrecta”. Toro también critica iniciativas como el llamado “Día de las Trenzas” en mayo, cuando se permite exhibir peinados afro como ‘actividad especial’. “Es como si fuera una feria donde solo ese día pueden mostrarse. La identidad no es disfraz ni se activa 24 horas al año por decreto”, señala. Consultado sobre la polémica, el presidente de la República, José Raúl Mulino, evitó profundizar en el debate y señaló que las normas sobre apariencia en los centros educativos han existido desde hace décadas. “Cuando yo estaba en la escuela, en Chiriquí, cuando el cabello se te subía un poquito en el borde de la camisa acá arriba, te lo mandaban a cortar. Al día siguiente te rapeaban si no te cortabas el pelo”, comentó. El mandatario recordó que esa era la época de los hippies y que muchos jóvenes aspiraban a llevar el cabello largo. “Así que yo no me voy a meter en eso, eso tiene que ver mucho con la educación hogareña”, añadió. Mulino indicó que, en su opinión, lo ideal sería que los estudiantes asistan a clases de forma ordenada. “Si tú quieres que tu hijo ande desaliñado por ahí, bueno, eso influirá en su personalidad de alguna manera. Lo ideal sería —y no con eso quiero tener un juicio de valor— que todos los muchachos vayan a la escuela bien vestidos, bien ataviados, hombres y mujeres, como corresponde”, expresó. No obstante, el mandatario reiteró que prefería no profundizar en la discusión. “Pero hasta ahí lo dejo, hasta ahí lo dejo producto de mi propia experiencia”, concluyó. Para el investigador, el debate sobre el cabello afro debe entenderse en un contexto global de reafirmación identitaria. “Hoy, antropológicamente, los pueblos están buscando sus raíces. La identidad es un valor fundamental. Minimizar este tema como algo superficial es no entender lo que significa saber de dónde vengo y hacia dónde voy”, concluye. convocadas para discutir el proyecto de ley 80, que adopta medidas de protección para los cascos antiguos de Panamá y Colón. Además, estudió la propuesta y propuso modificaciones que fueron incorporadas… Pero cuando el pleno votó el proyecto en segundo debate, ella había abandonado la sala, junto a toda la bancada de Vamos, en protesta por la negativa a citar al administrador de la AMP. Moraleja, el que se fue para Sevilla. Choque en la Asamblea por proyecto de incentivos Un intercambio tenso se produjo en el pleno de la Asamblea Nacional entre la diputada Yamireliz Chong, de la bancada Vamos, y el diputado José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino, durante la discusión del proyecto de ley 80, que busca extender incentivos fiscales para el mantenimiento, restauración y embellecimiento del patrimonio histórico en las ciudades de Panamá y Colón. El cruce surgió cuando Chong cuestionó la forma en que el proyecto avanzó en el proceso legislativo. La diputada criticó que la iniciativa fuera aprobada en segundo debate sin discusión suficiente ni lectura completa del documento, lo que —según dijo— limitó el análisis de sus implicaciones. También señaló la ausencia de representantes de entidades clave, como los ministerios de Cultura, Vivienda y Economía y Finanzas, que a su juicio debieron participar en el debate por tratarse de un tema relacionado con políticas públicas urbanas y patrimoniales. Además, Chong expresó preocupación por los posibles efectos del proyecto en comunidades vulnerables, particularmente en el casco antiguo de Colón, donde advirtió que incentivos fiscales mal diseñados podrían acelerar procesos de gentrificación y desplazamiento de residentes. Pérez Barboni respondió defendiendo el trámite legislativo y el contenido del proyecto. Afirmó que la iniciativa busca incentivar la inversión privada para recuperar edificios históricos deteriorados y revitalizar áreas urbanas con valor patrimonial. También reprochó a Chong que no hubiera presentado formalmente sus observaciones o propuestas de modificación durante las etapas previas del debate.. PATRIMONIO HISTÓRICO Alis Fernández [email protected] Yamireliz Chong y José Pérez Barboni. Captura de pantalla
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