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2A La Prensa Panamá, martes 4 de febrero de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. Archivo Formación médica en debate: las cifras que ponen en duda la calidad educativa Aleida Samaniego C. [email protected] EDUCACIÓN Los elevados porcentajes de fracaso en el examen de Certificación Básica en Medicina en universidades privadas evidencian deficiencias en la formación médica, mientras que la UP destaca por su riguroso modelo de admisión. E n los últimos años, los resultados de los egresados de universidades privadas en el examen de Certificación Básica en Medicina han generado inquietud, evidenciando la necesidad urgente de revisar el perfil curricular en la formación de los futuros médicos. El informe del Consejo Interinstitucional de Certificación Básica en Medicina, al que tuvo acceso La Prensa, refleja una diferencia significativa en los índices de aprobación entre los egresados de la Universidad de Panamá (UP) y los de diversas universidades privadas, lo que plantea preguntas sobre la calidad y consistencia del sistema educativo médico. El documento muestra que los egresados de la Facultad de Medicina de la UP son los que más aprueban el examen de certificación básica. En la última década (2014-2024), de los 2,079 aspirantes que presentaron el examen, el 95% aprobó la prueba. Solo 106 de los 2,079 egresados no consiguieron la certificación, es decir, un 5%. En contraste, las universidades privadas han registrado altos porcentajes de reprobación. La Universidad Interamericana presenta un 46% (358 de 778 aspirantes), la Universidad Latina un 55% (2,291 de 4,161), y la Universidad de Columbus un 61% (1,224 de 1,990). La Universidad Americana lidera con la tasa más alta, alcanzando un 69% (509 de 743 aspirantes). Estas cifras han generado preocupación sobre la calidad de la formación médica en algunas de estas universidades. Tras varias gestiones, logramos conversar brevemente con Alfredo Matos, presidente del Consejo Interinstitucional de Certificación Básica en Medicina, quien expresó su preocupación respecto a los resultados de algunas universidades privadas. Según Matos, “las cifras de fracasos que presentan algunas universidades privadas en 10 años de examen son alarmantes y ameritan atención inmediata por parte del Ministerio de Salud (Minsa) y el Ministerio de Educación (Meduca)”. Matos explicó que el examen de certificación básica consta de 160 preguntas y un tiempo límite de cuatro horas, con un puntaje mínimo para aprobar de 41.5/100. Este examen es una herramienta fundamental para evaluar la preparación de los egresados y garantizar que los médicos estén capacitados para enfrentar los desafíos del sistema de salud. La preocupación de Matos no solo recae en las cifras de reprobación, sino también en el perfil curricular de las universidades privadas. Los bajos resultados evidencian que algunos programas de formación médica en el país no están alineados con los estándares internacionales requeridos para que los médicos sean competitivos a nivel global. La situación ya fue puesta en conocimiento de la presidenta de la Comisión Nacional de Docencia de Médicos Residentes e Internos del Minsa, Mayra Abbod, a través de una carta enviada el 12 de diciembre de 2024 por el presidente y la secretaria del Consejo Interinstitucional de Certificación Básica en Medicina. Este medio buscó una versión de Abbod, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta. UP: líder en certificación médica Por su parte, Oris Calvo de Lam, decana de la Facultad de Medicina de la UP, resaltó la importancia de un sistema de admisión basado en méritos. La UP utiliza un sistema riguroso que considera el promedio de calificaciones de los dos últimos años de secundaria, junto con los puntajes obtenidos en la Prueba de Capacidades Académicas (PCA) y la Prueba de Conocimientos Generales (PCG), aplicadas dentro de la misma institución. Este sistema asegura que los estudiantes admitidos sean los mejor preparados. Sin embargo, Calvo de Lam también señaló que el número de estudiantes admitidos en la carrera de Medicina está limitado a 200 anualmente, determinado por la capacidad de formación de la universidad. Factores como el número de profesores, la infraestructura, el equipamiento y la capacidad de los centros de rotación clínica influyen en esta decisión. Además, la decana enfatizó la necesidad de aumentar el porcentaje de aprobación en el examen de Certificación Básica en Medicina para fortalecer la formación de los futuros médicos y asegurar que estén mejor preparados según los estándares internacionales. Proyecciones futuras A juicio de la decana de Medicina de la UP, es urgente realizar un análisis exhaustivo sobre el número de médicos en el país y su distribución geográfica, así como la edad promedio de retiro. También es necesario estudiar la cantidad de instalaciones de salud disponibles y la tendencia de crecimiento y distribución de la población en Panamá. Este análisis permitirá determinar la cantidad de médicos nuevos que se requieren anualmente y establecer el número de profesionales que el país debe formar para equilibrar la oferta y la demanda de atención médica. Más allá de la cantidad de médicos, el objetivo primordial debe ser la calidad de la formación. Las escuelas de medicina deben asegurarse de que los futuros médicos estén bien preparados no solo en conocimientos técnicos, sino también en aspectos humanísticos, éticos y sociales. Esta preparación integral les permitirá contar con las competencias necesarias para prevenir y atender las principales enfermedades que afectan tanto a Panamá como a la región. Juan Manuel Díaz [email protected] Puerto de contenedores de PPC en Balboa. Alexander Arosemena Presentan demanda de inconstitucionalidad contra el contrato entre PPC y el Estado CONTENCIOSO Una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley No.5 de 16 de enero de 1997 por la cual se aprueba un contrato entre el Estado y la empresa Panamá Ports Company (PPC) fue presentada ayer lunes. La acción fue interpuesta a título personal por los abogados Julio Macías y Norman Castro, quienes alegan que el citado contrato viola varias artículos de la Constitución. Según el recurso, el contrato suscrito entre el Estado y PPC contiene los mismos vicios legales que el contrato suscrito con Minera Panamá y que fue declarado inconstitucional por la Corte. El abogado Julio Macías alegó que el contrato de PPC otorgó casi de manera gratuita la ocupación de tierras sin que existiera una consulta previa a la sociedad panameña. La demanda plantea que el contrato suscrito entre PPC y el Estado violó los artículos 1 y 2 de la Constitución, ya que dispone que el Estado debe consultar y requerir aprobación previa a la empresa para otorgar cualquier concesión futura sobre terrenos del Estado. En ese sentido sostiene que lo anterior atenta contra la soberanía que ejerce el Estado panameño sobre todo su territorio, el cual, solo puede estar sujeto a su gobierno y no debe requerir consentimiento ni aprobación previa de ninguna entidad privada para disponer de los bienes de su propiedad. Es decir, que el citado contrato permite una especie de “gobierno paralelo” sobre el desarrollo, construcción, operación, administración y dirección de aquellas áreas de tierra, facilidades e instalaciones ubicadas en Isla Telfers y Diablo, identificadas en el contrato como “la extensión futura”, ya que limita la soberanía que debe ejercer el Estado sobre dichas áreas. La demanda también sostiene que el citado contrato violó el artículo 19 de la Constitución en el que se establece que no habrá fueros ni privilegios ni discriminación por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas, ya que a Panamá Ports se le asignan una serie de privilegios o concesiones, entre las que se encuentran exoneraciónes de todo impuesto, contribución, tasa o derecho de importación sobre todos los equipos y de todo impuesto de dividendos provenientes de las actividades contempladas en el contrato, entre otros. El el documento se alega que en este aspecto se exonera a Panamá Ports y sus subsidiarias, afiliadas, cesionarias y subcontratistas, del pago de todo tipo de impuesto y contribución a favor del Estado, lo que en efecto, crea fueros y privilegios a esta empresa y sus afiliadas, en perjuicio de cualquier persona natural o jurídica, panameña o extranjera con obligación de pagar impuestos, tasas y contribuciones al Estado panameño. A su vez, la demanda estima que se violó el artículo 163 de la Carta Magna en el que se establece que le está prohibido a la Asamblea Nacional expedir leyes que contraríen la letra o el espíritu de la Constitución. El pasado 2 de enero el contralor Anel Bolo Flores anunció la realización de una auditoría forense a PPC, el ejercicio pretende evaluar la correcta administración de los recursos y verificar el cumplimiento de los términos de la concesión, un contrato que ha sido cuestionado por falta de claridad en los beneficios que genera al Estado. Estos hechos se dan el marco de las acusaciones hechas por el presidente de los Estados Unidos en las que sostiene que empresa de origen chino como lo es PPC mantienen un control sobre asctividades portuarias relacionadas con el Canal de Panamá. Yasser Yánez García Juan Manuel Díaz [email protected] Vuelo de deportación. Juan Manuel Díaz Panamá y EU deportan a 43 colombianos MIGRACIÓN IRREGULAR Bajo un fuerte dispositivo de seguridad compuesto por miembros de la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Migracion y del Servicio de Protección Institucional (SPI), un total de 43 ciudadanos colombianos fueron devueltos a su país como parte del memorándum de entendimiento entre Panamá y Estados Unidos. En el lugar estuvo presente en la mañana de ayer el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio; el ministro de Seguridad, Frank Ábrego; el canciller Javier Martínez-Acha; el director de Migración, Roger Mojica; el director de Aeronáutica Civil, Rafael Bárcenas y personal de la Embajda de los Estados Unidos en Panamá. Según datos oficiales, 36 de los repatriados fueron deportados, de los cuales 26 son hombres y 10 mujeres. Otros 7 individuos fueron expulsados, de los cuales 6 son hombres y una mujer. Las razones de estas medidas incluyen delitos como trata de personas, agresión sexual, delitos relacionados con drogas y evasión de puestos de control. Por su parte, Rubio se refirió a la situación migratoria en el hemisferio como una “tragedia” y señaló que muchas de las personas que transitan por Panamá en su camino hacia el norte son víctimas de las condiciones irregulares en las que viajan. Asimismo, indicó que, desde la perspectiva estadounidense, la mayoría de los migrantes que atraviesan la región tienen como destino final los Estados Unidos. “Hasta cierto punto, nuestra frontera no empieza con Texas y México, empieza mucho antes”, afirmó el secretario de Estado. Rubio enfatizó la estrecha relación entre ambos países, calificando a Panamá como un “país amigo y hermano”. Un total de 1,881 migrantes han sido regresados a sus países de origen durante los últimos meses en 47 vuelos de deportación, según el último informe del Servicio Nacional de Migración.

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