6A LaPrensa Panamá, miércoles 24 de abril de 2024 DGI: El crédito fiscal de Justo y Bueno es ‘improcedente’ El 15 de diciembre de 2021, Encanto presentó una solicitud de reconocimiento de créditos fiscales por un supuesto arrastre de pérdidas en los periodos fiscales de 2016 a 2020. SISTEMA TRIBUTARIO Mónica Palm [email protected] Reconoce un derecho “inexistente”. Causa una lesión patrimonial al Estado. Sienta un mal precedente, tributario y contable. Esas son las tres razones por las que la Dirección General de Ingresos (DGI) demandará el fallo del Tribunal Administrativo Tributario (TAT) que validó un “supues - to”crédito fiscal de $20.2 millones a Inversiones Encanto, S.A., la sociedad que operó la desaparecida cadena Justo y Bueno en Panamá. La decisión del TAT “otor - ga derechos y beneficios no sustentados, por ende, reiteramos, causa un perjuicio inminente y un precedente inaceptable en el sistema tributario y fiscal”, señala la DGI en un comunicado divulgado ayer martes 23 de abril. El TAT, en una resolución del 26 de febrero pasado, no solo ordenó a la DGI reconocer el crédito fiscal a Inversiones Encanto, sino también que autorizara la cesión del mismo a favor de la sociedad Quantex Management Corp. El 15 de diciembre de 2021, Encanto presentó una solicitud de reconocimiento de créditos fiscales por un supuesto arrastre de pérdidas en los periodos fiscales de 2016 a 2020. La DGI negó dicha pretensión y advirtió que el artículo Un antiguo local de la fallida cadena de tiendas Justo & Bueno. LP Carreteras ilegales y devastación de humedales afectan 48.9 hectáreas en Punta Patiño Tras una inspección de Miambiente se evidenció la apertura de caminos con maquinaria. Cor tesía Al grano do, al final, las decide la Asamblea. La Comisión de Presupuesto (que soberanamente decidió mantener sus actas secretas) define si aprueba el presupuesto o no. Y además, los jefes de todas las instituciones tienen que pasar por go para cualquier traslado de partida, aunque sea de un dólar. Ese ejercicio serviría para que, siendo nuestros representantes (porque eso es lo que son), fiscalizaran que no se fumiguen nuestra plata. Pero con los diputados que hemos elegido, lo que manda es el qué hay pa’ ellos. Y también están los nombramientos. La Asamblea sola, sin intervención del presidente, escoge al contralor, que es quien puede trancar la ejecución del presupuesto. O trancar el país facilitando bribonadas, como Solís. Y los nombramientos del presidente tienen que pasar por la Asamblea, que no lo ratifica pensando en el país, sino en qué tan fiel será a ellos la ficha. De 2019 a 2014 han ratificado a 272 funcionarios. ¿Entonces quién manda? ¿El presidente o los diputados? Y ni hablemos de la facultad que tienen de tumbar a un presidente o un magistrado. Literal. Cualquier ciudadano puede presentar una denuncia de una página si quiere, y Credenciales (donde los diputados no tienen ni que ser abogados) lo enjuicia. Y como no hay reglas claras, eso, que debería servir para hacer justicia, se vuelve un instrumento de chantaje. Y a esto se suma la potestad que tienen de hacer lo que quieran con las leyes, mientras 36 de ellos lo acuerden. Y si el presidente los veta, ellos con dos tercios pueden impulsar temas de impuestos, migración, seguridad, delitos, organigramas, contratos ley, compras públicas…lo que quieran. En este quinquenio dejan pendientes varios proyectos que el país necesita, pero que a ellos no les generan ganancias: el reglamento interno (lleno de vacíos a propósito), el que deroga la ley que cambió el régimen de la Contraloría (y ha permitido el escandaloso robo del Ifarhu), el que inhabilitaría a las empresas corruptas de contratar con el Estado, la no prescripción del abuso sexual de menores, extinción de dominio, protección de denunciantes…Y en contraste, nos enyardan 25 corregimientos ilegales, pero que les daría más poder a ellos. Dentro de todo, como aquí no repiten los gobiernos, hay cierta oxigenación en el Ejecutivo. Pero en la Asamblea no. Hasta el gobierno de Martín hubo partidas circuitales de seis cifras. Luego Martinelli empezó a comprar a los diputados con siete cifras. Eso los maleducó y valorizó. Y creado ese monstruo, unos cuantos diputados se volvieron señores feudales y nadie ha podido parar eso. Hoy son tres que tienen todo el poder porque reclutan al resto, que son sumisos o vendidos. Y con ese poder deciden lo que pasa en Panamá. Ahí están los resultados del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa. Sacamos 38 de 100. Ni siquiera llegamos al promedio mediocre de la región, que es 42. Porque, claro, en la opacidad crece la corrupción y ese es el fuerte de nuestros “honorables ”. Además, somos la Asamblea que más dinero maneja en la región y más funcionarios tiene. Y si trabajaran, perfecto. Pero son vulgares botellas. Miren el enredo que hubo el lunes, porque no había actas, dizque por falta de personal. O sea, la Asamblea duplicó sus funcionarios en los últimos seis meses. Y solo en una de las planillas. De nuevo, hacen lo que les da la gana y no rinden cuentas. No en vano, el 84% de los diputados quiere reelegirse. Tenemos que sacar a los bultos que tenemos ahí y elegir gente decente y con carácter que fiscalice, presente leyes y no sea cómplice ni extorsionador del Ejecutivo. Hay mucho poder en juego. Nosotros decidimos a quién se lo damos. 698-Adel Código Fiscalde - fine el procedimiento a seguir para que aquellos contribuyentes que sufran pérdidas reclamen algún beneficio fiscal. La entidad remarcó que, según la norma, dicho beneficio “no es transferible” aun en los casos de Panorama Flor Mizrachi Angel [email protected] Panamá es un país presidencialista, dicen. Y sí. El presidente es la cabeza, pero la Asamblea es el cuello que decide cómo se mueve esa cabeza. Por eso, la elección de diputados es tan importante como la presidencial. El presidente que gane tendrá necesariamente que negociar con la Asamblea. Empezando porque casi todas las promesas de todos los candidatos terminan ahí sí o sí. Entonces el presidente propone; la Asamblea dispone. Eso incluye el presupuesto. Las finanzas del Estaconsolidaciones y fusiones. Como Encanto apeló, el caso se trasladó al TAT, donde, finalmente, los magistrados Rafael Brown y María Elena Moreno De Puy respaldaron la pretensión de dicha sociedad. El magistrado Anel Mirando salvó su voto, pidió respaldar a la DGI y alegó que reconocer dicho crédito fiscal no es procedente, vulnera garantías fundamentales del debido proceso y crea un polémico precedente en materia tributaria. La DGI advirtió que presentará dos demandas contra el fallo del TAT: una de inconstitucionalidad, que deberá ser tratada por el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y otra de nulidad, ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte. En enero de 2022, un mes después de presentar la solicitud ante la DGI, el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura designó a Aurelio Barría como conciliador en el proceso de reorganización conciliada al que se sometió Inversiones Encanto. En marzo de ese año, se sumaron al equipo de asesores el abogado Esteban López y el economista Iván Zarak. Los tres han expresado públicamente que desconocían la existencia del presunto crédito fiscal de la sociedad que intentaban reorganizar, en medio de un proceso que buscaba reflotar la cadena, con la llegada de nuevos inversionistas. También consideran que cualquier beneficio o ganancia derivada de esta decisión, debe “formar parte de la masa que estaba sujeta a reorganización conciliada, en beneficio de los acreedores de Inversiones Encanto”. RESERVA NATURAL EN DARIÉN Aleida Samaniego C. [email protected] La Reserva Natural Privada de Punta Patiño, ubicada en la región pacífica de la provincia de Darién, a 164 kilómetros de la ciudad de Panamá, enfrenta una amenaza inminente debido a la construcción ilegal de carreteras, invasiones y la devastación de recursos naturales. La voz de alerta fue dada por la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (Ancon), la cual señaló a La Prensa que ha identificado un total de 48.9 hectáreas afectadas por las dos carreteras en construcción y áreas deforestadas. La primera carretera se extiende desde Mogue hasta Taimatí, mientras que la otra conecta esta vía con Punta Alegre en la costa, ambas siendo realizadas desde principios del mes de marzo sin autorización ni respaldo de las autoridades competentes. La organización ambiental también señaló que esta construcción está afectando el sitio Ramsar Punta Patiño y la cuenca de los ríos Tucutí y Sambu, además de obstruir el flujo de agua de algunas quebradas que alimentan el humedal. “Al bloquear el flujo de agua de estas corrientes, el agua se estanca y las especies acuáticas mueren debido a la falta de movimiento del agua”, informó. Ancon hizo público el pasado 18 de abril la situación mediante un comunicado de prensa, indicando que las carreteras ilegales, invasiones y la devastación de recursos naturales amenazan la integridad ecológica y biodiversidad de la Reserva Natural Privada de Punta Patiño, establecida desde 1993, es decir, hace 31 años. Ante esta situación ambiental,elMinisteriodeAmbiente (Miambiente) el pasado 19 de abril ordenó la suspensión provisional de las actividades realizadas en el sitio ubicado en la ruta de un camino de producción desde la intersección de la comunidad de Mogue hacia la comunidad de Taimatí, desviándose hacia la comunidad de Punta Alegre, ubicada en el corregimiento de La Palma, distrito de Chepigana, que guarden relación con la construcción de un camino de producción o carretera sin los debidos permisos. Así lo indica la Providencia DRD-03-2024 de Miambiente, donde se menciona que no es la primera vez que se intenta construir carreteras en el área, ya que hay informes técnicos de evaluación en los años 2017 y 2021. Mientras que el último Informe Técnico de Oficio No. 0109-2024 indica que en la evaluación técnica realizada por la Sección de Verificación de Desempeño Ambiental de la Dirección Regional de Darién se evidenció la apertura con maquinaria o equipo pesado del camino de producción desde la intersección del tramo de camino entre Mogue hacia Taimatí y se desvía hacia la comunidad de Punta Alegre con un aproximado de 9.3 kilómetros de longitud. También se observó que en la ruta del camino del tramo de Mogue hacia Punta Alegre, hay terrenos socavados y quemados para ser utilizados en actividades agrícolas por miembros de la comunidad de Mogue. El contenido del informe técnico, así como los hechos denunciados por Ancon, fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía Superior de Ambiente. Ordenan suspensión temporal Las autoridades ambientales informaron el pasado 22 de abril que ordenaron la suspensión provisional de todas las actividades para la construcción de caminos de producción en la Reserva Natural Privada de Punta Patiño y otros sectores. La reserva, que abarca 30,264.10 hectáreas, es propiedad privada de Ancon y alberga una biodiversidad excepcional, con 1,510 especies de flora y 1,035 especies de fauna, incluyendo un porcentaje significativo de especies amenazadas y en peligro de extinción en nuestro país. Este santuario representa un refugio vital para la vida silvestre, al conservar el 2.8% de la flora y el 17.2% de la fauna amenazada de Panamá, a pesar de ocupar solo el 0.4% del territorio nacional. Además, la reserva natural absorbe alrededor de 180,000 toneladas de CO2 (dióxido de carbono) anualmente, convirtiéndose así en un importante pulmón para Panamá y para el plane ta. Punta Patiño, anteriormente una finca ganadera, ha sido dedicada a la conservación. Hoy en día, se ha convertido en un bosque en crecimiento y un santuario vital para la vida silvestre. Estudios recientes confirman la presencia de especies emblemáticas en peligro de extinción, como el jaguar y el águila harpía. En 2019, en Darién se reportaron varios incendios intencionales que devastaron unas mil hectáreas de la reserva ecológica Punta Patiño.
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