2A LaPrensa Panamá, miércoles 24 de febrero de 2021 Panorama Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Las intrigasdepoder en laalcaldíacapitalina Las vueltas de la política: de vicealcaldesa pasó a ser gobernadora y, por tanto, jefa del alcalde. Ahora retorna al Hatillo en medio de tensiones. CASO JUDYMEANA DaliaPichel
[email protected] D iez meses después de separarse del cargo para el que fue electa por voto popular, JudyMea- na se reincorporó a la Alcal- día de Panamá la tarde de ayer, 23 de febrero. A la 1:00 p.m. se encontraba en su despacho de vicealcaldesa enelEdificioHatillo. Su regreso fue tormento- so: policías municipales le habían negado la entrada al edificio el lunes 22 de febre- ro,pornoestarenfirmelare- soluciónquesuspendíasuli- cenciasinsueldo.Esamisma tarde, el alcalde capitalino JoséLuisFábregaexplicóen un tuit que había hablado con Meana para “aclarar lo sucedido y sobre todo expli- carle losprocesosnecesarios parasureintegro”. Pese al cruce de mensajes cordiales, ella sigue resin- tiendo el hecho. Lo dejó cla- ro ayer cuando ya estaba en su despacho. Tildó el inci- dente de “bochornoso e in- dignante” y consideró que fuealgoque“sepudoevitar”. Meana dejó el Municipio de Panamá para ocupar el puesto de gobernadora de la provincia.Eneseespaciofue especie de estrella: repartía bolsas de comidas en los ba- rrios, se reunía con las auto- ridades locales, hacia pro- gramas en vivo en sus redes sociales, y sacaba las balotas de laLotería. Pero, el pasado 8 de febrero anunció que el presidente Laurentino Cor- tizo le pidió el puesto. Ese mismo día el mandatario le puso reemplazo: nombró a su copartidaria Carla Gar- cía, hija del viceministro de la Presidencia. García venía de la subdirección de la Se- cretaría de Niñez, Adoles- cenciayFamilia. Estando en la goberna- ción,Meana abrió un proce- so a Fábrega por violar la cuarentena, pero al final el casoquedó enmanode la vi- cegobernadora a raíz de que la Procuraduría de la Admi- nistracióndispusoquedebía declararse impedida porque ella era la vicealcaldesa y no estaba “desvinculada de la administración municipal”. El procurador Rigoberto González fue contundente: si el alcalde era suspendido del puesto, el vicealcalde o la vicealcaldesa, en este caso Meana, debería asumir el puesto, tal como lo dispone laLey37dejuniode2009. Es decir, queMeana retor- na aElHatillo con el pesode las tensiones que le produjo unadelasparadojasdelaad- ministraciónpública: en sus días de gobernadorapasóde ser la segunda del alcalde, parasersujefa. Aello se suma la fragilidad de la alianza entre el Partido Revolucionario Democráti- co (PRD) y el Movimiento Liberal Republicano Nacio- nalista (Molirena), al que pertenece. Poco a poco, el PRD sigue acumulando po- siciones de poder y desplu- mando a los gallos. Ayer, el diputado del Molirena Mi- guelFanovichdejóverlasdi- ferencias entre las dos co- rrientesy, depaso, le tiróuna puya a Fábrega. “Judy tiene buenas ideas, puede ayudar a esta alcaldía que no ha bri- llado, todos los proyectos han sido un fracaso….ha lle- gado el momento en que la alcaldía esté cerca del pue- blo. Lo conozco bien [a Fá- brega] porque fue diputado y es una persona que toma decisionesalaligera”,dijo. La vicealcaldesa también ha recibidoel respaldode al- gunas mujeres políticas, co- mo la diputada de Cambio DemocáticoAnaGiselleRo- sas. “Hay que defender cada espacio ganado por las mu- jeres, no importa el partido”, escribióenTwitter.Mientras que la exvicealcaldesa Raisa Banfield opinó que el inci- dente del pasado lunes fue un “pase de factura” pues consideró que la resolución es “meramente un trámite legislativo” En entrevista con La Prensa , manifestó que son señales de “irrespeto” y de “desconocimiento de la im- portancia de la vicealcaldía”. Piensa que el problema par- te desde el momento en que Meana aceptó un cargo dis- tinto al que fue electa. “Es una traición a la voluntad popular”, dijo. Sustenta que para luchar contra la violen- cia política contra las muje- res, es importante “conocer la responsabilidad de los cargosobtenidos”. Carrera política A finales de 2017, Mea- na anunció que sería precandidata a diputada por libre postulación. En abril de 2018, Meana se inscribió en elMolirena. Endiciembre de ese mismo año, elMolirena aprobó correr en alianza con el PRDde cara a las elecciones generales de 2019. Menos de unmes después, José Luis Fá- brega, entonces candi- dato a la alcaldía del PRD, anunció queMea- na sería su compañera de fórmula para la con- tienda. JudyMeana, vicealcaldesa dePanamá, pertenece alMolirena, partido aliado del PRD, al que perteneceFábrega. Tomadode@joseluisfabrega Tribunal niegapedido de fianzaaManuel DomínguezWalker PESQUISA JuanManuelDíazC.
[email protected] El Segundo Tribunal Su- perior negó una solicitud de fianza presentada por la de- fensa de Manuel Domín- guez Walker, investigado por la presunta comisión de los delitos de tráfico de dro- gasyblanqueodecapitales. Enunedictofijadoenlase- de del Juzgado Tercero Li- quidador de Causas Penales –que conoce la causa– se in- formaqueelSegundoTribu- nal negó la petición presen- tadaporladefensadelimpu- tadocontrael autoNo1del 9 de octubre de 2020, emitida por el liquidado Juzgado SextoPenal. Walker no ha compareci- do a esteproceso, que estaba radicadoenelJuzgadoSexto Penal, luegodeque fueraab- suelto enotro casode narco- tráfico y blanqueode capita- les derivado de la operación conocidacomoElGallero. Esta es la tercera investi- gación abierta aDomínguez Walker por delitos relacio- nadoscondrogas. Manuel DomínguezWal- ker. Archivo Extraditanapresuntos narcos centroamericanos aEstadosUnidos NARCOTRÁFICO JuanManuelDíazC.
[email protected] Las autoridades paname- ñasextraditaronayeraEsta- dos Unidos a tres ciudada- nos guatemaltecos y a un hondureño acusados de conspirar para traficar dro- gashaciaesepaís. Se tratade los guatemalte- cos Luis Arturo Ramírez Dieguez, Carlos Daniel Pre- ciado Navarijo y Kevin Loanmi Juncos Barrios, y del hondureño Mario Enri- que Medina Sanabria, a quienes se vincula con redes para el tráfico de drogas ha- ciaEstadosUnidos. Ramírez Dieguez es re- querido por un tribunal del distrito de Columbia por los delitos de conspiración para el tráfico de drogas. En tan- to, Preciado Navarijo, Jun- cos Barrios y Medina Sana- bria enfrentan cargos por conspiración para el tráfico de drogas en un tribunal del distritoestedeTexas. RamírezDieguezfuedete- nido el pasado 21 de enero cuando llegó al Aeropuerto Internacional de Tocumen procedentedeColombia. Cuatro días después, en esa misma terminal aérea fue arrestado Preciado Na- varijo –exalcalde de Ocos, San Marcos, Guatemala– , cuando hizo escala en su in- tentoporllegaraCostarica. Preciado Navarijo es her- mano de Vivian Preciado Navarijo, diputada al Con- greso por ese departamento elegida en Guatemala, cuyo fundador, el excandidato presidencial Mario Estrada, está condenado en Estados Unidos a 15 años de prisión pornarcotráfico. Ocos es una población fronteriza con México que los carteles de la droga usan comorutaparaeltráfico. En cuanto al hondureño Mario Enrique Medina Sa- nabria, las autoridades lo vinculan con carteles mexi- canos y colombianos. Re- portes judiciales de ese país advierten que el detenido es señalado como presunto enlace en Centroamérica de estos carteles para mover drogahaciaEstadosUnidos. A su vez, Kevin Loanmi Juncoses señaladocomoco- laboradordelosnarcos. El exalcalde deOcos, CarlosDaniel PreciadoNavarijo, fue uno de los extraditados por Panamá aEstadosUnidos. Archivo CarlaGarcía vuelvea apartarsedel escándalo de los albergues SENNIAF ElianaMoralesGil
[email protected] E l papel que tuvo Carla García en la subdirec- ción de la Secretaría Nacional de Niñez, Adoles- cencia y Familia (Senniaf) está bajo escrutinio una vez más, luego de que ayer la ahoragobernadoradePana- má volviera a apartarse del escándalo por presuntos abusos cometidos contrani- ños, niñas y adolescentes en albergues bajo la tutela de esainstitución. “No quiero evadir respon- sabilidades de nada. Carla García atendió cada vez que supo de alguna situación. Se lonotifiquéa ladirectoraco- mo me correspondía, por- que en mis funciones no es- taba la supervisión de los al- bergues. La ley es clara y es- tablecía que la directora ge- neral era quien presidía esta comisión de supervisión y monitoreo de albergues. No un reemplazo. No la subdi- rectora. Pero cuando Carla García tuvo conocimiento de alguna situación de vul- neración de los derechos de un niño, yo lo manifesté. Dondeyomedicuentadeal- guna situación, yo laatendí”, dijo García, hija del vicemi- nistrodelaPresidencia,Car- los García, luego de explicar que el diputado Juan Diego Vásquez la había llamado para ponerla al tanto de una situación en un albergue in- fantil, cuyo nombre no pro- porcionó. Narróquenotificóelcasoa la Dirección y que incluso presentaron una denuncia ante el Ministerio Público (MP). Sus palabras se dieron en los pasillos del ConsejoMu- nicipal de San Miguelito, al que acudió para explicar el proceso de vacunación que empezaráenesedistrito. Allí, los periodistas le pre- guntaron una y otra vez so- bre las responsabilidades que tenía en la Senniaf y el por qué no denunciaron an- te el MP las anomalías que detectó la subcomisión de la Asamblea. “¿Cómo voy a ac- cionar en algo que yo no me di cuenta que estaba ocu- rriendo(...)?”,respondió. Manifestóqueestáaladis- posición del Ministerio Pú- blicoparacualquierrequeri- miento y, de paso,manifestó queellanohubieseaceptado uncargoenelEjecutivo[go- bernadoradePanamá] si no notuviese“ladignidad”para ejercerlo. Entre salario y gastos de representación, García ga- naba $5 mil en la Senniaf. Fue nombrada en la Gober- nación apenas unos días an- tes de que ungrupo de dipu- tados de la Comisión de la Mujer,laNiñez,laJuventud, y la Familia de la Asamblea divulgaraelinforme. Justicia Mientras tanto, la ciuda- danía sigue exigiendo justi- ciapara los responsablespor acción y omisión de los pre- suntos abusos cometidos contraniños, niñas yadoles- centes en losalbergues.Ayer hubo otra protesta frente al MinisteriodeDesarrolloSo- cial. CarlaGarcía, gobernadora dePanamá. Archivo Pueden enfrentar penas de 20 años de prisión Los extraditados pueden enfrentar penas de hasta 20años de prisión por su participación en organiza- ciones para la introduc- ción de droga a los Esta- dosUnidos. A los deteni- dos se les vincula con car- teles de la drogaMexica- nos y colombianos.