2A LaPrensa Panamá, martes 23 de febrero de 2021 Panorama Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom La indignacióncrece: una denunciayotraprotesta La denuncia exige la separación de la ministra del Mides, María Inés Castillo, por negligencia en el resguardo de los albergues. Ciudadanos protestaron frente a la Procuraduría. SENNIAF JuanManuelDíazC.
[email protected] L a indignación ciuda- dana a raíz de los pre- suntos abusos en al- bergues de menores crece día a día: en la mañana de ayer fue presentada una de- nuncia penal ante el Minis- terio Público (MP) y en la tarde se desarrolló otra jor- nadadeprotestas. Laacciónlegalexigequese separare del cargo a María Inés Castillo, titular del Mi- nistra de Desarrollo Social (Mides); ya ladirectorade la Secretaria Nacional de Ni- ñez, Adolescencia y Familia, (Senniaf),MayraSilvera. Se trata de una denuncia penalinterpuestaporelabo- gado Abdiel Enrique Gon- zález, en representación de la activista de derechos hu- manos Niura Rodríguez Bárcenas, para que se inves- tigue a Castillo y a la vicemi- nistra de esa cartera, Mila- gros Ramos, al igual que a Silvera, por la presunta co- misiónde los delitos de abu- so de autoridad e infracción delosdeberesdelosservido- res públicos, relacionados conelmanejodealbergues. La denuncia también al- canzaalaextitulardelMides Markova Concepción; y a la exdirectora y exsubdirecto- ra de la Senniaf Sara Rodrí- guezyCarlaGarcía,estaulti- ma nombrada hace días go- bernadoradePanamá. El recurso pide, además, que se investigue la actua- ción de los directores de los albergues en losquepresun- tamente se han cometido abusos y delitos contra la li- bertadeintegridadsexualde menoresdeedad, ypor lasu- puesta comisión de delitos contralaseguridadcolectiva ydelincuenciaorganizada. La denuncia se basa en el artículo 328-A del Código Penal, el cual establece que quienpertenezcaaungrupo organizado con el fin de ex- plotación sexual comercial y pornografía con menores serásancionadoconpenade 15a30añosdeprisión. El documento precisa que detalles de los hechos se en- cuentra en el informe elabo- rado por una subcomisión de lacomisiónde laMujer, la Niñez, la Juventud y la Fa- milia de la AsambleaNacio- nal, conformada por las di- putadas Walkiria Chandler, Petita Ayarza y Yesenia Ro- dríguez. La denuncia cita una de- claración de Jorge Gianna- reas, especialista en política social del Fondo de las Na- ciones unidades para la In- fancia (Unicef), quien ase- guróque losniñosque se en- cuentran en albergues están bajo la responsabilidad del Estado y que el hechodeque laadministracióndeesoses- tablecimientos esté en ma- nos de una organización no gubernamentalnoesunara- zón para disminuir esa res- ponsabilidad. Laprotesta Horas después de que fue presentadaestaacciónlegal, diversas organizaciones aglutinadasenPoderCiuda- dano Panamá, y otras, pi- quetearon frente a la sede del Ministerio Público para exigirle al procurador Eduardo Ulloa que acelere lasinvestigaciones. AidaTorres,unadelasma- nifestantes, consideróqueel informe entregado por la subcomisióndelaAsamblea Nacional tiene elementos para que los fiscales em- prendan acciones rápidas con el fin de hallar a los res- ponsablesdelosabusos. Además, solicitó la sepa- ración provisional de los di- rectivos de la Senniaf hasta que culminen las investiga- ciones. Por su parte, Rebeca Oso- rio, de la Federación de Pro- fesionales dePanamá, culpó a los actualesdirectivosde la entidad de no actuar con la diligencia suficiente para denunciar los hechos y, en cambio,esperaronaqueuna subcomisión legislativa hi- ciera públicas “las situacio- nes aberrantes” que vive la niñezenlosalbergues. Ciudadanos protestaron ayer frente a las sedes delMinisterioPúblico y del Ministerio deDesarrolloSocial para exigir justicia en los casos de presuntos abusos en albergues demenores. RománDibulet SalaTerceraadmite parcialmentedemanda por casodietilenglicol FALLO JuanManuelDíazC.
[email protected] La Sala Tercera de lo Con- tencioso Administrativo de laCorteSupremadeJusticia admitió parcialmente una demanda de indemnización por $168.3 millones contra la Caja de Seguro Social (CSS), por daños ocasiona- dos a pacientes afectados por la ingesta de medica- mentos contaminados con dietilenglicol, previamente elaborados por los laborato- riosdeesaentidad. El fallo, fechado el pasado 30dediciembre, aunque fue notificado mediante edicto fijado en la Secretaría de la Corte la semana pasada, guarda relación con 421 demandas interpuestas en 2018por la la firmadeabo- gados Carreira Pitti PC en representación del Comité por el Derecho a la Salud y laVida. En la sentencia, la Sala ex- cluyóa32de los 421deman- dantes por “no estar debida- mente certificados como afectadosporeltóxico”. Gabriel Pascual, vocero del comité, detalló que estas personas fueron excluidas “por imperfecciones en la documentación presenta- da”enlasdemandas. Según Pascual, indepen- dientemente de esta deci- sión, el comité continuará tramitandolasdemandasen buscadejusticia. El magistrado Cecilio Ce- dalise se declaró impedido de conocer las demandas, aunque en el edicto no se es- pecificalarazón. Cedalisetambiénsedecla- ró impedido en otras 300 demandas presentadas por el abogado Víctor Orobio en representación de igual nú- mero de víctimas. Si la Sala les da la razón, laCSS tendrá que pagarles unos $2,400 millones. En estas demandas se ale- ga falta de supervisión en el laboratorio de medicamen- tos de la CSS, que fabricó los medicamentos contamina- dosconeltóxico. El caso data de 2006. En agosto se detectaron los pri- meros casos y en octubre las primeras muertes. Lo ocu- rrido es considerado como una de las peores tragedias desaludpúblicaenelpaís.El perredista Martín Torrijos gobernaba Panamá, el mi- nistro de Salud era Camilo Alleyne y el director de la CSS,RenéLuciani. Hasta2015, cuando elMi- nisterio Público cerró la in- vestigación, oficialmente se había reportado la muerte de 170 personas, de un total de 8,000 que se calcula pu- dieron haber sido afectadas. Las investigaciones deter- minaron que las medicinas fueron elaboradas condieti- lenglicolenvezdeglicerinay queelproductofueimporta- dopor laempresaMedicom, S.A.,proveedordelaCSS. Enabrilde2017,laSalaPe- nal condenó a Luciani a 18 meses de cárcel –pena que luego fue ajustada a 16 me- ses–. También condenó a 18meses de prisión a otros siete exfuncionarios –en- tre ellos el exdirector de Farmacias y Drogas del Ministerio de Salud Pablo Solís; la exjefa del Labora- toriodeProduccióndeMe- dicamentos de la CSS Lin- daThomas;yelexasistente defarmaciadelaCSSIgna- cio Torres–. Asimismo, sentenció a 5 años aTeófilo Gateno, quien financió la compra del tóxico, y au- mentóde5a15añosdecár- cel la pena a Ángel De La Cruz,dueñodeMedicom. En enero de 2018, Luciani pidió el reemplazo de la pe- na, peroun juzgadode cum- plimiento se lo negó. Su de- fensa presentó un amparo, quefuenegadoenmarzo.En abril, empero, otro juzgado de cumplimiento le declaró extintalapena. Familiares y víctimas del tóxico han exigido celeridad en el trá- mite de la demandas. Archivo Minsaharáconsultas antes de renovar el contratoamédicos cubanos PRESUPUESTO ElianaMoralesGil
[email protected] La contratación de médi- coscubanoscomopartedela estrategia del Ministerio de Salud (Minsa) para hacerle frente a la pandemia de la Covid-19 dominó ayer bue- na parte de la agenda de la ComisióndePresupuestode laAsambleaNacional. Luis Francisco Sucre, mi- nistro de Salud, acudió a esa comisión para solicitar dos traslados de partidas: $27 millones para pagar sobre- sueldos, seguridad social, y décimo tercer mes al perso- nal de salud, dinero que sal- drá de la partida de emer- gencia del Ministerio de la Presidencia; y $1.9millones parael pagode tresmesesde serviciosalosmédicoscuba- nos, fondos que se traslada- rán del Ministerio de Desa- rrolloAgropecuario. Sin embargo, más que las cifras lo que generó la aten- ción de los diputados fue el convenio con los médicos cubanos. ¿Por qué médicos extranjeros si en Panamá hay médicos sin trabajo?, ¿renovaránelconvenio?,¿se les paga directamente?, fue- ronalgunasde laspreguntas que formularon los diputa- dos Crispiano Adames, del oficialista Partido Revolu- cionario Democrático (PRD), y el independiente GabrielSilva. “Tenemos médicos pana- meños graduados yel país se comportacomosi no tuviese médicos”, dijo Adames que, de paso, defendió el proyec- to de ley que propone diferir lacertificaciónmédica. Sucre respondió que de 420 médicos generales pa- nameños que el Minsa lla- mó,solo95aceptaronentrar al sistema. Recordó que la contratación del personal cubano no se dio por la falta de médicos generales, sino porfaltadeespecialistas. Contó que producto de las cuatro convocatorias que ha efectuado el Minsa para contratar a personal de este tipo, sin contar con las tres que hizo la Caja de Seguro Social, solo se logró la “inte- gración”de14especialistas. Sobrelaextensióndelcon- venioconCuba,unapregun- ta que lanzaron Silva y Ada- mes, el ministro explicó que antes de tomar una decisión consultaránconlasdistintas asociaciones médicas y con losdirectoresde loshospita- les donde están colaboran- do. “En los acuerdoshayuna cláusula que dice que puede ser prolongado. Sin embar- go, hay que hacer el análisis de la situación (...) para po- dertomaresadecisión”,dijo. Silva también preguntó a quién se le pagaba el dinero. Sucre respondió que el con- venioesdepaísapaís. El personal sanitario de Cuba llegóaPanamáduran- telamadrugadadel24dedi- ciembrede2020. Se tratade 220 personas: especialistas en medicina interna, neu- mología, cardiología y tera- pia respiratoria, además de enfermerasyasistentes. Todos pertenecen al con- tingente internacional de médicos especializados en situaciones de desastres y graves epidemias Henry Reeve. Elministro deSalud pidió dos traslados de partidas: uno por $427millones y otro por $1.9millones. IsaacOrtega