3A La Prensa Panamá, viernes 16 de octubre de 2026 Panorama Roxana Méndez, quien estaba al frente de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), puso su cargo a disposición del presidente José Raúl Mulino. Así lo confirmó Méndez a La Prensa. Méndez asumió la dirección de la AND en julio de 2024, cuando el presidente José Raúl Mulino llegó al poder. Durante su gestión, denunció a decenas de autoridades locales que se beneficiaron de la llamada descentralización paralela, un esquema de transferencias de fondos públicos a juntas comunales y municipios controlados por políticos del Partido Revolucionario Democrático (PRD) durante el gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024). Por este caso, Méndez fue cuestionada en varias ocasiones por el diputado y presidente del PRD, Benicio Robinson, durante sus comparecencias ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Robinson la acusó de “perRoxana Méndez deja la Autoridad Nacional de Descentralización EJECUTIVO seguir” a los representantes del PRD. “Lamento, diputado Robinson, que siga sintiéndose tan afectado por las denuncias”, le respondió Méndez en mayo pasado al diputado de Bocas del Toro. Una investigación de La Prensa que abarcó los años 2021, 2022 y 2023 encontró que, en ese periodo, la AND entregó $202.2 millones, al ¿Qué tan resistentes son los edificios anteriores a 1984? José Alejandro Rodríguez [email protected] Eliana Morales Gil [email protected] SISMORRESISTENCIA Especialistas de la UTP recomiendan inspeccionar las estructuras anteriores a 1984 y priorizar hospitales, escuelas y otras instalaciones esenciales para determinar si requieren reforzamiento ante futuros sismos. Los multifamiliares Los Libertadores, construidos en la década de 1970; los edificios Tuira y Chucunaque, de la misma época, y el Hospital Santo Tomás, inaugurado en 1924, tienen algo en común: fueron levantados antes de que Panamá adoptara su primera normativa sismorresistente en 1984. Esa condición hace necesario evaluar su capacidad para resistir un terremoto, aunque la antigüedad, por sí sola, no determina que una edificación sea insegura. Precisamente este tema fue abordado ayer por especialistas de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) durante una rueda de prensa. Ramiro Vargas, especialista en ingeniería estructural y sísmica, destacó que la normativa sismorresistente adoptada en 1984 y sus actualizaciones de 1994, 2004, 2014 y 2021 se aplican a los nuevos proyectos inmobiliarios. Según explicó, no existe una obligación general de adecuar las edificaciones anteriores, por lo que estas pueden presentar una mayor vulnerabilidad ante un sismo. Óscar Ramírez, también especialista en ingeniería estructural y sísmica, recalcó que es incorrecto decir que en la ciudad no hay temblores. La microplaca de Panamá está rodeada de varias placas más grandes, lo que hace que el país sea altamente sísmico, con alrededor de 800 sismos al año. También resaltó que el área metropolitana ha registrado terremotos fuertes a lo largo de la historia debido a las fallas de Pedro Miguel y de Limón, ambas activas y capaces de provocar sismos de magnitud 7. Estas fallas están muy cerca de la ciudad de Panamá, de ahí la importancia de la normativa sismorresistente y su aplicación. Una construcción sismorresistente se caracteriza por su ductilidad, que le permite deformarse sin sufrir una rotura súbita. También requiere una cimentación adecuada a las condiciones del terreno y materiales y refuerzos que cumplan con las exigencias del diseño estructural. Este diario elaboró una lista de edificaciones y sectores desarrollados antes de 1984. Su inclusión no constituye un diagnóstico de vulnerabilidad estructural. Entre ellos figuran: Edificaciones históricas e institucionales: Catedral Metropolitana (1796), Palacio de las Garzas (inicio de su construcción en 1673 y remodelación en 1922, durante la presidencia de Belisario Porras), iglesia de Santa Ana (1764) y edificio de la Lotería (1977). Barrios: Locería (1962), Torrijos Carter (década de 1970), Don Bosco (década de 1970) y Cerro Batea (década de 1970). Multifamiliares: Curundú (décadas de 1960 y 1970), El Chorrillo (década de 1970; muchos edificios se construyeron o remodelaron después de la invasión), Los Libertadores (1970 y 1976), El Marañón (década de 1960), edificios residenciales de la avenida B (década de 1960), Barraza (1975) y Tuira y Chucunaque, en el corregimiento de Betania (década de 1970). Centros educativos: Instituto Nacional (1907), Instituto José Dolores Moscote (1956), Colegio Fermín Naudeau (1958) y campus Octavio Méndez Pereira de la Universidad de Panamá (década de 1950). Instalaciones de salud: Hospital Santo Tomás (1924), Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social (1962; se incorporaron instalaciones de hospitalización en 1976), Hospital José Domingo de Obaldía, en Chiriquí (1934), y Hospital Regional Dr. Rafael Hernández, en Chiriquí (1974). ¿Qué hacer con estas edificaciones? Ramírez señaló que el país no tiene la capacidad financiera para demoler o adecuar automáticamente todas las estructuras antiguas. Sin embargo, los expertos recomendaron que el Estado se enfoque en realizar un censo y una inspección técnica inmediata de las edificaciones públicas e infraestructuras críticas construidas antes de 1984 que deben mantenerse operativas tras un desastre: hospitales, escuelas públicas, estaciones de policía, cuarteles de bomberos, sedes del Sinaproc y puentes. Vargas señaló que la información sobre las estructuras esenciales construidas antes de 1984 debería formar parte del Censo de Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), y que es necesario investigar al respecto. Los especialistas también plantearon la necesidad de diseñar y financiar proyectos de reforzamiento y rehabilitación estructural para aumentar la resistencia y la ductilidad de los edificios antiguos sin tener que demolerlos, con plazos razonables de adecuación. ¿Cómo hacer que las estructuras esenciales sean sismorresistentes? Un proyecto de reforzamiento y rehabilitación estructural requiere varias fases técnicas. Primero, un profesional competente debe evaluar el estado real de la edificación. Esto incluye una evaluación preliminar, un estudio de patología estructural y una simulación computacional que contemple los requerimientos de la normativa sismorresistente vigente. Con estos estudios, se determina la capacidad resistente de la estructura y se define el desempeño que debe alcanzar según su uso. En las instalaciones esenciales, el objetivo es preservar su funcionamiento después de un sismo, además de evitar el colapso. Los ingenieros pueden combinar diferentes técnicas, según las necesidades de cada edificio: aumentar la sección de columnas o vigas mediante concreto o acero; incorporar muros de corte y disipadores de energía, como amortiguadores —implementados, según lo expuesto, en el Instituto Oncológico Nacional—, y reforzar las cimentaciones y las conexiones de los elementos estructurales. El Tribunal Superior de Apelaciones ordenó la detención provisional de ocho exfuncionarios de la Junta Comunal de Belisario Porras, en San Miguelito, imputados por presunto peculado. Los investigados permanecían en depósito domiciliario desde su imputación, el pasado 24 de septiembre. La medida fue modificada por decisión mayoritaria en una audiencia celebrada este jueves 15 de octubre. Los magistrados consideraron que la juez de garantías no valoró el impacto de los hechos atribuidos a los imputados sobre la comunidad y las arcas estatales. La lesión patrimonial se calcula en $8 millones. Los magistrados advirtieron que “no se pueden tolerar comportamientos corruptos que afecten a la comunidad”, especialmente con estos recursos destinados a proyectos sociales. “La corrupción afecta la capacidad del gobierno para dar servicios públicos a los grupos sociales más Ocho exfuncionarios de junta comunal pasan de arresto domiciliario a prisión BELISARIO PORRAS vulnerables”, señalaron al comunicar su decisión. La fiscal anticorrupción Johana Osorio explicó que la investigación surgió de una denuncia de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), entidad que había transferido los fondos a la junta comunal. Según las pesquisas, se hicieron desembolsos a 14 grupos familiares sin documentación que los sustentara. Algunos beneficiarios recibían dos o tres cheques por quincena sin realizar trabajos ni prestar servicios. La fiscalía ha identificado pagos por $1 millón a familiares durante el periodo investigado y señaló que los imputados recibieron entre $100,000 y $150,000. Osorio sostuvo que las evidencias apuntan a una estructura destinada a sustraer recursos de la descentralización mediante la simulación de programas sociales que no se ejecutaron. Los desembolsos se justificaban como pagos por supuestos servicios, pero no se han encontrado documentos que los respalden. También se detectaron listas de asistencia cuyas firmas presentaban la misma letra. Por este caso están imputados la exrepresentante Karen Barrios y el extesorero Valentín Rodríguez. En total, la fiscalía ha formulado cargos a 15 personas y tiene pendientes otras audiencias de imputación. La audiencia comenzó a las 8:30 a.m., pero la sala fue desalojada por el sismo de magnitud 4.9 registrado un minuto después. Juan Manuel Díaz [email protected] Roxana Méndez ejercía el cargo como directora de la ADN desde julio de 2024. Archivo Algunas de las construcciones anteriores a 1984 Infografía: LP - Fuente: UTP PATRIMONIO HISTÓRICO DEL CASCO VIEJO: Catedral Metropolitana (1796), Palacio de las Garzas (1673 inicio de construcción, 1922 su última remodelación por Belisario Porras), Iglesia de Santa Ana (1764), Edificio de la Lotería (1977) BARRIOS: Locería (1962), Torrijos Carter (década de los 70s), Don Bosco (década de los 70s), Cerro Batea (década de los 70s) ESCUELAS: Instituto Nacional (1907), Instituto José Dolores Moscote (1956) Colegio Fermín Naudeau (1958), Campus Octavio Méndez Pereira de la Universidad de Panamá (década de los 50s) SALUD:Hospital Santo Tomás (1924), Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social (1962, se integró con hospitalización en 1976), Hospital José Domingo de Obaldía en Chiriquí (1934), Hospital Regional Dr. Rafael Hernández en Chiriquí (1974) MULTIFAMILIARES: Curundú (década de los 60s y 70s), El Chorrillo (década de los 70s, muchos se construyeron o remodelaron después de la invasión), Los Libertadores (1970), El Marañon (década de los 60s), Edificios residenciales de Avenida B. (década de los 60s), Los Libertadores (1976), Barraza (1975), Tuira y Chucunaque en el corregimiento de Betania (década de los 70s) MUCHAS DE ESTAS EDIFICACIONES SE ENCUENTRAN CERCA DE LA FALLA DE PEDRO MIGUEL, LO QUE LAS EXPONE A POSIBLES EFECTOS DE UN TERREMOTO. margen de los mecanismos establecidos en la ley de descentralización. De ese total, el 74.1% fue a parar a gobiernos locales controlados por alcaldes o representantes del PRD, el partido gobernante en aquella época. Bocas del Toro, área electoral de Robinson, recibió al menos $28.9 millones de la descentralización paralela, entre 2021 y 2023. Méndez dijo que al menos $320 millones se repartieron “sin justificación”, aunque reconoció que algunos gobiernos locales han logrado sustentar el uso de los recursos.
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