1B La Prensa Panamá, viernes 11 de septiembre de 2026 Dos propuestas con cambios radicales al mercado eléctrico El Ejecutivo propone más control al modelo de distribución eléctrica, mientras Vamos plantea abrir el mercado a nuevos comercializadores y ampliar las opciones para los consumidores. Wilfredo Jordán S. [email protected] El proyecto de ley 705, presentado por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, plantea, entre otros cambios, darle a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) la facultad de intervenir una empresa de distribución eléctrica cuando esté en riesgo la continuidad del servicio que presta. El Ejecutivo propone modificar las reglas que rigen el sector eléctrico panameño, dos años antes de que venzan los actuales contratos de concesión firmados entre ENSA, Edemet y Edechi (Naturgy) con el Estado. La iniciativa también traslada a las empresas distribuidoras la responsabilidad de ejecutar proyectos de electrificación rural en áreas no servidas. Estos proyectos serían definidos por la Oficina de Electrificación Rural con la Secretaría Nacional de Energía y aprobados por la ASEP. La propuesta mantiene el periodo de concesión de distribución de energía por 15 años. Igualmente establece que, antes de su vencimiento, la ASEP deberá convocar un proceso competitivo para la venta del paquete mayoritario de las acciones de las distribuidoras. El paquete mayoritario se define como el bloque de al menos el 51% de las acciones de la empresa, tanto de ENSA como de Naturgy, que permite ejercer el control de la compañía. El 49% restante le pertenece al Estado panameño. Los actuales contratos de las distribuidoras vencen en octubre de 2028, por lo que el proyecto introduce desde ahora las reglas que regirían el proceso para determinar quién mantiene el control de estas compañías durante los siguientes 15 años. El mecanismo propuesto permitiría participar a las actuales ENSA y Naturgy. Si estas presentan una oferta igual o superior a la más alta de los demás participantes, conservaría la concesión. Si otro participante ofrece más, el paquete mayoritario sería adjudicado al mejor oferente y se otorgaría una nueva concesión por 15 años. ASEP podría intervenir Uno de los cambios de mayor alcance, propuesto por el Ejecutivo, es la creación de una figura de intervención para garantizar la continuidad del servicio. La propuesta permitiría a la ASEP, como ente regulador, intervenir a un prestador del servicio eléctrico durante el tiempo necesario para corregir las deficiencias detectadas. De ser aprobada, esta figura podría convertirse en una de las principales herramientas nuevas de la ASEP frente a incumplimientos de las empresas. Más obligaciones para las distribuidoras Además de atender las solicitudes de suministro y ejecutar las inversiones aprobadas, las distribuidoras deberán ampliar sus redes para atender nuevas demandas y cumplir con la electrificación rural. También deberán invertir en redes inteligentes, sistemas de medición y mantenimiento de las instalaciones. El proyecto cambia además la compra de potencia y energía. ENSA y Naturgy podrán realizar, individual o conjuntamente, los procesos para contratar el suministro, bajo parámetros de la ASEP. Esta facultad entraría en vigor el 22 de octubre de 2028. Actualmente, Etesa organiza estos procesos. Las distribuidoras tendrán hasta 15 días para resolver reclamos por facturación o alto consumo; de no responder, se entenderán favorables al cliente. Igualmente, las multas a los prestadores podrían alcanzar los $20 millones, según la gravedad, reincidencia e incumplimiento. También se contemplan sanciones diarias de entre $100 y $10,000 por desobedecer órdenes de la ASEP. La propuesta, presentada el 7 de septiembre de 2026, está pendiente del primer debate en la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos. Los diputados podrán modificar, eliminar o incorporar disposiciones. Otro proyecto para el mercado eléctrico Ayer, 10 de septiembre, la Coalición Vamos, presentó el anteproyecto de ley para reformarelmercadoeléctrico. Serían así dos proyectos, sumando la iniciativa del Ejecutivo. Su propuesta busca abrir el mercado a comercializadores independientes, democratizar la energía solar, endurecer las sanciones por fallas del servicio e inhabilitar a distribuidoras reinciclientes elegibles sin ser propietarios de la red de distribución. Para hacer viable este esquema, se busca ordenar al Centro Nacional de Despacho (CND) administrar una plataforma digital neutral que permita concretar el cambio de comercializador en un plazo máximo de 48 horas. La apertura sería gradual, iniciando el primer año para clientes con una demanda igual o superior a 100 kW y reduciéndose a 50 kW en el segundo año, abriendo la puerta a incorporar progresivamente a usuarios residenciales en fases posteriores. Para asegurar inversiones reales en la red, se exige a los agentes de transmisión y distribución formular planes quinquenales vinculantes de modernización, expansión y mantenimiento sometidos a la aprobación expresa de la ASEP, eliminando la aprobación automática por silencio administrativo. La calidad del servicio se evaluará públicamente y se establecería un procedimiento técnico auditable para determinar el origen de las interrupciones, garantizando que no se imputen a las distribuidoras las fallas provenientes de la red de transmisión. El régimen sancionatorio sufre una reestructuración profunda al sustituir los montos fijos por multas graduadas en función de los ingresos regulados anuales del infractor: de 0.1% a 1% para faltas leves, de 1% a 5% para faltas graves y de 5% a 10% para faltas muy graves. Los fondos recaudados por estas multas deberán reorientarse prioritariamente a compensar a los clientes afectados mediante créditos directos en sus tarifas. La reforma propone la independencia técnica y funcional del CND respecto a Etesa, estableciendo estrictas incompatibilidades para evitar que una misma persona ejerza simultáneamente funciones de regulación, política energética y representación accionaria del Estado, e imponiendo a las empresas el deber de invertir al menos el 0.5% de sus ingresos anuales en programas de eficiencia energética sin costo adicional para el usuario. PROYECTOS DE LEY dentes de cara a la licitación de concesiones de 2028. El documento define explícitamente al llamado “Prosumidor” como aquel cliente que consume energía y, a la vez, genera electricidad para su autoconsumo con la posibilidad de inyectar excedentes a la red. Se consagra el derecho legal de todo usuario a interconectar sistemas renovables sin que la distribuidora pueda impedirlo arbitrariamente. Para instalaciones pequeñas en casas o pequeños comercios (hasta 10 kW), se crearía un procedimiento simplificado con un plazo de respuesta de máximo 5 días hábiles. También promueve la comercialización independiente y el derecho a la portabilidad energética. El anteproyecto separa la operación de la red física del negocio de venta de electricidad, permitiendo que comercializadores independientes debidamente licenciados vendan energía a Economía & negocios @prensaeconomia Niveles de los afluentes del Canal EMBALSE GATÚN COMPARATIVO EMBALSE ALHAJUELA Comparativo con la misma fecha del año anterior 10 DE SEPTIEMBRE 2026 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10 DE SEPTIEMBRE 2026 10 DE SEPTIEMBRE 2025 84.05 pies 238.39 pies 241.96 pies 86.52 pies 150 100 50 0 300 200 100 0 -2.47 pies El nivel del embalse gatún está 2.47 pies por debajo del año anterior COMPARATIVO -3.57 pies El nivel del embalse Alhajuela está 3.57 pies por debajo del año anterior Infografía: LP - Fuente: ACP 446 Km2 Superficie: 44.3 Km2 Superficie: Reducción de calado de 48.5pies en esclusas neopanamax
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