4A La Prensa Panamá, sábado 5 de septiembre de 2026 Panorama He empezado a creer que hay una manipulación abierta y descarada sobre dónde se duerme cuando se es detenido preventivamente mientras se desarrollan las investigaciones por parte del Ministerio Público, como, por ejemplo, cuando los detenidos enfrentan un proceso por enriquecimiento injustificado. Sé que cuando se dictan estas medidas, hay variantes que son consideradas para enviar a alguien a una celda o su casa o los dejan en libertad a condición de reportarse una vez por semana o quincena. En este caso, establezco como punto de referencia –o de comparación–el caso del exvicepresidente José Gabriel Gaby Carrizo, acusado de enriquecimiento injustificado. Fue enviado a su casa –un apartamento de casi $2 millones, el equivalente a una cárcel dorada, ubicada en una de las zonas más exclusivas del país– para evitar que el exfuncionario conociera las mugrosas condiciones en las que tienen que vivir aquellos a los que aún se les debe presumir su inocencia. En el caso de la exsecretaria de la Contraloría General de la República Zenia Vásquez, se le investiga por la supuesta comisión del delito mencionado, por un monto que asciende a más de $770 mil. Vásquez fue enviada a su casa, lo mismo que Carrizo. Nadia del Río, exasistente del expresidente Laurentino Cortizo (2019-2024), fue denunciada por supuesta corrupción y enriquecimiento injustificado (por un monto de más de $570 mil). No hay informes de que se le haya impuesto o que la busquen para detenerla de forma preventiva, ni en su casa ni en el Sistema Penitenciario. En cambio, hay otros detenidos por una cuantía mucho menor que la atribuida a ellos. Es el caso del exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) Bernardo Meneses, que lleva ya más de un año detenido. Primero en Tinajitas y luego en la Nueva Joya, por presunto enriquecimiento injustificado, pese a que el monto por lo que se le investiga es de $420 mil, según auditorías de la Contraloría. Carrizo, en cambio, está en su casa por un monto casi cuatro veces mayor. Por poco menos del doble de esa cantidad, pero solo un tercio de lo que se le atribuye a Carrizo, y un poco menos que el monto atribuido a Vásquez, el exdirector de Ingresos Publio de Gracia pasó esta semana de Tinajitas a la Nueva Joya, tras ser acusado de enriquecerse injustificadamente por un monto de casi $725 mil. Lo mismo pasa con el exdirector de la Autoridad para la Innovación Gubernamental Luis Oliva, acusado del mismo, por un monto de $937 mil. Y, al igual que De Gracia y Meneses, terminó en La Joya. En cambio, Carrizo disfruta la joya de su apartamento, a pesar de que el monto de lo que se le acusa es el doble del de Oliva. Igual con Noriel Araúz, exadministrador de la Autoridad Marítima de Panamá, enviado a detención provisional por no haber podido justificar más de $1.3 millones. Araúz pasa sus días en La Joya, mientras que Carrizo ya debe estar aburrido de comer y dormir bien, de jugar Nintendo, de practicar nuevos pasos de baile o de cantar Lucy mejor que la última vez que lo hizo en público. El único al que se le atribuye un supuesto enriquecimiento mayor que el de Carrizo es el exdirector de Pandeportes Héctor Brands. La Contraloría encontró un desbalance en su contra de $650 mil, pero el Ministerio Público ubica esa cifra en $3 millones, sin contar otras acusaciones. Algunas noticias ubicaban su detención en Tinajitas, donde seguramente se pasa mejor que en La Joya, nuevo hogar de los otros y por montos mucho menores que el de Brands, quien ha sido probablemente el único que intentó irse del país. Con esto no defiendo a nadie. Lo que yo crea sobre el caso de cada uno de ellos es irrelevante, pues la justicia tiene que probar si, efectivamente, cometieron el delito. Pero lo que no me explico es por qué unos sí a sus casas y otros no. Recuerdo que casi todos los acusados del gobierno de Martinelli pasaron sus días en El Renacer, donde nada es parecido a Tinajitas o a la Loya en sus diferentes versiones, pero era el mismo rasero. Si se va a la cárcel preventivamente por $400 mil, entonces que vayan todos. Así no surgen esos matices que propician las sospechas y suspicacias, con o sin riesgo de fuga, porque siempre estará presente. Sábado Picante Rolando Rodríguez B. [email protected] Solo para cubrir la planilla hasta el cierre de 2026, Unachi requiere aproximadamente $30 millones. Archivo Unachi aún no paga la quincena a 2,000 funcionarios por falta de recursos Aleida Samaniego C. [email protected] EDUCACIÓN SUPERIOR El rector Absel Navarro atribuye el atraso a la falta de recursos y al déficit presupuestario. Unos 2,000 funcionarios de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), entre docentes y administrativos, todavía no han recibido el pago correspondiente a la quincena del 26 de agosto, cuyo desembolso lleva nueve días de atraso. El rector de la universidad, Absel Navarro, confirmó este viernes 4 de septiembre que la institución aún no cuenta con los fondos necesarios para hacer efectivo el pago. La situación golpea especialmente a los trabajadores con menores salarios. Según Navarro, algunos funcionarios ya enfrentan dificultades para cubrir incluso el costo del transporte para llegar a la universidad. “Tenemos funcionarios de los que devengan menos salario que ya no pueden ni trasladarse a la universidad”, afirmó. El rector agregó que la falta de pago está generando preocupación entre los trabajadores. “Ya están entrando en desesperación cada uno de ellos”, manifestó. La universidad espera recursos La administración de Unachi espera una reunión con funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de la Contraloría General de la República, prevista para el próximo 9 de septiembre. Navarro explicó que será después de ese encuentro cuando se determine qué ocurrirá con el pago pendiente. “Hasta el día de hoy no se ha podido lograr que se asignen los recursos, en este caso los fondos necesarios para esta quincena”, señaló. El rector atribuyó el atraso a un déficit presupuestario que, según dijo, arrastra la universidad. Solo para cubrir la planilla hasta el cierre de 2026, Unachi requiere aproximadamente $30 millones. Navarro advirtió que el problema va más allá del pago atrasado. A su juicio, el presupuesto disponible es insuficiente para atender las necesidades de la institución. “Con esas cifras que tenemos ahora y que para este año están recomendando 80 millones, así no se puede operar la universidad”, sostuvo. Una administración que apenas comienza El atraso en el pago ocurre pocos días después de que Navarro asumiera la rectoría de Unachi, tras imponerse en las elecciones universitarias del 19 de agosto. El nuevo rector sostuvo que su administración recibió una universidad con dificultades financieras y pidió al Gobierno respaldo para enfrentar la situación. “Estamos hace apenas cinco días de haber recibido esta administración y sí solicitamos que el Gobierno nacional nos brinde ese apoyo”, dijo durante la entrevista. Navarro también pidió que se permita a su equipo demostrar que puede manejar la universidad en medio de la situación financiera. “Que nos den ese voto de confianza, que nos den esa oportunidad de hacer las cosas bien”, manifestó. La prioridad inmediata de la nueva administración es conseguir los fondos para pagar la quincena atrasada antes de que corresponda el próximo desembolso. “De forma inmediata, que se hagan los esfuerzos para que todos los funcionarios reciban ese pago de la quincena”, pidió Navarro. Eliana Morales Gil [email protected] Lugar donde quedaba el Mirador del Pacífico. Archivo Juez ordena proteger el terreno donde se encontraba monumento chino demolido MEDIDA Un Tribunal de Garantías ordenó ayer viernes 4 de septiembre medidas conservatorias sobre el inmueble donde se encontraba el Mirador del Puente de Las Américas, que fue demolido el 27 de diciembre de 2025. De acuerdo con un comunicado del Ministerio Público, la decisión responde a una solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, que investiga la posible comisión de delitos contra la administración pública, abuso de autoridad y otras conductas relacionadas con la demolición del monumento. El juez autorizó medidas conservatorias innominadas, previstas en el artículo 270 del Código Procesal Penal. La resolución suspende cualquier acto, proyecto o actividad dentro del inmueble y prohíbe intervenciones de cualquier naturaleza en el lugar mientras avance la investigación. La Fiscalía inició las pesquisas después de la demolición del mirador, ocurrida el 27 de diciembre de 2025, medida que fue ordenada por Stefany Peñalba, alcaldesa de Arraiján. El mencionado espacio albergaba un monumento chino construido como símbolo de la amistad entre Panamá y la República Popular China. Su remoción se dio meses después de que miembros de la comunidad china en el país expresaran sus inquietudes por los nuevos proyectos de la Alcaldía de Arraiján, que contemplaban la transformación integral del mirador y la eliminación de estructuras existentes. En su momento, la alcaldesa defendió la remoción del monumento chino alegando riesgos estructurales y respaldo legal, y aseguró que asumirá el costo político para evitar una tragedia. Explicó que la decisión se sustentó en tres informes técnicos, elaborados por la Dirección de Obras y Construcciones del municipio, el Sistema Nacional de Protección Civil y una consultoría externa, los cuales con cluyeron que las estructuras presentaban deterioro estructural avanzado, con desprendimiento de concreto y rajaduras. Con las medidas, el terreno queda sujeto a las restricciones establecidas por el Tribunal mientras las autoridades determinan si existieron irregularidades en las decisiones que llevaron a la demolición y si alguna persona incurrió en responsabilidad penal. La Procuraduría General de la Nación informó que continuará con las investigaciones y que ejercerá la acción penal ante los tribunales de justicia, de acuerdo con la Constitución y la legislación vigente. Sin embargo, no menciona quienes son las personas investigadas.
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