2A La Prensa Panamá, miércoles 19 de agosto de 2026 El magistrado del Tribunal Electoral Luis Guerra durante su sustentación del presupuesto para 2027 en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Captura de pantalla Diputados cuestionan gasto de $1.7 millones en seguro para funcionarios Eliana Morales Gil [email protected] COMISIÓN DE PRESUPUESTO El Tribunal Electoral sustentó ante la Asamblea Nacional un presupuesto de $162.2 millones para 2027, monto que incluye partidas para seguros, elecciones, publicidad y tecnología, entre otros. El monto que pagará el Tribunal Electoral (TE) en seguros para sus funcionarios volvió al debate en momentos en que dos de los magistrados de la institución sustentaban el presupuesto con el que pretenden trabajar en 2027. El hecho ocurrió en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional durante la noche del lunes, cuando los magistrados Narciso Arellano y Luis Guerra Morales respondieron preguntas de los diputados sobre la manera como se distribuirá el dinero. El presupuesto que le recomendó el Ministerio de Economía y Finanzas al TE es de $162,242,523. El gasto total en la partida de seguros asciende a $1,777,367. De esos, $1,299,000 son para cubrir la póliza de atención médica privada (plan médico-hospitalario), de los funcionarios, además de un seguro de vida y accidentes personales. El resto corresponde a la cobertura de la flota vehicular del Tribunal Electoral. El primero que puso el tema sobre la mesa fue José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino (Moca). “¿Se sigue ofreciendo el seguro de vida y automóvil para los colaboradores del Tribunal?”, preguntó. Respondió el magistrado Guerra: “El de auto no lo tenemos. El de vida sí”, manifestó. La empresa proveedora del servicio es Pan-American Life Insurance Group, según explicó el magistrado Guerra. “El Tribunal Electoral tiene cualquier cantidad de funcionarios con 60 años que tienen enfermedades crónicas y esa aseguradora los cubre”, contó Guerra ante los diputados al momento de justificar el contrato con esta compañía. Según el magistrado, este gasto tiene su fundamento legal en el artículo 9, numeral 7, de la Ley 5 de 2016 (Ley Orgánica del TE), que faculta al pleno de la institución a mantener dichas pólizas según la disponibilidad presupuestaria. Además, aclaró que el tribunal no sufraga la totalidad del costo, sino que se maneja bajo un esquema de pago compartido (50% la institución y 50% el funcionario). Pérez Barboni preguntó: “¿Por qué el tribunal se crea esta atribución para otorgar el seguro?”. Guerra contestó: “Ah, yo no sé… no estaba aquí cuando se hizo la ley, diputado”. El diputado de Moca cuestionó entonces que se creaba “un privilegio” que las otras instituciones no tienen. Pero Guerra insistía: “Yo no estaba cuando se hizo la ley. No lo veo como un privilegio de absolutamente nada. Somos una institución que nos preocupamos frente a los bajos salarios de nuestros colaboradores”, sustentó. Diputado Duke advierte sobre la contradicción Por su parte, el diputado Luis Duke, de la bancada Vamos, fue más enfático al sustentar la contradicción de aprobar estos gastos mientras los hospitales públicos nacionales carecen de insumos básicos y presupuesto suficiente. Duke recordó que ha presentado iniciativas legislativas para prohibir que las instituciones utilicen fondos del Estado para pagar seguros privados a sus funcionarios. Al igual que Pérez Barboni, manifestó que no deben existir “fueros ni privilegios” en el servicio público. Ante las críticas, el magistrado Guerra defendió el seguro como un incentivo necesario para retener el talento humano, especialmente considerando que muchos funcionarios perciben salarios bajos, cercanos a los $900, y deben realizar labores de alto riesgo. “Nuestros funcionarios llegan a lugares donde solo en caballo pueden entrar, pasando hasta ocho horas cruzando ríos y montañas para garantizar que el ciudadano pueda votar”, expresó Guerra al mencionar las giras que realiza la institución en áreas como la comarca Naso Tjër Di, Darién y las montañas de Veraguas. Otros gastos Además de los seguros, durante la sesión, el TE justificó otros incrementos significativos. Para el Plan General de Elecciones (Plagel) se contemplan $16,776,187, con el propósito de iniciar formalmente los preparativos de los comicios de 2029, lo que incluye el reclutamiento de hasta 40,000 ciudadanos para las mesas de votación. El gasto en publicidad será de $2.5 millones. Según lo que explicaron las autoridades del TE, estos recursos se destinarán a educar a la población sobre el cierre del padrón electoral e impugnaciones. Mientras que el renglón correspondiente a tecnología y ciberseguridad contempla un rubro de $22 millones en servicios comerciales y financieros para la renovación de licencias críticas (Oracle, SQL, Office 365) y la protección de los datos de identidad de los panameños, los cuales el TE custodia de forma independiente a la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental por razones de seguridad nacional. La sesión concluyó con el compromiso del Tribunal Electoral de enviar los términos de referencia de sus contrataciones de publicidad a los diputados, mientras que la Comisión de Presupuesto evaluará si recomienda ajustes a la baja en las partidas de seguros y consultorías. La Procuraduría General de la Nación (PGN) solicitó una ampliación de la auditoría que la Contraloría General de la República realizó al fallido contrato de concesión de Panama Ports Company (PPC), empresa que hasta febrero pasado operó los puertos de Balboa y Cristóbal. Esta ampliación “es un insumo necesario para la investigación”, que ya acumula 360 tomos, informó la PGN en una nota de prensa divulgada ayer. Más temprano, el contralor Anel Flores dijo en TVN Noticias que, respecto a PPC, “no hemos visto movimiento en el Ministerio Público sobre el tema de la posible corrupción que hubo ahí”. Sin embargo, no ofreció detalles de los avances o de las diligencias realizadas hasta el momento. “La rapidez no puede sustituir el rigor, la objetividad, la transparencia y el cumplimiento de las reglas y etapas procesales del sistema penal”, recordó. Este sería un nuevo capítulo de tensiones entre el procurador Luis Carlos Gómez y Anel Flores, tras el episodio aquel donde el contralor irrumpió una diligencia en el despacho de una fiscalía anticorrupción. El 9 de abril pasado, Flores ingresó al despacho de la fiscal anticorrupción Adela Cedeño, cuando entrevistaba a auditoras de la Contraloría, impidiendo así la culminación de la diligencia. Las auditoras estaban sienLa PGN responde al contralor: sí hay avances en el caso de PPC INSTITUCIONES do entrevistadas en el marco de la causa que se adelantaba contra el exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, por presunto enriquecimiento injustificado. En las imágenes que circularon en redes sociales en ese momento, se observó claramente cuando el contralor llegó al edificio de la fiscalía, acompañado del subcontralor Omar Castillo. El procurador solicitó entonces una audiencia al pleno de la Corte Suprema de Justicia para que se investigara la actuación de Flores. Es la Corte el ente competente para procesar e imponer medidas cautelares al contralor de la República. Pero a la fecha, el proceso no ha registrado avance. Hasta el presidente José Raúl Mulino intervino en esa desavenencia en aquel momento. Pidió a ambos “allanar diferencias” tras conversar por separado con los dos funcionarios, quienes —según dijo— le presentaron sus respectivas versiones de los hechos. VEA 3B Mónica Palm José González Pinilla [email protected] Anel Flores y Luis Carlos Gómez. Archivo Panorama Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Dan de alta a exfuncionario herido durante altercado Dieron de alta a Alberto Llerena, el exfuncionario de la Alcaldía de Panamá que resultó herido en la cabeza durante un altercado con agentes de la Policía Municipal en el edificio Hatillo. Yaritza Llerena, hija del exservidor municipal, informó que su padre salió del Hospital Santo Tomás la tarde de ayer, luego de permanecer 15 días hospitalizado. “Está evolucionando bien, pero es obvio que tras una operación no se sana de la noche a la mañana”, dijo. Llerena resultó herido en medio de una protesta por el pago de prestaciones laborales en la sede de la Alcaldía de Panamá. El exfuncionario fue sometido a una cirugía debido al fuerte golpe que recibió en la cabeza. Llerena reclama el pago de la prima de antigüedad. La semana pasada, la Alcaldía informó que la Dirección de Recursos Humanos atendió a la hija del exfuncionario y le comunicó que ya se tramita el pago de las vacaciones acumuladas y la prima de antigüedad. Según la información proporcionada por la Alcaldía, a Llerena le corresponden 15 meses de salario y el trámite podría demorar aproximadamente seis meses. POLICÍA MUNICIPAL José González Pinilla [email protected] Alberto Llerena, a su salida del hospital. 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