6A La Prensa Panamá, viernes 14 de agosto de 2026 Panorama La exalcaldesa de la capital y actual gobernadora de Panamá, Mayín Correa, se sumó a las críticas contra la creación de la Policía Municipal de la Alcaldía de Panamá. “Esto es totalmente ilegal”, aseguró Correa en una entrevista con La Prensa. Recordó que durante su gestión como alcaldesa (19941999) creó un cuerpo de vigilantes municipales con el objetivo de custodiar los bienes de la comuna capitalina. “Nos llevaban las cosas del parque, nos robaban, pues, hasta las bancas”, dijo Correa, al explicar que, en ese entonces, la Alcaldía debía solicitar apoyo a la Policía Nacional para atender este tipo de situaciones. Mediante el Acuerdo Municipal No. 7 del 11 de enero de 1996 se crearon el Departamento de Inspección y el Servicio de Atención Inmediata. Como secciones de apoyo se sumaron la canina y motorizada. “Solo le dábamos un arma pequeña a los agentes que llevaban la plata de Tesorería al banco y luego se la quitábamos”, explicó. Correa aseguró que las administraciones de José Blandón (2014-2019) y José Luis Fábrega (2019-2024) mantuvieron el departamento de vigilancia como tal, encargado de custodiar los bienes de la Alcaldía y los parques, además de brindar asistencia a la ciudadanía. Ahora, dijo, el alcalde Mayer Mizrachi transformó ese departamento en una policía, con exmiembros del Servicio Nacional de Fronteras, a quienes, según afirmó, entrenan “como si fueran a la guerra” y dotan de armas “mejores que los policías”. “Yo hice una agencia de seguridad del Municipio de Panamá, nada de policía, nada de reglamento policial como lo tienen ahora. Da terror”, aseguró. Correa también ponderó la posición del presidente José Raúl Mulino, quien el pasado fin de semana se pronunció en contra de este organismo policial, y manifestó su esperanza de que la iniciativa sea anulada. “Es ilegal y punto. Afortunadamente, esto lo van a declarar ilegal”, aseguró. “No puede haber dos policías en el país”, añadió, al tiempo que advirtió que otros municipios podrían intentar replicar ese modelo. ‘Es taquilla’ Ayer, el alcalde Mizrachi volvió a defender la creación de la Policía Municipal y rechazó los cuestionamientos. El alcalde dijo, durante el inicio de los trabajos de saneamiento y recuperación de ríos de la ciudad, que las críticas provienen de políticos “fracasados” y sostuvo Mayín Correa sobre la Policía Municipal de Mayer Mizrachi: ‘Es ilegal y punto’ ENTREVISTA que la iniciativa busca “complementar” la labor de la Policía Nacional, siempre que exista coordinación entre ambas instituciones. “La Policía Municipal no es un invento de este municipio, es una policía que existía hace 30 años y data, en otros municipios, de 100”, dijo Mizrachi. A su juicio, el debate debería centrarse en los esfuerzos para resolver los problemas de la ciudadanía. “Es taquilla de políticos fracasados”, respondió. La Policía Municipal fue creada mediante el Acuerdo Municipal No. 162 del 17 de junio de 2025, aprobado en menos de cinco minutos y “con urgencia notoria” por el Consejo Municipal, a solicitud de Mizrachi. La norma establece una estructura con rangos de tradición policial y militar: cabos, sargentos, tenientes, capitanes y un mayor. Además, autoriza a sus agentes a portar “armas de fuego cortas y largas, que no sean de guerra”, realizar requisas corporales, registrar vehículos y aprehender ciudadanos, facultades que, según el Ministerio de Seguridad, invaden competencias que la Constitución reserva a los estamentos de seguridad del Estado. El acuerdo ya ha sido objeto de dos acciones judiciales. La Policía Nacional presentó una acción de inconstitucionalidad en febrero de 2026 contra el acuerdo. Sin embargo, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia no admitió el recurso. Posteriormente, el Ministerio de Seguridad Pública presentó una demanda de nulidad ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia. Este recurso sí fue admitido y busca dejar sin efecto el acuerdo que creó la Policía Municipal. El lunes, el diputado Ernesto Cedeño, de la bancada Seguimos, presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el acuerdo. Según Cedeño, la creación de este cuerpo de seguridad, que depende de la Alcaldía de Panamá, “excede las competencias” de un consejo municipal y debió establecerse mediante una ley aprobada por la Asamblea Nacional. El recurso fue admitido. El Centro Nacional de Despacho se encarga de coordinar y administrar la energía que demandan los clientes de todo el país. Wilfredo Jordán Crisis en el CND de Etesa: un correo, varios despidos y la injerencia política Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] José González Pinilla [email protected] SISTEMA ELÉCTRICO Una alerta por falta de fondos de Etesa terminó con cuatro salidas del Centro Nacional de Despacho y reavivó el debate sobre su independencia técnica y la injerencia política en el organismo. Todo comenzó con un correo días atrás. A través de esa comunicación, el Centro Nacional de Despacho (CND) alertó a los agentes del mercado eléctrico de que la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa) no tenía fondos suficientes para cumplir con sus obligaciones. Después vino la rectificación y, con ella, los despidos de varios funcionarios técnicos. El funcionario del CND Danyelo Duartes fue quien informó a los agentes del mercado que Etesa no tenía recursos para cubrir los débitos de junio de 2026 y un ajustedemarzode2025,por lo que se ejecutarían las garantías de pago. Todo indica que el mensaje no gustó dentro de Etesa y horas después, el director del CND, Carlos Barretto, aclaró que el correo fue enviado sin autorización y sin información financiera actualizada, y aseguró que Etesa sí contaba con los fondos. Este episodio, ocurrido la semana pasada, volvió a poner sobre la mesa una preocupación que desde hace años plantean conocedores del sector: el CND, una pieza clave para mantener encendido el sistema eléctrico del país, no debería estar sujeto a los vaivenes de la política ni depender de Etesa, y en su lugar, debe gozar de autonomía propia como ya ocurre en otros países. En total, cuatro funcionarios con años de experiencia salieron de la cúpula del CND. ¿Por qué la inquietud de los especialistas? El CND, bajo el paraguas de Etesa, es el cerebro operativo del sistema eléctrico del país. Desde allí se coordina, en tiempo real, qué plantas deben generar y cuánto deben producir para cubrir la demanda nacional de electricidad. También administra el mercado mayorista y realiza las liquidaciones entre generadores, distribuidores y otros agentes, determinando quién debe pagar y quién debe recibir. Juez y parte Eduardo De la Guardia, quien acumula más de 27 años de experiencia en el mercado energético, considera que el episodio de la semana pasada confirma la necesidad de separar al CND de Etesa. A su juicio, el CND actuó correctamente al informar que Etesa no había depositado los fondos necesarios para cubrir las transacciones del mercado ocasional. No obstante, considera que el problema radica en que el CND debe tomar decisiones sobre Etesa mientras permanece bajo su control. “Usted no puede ser parte de una entidad donde tiene que identificar al culpable de una acción y multarlo cuando el responsable es el que le tiene que firmar su cheque”, plantea. En su opinión, esta estructura convierte a Etesa en juez y parte y hace indispensable que el CND opere de manera independiente, una separación que, asegura, viene defendiendo desde hace varios años. El especialista también advierte sobre la influencia política dentro de Etesa y su posible impacto en las decisiones del CND. Según De la Guardia, cuando una deficiencia en el sistema de transmisión de Etesa genera costos adicionales por generación obligada, existe el riesgo de que el organismo busque responsabilizar a otros actores o reducir el precio de esa energía para evitar que Etesa asuma el costo. A su juicio, esta situación evidencia por qué las decisiones que afectan al mercado eléctrico deben estar protegidas de intereses políticos y responder a criterios estrictamente técnicos. De la Guardia sostiene que la discusión no pasa por privatizar Etesa, sino por cambiar la forma en que se administra. Considera que, después de 30 años, la empresa estatal debe ser gestionada con criterios profesionales y técnicos, aunque permanezca bajo propiedad del Estado. Para él, el primer paso es sacar al CND de su estructura. El cerebro del sistema El economista y especialista en el sector energético Fernando Aramburú Porras describió al CND como el “cerebro” del sistema eléctrico nacional. Desde allí se decide qué plantas deben entrar en operación de acuerdo con la demanda y sus costos de generación, comenzando por las más económicas hasta cubrir las necesidades del país. Para el exfuncionario, quien participó en el proceso de reestructuración del desaparecido Irhe, se trata de una función altamente técnica que requiere profesionales con años de formación y experiencia para operar un sistema que funciona de manera permanente. El CND también cumple una función clave en la operación comercial del mercado eléctrico. Porras explica que el organismo actúa como una especie de cámara de compensación, en la que se determinan los débitos y créditos entre generadores, distribuidores y otros agentes del mercado, según la energía que cada uno produjo o recibió. En ese esquema, los participantes deben contar con garantías que respalden el cumplimiento de sus obligaciones. Por eso, considera que la comunicación en la que el CND informó que Etesa no tenía fondos suficientes para cubrir sus compromisos y que se utilizarían las garantías formaba parte de sus responsabilidades. Para el exministro, la salida de funcionarios técnicos resulta especialmente preocupante porque se trata de personal cuya formación y experiencia no pueden sustituirse de manera inmediata. A su juicio, el episodio demuestra el riesgo de que las decisiones técnicas queden sujetas a intereses políticos. “Es la institucionalidad lo que está en juego”, sostiene, al advertir que remover a funcionarios por cumplir con sus funciones puede debilitar la confianza de las empresas y los consumidores que participan en el mercado eléctrico. La preocupación, añade, trasciende el manejo de las transacciones. El CND también tiene la responsabilidad de determinar el origen de una interrupción eléctrica y establecer si la causa corresponde a la falla de un generador, a la empresa de transmisión, a un distribuidor o a un hecho fortuito. Por ello, el economista considera que el organismo no debería estar sometido a los vaivenes de Etesa. Incertidumbre En palabras del exsecretario de Energía Víctor Urrutia, el problema está en la incertidumbre que genera una renovación abrupta del liderazgo de un organismo encargado de administrar un mercado con fuertes inversiones públicas y privadas. Urrutia advierte que, al sumar la experiencia acumulada por los cuatro funcionarios removidos, se trata de décadas de conocimiento sobre el funcionamiento del mercado eléctrico panameño. El especialista explica que operar este mercado requiere conocer sus reglas, actores y procedimientos, por lo que sustituir de golpe a quienes ocupaban los principales cargos puede afectar la confianza de los inversionistas. Recuerda que en los últimos 25 años se han invertido unos $11 mil millones en el sector eléctrico panameño y sostiene que la continuidad es especialmente importante en un sistema que funciona segundo a segundo. “El riesgo más grande es la incertidumbre”, afirma Urrutia, quien considera que cualquier cambio en la estructura del CND debería hacerse de manera gradual, para preservar la continuidad y evitar perturbaciones en la operación del sistema. Este medio intentó obtener una versión de Etesa sobre lo ocurrido, pero al cierre de la edición no hubo respuesta. Roy Morales, gerente general de Etesa. Archivo Mayín Correa, excaldesa y actual gobrernadora de la provincia de Panamá.. José González Pinilla
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