4A La Prensa Panamá, lunes 6 de julio de 2026 Panorama ACERTIJO. Ahora que se instaló la nueva junta directiva de la Asamblea, empieza oficialmente la rebatiña por el control de las comisiones legislativas. Camacho se resiste a confirmar si presidirá o no la Comisión de Gobierno, por tercer año consecutivo. Si no dice nada, es porque probablemente sea cierto o van a poner a otro servil. Como sea, es poco lo que se puede hacer para evitar la entrega de esa comisión a intereses oscuros. PAVO. En tanto, en la Comisión de Presupuesto, unos apuestan por la reelección de Eduardo Vásquez, de Cambio Democrático (CD), como presidente de dicha instancia, mientras que otros sostienen que no, que será reemplazado por quien hasta ahora ha sido su vicepresidente, Chello Gálvez, de RM. Si ponen a Chello, el presupuesto se puede ir en la compra de pavos y jamones. CULEBRITAS EMBERRACADAS. Duelo de venenos en el partido de las culebritas. La dirigencia del Panameñista increpó a José Blandón por opinar que el partido no debió abstenerse en la votación del 1 de julio. El jefe de bancada, Popi Varela, señaló que la bancada optó por mantener el “equilibrio” entre dos “fuerzas diametralmente opuestas”: la del Gobierno (que lidera RM) y la de la oposición (con mayoría de Vamos). Esa podría ser la declaración más desequilibrada que ha ofrecido un diputado en los últimos días. STOP. Ernesto Cedeño presentará una demanda para impedir que la Alcaldía de Panamá utilice el “cepo” o bota inmovilizadora en aquellos vehículos que se estacionen sobre las aceras del distrito capital. Cedeño alega que esa es competencia de la ATTT, no de la alcaldía. Al final será la Corte la que decida, pero, en realidad, en Las autoridades de la Unachi se han visto obligadas a realizar ajustes inmediatos en sus gastos operativos. Cortesía Compensaciones cuestan más de $2 millones al año en la Unachi Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] CRISIS FINANCIERA Como parte de sus medidas de austeridad, la Unachi anunció que eliminará los sobresueldos y gastos de representación de sus principales autoridades. La Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) asegura que atraviesa la peor crisis financiera de su historia y, como respuesta, anunció la eliminación de sobresueldos y gastos de representación asignados a sus principales autoridades, decanos y directores. Sin embargo, la decisión también pone el foco en el costo que estas compensaciones han representado para la institución. ¿Cuánto dinero destinaba mensualmente la universidad a estos beneficios y qué peso tenían dentro de la planilla heredada de la administración de la exrectora Etelvina Medianero de Bonagas? Según la planilla de la Unachi, publicada en la página web de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), la universidad destina $17,900 mensuales al pago de gastos de representación para 22 funcionarios, entre ellos la rectora, los vicerrectores, decanos, directores de centros regionales y el director de Planificación. La mayor asignación por este concepto corresponde a la Rectoría, con $3,000 mensuales. Le siguen seis autoridades universitarias —los vicerrectores Académico, Administrativo, de Investigación y Postgrado, de Asuntos Estudiantiles y de Extensión, además de la Secretaría General—, que perciben $1,500 cada uno, para un total de $9,000. A su vez, 14 decanos y directores de centros regionales reciben $400 mensuales, mientras que el director de Planificación percibe $300. A estas erogaciones se suma una partida de $155,828 destinada al pago de sobresueldos, lo que eleva el desembolso mensual de la Unachi por compensaciones adicionales a $173,728. En conjunto, estos beneficios representan una parte importante del gasto en remuneraciones de la universidad y se añaden a los salarios base que perciben sus autoridades académicas y administrativas. En total, el gasto anual en sobresueldos y gastos de representación supera los $2 millones. No obstante, ese ahorro aún sería insuficiente para hacer frente al costo de la abultada planilla de la Unachi, cuyo desembolso mensual ronda los $6 millones. Los ajustes En una nota oficial, la institución informó que entre 2025 y 2026 sufrió un recorte presupuestario superior a $34 millones, una reducción que, según la Rectoría, compromete la sostenibilidad de las funciones de docencia, investigación y extensión que desarrolla la casa de estudios. El comunicado, firmado por el rector encargado, Pedro González, señala que la Contraloría General de la República, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Educación solicitaron a la universidad realizar ajustes inmediatos en sus gastos operativos como condición previa para la conformación de una mesa técnica que analice la situación financiera de la institución. Frente a este escenario, las autoridades universitarias sostienen que adoptaron un conjunto de acciones “responsables” y ajustadas a la legislación vigente con el propósito de preservar la operatividad académica. Entre las medidas de aplicación inmediata destaca la eliminación de los sobresueldos y los gastos de representación asignados a las autoridades superiores de la universidad, así como la supresión de los gastos de representación que reciben los decanos y directores de centros regionales. El plan también contempla una reducción del 40% de los sobresueldos correspondientes al personal que desempeña cargos de dirección, además de una revisión de la estructura organizacional para disminuir los costos operativos sin afectar, según la Rectoría, las actividades académicas, de investigación y extensión. El programa de ajuste incluye, además, el congelamiento de acciones de personal, entre ellas reclasificaciones, nombramientos y licencias con sueldo, así como la desvinculación de personal administrativo en el marco de un proceso de reorganización institucional. La universidad asegura que estas decisiones se ejecutarán con apego a la Ley 62 de 2008, que regula la Carrera Administrativa, y que forman parte de una estrategia para reducir el gasto operativo frente a la disminución de recursos. Revisarán la ley Como parte de las medidas de mediano plazo, la Unachi plantea revisar la Ley 4 de 2006 y el Estatuto Universitario para adecuar el marco normativo a las necesidades actuales de la institución. También propone diseñar un plan de retiro voluntario consensuado con los gremios docentes y administrativos, e implementar plenamente la Carrera Administrativa Universitaria. Por su parte, la ministra de Educación, Lucy Molinar, afirmó, tras reunirse con las autoridades de la Unachi, que durante el encuentro se abordó la crisis financiera que enfrenta la universidad, una situación que, a su juicio, “se originó por la complacencia de muchas personas”, por lo que advirtió que “tenemos que hacer ajustes grandes”. Pese al difícil panorama, la ministra aseguró que mantiene la confianza en la recuperación de la institución y expresó su optimismo de que la Unachi logre transformarse y fortalecerse, aun cuando ese proceso implique sacrificios. Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Celestino Vargas. Alexander Arosemena Representantes buscan un aumento de $1,000 al mes en presupuesto de 2027 CONARE La Coordinadora Nacional de Representantes (Conare) incorporó a su propuesta de presupuesto para 2027 un incremento de $1,000 mensuales para los representantes de corregimiento, con el objetivo de elevar sus salarios a $3,000. El presidente de Conare, Celestino Vargas, recordó que durante el período gubernamental anterior (2019-2024) se les prometió aumentar sus ingresos hasta $3,500 mensuales, un compromiso que nunca se materializó. Ahora, explicó, aspiran a un ajuste menor, de $1,000 que permitiría fijar el salario en $3,000 mensuales. Vargas defendió la petición al argumentar que los representantes de corregimientos son funcionarios de elección popular que mantienen un contacto permanente con las comunidades y que, en muchos casos, destinan parte de sus ingresos a atender necesidades sociales en sus corregimientos. Incluso comparó sus remuneraciones con las de otros funcionarios administrativos y aseguró que existen secretarias que perciben salarios superiores a los de muchos representantes. La solicitud fue sustentada ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como parte de una propuesta presupuestaria de $58 millones para el funcionamiento de los consejos provinciales durante 2027, organismos que agrupan a todas las juntas comunales del país. El presidente de Conare explicó que esa partida cubriría los salarios de los representantes principales y suplentes, además de los gastos operativos de los consejos provinciales en todo el país. Actualmente existen 700 juntas comunales en Panamá. De aprobarse el ajuste, el incremento salarial tendría un costo aproximado de $700,000 mensuales, equivalente a $8.4 millones al año. Aunque la propuesta de Conare constituye, por ahora, una iniciativa, su viabilidad dependerá de la recomendación que formule el MEF sobre el monto que incorporará al proyecto de presupuesto. Posteriormente, la asignación será analizada y debatida por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Vargas también recordó que, durante la administración anterior, los representantes dejaron de recibir los gastos de movilización que algunos municipios otorgaban de acuerdo con su capacidad financiera. Sostuvo que la eliminación de ese beneficio afectó especialmente a quienes deben desplazarse de forma constante para atender comunidades apartadas y rechazó la percepción de que todos los representantes cuentan con altos ingresos o privilegios económicos. Sobre las pesquisas que se siguen por el manejo de fondos de la descentralización, señaló que existen representantes sometidos a investigaciones pese a haber cumplido con las normas vigentes al momento de ejecutar los recursos, y cuestionó que se les pretenda atribuir responsabilidad por el uso final que terceros dieron a ayudas económicas entregadas conforme a la ley. El más reciente informe sobre la descentralización paralela revela que las auditorías a 663 municipios y juntas comunales detectaron $233.4 millones sin sustento razonable, tras revisar transferencias superiores a 320 millones. Panamá hay dos verdades: no hay lugar para estacionarse y todo el mundo se estaciona donde le da la gana. ESCONDIDOS. La Secretaría de la Sala Tercera de la Corte Suprema comunicó que, a partir de la fecha, los edictos ya no aparecerán en una lista abierta en el sitio organojudicial.gob.pa. Quien quiera consultar alguno en particular deberá indicar el número del expediente. Otra bofetada a la transparencia. Tal Cual Mónica Palm [email protected]
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