2A La Prensa Panamá, jueves 18 de junio de 2026 El nuevo centro de máxima seguridad será construido cerca del actual Complejo Penitenciario La Joya. Elysée Fernández Tres nuevas cárceles: dónde estarán y qué capacidad tendrán José González Pinilla [email protected] LICITACIONES En los próximos días arrancará el acto público para el diseño y construcción de un Centro Penitenciario de Máxima Seguridad bajo la modalidad de Asociaciones Público Privadas (APP). Son tres los nuevos centros penitenciarios que el Gobierno pretende construir en los próximos meses. Las obras tendrán un costo total de $392 millones y una de ellas se desarrollará bajo el esquema de Asociaciones Público-Privadas (APP). “¿Que si es una inversión fuerte? Sí. Porque el país lo necesita”, justificó la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, en momentos en que el Sistema Penitenciario enfrenta una crisis marcada por la fuga de 195 reos de la cárcel La Joyita y el hacinamiento en los centros penales. La ministra explicó que el ministerio afina los detalles para publicar en los próximos días el acto público para el diseño y construcción de un Centro Penitenciario de Máxima Seguridad bajo la modalidad APP. El costo de esta cárcel será de aproximadamente $130 millones, según informó Jorge Torregroza, director del Sistema Penitenciario. El centro tendrá capacidad para albergar a unas 2,000 personas y estará ubicado cerca del actual complejo penitenciario La Joya, en el corregimiento de Las Garzas. Penal en Divisa El pasado 8 de junio, el Ministerio de Gobierno (Mingob) lanzó la licitación para la construcción de una nueva cárcel en el interior del país. Se trata del proyecto para el diseño, construcción y mantenimiento del nuevo Complejo Penitenciario de Provincias Centrales, cuyo precio de referencia es de $177.2 millones. El proyecto se desarrollará en el sector de Divisa, corregimiento de Los Canelos, provincia de Herrera, y tendrá capacidad para albergar a 3,000 privados de libertad. Además, contará con instalaciones para aproximadamente 450 custodios. El penal incluirá pabellones diferenciados según el perfil de la población penitenciaria. Por ejemplo, los privados de libertad de mínima y mediana seguridad serán alojados en dormitorios colectivos con capacidad para seis personas, mientras que los internos de alta peligrosidad permanecerán en celdas individuales sometidas a mayores niveles de control. También dispondrá de una escuela y un taller de formación en distintas disciplinas básicas, como construcción y plomería. Sin embargo, las autoridades locales se oponen a la construcción del centro. Iván De León, alcalde de Santa María, aseguró que la comunidad rechaza el proyecto. “Aquí hay centros educativos importantes, como el Instituto Nacional de Agricultura y el Instituto de Artes Mecánicas. Además, hay que tomar en cuenta el impacto ambiental, porque tenemos el río Cañazas y el río Santa María”, señaló. Según De León, Divisa es la puerta de entrada a la región de Azuero y no debería convertirse en “el patio trasero” de la península. “Imagínese una cárcel en la entrada”, cuestionó. Ante esta situación, el Concejo Municipal solicitó una reunión con la ministra Montalvo para buscar un acuerdo. Cárcel de rehabilitación A finales de mayo, el Mingob también publicó la licitación para la construcción de un complejo penitenciario especializado en resarcimiento y rehabilitación, cuyo precio de referencia asciende a $85 millones. El centro tendrá capacidad para albergar a 2,500 personas preliberadas, es decir, que se encuentren en la etapa final del cumplimiento de sus condenas, bajo un régimen diferenciado de confianza y prelibertad. Estará ubicado frente al complejo penitenciario La Joya. “Serán cinco centros penitenciarios los que esta administración debería dejar construidos o con un avance significativo en su construcción”, explicó la ministra Montalvo. En enero pasado, el presidente José Raúl Mulino inauguró el nuevo Centro Femenino de Rehabilitación La Esmeralda (Cefere), obra desarrollada bajo el esquema APP por $22.4 millones y con capacidad para albergar a 520 privadas de libertad. Dos personas fueron detenidas y ocho menores de edad, víctimas de explotación sexual fueron recuperados, en una operación conjunta entre el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Ministerio Público realizada en Barú, distrito de Puerto Armuelles, en Chiriquí. La investigación se inició hace 15 días cuando, a través de información de inteligencia, se ubicó en esa área a dos personas en flagrancia relacionados con el abuso de un menor de edad. Trascendió que los aprehendidos son una pareja residente en Barú y que los niños objeto de abuso vivían en su residencia. En el allanamiento también se logró el decomiso de equipos electrónicos y celulares que en estos momentos son objeto de análisis por parte de funcionarios del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. En 2023, a través de la operación Trillizas, el Ministerio Público y la Policía Nacional lograron la aprehensión de 11 personas vinculadas en delitos contra el orden y la libertad sexual en perjuicio de varios meSenafront aprehende a implicados en caso de explotación sexual de menores DELITO SEXUAL nores de edad. En esa ocasión, la investigación reveló que los implicados ofrecían servicios sexuales con menores de edad y que incluso subían a las redes sociales imágenes de niños. Durante la investigación, dos de los implicados alcanzaron acuerdos de pena de 172 y 111 meses de prisión por el delito de explotación sexual de menores de edad. También se ordenó la detención provisional de cuatro ciudadanos de 52, 62, 60 y 58 años, y una mujer de 40 años, imputados por los delitos contra la humanidad, en la modalidad de trata de personas con fines de explotación sexual de menores, corrupción de personas menores de edad, contra la libertad e integridad sexual, en la modalidad de violación y pago por violaciones sexuales, en calidad de autores. Juan Manuel Díaz [email protected] Detenidos durante la operación. Cortesía/Policía Nacional Panorama Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Una red criminal generó al menos $29 millones entre los años 2023-2024 con el tráfico de unos 800 mil migrantes que transitaron por la selva de Darién, según se desprende de una investigación realizada por la Fiscalía de la Dirección Especializada en Lavado de Activos de Colombia. En la operación de la fiscalía colombiana se logró la detención de nueve personas a quienes se acusa de haber orquestado una estructura criminal que, a través de supuestos paquetes turísticos promocionados en redes sociales, servía como fachada para coordinar el traslado de extranjeros hacia la provincia de Darién. El exdirector del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) Oriel Ortega confirmó que estas redes asociadas al Clan del Golfo eran las encargadas de trasladar hasta la frontera de Darién a los grupos de migrantes que luego ingresaban a las diferentes trochas. Ortega detalló que Senafront manejaba información de las actividades de estos grupos que amasaban grandes sumas de dinero con el tráfico de migrantes y que estos datos eran entregados a agencias internacionales como el Buró Federal de Investigaciones (FBI por siglas en inglés) y la policía colombiana Los migrantes llegaban a las comunidades de Capurganá, Acandí y Sapzurro, todas fronterizas con Panamá, y de allí entraban a Darién para realizar una larga caminata hasta la estación de migrantes de San Vicente, en donde eran atendidos por las autoridades panameñas. En 2025, a raíz de la política migratoria de Estados Unidos y el cierre de las trochas de Darién por parte del Senafront, el tráfico de migrantes descendió hasta un 98%. Como consecuencia de la Red lavó al menos $29 millones producto del tráfico de migrantes por Darién INVESTIGACIÓN caída en el número de migrantes, el Servicio Nacional de Migración y el Senafront cerraron las estaciones de recepción de migrantes. Durante la travesía por la selva de Darién cientos de migrantes perdieron la vida y otros sufrieron heridas que les impidieron seguir su camino, por lo que debieron permanecer largos períodos en Panamá. La denominada operación Elías dejó al descubierto que el Clan del Golfo diversificó sus actividades en el área fronteriza tras la caída del negocio del tráfico de migrantes, que mantuvo su auge entre los años 2020 y 2023. Según las investigaciones, estas redes criminales ahora dedicadas a la minería ilegal, sacan el oro hacia Colombia y distribuyen sus ganancias a través de una intrincada red de sociedades y empresas. El 31 de enero de 2025, Panamá y Colombia desarrollaron una operación binacional con participación del Senafront y el Ejército Colombiano durante la cual fueron desmanteladas 15 estructuras en las que había maquinaria para la extracción de oro. El Clan del Golfo también controla la ruta del tráfico de drogas en el área fronteriza entre Panamá y Colombia. La mayoría de sus embarques se mueven por trochas en la selva y, por mar, a través de pequeñas lanchas. Juan Manuel Díaz [email protected] Fotografía que muestra a migrantes caminando por el Tapón de Darién. EFE
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