4A La Prensa Panamá, viernes 12 de junio de 2026 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] ATORADA. En medio de las conversaciones con los panameñistas para una eventual alianza electoral, la diputada Janine Prado opinó que Vamos debe presidir la Asamblea y no conformarse con una vicepresidencia. Va a ser difícil que los demás logren convencerla (al igual que a Alejandra Brenes y Yamireliz Chong) de que es buena idea apoyar nuevamente al panameñista Jorge Herrera. Aunque estar en una bancada implica tragar algunos sapos, el tamaño de ciertos anfibios no justifica el sacrificio. REFRIEGA. Prado, por cierto, decidió ajustar cuentas con Neftalí Zamora, después de que el diputado dijera que es falso que la Comisión de Presupuesto —a la que ambos pertenecen— aumentó los fondos asignados a la Asamblea. Prado replicó que no solo es cierto que el presupuesto del Legislativo ha aumentado (por lo menos en $30 millones), sino que se han aprobado traslados de partida sin el visto bueno de esa comisión, lo que —según ella advirtió— constituye una ilegalidad y un acto de corrupción. Lo bueno de las peleas entre antiguos aliados es que salen a relucir reproches que, en otras circunstancias, serían impensables. OPCIONES. Roberto Zúñiga, el jefe de bancada de Vamos, anunció que, aunque hay conversaciones con los panameñistas, no se descarta que los independientes puedan postular a un candidato propio. Ojalá estén sacando bien las cuentas, porque, si esto sucede, podrían disminuir las posibilidades de repetir la hazaña del 1 de julio de 2025 y derrotar a Shirley. SHOW. El contralor Anel Flores se presentó este jueves en la policlínica JJ Vallarino pensando que encontraría una película de terror, pero aquello parecía una comedia romántica: el personal de turno en sus puestos, los pacientes conformes, la farmacia abastecida... O todo marcha muy bien o alguien filtró que el contralor iba para allá. Dino Mon, director de la Caja de Seguro Social. Archivo La CSS pagará $2.4 millones por un seguro contra errores de sus funcionarios Ereida Prieto-Barreiro [email protected] CONTRATACIONES La cobertura a unas 70 personas incluiría gastos de defensa, costos judiciales e indemnizaciones para directivos, subdirectores, miembros de la junta directiva y asesores de la Dirección General. La Caja de Seguro Social (CSS) prevé contratar una póliza de seguro con una cobertura de hasta $15 millones anuales durante tres años consecutivos para atender reclamaciones relacionadas con errores, omisiones y decisiones adoptadas por altos funcionarios durante el ejercicio de sus funciones. La cobertura alcanzaría a 70 personas dentro de la estructura de mando de la institución. La lista está encabezada por el director general de la CSS, Dino Mon, e incluye además a 49 directores nacionales y subdirectores, dos asesores de la Dirección General y los 18 miembros de la Junta Directiva. Con esto se busca proteger al personal frente a reclamaciones relacionadas con actos culposos, errores de gestión, incumplimiento del deber fiduciario, omisiones, supervisión inadecuada y declaraciones involuntariamente incorrectas. La póliza tendría una vigencia de 36 meses y un precio de referencia de $2.4 millones. La contratación está consignada en el Informe D.N.F.A.S. No. 782-2026, documento cuya autenticidad fue confirmada a La Prensa. De acuerdo con el informe, la denominada “Póliza de seguro de directores, subdirectores, miembros de la Junta Directiva y asesores de la Dirección General” busca proteger a la institución y a sus funcionarios frente a acciones legales derivadas del ejercicio de funciones de dirección y administración. Entre las coberturas previstas figuran la protección patrimonial de los asegurados, gastos de defensa, honorarios de abogados y peritos, costos de investigación, gastos judiciales e indemnizaciones derivadas de reclamaciones presentadas contra los funcionarios cubiertos. La póliza también contempla cubrir los costos legales de defensa, incluso cuando no exista una determinación de responsabilidad, así como reclamaciones derivadas de decisiones o actuaciones realizadas durante el desempeño de funciones administrativas. Uno de los aspectos más relevantes del documento es que incluye cobertura para indemnizaciones derivadasdereclamacionescontra servidores públicos asegurados como consecuencia de actos erróneos cometidos en el ejercicio de sus funciones, además de los gastos asociados a su defensa. Distribución millonaria Según el informe, la suma asegurada sería de $15 millones por cada año de vigencia, bajo un esquema de límite único agregado. La propia CSS precisó posteriormente que la cobertura total proyectada alcanzaría los $45 millones durante los tres años de duración de la póliza, mientras que el costo estimado de contratación se mantiene en $2.4 millones. ‘No es nada nuevo’ Consultado por este medio, el director general de la CSS, Dino Mon, sostuvo que esta contratación no constituye una medida nueva ni exclusiva de la institución, sino una obligación prevista en la Ley Orgánica desde 2005. Mon aseguró que este tipo de pólizas es utilizado por otras entidades estatales y forma parte de los mecanismos de gestión de riesgos contemplados para instituciones que administran recursos públicos o toman decisiones con impacto sobre terceros. “Es la póliza que contratan el Banco Nacional, la Caja de Ahorros, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y otras instituciones. Viene desde el año 2005 en la ley. No es nada nuevo, no sé cuál es el tema”, indicó. Asimismo, señaló que la cobertura tiene como propósito responder ante posibles afectaciones a terceros y no beneficiar directamente a los funcionarios. “Esto está en la ley. Hay que contratarlo. Es para indemnizar a los terceros afectados, no a los funcionarios de la Caja”. Mon indicó que la contratación se sustenta en las disposiciones legales que regulan las facultades y responsabilidades de la junta directiva y del director general respecto a la contratación de seguros y mecanismos de protección institucional. Añadió que, conforme a la normativa vigente, corresponde al director general gestionar la contratación inicial y sus renovaciones periódicas, mientras que las coberturas se establecen en función de la responsabilidad inherente a cada cargo. En un comunicado divulgado posteriormente, la CSS defendió la contratación y aseguró que la póliza “no constituye un privilegio para funcionarios” ni tiene como finalidad proteger actos de corrupción, fraude, enriquecimiento ilícito o cualquier conducta dolosa. La institución justificó que se trata de un mecanismo de gestión de riesgos que busca evitar que eventuales reclamaciones civiles impacten recursos destinados a medicamentos, atención médica, pensiones, infraestructura y programas de salud. Contratación por tres años La CSS ya inició el proceso de contratación y la licitación se encuentra en fase de homologación. En la reunión realizada el pasado 9 de junio participaron seis empresas interesadas en el proceso. Según el informe, la compañía que resulte adjudicada deberá contar con el respaldo de reaseguradoras internacionales y cumplir con los requisitos mínimos de calificación de riesgo establecidos por la institución. La póliza comprendería los años 2026, 2027 y 2028, con una asignación presupuestaria de $800 mil por año, para un total estimado de $2.4 millones. El documento está fechado el 9 de abril de 2026 y aparece firmado por el director ejecutivo nacional de Finanzas, César Herrera, y por Mon. En la justificación de la contratación, la CSS señala que la póliza busca fortalecer el marco de gobernanza institucional, la gestión responsable del riesgo y la protección jurídica vinculada al ejercicio de funciones directivas dentro de la entidad. Tras la publicación de la información, la CSS informó a este medio que Mon, grabará un video para explicar los alcances de la póliza y los fundamentos legales que respaldan su contratación. Juan Manuel Díaz [email protected] Tribunal mantiene detención del exdirector de la AIG, Luis Oliva JUSTICIA El exdirector de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) Luis Oliva continuará detenido, luego que el Tribunal Superior de Apelaciones confirmó la decisión asumida por un juez de garantías el pasado 31 de mayo. La decisión adoptada de manera unánime por los magistrados, establece que los argumentos presentados por la Fiscalía Anticorrupción indican que el exfuncionario no pudo justificar la suma de $937 mil que se le atribuyen como enriquecimiento injustificado. En su decisión, los magistrados estimaron que la medida cautelar aplicada a Oliva es cónsona con la gravedad del delito investigado y que se cometió cuando se desempeñaba como funcionario. La investigación de la Fiscalía Anticorrupción surgió a raíz de un informe de auditoría realizada por la Contraloría General de la República en septiembre de 2025, que arrojó un diferencial de $937 mil con relación al monto devengado como funcionario, tras la culminación de su gestión. Oliva fue aprehendido el pasado 31 de mayo cuando se encontraba en una playa de la provincia de Coclé y fue trasladado a la ciudad de Panamá para enfrentar el cargo de enriquecimiento injustificado. La fiscalía logró aportar una serie de evidencias en las que supuestamente el exfuncionario no pudo justificar la procedencia de estos fondos El exdirector de la AIG mantiene otro proceso en curso por presuntas irregularidades en el manejo de la plataforma Listo Wallet, usada para gestionar los pagos a los beneficiarios del programa Vale Digital del plan Panamá Solidario. Por este caso también están investigados los empresarios Budy y Ralph Atie y la abogada Janice Becerra. ANIVERSARIO. Este viernes se cumplen nueve años de la histórica captura de Martinelli en Miami. Seguramente, aquel año que estuvo preso en Estados Unidos estuvo mejor acompañado que los cinco en los que fue presidente de la República. PRESENTE. El presidente Mulino se reunió la noche del miércoles con la bancada de RM. Por lo menos ya hay constancia de que regresó de Grecia.
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