4A La Prensa Panamá, viernes 15 de mayo de 2026 Panorama ADLÁTERES. La renuncia de Etelvina es inminente, asediada por los recortes presupuestarios, las investigaciones de Antai, la deuda de la CSS y los reclamos del personal, entre otras calamidades producto del desgaste, del abuso, del despilfarro, del descontrol, del clientelismo, etc, etc. Pero lo que todavía la sostiene en ese cargo es la caterva de directores y vicerrectores que la ha convencido de que no se marche o, al menos, que no lo haga sin haber garantizado antes que todos ellos mantendrán sus jugosos salarios. Ya se sabía que no sería fácil librarse de esta gentuza. MOCIÓN. Un grupo de estudiantes solicitó una moción de censura contra la rectora ante el Consejo General Universitario, el máximo órgano de gobierno de la Unachi. Este cuerpo colegiado tiene la facultad de remover a la rectora, con el voto de censura de al menos dos tercios de sus miembros con derecho a voz y voto. Pero hay un agravante: el referido consejo está conformado por decanos, vicerrectores, secretarios y otros cargos que, en su mayoría, le deben el puesto (y otras prebendas) a Etelvina. Con razón la rectora ha hecho lo que le ha dado la gana. CHILEA. José Raúl Mulino reconoce que tiene una buena relación con el presidente de la Asamblea, Jorge Herrera. ¿Habría podido decir lo mismo si el año pasado hubiera ganado Shirley? PELOTA. Ayer le preguntaron al presidente Mulino qué opinaba sobre la potencial renuncia de Etelvina, y señaló que quien debía responder era la ministra de Educación. No obstante, la ministra Molinar replicó que no, que a ella no le corresponde dar las explicaciones. ¿Entonces? En lo que sí coinciden es en que la permanencia de la rectora es insosteniEl viceministro de Salud, Manuel Zambrano, en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional sustentando el traslado de partida para el pago de indemnización al consorcio Nuevo ION. Cortesía $7.5 millones para indemnizar a consorcio del fallido Oncológico Aleida Samaniego C. [email protected] SALUD PÚBLICA La Comisión de Presupuesto aprobó un traslado de $7.5 millones del Meduca al Minsa para pagar la primera parte de una indemnización de $14.9 millones al consorcio Nuevo ION Panamá. La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó ayer un traslado de partida interinstitucional por $7.5 millones del Ministerio de Educación (Meduca) al Ministerio de Salud (Minsa) para realizar el primer pago por compensación de daños y perjuicios al consorcio Nuevo ION Panamá, integrado por las empresas Acciona Construcción, S.A. —antes Acciona Infraestructuras, S.A.— y Panamá Consulting Health, S.A. (PCH). La solicitud llegó a la Comisión de Presupuesto luego de que el Gobierno anunciara, el pasado 21 de abril, un acuerdo transaccional con el consorcio Nuevo ION Panamá para el pago de $14.9 millones, tras la terminación unilateral, por parte del Estado, del proyecto “Estudios, diseño, desarrollo de planos, construcción y financiamiento para la edificación del nuevo Instituto Oncológico Nacional”, cuyo costo ascendía a $160.8 millones. El viceministro de Salud, Manuel Zambrano, explicó que este año se desembolsarán $7.5 millones, mientras que el monto restante, de $7.4 millones, será pagado en 2027, luego de una negociación con la empresa, que reclamaba en un tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones una indemnización superior a los $70 millones. Durante la sustentación del traslado de partida, la diputada de la coalición Vamos, Jannie Prado, preguntó si se había presentado alguna denuncia o auditoría relacionada con un proyecto que pudo haberle costado al Estado más de $70 millones, además de que el nuevo ION nunca se construyó. Ante la consulta, Zambrano respondió que no. No obstante, el viceministro manifestó, a título personal, que los funcionarios públicos deben responder por sus decisiones administrativas y consideró necesaria una revisión de las leyes y de los niveles de responsabilidad al asumir cargos públicos. Además, señaló que situaciones como la suspensión de obras, el vencimiento de pólizas o decisiones que terminan afectando económicamente al Estado deberían implicar consecuencias para quienes las autorizaron, aunque aclaró que no podía afirmar si en este caso existieron actos de negligencia o irregularidades administrativas. En la misma línea que Prado, el diputado de la coalición Vamos, Betserai Richard, cuestionó que el Estado tenga que pagar una indemnización por un proyecto que nunca llegó a construirse. “Sin poner un solo bloque, tener que pagar $14.9 millones no es responsable”, dijo en la sesión. Richard también consultó si el Estado había apelado la decisión; sin embargo, representantes del Minsa explicaron que no se presentó ninguna apelación debido a que se alcanzó un acuerdo con la empresa en medio del proceso arbitral. Según indicaron, las negociaciones se realizaron con la participación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Por su parte, el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Crispiano Adames, solicitó al Minsa que precisara las razones por las cuales la empresa presentó la solicitud de indemnización en junio de 2024, nueve años después de la terminación del contrato. Ante la consulta, las autoridades de Salud respondieron que, tras la rescisión del contrato, el consorcio presentó reclamos extrajudiciales en 2015 y 2023; sin embargo, al no alcanzarse un acuerdo, decidió llevar el caso a instancias internacionales. Antecedentes del proyecto El caso se remonta a 2013, cuando se licitó la obra. El proyecto fue adjudicado por el Minsa en abril de 2014; sin embargo, en diciembre de ese mismo año se solicitó al Consejo de Gabinete la terminación del contrato. Finalmente, en enero de 2015, el contrato fue cancelado oficialmente. Según se informó, ante este escenario el consorcio presentó una solicitud de arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional por un monto superior a los $70 millones. En ese momento, el entonces ministro de Salud, Francisco Javier Terrientes, alegó en la resolución de terminación del contrato la existencia de “serias anomalías desde el proceso de evaluación hasta su adjudicación”, entre ellas la omisión de 7,500 metros cuadrados de construcción, la exclusión del 70% del equipamiento y modificaciones al pliego de cargos durante el proceso de evaluación. Además, el plan médico-funcional sufrió una serie de cambios posteriores a su publicación en el pliego de cargos del portal PanamáCompra, los cuales no fueron aprobados por el equipo médico-técnico del ION que lo elaboró. Posteriormente, Terrientes; el exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Estivenson Girón; y el expresidente Juan Carlos Varela anunciaron que el proyecto del nuevo Instituto Oncológico Nacional sería incorporado a la Ciudad de la Salud. Con la aprobación del primer pago de indemnización, el fallido proyecto del nuevo Instituto Oncológico Nacional vuelve al centro del debate público, no solo por el costo económico que representará para el Estado, sino también por los cuestionamientos sobre las decisiones administrativas que llevaron a la cancelación de una obra que nunca llegó a construirse. Mientras el Gobierno optó por un acuerdo para evitar un arbitraje internacional superior a los $70 millones, diputados insistieron en la necesidad de determinar posibles responsabilidades y esclarecer las actuaciones que derivaron en una indemnización millonaria financiada con fondos públicos. Aleida Samaniego C [email protected] Planta potabilizadora Rufina Alfaro, en Los Santos. Alexander Arosemena Un año sin agua potable en Azuero: así avanza el plan del Idaan para la región CRISIS HÍDRICA La región de Azuero cumplirá el próximo 27 de mayo un año sin poder consumir agua del grifo, una crisis que ha transformado la vida de más de 100 mil personas, obligadas a depender de carros cisterna y agua embotellada, con un impacto económico creciente para las familias. Aunque el Gobierno asegura que avanza en proyectos y licitaciones, aún no existe una fecha concreta para el restablecimiento normal del servicio. El director del Idaan, Antonio Manuel Tercero González, informó que la licitación para rehabilitar y ampliar la planta potabilizadora Roberto Reina, en Chitré, está en su fase final de adjudicación. Indicó además que ya se preparan trabajos prioritarios en la toma de agua cruda y en la planta, junto con la instalación progresiva de filtros de ultrafiltración y plantas modulares para reforzar el suministro. En la planta Rufina Alfaro, en Los Santos, las autoridades reportaron mejoras en sistemas de captación, sedimentación y bombeo, y anunciaron nuevas obras para rehabilitar la infraestructura e instalar filtros adicionales. También continúa un proyecto para mejorar la conducción de agua hacia comunidades de Las Tablas y Guararé, donde el suministro sigue siendo deficiente. Mientras tanto, la principal respuesta oficial ha sido la perforación de pozos. El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, informó que ya se han construido más de 50 pozos y que se proyectan otros 71 en Los Santos. Pese a estas acciones, la población sigue esperando soluciones definitivas tras casi un año de restricciones, incertidumbre y constantes afectaciones en actividades domésticas, comerciales, educativas y productivas de toda la región azuerense. Según las autoridades, unas 100 mil personas en Azuero han sido afectadas por la crisis de agua potable, que mantiene restringido el consumo de agua del grifo desde mayo de 2025. ble. Ya nadie la aguanta. MAMI. Ayer, en la inauguración del anillo hidráulico de Panamá Norte, estaba la secretaria de Mulino y presidenta del club de padres de familia del Ejecutivo, Mercedes González. Parecía la escudera de su hijo, el nuevo director del Idaan, Antonio Tercero. ¿Cuántos jefes de entidades públicas podrán decir que van al trabajo acompañados de su mamá? Tal Cual Mónica Palm [email protected]
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