4A La Prensa Panamá, sábado 18 de abril de 2026 Panorama El equipo de relaciones públicas de la Contraloría y Bolo Flores elaboraron una estrategia de comunicación que consistió, precisamente, en no comunicar nada tras el incidente en el que el señorito irrumpió en diligencias de fiscales anticorrupción que interrogaban a auditores de la Contraloría sobre el supuesto enriquecimiento injustificado de Gaby Carrizo. Flores se silenció, no sin antes recibir una ejemplar paliza mediática que dejó su apellido desnudo de pétalos, hojas y capullos. Pero no todo fue silencio. La estrategia de callar fue acompañada de otra menos sigilosa: enviar voceros oficiosos, que por poco asaltan –iracundos– televisoras y radios para defender a la que, según ellos, ha sido la “vístima” de la letrina que somos los medios de comunicación, pues nos ensañamos con un ejemplar ciudadano que ha redefinido el alcance de la honestidad. La escena donde habría sido aconsejado me la imagino así: – Don Anel, su visita a la Fiscalía será malinterpretada. Los malparidos opinadores de radio y televisión lo van a destrozar. Por eso hay que preparar un plan para evitar daños. Pero usted, definitivamente, no puede figurar. No es que porque no le crean. Al contrario: Nadie tiene más credibilidad que usted en este gobierno y por eso, precisamente, es que no debe defenderse. Otros lo pueden hacer por usted. – Bolo bufaba. Lanzó sus anteojos sobre la mesa, que rebotaron contra el piso alfombrado. Mientras sus lentes cobraban vida propia volando por los aires, Bolo golpeó con cólera incontenible su pupitre, atestado de papeles. Sus puños chocaron con expedientes que esperaban su firma. ¿Cómo se atreven? ¿No ven lo que estoy haciendo por este país? ¿Mis sacrificios, mis privaciones? ¡Son unos malagradecidos! El hombre que hablaba con Bolo no pudo evitar pensar en el etanol…¿Sacrificios… Mmm? Jefe, se dirigió a Bolo, no es para tanto… solo debe calmarse. Se lo pedía porque notó que las venas en la frente del contralor se inflaban y palpitaban. Si se muere – pensó– tengo que ir pa’lante, y adiós al salariazo. Señor, cálmese. Esa gente no vale un disgusto suyo. El sujeto se incorporó de su silla y fue al rincón donde yacían los lentes. Los recogió y entregó al monstroseado que tenía en frente. Y también levantó los expedientes, con más curiosidad que servilismo. Disimulando, abrió uno y leyó Ministerio de Salud y el nombre de una empresa. ¡Otra vez estos hombres! ¡No se cansan!, pensó el consejero. Puso el expediente sobre el pupitre, abierto, para leer más. – Bien. Ocúpate, le ordenó Bolo. Pero no pongas a nadie que titubee con preguntas difíciles.– No se preocupe, jefe. Esos periodistas le pedirán disculpas. ¡Ya verá! Pero no hubo disculpas, sino una segunda ola de críticas, tanto al que tiró las piedras, como a los que las recogieron. Mientras tanto, el procurador hizo exactamente lo que se esperaba de él: Nada. Miró a otro lado; no habló públicamente del tema; no hubo reproches. Solo la tímida denuncia de una fiscal, sin apoyo ni solidaridad. Bolo, sin lanzar un golpe, claramente le ganó por nocaut el combate al procurador a los pocos segundos del primer campanazo. En la Asamblea, las cosas también se enfriaron: congelaron una citación a Bolo, y en el Palacio de las Garzas, el presidente pidió a ambos arreglar sus diferencias. Así le llamó: “diferencias”, pese a que es un problemón grave, que deja la institucionalidad judicial como trapo de fogón. Pero ¿qué se puede esperar de alguien que hipotecó su Presidencia a un ladrón mentiroso y cobarde al que luego dejó en libertad para que gozara de sus millones mal habidos? Si bien Bolo se auto sepultó en su silencio, su irrupción en la Fiscalía será su sombra eterna, como aquel empresario que, años atrás reunió a varios amigos para convencerlos de invertir en un casino on line. A los pocos meses, los convocó nuevamente para informarles que, desgraciadamente, el emprendimiento fue un fracaso y que no volverían a ver sus millones. Hoy, ese empresario sigue presente en la memoria de sus exsocios, no por justo y bueno, sino por ser el único en el mundo que quebró un casino, aunque, por esa excusa ninguno de ellos apostaría un centavo. A primera vista, la estrategia del mutismo parece haber funcionado, tanto para Bolo como para el procurador Luis Gómez Rudy. Pero, en lugar de ello –muy a su pesar– el silencio de ambos ha sido tan insoportablemente estridente como reveladoramente locuaz. Sábado Picante Rolando Rodríguez [email protected] La diligencia se efectuó en la Oficina de Seguimiento de Auxilios Económicos. Archivo Fiscalía realiza inspección en el Ifarhu por auxilios económicos Juan Manuel Díaz C. [email protected] DILIGENCIA Por este caso se le han imputado cargos de peculado 22 personas, entre ellas, el director Bernardo Meneses, quien permanece detenido. La Fiscalía Anticorrupción practicó ayer una diligencia de inspección ocular en la sede del Instituto para Formación y AprovechamientodelosRecursos Humanos (Ifarhu) en busca de documentación que pueda sustentar auxilios económicos a 4,000 estudiantes a nivel nacional La diligencia, que se inició a las 9:00 a.m. estuvo encabezada por la fiscal anticorrupción Azucena Aizpurúa, que investiga los auxilios económicos otorgados durante la administración del exdirector del Ifarhu, Bernardo Meneses (2019-2023). Los funcionarios de la fiscalía focalizaron la diligencia en la Oficina de Seguimiento de Auxilios Económicos, ya que ese despacho debe verificar la información aportada por los estudiantes para acceder a los beneficios del Ifarhu. En la diligencia la fiscalía preguntó a los funcionarios del Ifarhu sobre la mecánica para el otorgamiento de los auxilios económicos y los requisitos para obtener estas facilidades para completar estudios. Por este caso, la fiscalía ha imputado cargos por peculado a 22 personas, entre ellas el exdirector del Ifarhu Bernardo Meneses. Meneses, quien permanece detenido, enfrenta cargos por peculado, blanqueo de capitales y enriquecimiento injustificado durante su gestión. Entre los imputados también figuran un grupo de12 estudiantes de la comarca Ngäbe-Buglé, que recibieron auxilios económicos por $25,000 para culminar carreras que no superan los $400 en la Universidad Tecnológica de Panamá. Este caso fue declarado causa compleja y se le concedió una extensión de un año para culminar las investigaciones, luego que la fiscal Aizpurúa señala que existen cientos de auxilios económicos por verificar. Así como conocer que los beneficiarios de esta facilidades realmente culminaron las carreras para las que le fueron asignados por parte del Ifarhu. La fiscalía también solicitó a la Contraloría General de la República una ampliación de la auditoría entregada en 2025 que arrojó una lesión patrimonial por la suma de $24 millones. El Ministerio Público también ha solicitado información a entidades educativas en el extranjero en las que algunos beneficiarios de los auxilios recibieron preparación académica. En este caso se busca determinar si los estudiantes realmente culminaron los estudios para los que solicitaron el apoyo económico de esta institución. La fiscalía también ha tomado declaración a los trabajadores sociales que laboran en el Ifarhu, quienes son los encargados de realizar las evaluaciones económicas de los beneficiarios de estas ayudas, quienes explicaron que para la entrega de los beneficios la última palabra la tenían la comisión evaluadora y el director general. Entre las anomalías detectadas por la Fiscalía Anticorrupción en el transcurso de la investigación esta el hecho que la Comisión Evaluadora del Ifarhu otorgó auxilios económicos a personas que tenían ingresos mensuales entre $5,000 y $12,000. También se detectó que algunos beneficiarios de los auxilios económicos presentaron facturas alteradas, ilegibles y duplicadas como sustento de los gastos realizados. La defensa de Meneses alega que aún la fiscalía no ha logrado establecer que el dinero de su cliente tenga un origen ilícito ni que haya solicitado dinero a cambio del otorgamiento de los auxilios económicos.También han señalado que la investigación contra su cliente tiene un trasfondo político. Juan Manuel Díaz C. [email protected] El recurso fue presentado ante el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales por la defensa. Archivo Caso Marisol Barría: Tribunal revisa recurso tras dudas sobre la identidad de la víctima AUDIENCIA El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales tramita un recurso presentado por los abogados de Eloy Antonio Ávila Vega y César Ávila Vega condenados por el homicidio de la joven Marisol Angelina Barría Rodríguez, luego que surgieran dudas de si el cuerpo encontrado en la escena del crimen en el año 1997 corresponde con la identidad de la víctima. El recurso fue presentado ante el tribunal, luego que los abogados de César Ávila solicitaron una audiencia ante un juez de cumplimiento para que se le concediera una medida cautelar de depósito domiciliario por padecer diabetes, pero la juez ordenó el detenido deber ser evaluado por el Instituto Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) para entonces tomar una decisión la respecto. Además, la juez de cumplimiento Carla Navarro explicó que ella no era competente para realizar una revisión de la condena aplicada a ambos procesados, luego que se aportó información de que el cuerpo encontrado en el año 1997 podría no corresponder a la de la víctima. Eloy Antonio Ávila y César Ávila, quienes permanecían en el Centro Penitenciario La Joya cumpliendo una pena de 14 de años de prisión por el homicidio de Marisol Angelina Barría, fueron trasladados a la cárcel El Renacer el pasado mes de marzo, luego que sus abogados alegaron que el Tribunal Electoral no existían registro de la defunción de la víctima. Tras estos hechos Rubén Darío Campos, abogado de la familia de la víctima, aseguró que sus familiares están dispuestos a someterse a una prueba de ADN para determinar si los restos encontrados en 1997 corresponden o no a los de Marisol Angelina Barría. Aida Avila, prima de los condenados, fue quien aseguró que Eloy y César violaron y asesinaron a Marisol Barría, luego que salieron de un baile que se realizaba en el jardín La Unión de La Chorrera. Aida Ávila también dijo a las autoridades que los restos encontrados en un cerro en las inmediaciones La Pesa de La Chorrera eran los de Marisol Barría. El cuerpo de Marisol no pudo ser identificado por sus familiares, ya que cuando las autoridades lo ubicaron estaba en avanzado estado de putrefacción. Ahora los abogados de ambos condenados piden esclarecer la realidad de los hechos por los que sus clientes fueron sancionados por el delito de homicidio.
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