2A La Prensa Panamá, miércoles 15 de abril de 2026 Una inspección ocular en las instalaciones de la Caja de Seguro Social (CSS) fue llevada a cabo por la Fiscalía Anticorrupción en busca de evidencias relacionadas con la investigación por presunto peculado, derivado de anomalías relacionadas con el Sistema de Ingresos y Prestaciones Económicas (SIPE). La diligencia, que contó con la participación de funcionarios del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), se practicó en la Dirección Nacional de Ingresos de la CSS. Durante la acción judicial, peritos de informática del Imelcf revisaron equipos usados por funcionarios de la CSS para la introducción de información relacionada con el programa SIPE y el sistema Mainframe, lo que habría permitido la adjudicación de pensiones y jubilaciones a quienes no les correspondían. La CSS ha presentado al Ministerio Público un total de 65 denuncias relacionadas con posibles alteraciones en la adjudicación de jubilaciones y pensiones de manera irregular. Trascendió que los funcionarios de la fiscalía y el Imelcf se mantendrán toda la semana en las instalaciones de la CSS para analizar las documentaciones ingresadas, en las que puede haber información inexacta o que no se corresponde con las personas beneficiadas con las pensiones. La investigación, que se inició en el año 2018, determinó que los funcionarios que mantenían operativo el sistema SIPE utilizaron datos de una trabajadora manual de la CSS para simular que era la persona que ejecutaba las alteraciones en la información ingresada al sistema, en el que no se acreditó el pago de las cuotas. La Fiscalía está tras la pista de los funcionarios que tenían acceso a la plataforma SIPE y que ejecuCSS bajo la lupa: fiscalía inspecciona sistema SIPE por presunto peculado PRESUNTO PECULADO taron alteraciones en el manejo de las planillas a través del sistema. En este caso, la Fiscalía ya imputó cargos a la representante legal de la empresa Formas Universales, Mónica Cano. Según la Fiscalía, Cano, en asocio con funcionarios de la CSS que tenían acceso a la plataforma SIPE, logró alterar los montos que las empresas Formas Universales e Imprenta Edicano debían entregar en concepto de planilla. La investigación de este caso estableció la existencia de irregularidades que alcanzan los 230 mil dólares, registradas entre los años 2012 y 2019. En la investigación, se detectó que el SIPE fue usado para lograr la afiliación a la CSS de cientos de extranjeros que en realidad no laboraban en empresa alguna y que todo se trataba de un fraude. También se detectaron otras anomalías en el pago de las planillas de las empresas. Este expediente se suma a otro antecedente reciente: la red corrupta que manipuló el SIPE y dejó a cientos de trabajadores con “pensiones mutiladas”. En esa investigación, el Ministerio Público documentó cómo se reportaban salarios fraudulentamente bajos que reducían las futuras pensiones, causando pérdidas superiores a 800 mil dólares a la CSS y evidenciando que las alteraciones del sistema no eran hechos aislados, sino parte de un patrón de fraude institucional. Anel Bolo Flores, contralor general de la República. Archivo El contralor que desafía la separación de poderes Eliana Morales Gil [email protected] Juan Manuel Díaz [email protected] INSTITUCIONALIDAD El del Ministerio Público es el último episodio de la extensa historia de lo que se ha llamado “intromisión institucional” por parte del funcionario encargado de fiscalizar las finanzas de la administración pública. Separación de poderes en juego, Estado de derecho en jaque, autoritarismo, extralimitación de funciones. Son apenas cuatro de la larga lista de calificativos con los que distintas voces de la sociedad civil y de la política han descrito la irrupción del contralor Anel Flores en una diligencia del Ministerio Público vinculada a una investigación de alto perfil. “Está acostumbrado a extralimitarse en sus funciones”, argumentó la diputada de Vamos, Alexandra Brenes, desde su curul en la Asamblea Nacional. “Hace lo que le da la gana”, completó su colega Yamireliz Chong. El suceso del pasado jueves en la tarde, cuando Flores, junto a su subcontralor Omar Castillo, interrumpieron la entrevista que una fiscal anticorrupción realizaba a auditoras de la Contraloría que prepararon el informe que sustenta el caso por supuesto enriquecimiento injustificado contra el expresidente José Gabriel Carrizo, es el último episodio de la extensa historia de lo que se ha llamado “intromisión institucional” por parte del funcionario encargado de fiscalizar las finanzas de la administración pública. El historial de intervenciones El inventario de eventos revela un patrón que abarca distintos frentes del Estado y de la vida pública. El 1 de julio de 2025, diputados de la Asamblea lo señalaron como uno de los actores que presionaron para inclinar la balanza a favor de la oficialista Shirley Castañeda en la elección de la presidencia del Legislativo. No lo logró. Ganó Jorge Herrera, del Partido Panameñista, luego de una alianza con Vamos, Seguimos y otros bloques. Ese día, los pasillos del Palacio Justo Arosemena se convirtieron en un hervidero de maniobras. Se multiplicaron las denuncias de presiones, matraqueo, jugarretas y torceduras de brazos. Según denuncias de varios diputados en el pleno, además del contralor habrían participado su secretario general, Ventura Vega, y el asesor presidencial Jorge Ricardo “Ricky” Fábrega. Pero, al día siguiente, cuando se le preguntó sobre el tema, el contralor amenazó con sacar los dossieres. Esta fue su frase exacta: “Yo tengo un montón de dossieres y de currículums que me entregaron todos estos diputados que hablan mal de mí hoy, pidiéndome nombramientos para esposas, para sobrinas, y bueno, no hay ningún problema, yo voy a divulgarlo”. El acontecimiento fue comparado con otro emblemático caso de amenaza directa y chantaje desde el poder: cuando Ricardo Martinelli, siendo presidente de la República, amenazó con sacar los dossieres de sus críticos. Era mayo de 2014, se acercaba el fin de su mandato. Martinelli les mandó un mensaje a los diputados de su partido: “Les revoco el mandato, como dos y dos son cuatro. Yo sí tengo el dossier y el pedigrí de todos en este país”, aseguró. El contralor vs. San Miguelito La historia sigue. En enero de este año, Flores redujo drásticamente el margen de maniobra de sus fiscalizadores en el municipio de San Miguelito, en medio de una disputa con la alcaldesa de esa comuna, Irma Hernández, por la gestión de la basura. Flores la llamó “malcriada”. Hernández aseguró que él le pidió que recibiera a directivos de Revisalud, la empresa que durante décadas se encargó de recolectar los desechos en el distrito y a la que por esos días se le venció el contrato. Con Vamos tuvo otro choque intenso. Ocurrió a mediados de diciembre de 2025, cuando los diputados independientes lo cuestionaron por múltiples transferencias discrecionales a municipios controlados por diputados de RM, el Partido Panameñista y Cambio Democrático. Entonces, en represalia, el contralor afirmó que “la mayoría” de los diputados de Vamos no había rendido cuentas. Los superpoderes Por esos días, el contralor estrenaba superpoderes conferidos por la Resolución No. 3126-2025 del 23 de septiembre de 2025, que le permiten ordenar secuestros sobre patrimonios y adoptar “cualesquiera otras medidas que sean necesarias para proteger los intereses públicos”. Por la intromisión en la entrevista a la fiscal, la Procuraduría General de la República, a cargo de Luis Carlos Gómez, mantiene en marcha una investigación. El presidente de la República, José Raúl Mulino, guarda silencio sobre este asunto. La noche anterior al suceso había alabado la gestión del contralor en un evento de la Cámara de Comercio. La Fiscalía Anticorrupción continuó el lunes con las entrevistas a las auditoras que elaboraron un informe de auditoría en la investigación que se adelanta contra el exvicepresidente José Gabriel Carrizo por supuesto enriquecimiento injustificado. La misma había sido suspendida el pasado jueves, cuando funcionarios de la Contraloría General de la República se apersonaron a ese despacho judicial e interrumpieron la diligencia. Fuentes del Ministerio Público (MP) confirmaron que las auditoras acudieron ayer a la fiscalía para concluir con la diligencia y responder a las interrogantes sobre el análisis realizado a las cuentas y bienes del exvicepresidente Carrizo. También se informó que la diligencia se realizó previa citación hecha por la fiscalía, efectuada a través de los conductos formales utilizados para este tipo de actuaciones. El pasado viernes, el contralor Flores, en compañía de funcionarios de la Contraloría, llegó a las instalaciones de la Fiscalía Anticorrupción, lo que motivó la suspensión de la diligencia y la apertura de una investigación penal para esclarecer el incidente. Fiscalía retomó las entrevistas a auditoras tras interrupción de la Contraloría Juan Manuel Díaz [email protected] El SIPE permite declarar planillas (salarios, cuotas obrero-patronales) Archivo Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama
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