4A La Prensa Panamá, lunes 16 de febrero de 2026 Tal Cual Mónica Palm [email protected] VETERANO. Una muestra de que Panamá es el país en el que no pasa nada es que el nuevo epicentro de los culecos en Penonomé es un sitio relacionado con Walter Kravcio, el neurocirujano de Martinelli que fue acusado por presuntamente defraudar a los veteranos de guerra de Estados Unidos. A quien seguramente no habrán visto por ahí es a Kevin Marino Cabrera (que ayer estaba en Penonomé) o al agregado militar de la embajada, si es que hay uno. BOMBA Y PLENA. Mayer Mizrachi se habilitó como conductor de la plataforma Uber y el sábado de Carnaval empezó a recoger pasajeros. El primero fue un estadounidense de 71 años de edad que se radicó en Panamá, que no consumió ni uno de los ‘snacks’ que el alcalde ofrece de cortesía a sus clientes y que pagó menos de $2 por el ‘ride’ (sin propina incluida). Pero, después de todo, ¿debería Mizrachi estar trasladando pasajeros o brincando en eventos multitudinarios del carnaval capitalino? Tan solo el pasado jueves anunció que (tres días antes) le habían diagnosticado covid. ¿Habrá sido un falso positivo? CONFUCIA. Camacho sostiene que citar a la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, para que responda preguntas ante el pleno legislativo es “viciar el proceso”. ¿De qué proceso habla, si la Asamblea no juzga a esa funcionaria? ¿Acaso no ha escuchado nunca de la independencia de los órganos del Estado? FFDD. Agua dulce… gas picante. Ayer, la Policía informó que quedaba prohibida la entrada a los culecos en Aguadulce a partir de las 3:00 p.m., perjudicando a una multitud que por horas hizo fila para entrar. Cuando la gente empezó a reclamar y a perder la paciencia, los agentes rociaron gas pimienta, afectando a niños y turistas. Los próximos culecos los pueden hacer con los pitufos tirando Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen. Elysée Fernández Albergues del Estado: condenas, denuncias y silencio oficial Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] PROCESOS Entre 2017 y 2024, la Fiscalía de Familia abrió 49 investigaciones relacionadas con centros y albergues de atención de menores en el país. Durante los últimos siete años, el Estado ha vuelto a quedar en deuda con los niños, niñas y adolescentes que viven bajo su tutela en centros y albergues del país. Las investigaciones abiertas por la Fiscalía de Familia del Ministerio Público y las condenas dictadas contra responsables de maltratos y abusos evidencian fallas persistentes en los mecanismos de supervisión y protección de una población que, paradójicamente, debía estar resguardada por el propio sistema estatal. Entre 2017 y 2024, la Fiscalía de Familia abrió 49 investigaciones relacionadas con centros y albergues de atención de menores en el país. Según datos oficiales, estos procesos han derivado, hasta ahora, en 15 sentencias condenatorias contra personas señaladas por vulnerar los derechos de niños, niñas y adolescentes que se encontraban bajo protección del Estado. La fiscal superior de Familia, Ledye Machuca, explicó en una entrevista concedida a TVN Noticias que cada caso fue abordado por equipos interdisciplinarios conformados por fiscales, psicólogos, trabajadores sociales y peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Estos grupos se encargaron de recolectar evidencias, entrevistar a las víctimas y evaluar las condiciones de los centros denunciados, con el objetivo de sustentar las investigaciones ante los tribunales. El contenido de las denuncias De acuerdo con la información suministrada, entre los condenados se encuentran directores de albergues, cuidadores y otros colaboradores que prestaban servicios dentro de las instalaciones. Las autoridades señalaron que varios de ellos aprovecharon la posición de confianza y autoridad que ejercían sobre los menores para cometer los delitos. Las pesquisas permitieron documentar distintos tipos de maltrato, entre ellos agresiones verbales y físicas, actos de hostigamiento y humillaciones, así como delitos de naturaleza sexual. Cada uno de estos hallazgos dio pie a procesos judiciales que culminaron en fallos condenatorios dictados por los tribunales competentes. El Ministerio Público sostuvo que estas actuaciones forman parte de una línea de trabajo orientada a reforzar la protección de la niñez institucionalizada y a garantizar que las denuncias sean investigadas con rigor técnico. De hecho, la semana pasada la Procuraduría ordenó la implementación de una medida de protección policial especial, que contempla rondas policiales permanentes y una respuesta inmediata ante situaciones de riesgo en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, donde recientemente la diputada de la coalición Vamos, Alexandra Brenes, denunció la presunta comisión de abusos. Historias de terror Entre los señalamientos expuestos tras una inspección realizada por Brenes figuran presuntos delitos de abuso sexual, maltrato a menores e incumplimiento de deberes de funcionarios públicos, así como irregularidades en la infraestructura del centro, falta de personal idóneo y la convivencia de niños, niñas y adultos en un mismo espacio; condiciones que, según la diputada, no cumplen con los estándares de protección adecuados para una población vulnerable. Pero esta no es la primera vez que en este albergue se denuncian irregularidades de este tipo. El sitio, inicialmente denominado Casa Hogar de Tocumen, era administrado por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides); sin embargo, a partir de 2009 fue entregado en concesión a la Fundación Creo en Milagros, que lo rebautizó como Hogar Metro Amigos. Posteriormente, en abril de 2019, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) traspasó la administración del albergue a la Fundación Chilibre Panamá, que pasó a denominarlo Centro de Atención Integral Fundación Chilibre Panamá. Ya en aquellos años surgieron las primeras denuncias, a través de informes de trabajadores sociales, sobre las condiciones del lugar: los menores dormían en el suelo porque las camas estaban dañadas; había medicinas vencidas; expedientes médicos sin actualización de recetas; la población albergada superaba la capacidad máxima permitida; y en las estancias de los adolescentes existía un espacio conocido como “el área”, una habitación sin ventanas, camas ni luz destinada al castigo de los menores. Todo esto derivó en la apertura de varias investigaciones por parte del Ministerio Público y en que el Estado, a través de la Senniaf, retomara el control del albergue, en un intento por restablecer el orden y garantizar la protección de los menores. Sin embargo, según las denuncias de Brenes, los abusos e irregularidades habrían continuado. Otras denuncias En 2020, y pese a que el lugar no reunía las condiciones ni el personal especializado para atender a menores de edad, la Senniaf trasladó a unas 10 niñas y adolescentes a un albergue para adultos en la provincia de Veraguas. El sitio, identificado como Refugio Amor de Damas, opera bajo la administración de la Fundación Solo es Cuestión de Fe. La situación salió a la luz cuando un grupo de adolescentes se fugó del refugio y relató a vecinos y a unidades de la Policía Nacional que escaparon por presuntos maltratos. Las denuncias sobre posibles vulneraciones a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes derivaron en la apertura de investigaciones judiciales y administrativas. Ese mismo año se conoció que la Senniaf envió a 13 niños, niñas y adolescentes en riesgo al Refugio Vida Libre, en Las Garzas, pese a que se trataba de un centro destinado a la rehabilitación de adultos con adicción a las drogas. Dos de los adolescentes relataron a trabajadores sociales que un adulto del centro los “acosaba” y “tocaba”. En aquella ocasión, tanto Sara Rodríguez, entonces directora de la Senniaf, como María Inés Castillo, ministra de Desarrollo Social (Mides), optaron por guardar silencio frente a los señalamientos. En el escenario actual, la reacción no ha sido distinta. Las nuevas autoridades de la Senniaf y del Mides, Ana Melinda Fábrega Guardia y Beatriz Carles, respectivamente, han mantenido la misma línea de cautela y reserva, evitando ofrecer declaraciones sobre los hechos denunciados, lo que vuelve a colocar bajo escrutinio la gestión y la transparencia en el manejo de estos casos. Aleida Samaiego C. [email protected] Los nuevos ascensores del Complejo Hospitalario están cubiertos con una lona. Elysée Fernández Instalación de elevadores tomará siete meses; la primera se hará a fines de mes COMPLEJO HOSPITALARIO El Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social (CSS) ya tiene un calendario de trabajo para la instalación de cinco ascensores que está reemplazando en este centro de gran demanda de atención, con el objetivo de mejorar la movilidad de pacientes, colaboradores y visitantes, especialmente adultos mayores y personas con movilidad reducida. Según Yariela de De Sanctis, directora nacional de Infraestructura y Servicios de Apoyo de la CSS, el primer ascensor se instalará a finales de este mes, mientras que los siguientes se instalarán de manera escalonada: el segundo el 30 de marzo, el tercero en junio, el cuarto en julio, y el quinto, que cerrará el proyecto, en septiembre de 2026. Algunos de estos equipos ya se encuentran en el lugar, aunque todavía no han sido instalados y permanecen cubiertos con lonas a la espera de que se concrete su montaje, lo que evidencia la complejidad del proceso logístico y administrativo que implica suimplementación. El proyecto ha cumplido con todos los pasos administrativos requeridos, aproximadamente 37 etapas desde la decisión inicial hasta la llegada al departamento de compras, y avanza sin reclamaciones ni retrasos. Una vez superadas estas etapas, se iniciará el proceso de refrendo de la contratación, garantizando transparencia y legalidad, explicó de De Sanctis en una entrevista para el programa 180 Minutos de la radio Red. La funcionaria destacó que la modernización de los ascensores no solo busca facilitar la movilidad, sino también descongestionar las filas interminables que afectan a pacientes y colaboradores, incluyendo familiares y adultos mayores que dependen diariamente de la institución. La administración de la CSS informó en septiembre de 2025 que los nuevos ascensores ya habían sido licitados y adjudicados, aunque su instalación dependía del proveedor, lo que ha generado cierta espera en la ejecución del proyecto. El estado de los ascensores en las instalaciones de todo el país que heredó la actual administración es, según palabras de De Sanctis, “deplorable”. De los aproximadamente 97 equipos distribuidos en las diferentes unidades y policlínicas, varios presentan fallas graves que requieren atención urgente. En total, 22 elevadores necesitan ser reemplazados, de los cuales siete corresponden al Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, lo que subraya la magnitud del problema. Los primeros cinco nuevos ascensores ya llegaron al complejo y son los que tienen calendario de instalación, aunque aún quedan pendientes evaluaciones y gestiones en otras comisiones. Según la funcionaria, la situación no es tan simple como solicitar un elevador a un proveedor y recibirlo de inmediato, evidenciando la complejidad y el retraso acumulado en la infraestructura de movilidad hospitalaria. agua irritante. SUSHI LOVER. El presidente Mulino prefirió carnavalear en Boquete, con una atmósfera menos abrasiva. Los propietarios de un restaurante local de cocina japonesa compartieron una foto de la visita del mandatario en San Valentín, advirtiendo que había quedado muy complacido, “aunque no se nota en la foto”. Buena aclaración. Después de todo, su semblante de felicidad es el mismo que cuando no lo está.
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