1A La Prensa Panamá, lunes 16 de febrero de 2026 El medio libre de Panamá 75¢ Lunes 16 de febrero de 2026 - Año 45 - Nº 15294 Hoy por hoy Los carnavales no son únicamente una fiesta; son una expresión profunda de identidad. El Ministerio de Cultura ha insistido en rescatarlos como patrimonio vivo, concebido como una construcción colectiva que involucra a comunidades enteras durante meses de preparación, mucho antes de que suenen las murgas y se enciendan las tarimas. En los talleres donde se bordan polleras, en los barrios donde se afinantamboresyeneltradicional topón se condensa memoria, oficio y pertenencia. Al mismo tiempo, la Apede estima que la celebración podría generar más de $300 millones en derrama económica. La magnitud del impacto confirma que no hablamos solo de tradición, sino deunfenómenoconpesoproductivo nacional. Las Tablas, Penonomé y la capital muestran que el país posee una diversidad carnavalera capaz de atraer turismo y dinamizar comercio y empleo. El debate no debe plantearse como cultura contra mercado. Brasil, Venecia o Barranquilla han demostrado que una tradición bien gestionada puede convertirse en marca internacional sin perder autenticidad. La idea es buena. Pero cuando termine la fiesta, conviene discutir con serenidad cómo profesionalizar el Carnaval, sin despojarlo de su alma. Ellas.pa Anok Yai, el nuevo rostro del poder en la moda 5B Melitón Sánchez, controversial dirigente del olimpismo 8 A Deportes Panorama Instalación de elevadores en la CSS tomará siete meses 4A Economía Apede plantea convertir los carnavales en una marca país 2B Propiedades horizontales bajo riesgo por trabajos realizados sin personal idóneo El aumento de incidentes vinculados a instalaciones realizadas por personal no idóneo genera preocupación en la Asociación Panameña de Profesionales de PH. VEA 1B Raúl Pineda se abstiene ante ley de transparencia Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] El primer debate del proyecto de ley 479, orientado a transparentar quiénes contratan con el Estado, terminó marcado por abstenciones que llaman la atención. En la Comisión de Economía y Finanzas de la AsamÓRGANO LEGISLATIVO La iniciativa que busca transparentar las contrataciones con el Estado, presentada por la diputada Janine Prado, quedó sin respaldo en la comisión. blea Nacional de Panamá, varios diputados optaron por no respaldar una iniciativa orientada a reforzar la transparencia en las contrataciones públicas. Entre ellos figuró el perredista Raúl Pineda, quien se abstuvo de apoyar el proyecto presentado por la diputada de Vamos Janine Prado, que proponía reformar la Ley 22 de 2006 para hacer públicos los beneficiarios de las contrataciones estatales. La decisión no pasó inadvertida. Investigaciones periodísticas han documentado que empresas vinculadas al entorno familiar y político de Pineda han recibido contratos públicos, lo que avivó cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés. Tras el rechazo, Prado acusó a la comisión de proteger el anonimato en lugar de la transparencia, una crítica respaldada por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana–capítulo panameño de Transparencia Internacional. Pineda, por su parte, sostuvo que el tema requiere mayor análisis y citó jurisprudencia de la Corte Suprema, dejando abierto un debate que vuelve a poner en tela de juicio el modelo de contrataciones públicas del país. VEA 2A Las Tablas Jolgorio sin pausa Las fiestas del carnaval en Las Tablas volvieron a consolidarse como uno de los epicentros más vibrantes del país, con el tradicional desfile de las reinas de Calle Arriba de Las Tablas y Calle Abajo de Las Tablas, que llenó de música, color y rivalidad histórica las principales calles del distrito. Miles de panameños y visitantes extranjeros se volcaron a disfrutar de los culecos, comparsas y carros alegóricos. VEA 2A Y 2B Alexander Arosemena Niñez bajo tutela: Fiscalía abrió 49 investigaciones por abusos Entre 2017 y 2024, la Fiscalía de Familia del Ministerio Público abrió 49 investigaciones por abusos y maltratos en centros y albergues de menores bajo tutela estatal, de las cuales se han derivado 15 sentencias condenatorias contra directores, cuidadores y colaboradores. VEA 4A Los embarazos adolescentes descendieron de 10,735 en 2014 a 5,133 en 2024 o 50% menos. Archivo Panamá ha logrado una reducción sostenida de la tasa específica de fecundidad adolescente (TEFA), según un informe del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, adscrito a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Entre 2015 y 2023, la tasa cayó casi 46% en el grupo de 15 a 19 años y se redujo a la mitad en niñas de 10 a 14 años. En términos absolutos, los embarazos adolescentes descendieron de 10,735 en 2014 a 5,133 en 2024 (50% menos). Sin embargo, el fenómeno persiste con marcadas brechas territoriales —especialmente en Panamá y la comarca Ngäbe-Buglé— y con impactos sociales y educativos que mantienen el desafío, pese a las estrategias del Ministerio de Salud basadas en educación sexual, planificación familiar y servicios amigables para adolescentes. VEA 6A POLITICA DE SALUD Embarazos adolescentes caen, persisten las brechas
2A La Prensa Panamá, lunes 16 de febrero de 2026 Una de las apuestas del Ministerio de Cultura es rescatar el Carnaval como patrimonio del país, más allá de su dimensión festiva y comercial. La intención es reivindicarlo como expresión de identidad y memoria colectiva. Pero ¿cuáles son los argumentos que sostienen esa propuesta y qué fundamentos culturales la respaldan? Para la entidad, esta celebración no empieza cuando se encienden las luces de la tarima ni concluye con el Miércoles de Ceniza, sino mucho antes: en los talleres donde se cosen lentejuelas, en las casas donde se ensayan coreografías y en los barrios donde los músicos afinan tambores. La ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, lo define así: “El Carnaval es memoria, patrimonio e identidad. Durante cuatro días, nuestras calles y avenidas se llenarán de música, comparsas, polleras y tambores, recordándonos que Panamá late al mismo ritmo”. En palabras de la funcionaria, esta festividad es una construcción colectiva que involucra a artesanos, músicos, diseñadores y familias enteras, y que combina tradición religiosa y expresión popular. Para Micultura es una manifestación social que reúne música, danza, comparsas, culecos —los tradicionales baños de agua—, desfiles de carrozas y la elección de reinas. Cada elemento cumple una función dentro de una estructura festiva que mezcla competencia, espectáculo y arraigo comunitario. Uno de los días más esperados es el Martes de Carnaval. Según la información oficial, no es solo el cierre de la fiesta, sino el momento en que el lujo y la tradición adCarnaval: identidad y patrimonio más allá de la fiesta EXPRESIÓN CULTURAL quieren protagonismo. La exhibición de polleras, que hoy parece habitual, se consolidó entre las décadas de 1960 y 1970 como un acto de afirmación y orgullo nacional. La pollera, con sus bordados y tembleques, se convierte entonces en símbolo central. No es únicamente un traje típico, sino una pieza que sintetiza historia, identidad y destreza artesanal. Su presencia masiva durante esa jornada reafirma la dimensión cultural de la celebración. Otras tradiciones Otra tradición destacada es la elección de la reina del Carnaval. Cada ciudad escoge a una soberana que representa el espíritu festivo, la creatividad y la identidad local. Su figura encarna la imagen pública de la fiesta y lidera desfiles y actividades oficiales. Los culecos y las mojaderas, por su parte, marcan el ritmo de las jornadas diurnas. Camiones cisterna recorren las calles lanzando agua sobre la multitud para mitigar el calor y animar la convivencia. Es una práctica popular que convoca tanto a residentes como a visitantes. Las carrozas y fantasías añaden un componente visual y artístico. Los diseños combinan historia, imaginación y tradición panameña, y transforman las avenidas en escenarios móviles donde convergen luces, colores y música. En las primeras horas del Miércoles de Ceniza se celebra el llamado “topón”, descrito como una medición de fuerzas entre tunas. No solo intervienen las tonadas y las murgas, sino también el espectáculo pirotécnico y la presencia de las reinas, que lucen polleras de gala en un cierre cargado de simbolismo. Herrera también subrayó el impacto cultural y económico de la fiesta. De hecho, señaló que “esta celebración trae progreso, impulsa la economía, el turismo y genera oportunidades para artistas, artesanos, emprendedores y músicos”, en referencia al movimiento que se genera en sectores como la gastronomía, el transporte y el comercio durante los días de Carnaval. Por ejemplo, se informó que los carnavales de 2026 podrían dejar una derrama económica superior a los 300 millones de dólares en todo el país, según cifras destacadas por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) en su columna La Voz de Apede, ayer. Actualmente, en este proceso de preparación, el Ministerio de Cultura informó que también acompaña al Municipio de Panamá en el esfuerzo por reforzar el significado cultural del Carnaval de la capital. Raúl Pineda, diputado del PRD. Carlos Vidal El voto del diputado Pineda contra la transparencia Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] ASAMBLEA NACIONAL Entre contratos y conflictos de interés. Empresas vinculadas al entorno familiar y político del diputado han obtenido contratos con diversas entidades estatales en los últimos años. Varios diputados de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional de Panamá, entre ellos el perredista Raúl Pineda, se abstuvieron de votar en primer debate a favor del proyecto de ley 479, una iniciativa que buscaba hacer de acceso público la lista de personas y empresas que contratan con el Estado y modificar la Ley 22 de 2006 sobre contrataciones públicas. La propuesta, presentada por la diputada de la coalición Vamos, Janine Prado, apuntaba a reforzar los mecanismos de transparencia en los procesos de compras gubernamentales, en un contexto de crecientes cuestionamientos sobre el uso de fondos públicos. La votación, sin embargo, abre interrogantes sobre un posible conflicto de interés, ya que empresas vinculadas al entorno familiar y político del diputado han obtenido contratos con diversas entidades estatales en los últimos años. Esa coincidencia coloca bajo escrutinio su participación en el rechazo de una iniciativa que precisamente buscaba transparentar la identidad de quienes contratan con el Estado y ampliar el acceso público a esa información. Los contratos Reportes de La Prensa detallan que varias sociedades relacionadas con familiares y allegados a Pineda obtuvieron contratos con distintas entidades públicas, particularmente entre 2019 y 2024. Entre las compañías mencionadas figura Servicios Múltiples Rama, S.A., señalada por mantener vínculos con personas cercanas al diputado. De acuerdo con datos públicos, esta empresa suscribió contratos con instituciones como el Instituto de Mercadeo Agropecuario, la Asamblea Nacional de Panamá, el Ministerio de la Presidencia y el Municipio de San Miguelito, en servicios que incluyeron el suministro de insumos, limpieza y mantenimiento. Otra sociedad mencionada en los reportes es Mared, S.A., donde también figuran personas del entorno familiar del diputado. Las investigaciones periodísticas de este medio han destacado la coincidencia entre la participación de allegados en juntas directivas y la adjudicación de contratos estatales, lo que generó cuestionamientos públicos sobre posibles conflictos de interés. Estas conexiones empresariales salieron también a la luz en el contexto de la llamada Operación Jericó, una investigación judicial relacionada con presuntos delitos de blanqueo de capitales y narcotráfico que involucró a personas cercanas al diputado, como su hijo, Abraham Rico Pineda. Aunque las pesquisas se centraron en hechos específicos y no constituyen, por sí mismas, una condena, el caso colocó bajo escrutinio el entramado empresarial vinculado al entorno político y familiar del diputado. Centro regional universitario También sociedades vinculadas al diputado y a tres personas detenidas como parte de la operación antinarcóticos Jericó (incluido a su hijo, Abraham Rico Pineda) habrían recibido fondos del contratista del Centro Regional Universitario (CRU) de San Miguelito, un proyecto adjudicado hace cinco años por $65.9 millones, pero que ya va por casi $85 millones. Las transferencias de dinero habrían ocurrido incluso cuando la operación Jericó ya estaba en marcha. Al frente del proyecto está el Consorcio HCG, que dirigen el costarricense Juan José Zonta y su socio Luis Alberto Gaitán Mendoza. Desde 2020, Zonta es accionista y presidente del Sporting San Miguelito, un equipo de fútbol que hasta entonces estuvo bajo la presidencia del diputado Pineda, quien milita en el PRD. La crítica Tras el rechazo del proyecto en la Comisión de Economía, la diputada y proponente, Janine Prado, cuestionó con firmeza la decisión y defendió la necesidad de transparentar las contrataciones públicas. “Hoy, en la Comisión de Economía, se rechazó el proyecto que hacía públicos los beneficiarios finales de las empresas que contratan con el Estado. Se decidió proteger el anonimato, no la transparencia”, expresó. La diputada sostuvo que quienes reciben fondos estatales deben identificarse plenamente: “Quien contrata con el Estado debe dar la cara. El dinero público no puede tener dueños ocultos”, subrayó, al insistir en que la iniciativa buscaba fortalecer la rendición de cuentas y el acceso ciudadano a la información. En esa misma línea se manifestó la presidenta de la junta directiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, Lina Vega, al plantear lo siguiente: “Los partidos representados en la Asamblea deciden una y otra vez darle la espalda a la transparencia. Los ejemplos son tristes y alarmantes: impiden que sepamos quiénes son los verdaderos dueños de las empresas que contratan con el Estado”. Advirtió que la negativa a revelar a los beneficiarios finales debilita los controles ciudadanos sobre el uso de los fondos públicos. Durante el debate del proyecto de ley 479, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, presentó una serie de aportes orientados a reforzar el marco de transparencia en las contrataciones públicas. Entre sus planteamientos destacó la necesidad de que la iniciativa fuera coherente con la legislación nacional sobre el uso de fondos públicos, se alineara con estándares internacionales y contribuyera a mejorar el clima de inversión y la competencia leal, además de precisar el rol del legislador frente al criterio judicial sobre la información de carácter comercial. Durante la sustentación de su voto, el diputado argumentó que los propios miembros de la Asamblea ya están obligados a sustentar sus ingresos y señaló que existe jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en torno a la divulgación de los beneficiarios finales de los contratos con el Estado. A su juicio, se trata de un asunto que requiere mayor análisis y tiempo de discusión. “Este es un tema que hay que analizarlo con más tiempo”, afirmó. Añadió que, si realmente se busca transparencia, la información debería solicitarse a los bancos y no centrarse exclusivamente en las empresas que contratan con el Estado. Desde hace cinco años, la Corte Suprema de Justicia advirtió que la Dirección General de Contrataciones Públicas no está obligada a informar quiénes son los beneficiarios finales de las acciones nominativas de las empresas, consorcios o asociaciones accidentales que participen en licitaciones cuya cuantía supere el medio millón de dólares. Desfile nocturno en Azuero el sábado de Carnaval. Alexander Arosemena Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama
3A La Prensa Panamá, lunes 16 de febrero de 2026 Panorama En la operación Neptuno se detuvo a 22 personas por delitos de narcotráfico y blanqueo de capitales. Archivo Miembros de la red de Cholo Chorrillo enfrentan la justicia Juan Manuel Díaz [email protected] BLANQUEO DE CAPITALES El juicio se encuentra en la fase de evacuación de pruebas por parte de la Fiscalía de Drogas y los abogados defensores. Mientras el líder de la banda criminal conocida como Bagdad, Rubén Camargo Clarke (Cholo Chorrillo), fue condenado en Estados Unidos, 22 miembros de su círculo más cercano encaran la justicia en Panamá, acusados de conspiración para el blanqueo de capitales y asociación ilícita para delinquir. Desde el mes de octubre de 2025, 22 miembros de la pandilla Bagdad enfrentan un juicio por el que podrían ser condenados a hasta 44 años de prisión. La mayor parte de los procesados fue detenida el 7 de abril de 2021, en el marco de la denominada operación Neptuno, que involucró agentes de la Policía Nacional, del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ). Aunque fueron detenidos en 2021, las autoridades venían dándole seguimiento a los miembros de esta organización criminal desde 2017, a través de escuchas telefónicas y diligencias de seguimiento y vigilancia. El juicio se encuentra en la fase de evacuación de pruebas por parte de la Fiscalía de Drogas y los abogados defensores. Entre los procesados en este caso se encuentran varios parientes cercanos a Camargo Clarke, entre ellos su pareja sentimental Nancy Góngora, quien fue detenida junto a él en Costa Rica. Mientras que él fue extraditado a Estados Unidos, ella fue deportada a Panamá. Las autoridades atribuyen a Góngora participación en la actividad de esta red, ya que aseguran fue parte en reuniones realizadas en casas de playa para coordinación de actividades ilícitas. Según la fiscalía, esta red controlada por la pandilla Bagdad contaba con la colaboración de operadores de botes artesanales que alertaban a la organización sobre los movimientos de las patrulleras del Senan. Esto permitía a embarcaciones de la organización recoger cargamentos de droga procedentes de Colombia en alta mar, luego llevarlos a tierra y dividirlos en bultos más pequeños para moverlos hacia Centroamérica. En la investigación, que también contó con el aporte de la agencia estadounidense de Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), se pudo determinar que los cabecillas de la red supuestamente daban apoyo logístico a lanchas rápidas que trasladaban droga procedente de Colombia. La asistencia consistía en la entrega de combustible y provisiones. Red operaba en el Archipiélago de Las Perlas Según la investigación, la red tenía un punto de operaciones en isla del Rey, y en su estructura mantenía coordinadores en Boca La Caja y El Chorrillo, en la capital; Vacamonte, en Arraiján, y en la provincia de Veraguas. Las operaciones de cada uno de estos se producía de manera compartida y solo sus responsables tenían conocimiento del alcance. Durante la investigación de la Fiscalía de Drogas se detectó que la red también contaba con la colaboración de algunos funcionarios de los estamentos de seguridad que le proporcionaban información. Se conoció que, por ejemplo, este grupo celebró reuniones en Coronado y Playa Blanca y que en ambos eventos tuvo la colaboración de agentes policiales que no permitieron que sus vehículos fueran revisados en los retenes. La primera diligencia contra esta organización criminal se dio en 2017, tras el decomiso de un cargamento de 250 kilos de droga en el área de Boca La Caja, lo que alertó a las autoridades. Dirigente ngäbe enfrenta juicio por cuatro cargos penales La juez de garantías Irina Gutiérrez, en Chiriquí, dictó un auto de juicio contra el dirigente indígena Toribio García por los delitos de atentar contra la personalidad interna del Estado, apología del delito y lesiones personales, en perjuicio del Estado panameño y miembros de la Policía Nacional. El proceso se sustenta en hechos ocurridos en junio de 2025, cuando García presuntamente realizó una serie de acciones para llamar al desorden público y atentar contra agentes policiales a través de las redes sociales, en el marco de protestas por la aprobación de la Ley 462, que aplicó reformas a la seguridad social. En la audiencia de acusación, la juzgadora admitió 29 pruebas, presentadas por la fiscal del Ministerio Público, Sadia Lou, y por el defensor particular, José Félix González Cáceres. El juicio tendrá lugar el 11 y 12 de marzo de 2027. Actualmente, el dirigente mantiene las medidas cautelares de reporte periódico los días 15 y 30 de cada mes, prohibición de salir de la provincia, entre otras. INVESTIGACIÓN Juan Manuel Díaz [email protected] Toribio García. Cortesía
4A La Prensa Panamá, lunes 16 de febrero de 2026 Tal Cual Mónica Palm [email protected] VETERANO. Una muestra de que Panamá es el país en el que no pasa nada es que el nuevo epicentro de los culecos en Penonomé es un sitio relacionado con Walter Kravcio, el neurocirujano de Martinelli que fue acusado por presuntamente defraudar a los veteranos de guerra de Estados Unidos. A quien seguramente no habrán visto por ahí es a Kevin Marino Cabrera (que ayer estaba en Penonomé) o al agregado militar de la embajada, si es que hay uno. BOMBA Y PLENA. Mayer Mizrachi se habilitó como conductor de la plataforma Uber y el sábado de Carnaval empezó a recoger pasajeros. El primero fue un estadounidense de 71 años de edad que se radicó en Panamá, que no consumió ni uno de los ‘snacks’ que el alcalde ofrece de cortesía a sus clientes y que pagó menos de $2 por el ‘ride’ (sin propina incluida). Pero, después de todo, ¿debería Mizrachi estar trasladando pasajeros o brincando en eventos multitudinarios del carnaval capitalino? Tan solo el pasado jueves anunció que (tres días antes) le habían diagnosticado covid. ¿Habrá sido un falso positivo? CONFUCIA. Camacho sostiene que citar a la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, para que responda preguntas ante el pleno legislativo es “viciar el proceso”. ¿De qué proceso habla, si la Asamblea no juzga a esa funcionaria? ¿Acaso no ha escuchado nunca de la independencia de los órganos del Estado? FFDD. Agua dulce… gas picante. Ayer, la Policía informó que quedaba prohibida la entrada a los culecos en Aguadulce a partir de las 3:00 p.m., perjudicando a una multitud que por horas hizo fila para entrar. Cuando la gente empezó a reclamar y a perder la paciencia, los agentes rociaron gas pimienta, afectando a niños y turistas. Los próximos culecos los pueden hacer con los pitufos tirando Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen. Elysée Fernández Albergues del Estado: condenas, denuncias y silencio oficial Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] PROCESOS Entre 2017 y 2024, la Fiscalía de Familia abrió 49 investigaciones relacionadas con centros y albergues de atención de menores en el país. Durante los últimos siete años, el Estado ha vuelto a quedar en deuda con los niños, niñas y adolescentes que viven bajo su tutela en centros y albergues del país. Las investigaciones abiertas por la Fiscalía de Familia del Ministerio Público y las condenas dictadas contra responsables de maltratos y abusos evidencian fallas persistentes en los mecanismos de supervisión y protección de una población que, paradójicamente, debía estar resguardada por el propio sistema estatal. Entre 2017 y 2024, la Fiscalía de Familia abrió 49 investigaciones relacionadas con centros y albergues de atención de menores en el país. Según datos oficiales, estos procesos han derivado, hasta ahora, en 15 sentencias condenatorias contra personas señaladas por vulnerar los derechos de niños, niñas y adolescentes que se encontraban bajo protección del Estado. La fiscal superior de Familia, Ledye Machuca, explicó en una entrevista concedida a TVN Noticias que cada caso fue abordado por equipos interdisciplinarios conformados por fiscales, psicólogos, trabajadores sociales y peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Estos grupos se encargaron de recolectar evidencias, entrevistar a las víctimas y evaluar las condiciones de los centros denunciados, con el objetivo de sustentar las investigaciones ante los tribunales. El contenido de las denuncias De acuerdo con la información suministrada, entre los condenados se encuentran directores de albergues, cuidadores y otros colaboradores que prestaban servicios dentro de las instalaciones. Las autoridades señalaron que varios de ellos aprovecharon la posición de confianza y autoridad que ejercían sobre los menores para cometer los delitos. Las pesquisas permitieron documentar distintos tipos de maltrato, entre ellos agresiones verbales y físicas, actos de hostigamiento y humillaciones, así como delitos de naturaleza sexual. Cada uno de estos hallazgos dio pie a procesos judiciales que culminaron en fallos condenatorios dictados por los tribunales competentes. El Ministerio Público sostuvo que estas actuaciones forman parte de una línea de trabajo orientada a reforzar la protección de la niñez institucionalizada y a garantizar que las denuncias sean investigadas con rigor técnico. De hecho, la semana pasada la Procuraduría ordenó la implementación de una medida de protección policial especial, que contempla rondas policiales permanentes y una respuesta inmediata ante situaciones de riesgo en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, donde recientemente la diputada de la coalición Vamos, Alexandra Brenes, denunció la presunta comisión de abusos. Historias de terror Entre los señalamientos expuestos tras una inspección realizada por Brenes figuran presuntos delitos de abuso sexual, maltrato a menores e incumplimiento de deberes de funcionarios públicos, así como irregularidades en la infraestructura del centro, falta de personal idóneo y la convivencia de niños, niñas y adultos en un mismo espacio; condiciones que, según la diputada, no cumplen con los estándares de protección adecuados para una población vulnerable. Pero esta no es la primera vez que en este albergue se denuncian irregularidades de este tipo. El sitio, inicialmente denominado Casa Hogar de Tocumen, era administrado por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides); sin embargo, a partir de 2009 fue entregado en concesión a la Fundación Creo en Milagros, que lo rebautizó como Hogar Metro Amigos. Posteriormente, en abril de 2019, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) traspasó la administración del albergue a la Fundación Chilibre Panamá, que pasó a denominarlo Centro de Atención Integral Fundación Chilibre Panamá. Ya en aquellos años surgieron las primeras denuncias, a través de informes de trabajadores sociales, sobre las condiciones del lugar: los menores dormían en el suelo porque las camas estaban dañadas; había medicinas vencidas; expedientes médicos sin actualización de recetas; la población albergada superaba la capacidad máxima permitida; y en las estancias de los adolescentes existía un espacio conocido como “el área”, una habitación sin ventanas, camas ni luz destinada al castigo de los menores. Todo esto derivó en la apertura de varias investigaciones por parte del Ministerio Público y en que el Estado, a través de la Senniaf, retomara el control del albergue, en un intento por restablecer el orden y garantizar la protección de los menores. Sin embargo, según las denuncias de Brenes, los abusos e irregularidades habrían continuado. Otras denuncias En 2020, y pese a que el lugar no reunía las condiciones ni el personal especializado para atender a menores de edad, la Senniaf trasladó a unas 10 niñas y adolescentes a un albergue para adultos en la provincia de Veraguas. El sitio, identificado como Refugio Amor de Damas, opera bajo la administración de la Fundación Solo es Cuestión de Fe. La situación salió a la luz cuando un grupo de adolescentes se fugó del refugio y relató a vecinos y a unidades de la Policía Nacional que escaparon por presuntos maltratos. Las denuncias sobre posibles vulneraciones a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes derivaron en la apertura de investigaciones judiciales y administrativas. Ese mismo año se conoció que la Senniaf envió a 13 niños, niñas y adolescentes en riesgo al Refugio Vida Libre, en Las Garzas, pese a que se trataba de un centro destinado a la rehabilitación de adultos con adicción a las drogas. Dos de los adolescentes relataron a trabajadores sociales que un adulto del centro los “acosaba” y “tocaba”. En aquella ocasión, tanto Sara Rodríguez, entonces directora de la Senniaf, como María Inés Castillo, ministra de Desarrollo Social (Mides), optaron por guardar silencio frente a los señalamientos. En el escenario actual, la reacción no ha sido distinta. Las nuevas autoridades de la Senniaf y del Mides, Ana Melinda Fábrega Guardia y Beatriz Carles, respectivamente, han mantenido la misma línea de cautela y reserva, evitando ofrecer declaraciones sobre los hechos denunciados, lo que vuelve a colocar bajo escrutinio la gestión y la transparencia en el manejo de estos casos. Aleida Samaiego C. [email protected] Los nuevos ascensores del Complejo Hospitalario están cubiertos con una lona. Elysée Fernández Instalación de elevadores tomará siete meses; la primera se hará a fines de mes COMPLEJO HOSPITALARIO El Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social (CSS) ya tiene un calendario de trabajo para la instalación de cinco ascensores que está reemplazando en este centro de gran demanda de atención, con el objetivo de mejorar la movilidad de pacientes, colaboradores y visitantes, especialmente adultos mayores y personas con movilidad reducida. Según Yariela de De Sanctis, directora nacional de Infraestructura y Servicios de Apoyo de la CSS, el primer ascensor se instalará a finales de este mes, mientras que los siguientes se instalarán de manera escalonada: el segundo el 30 de marzo, el tercero en junio, el cuarto en julio, y el quinto, que cerrará el proyecto, en septiembre de 2026. Algunos de estos equipos ya se encuentran en el lugar, aunque todavía no han sido instalados y permanecen cubiertos con lonas a la espera de que se concrete su montaje, lo que evidencia la complejidad del proceso logístico y administrativo que implica suimplementación. El proyecto ha cumplido con todos los pasos administrativos requeridos, aproximadamente 37 etapas desde la decisión inicial hasta la llegada al departamento de compras, y avanza sin reclamaciones ni retrasos. Una vez superadas estas etapas, se iniciará el proceso de refrendo de la contratación, garantizando transparencia y legalidad, explicó de De Sanctis en una entrevista para el programa 180 Minutos de la radio Red. La funcionaria destacó que la modernización de los ascensores no solo busca facilitar la movilidad, sino también descongestionar las filas interminables que afectan a pacientes y colaboradores, incluyendo familiares y adultos mayores que dependen diariamente de la institución. La administración de la CSS informó en septiembre de 2025 que los nuevos ascensores ya habían sido licitados y adjudicados, aunque su instalación dependía del proveedor, lo que ha generado cierta espera en la ejecución del proyecto. El estado de los ascensores en las instalaciones de todo el país que heredó la actual administración es, según palabras de De Sanctis, “deplorable”. De los aproximadamente 97 equipos distribuidos en las diferentes unidades y policlínicas, varios presentan fallas graves que requieren atención urgente. En total, 22 elevadores necesitan ser reemplazados, de los cuales siete corresponden al Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, lo que subraya la magnitud del problema. Los primeros cinco nuevos ascensores ya llegaron al complejo y son los que tienen calendario de instalación, aunque aún quedan pendientes evaluaciones y gestiones en otras comisiones. Según la funcionaria, la situación no es tan simple como solicitar un elevador a un proveedor y recibirlo de inmediato, evidenciando la complejidad y el retraso acumulado en la infraestructura de movilidad hospitalaria. agua irritante. SUSHI LOVER. El presidente Mulino prefirió carnavalear en Boquete, con una atmósfera menos abrasiva. Los propietarios de un restaurante local de cocina japonesa compartieron una foto de la visita del mandatario en San Valentín, advirtiendo que había quedado muy complacido, “aunque no se nota en la foto”. Buena aclaración. Después de todo, su semblante de felicidad es el mismo que cuando no lo está.
5A La Prensa Panamá, lunes 16 de febrero de 2026
6A La Prensa Panamá, lunes 16 de febrero de 2026 Panorama Tasa de fecundidad adolescente disminuye, pero el reto persiste Aleida Samaniego C. [email protected] EMBARAZO ADOLESCENTE Panamá registra una disminución sostenida en la tasa de fecundidad adolescente (TEFA), según Celade. Aunque los embarazos en jóvenes de 10 a 19 años han bajado más del 50% en la última década, persisten desigualdades territoriales y desafíos sociales, educativos y económicos. Panamá ha logrado una reducción sostenida en la tasa específica de fecundidad adolescente (TEFA), según el más reciente informe “América Latina y el Caribe ante la baja fecundidad: tendencias y dinámicas emergentes” del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade), organismo adscrito a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). El reporte ubica al país entre las naciones de América Latina que han conseguido un descenso notable en los nacimientos de mujeres de entre 10 y 19 años. Este logro representa un avance importante en salud pública y prevención, pero no significa que el embarazo adolescente haya desaparecido. El fenómeno sigue afectando a miles de jóvenes cada año, con profundas implicaciones sociales, educativas y económicas. ¿Qué es la TEFA y por qué importa? La TEFA es un indicador demográfico que mide la cantidad de nacimientos por cada mil adolescentes de entre 10 y 19 años en un período determinado. A diferencia de los números absolutos, que solo indican cuántos casos ocurrieron, la TEFA permite evaluar la incidencia proporcional de embarazos en relación con el tamaño de la población adolescente, lo que da una visión más precisa del fenómeno. Este indicador forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y es fundamental para comparar tendencias entre países, evaluar el impacto de políticas públicas en salud sexual y reproductiva y planificar programas de prevención que respondan a las necesidades específicas de adolescentes y jóvenes. Avances en la última década Entre 2015 y 2023, Panamá logró una reducción sostenida y significativa en la TEFA, reflejando avances importantes en prevención y acceso a servicios de salud. El descenso más notable se observa en el grupo de 15 a 19 años, cuya tasa cayó de 84.0 a 45.7, lo que representa una disminución de casi el 46% en menos de una década. En el grupo de 10 a 14 años, la fecundidad infantil se redujo a la mitad, pasando de 3.4 a 1.7. Estas cifras reflejan no solo la efectividad de las políticas de educación sexual y planificación familiar, sino también un cambio gradual en la percepción social sobre la maternidad temprana y la importancia de que las adolescentes puedan continuar su desarrollo educativo y personal sin interrupciones por embarazos no planificados. Las estadísticas del Ministerio de Salud (Minsa) muestran que, en 2014, se registraron 10,735 embarazos en adolescentes; en 2024, la cifra bajó a 5,133, una reducción superior al 50%. Entre 2021 y 2024, se acumularon 27,953 embarazos en niñas y adolescentes, con un promedio anual de seis a siete mil casos. Si bien estos números reflejan una mejora significativa desde el punto de vista demográfico, el embarazo adolescente sigue siendo un problema estructural que afecta directamente la continuidad educativa, reduce oportunidades laborales futuras y, en muchos casos, perpetúa ciclos de pobreza y exclusión social. La caída en la TEFA es un indicador positivo, pero la magnitud del desafío social aún requiere atención. El contexto regional En América Latina, la fecundidad adolescente históricamente ha sido alta, situando a la región entre las más afectadas del mundo. Según el Celade, Panamá, junto con Argentina, Chile, Uruguay, República Dominicana y Costa Rica, ha logrado avances sostenidos en la reducción de la TEFA, especialmente a partir de 2021. Este período coincide con la implementación de políticas públicas orientadas a la planificación familiar, educación sexual integral y ampliación del acceso a servicios de salud reproductiva. La combinación de estos factores ha permitido que el país comience a revertir una tendencia histórica de embarazos adolescentes, consolidando su posición como un ejemplo regional en políticas de salud sexual y reproductiva. El reconocimiento regional de Panamá subraya la importancia de un enfoque integral: la reducción de la TEFA no depende únicamente de servicios de salud, sino de la coordinación entre educación, familia, comunidad y Estado, asegurando que las adolescentes tengan información y recursos para tomar decisiones informadas sobre su sexualidad. Brechas territoriales: la desigualdad persiste A pesar de los avances, el embarazo adolescente no se distribuye de manera uniforme en el país. Las regiones con mayor incidencia continúan siendo la provincia de Panamá y la comarca Ngäbe-Buglé. En 2023, se reportaron 2,263 embarazos adolescentes en la provincia de Panamá y 1,844 en la comarca. En 2022, Ngäbe-Buglé superó a la capital con 2,019 casos frente a 1,545. Estas disparidades reflejan condiciones de vulnerabilidad social, barreras culturales y acceso limitado a servicios de salud, así como deficiencias en la educación sexual integral. En comunidades indígenas y zonas rurales, las diferencias interculturales y socioeconómicas influyen de manera determinante en el acceso a información y métodos anticonceptivos. El crecimiento de la población en edad reproductiva también incide en los números absolutos: aunque la tasa disminuya, el tamaño de la población joven puede mantener cifras elevadas, especialmente en regiones con alta densidad de adolescentes. Estrategias del Minsa Según Geneva M. González, jefa nacional de Salud Sexual y Reproductiva, la reducción de la TEFA se atribuye a un plan intensivo implementado desde 2021, que actualmente forma parte de un programa permanente de accesibilidad y consejería para adolescentes. Actualmente, Panamá cuenta con unos 130 Servicios de Salud Amigables para Adolescentes, incluidos los coordinados con la Caja de Seguro Social. En estos espacios se ofrece orientación confidencial, planificación familiar y acceso a métodos anticonceptivos modernos. Además, se desarrollan programas de empoderamiento juvenil y jornadas comunitarias en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social, con el objetivo de sensibilizar a la comunidad y promover la educación sexual integral. González aclara que los datos oficiales no respaldan versiones de un repunte reciente en la TEFA; la tendencia descendente es clara y responde a políticas públicas sostenidas y de largo plazo. Natasha Dormoi, coordinadora de AIDS Healthcare Foundation (AHF Panamá), destaca que el embarazo adolescente es un fenómeno multifactorial, relacionado con pobreza multidimensional, deserción escolar, inequidades territoriales, violencia sexual y falta de educación sexual integral. Dormoi enfatiza que mientras no se aborden estas desigualdades estructurales, miles de adolescentes seguirán enfrentando maternidades tempranas. La reducción de la TEFA es un indicador alentador, pero no resuelve por sí sola las barreras sociales y culturales que perpetúan la maternidad precoz. El impacto social y educativo El embarazo adolescente tiene consecuencias que van más allá de la salud. Afecta directamente la continuidad educativa, ya que muchas adolescentes interrumpen o abandonan la escuela. Esto, a su vez, limita las oportunidades laborales futuras, perpetuando ciclos de pobreza y exclusión social. En términos culturales, la maternidad temprana puede reforzar roles de género tradicionales y limitar la participación de las jóvenes en espacios de decisión dentro de sus comunidades. Por ello, los expertos coinciden en que reducir la TEFA es solo un paso inicial. Para lograr un cambio real y sostenible, es necesario fortalecer la educación sexual integral, garantizar el acceso equitativo a servicios de salud y promover programas de empoderamiento que permitan a las adolescentes continuar su desarrollo personal y profesional. Más que una cifra: un desafío social La reducción de la TEFA en Panamá es un avance demográfico significativo y un reflejo de políticas públicas efectivas. Sin embargo, el embarazo temprano sigue siendo un desafío complejo que trasciende el ámbito sanitario, requiriendo la participación activa del sistema educativo, las familias, las comunidades y el Estado. El reto de fondo es transformar las condiciones sociales, económicas y culturales que perpetúan la maternidad precoz, asegurando que cada adolescente pueda tomar decisiones informadas sobre su vida reproductiva y tener acceso a oportunidades de desarrollo. La sostenibilidad del descenso dependerá de mantener estrategias de prevención, fortalecer la educación sexual integral y garantizar servicios de salud reproductiva equitativos en todo el país. El logro es alentador, pero el desafío ahora es convertir esta tendencia en una transformación duradera, que garantice mejores oportunidades y un futuro más seguro para todas las adolescentes panameñas. Adolescentes panameñas continúan enfrentando maternidades tempranas, a pesar de la disminución en la tasa de fecundidad en el país. iStock La Asociación Médica Nacional envió una misiva al procurador general de la nación, Luis Carlos Manuel Gómez Rudy, denunciando lo que califican como una “actuación sistemática y precipitada” por parte de fiscales del Ministerio Público contra profesionales de la salud. En una carta fechada el 11 de febrero de 2026, el gremio médico —presidido por la doctora María Helena Arango— manifestó su “profunda preocupación” por la tendencia de algunos funcionarios de instrucción a criminalizar el acto médico sin que exista una investigación técnica previa que confirme los hechos. La asociación señaló que, ante denuncias ciudadanas, los médicos son detenidos de manera acelerada, esposados y exhibidos ante los Médicos denuncian detenciones y humillación pública SALUD PÚBLICA mediosdecomunicación,situación que afecta de forma irreversible su reputación y futuro profesional. Entre los casos citados, la asociación mencionó a dos médicos del Hospital Nicolás Solano, quienes fueron aislados en calabozos, y a un prestigioso cirujano, expuesto públicamente como si fuera un delincuente ante la percepción de terceros ajenos al contexto científico y médico. Para el gremio, esta exposición mediática prematura pone en riesgo la confianza pública en los profesionales de la salud y podría generar efectos negativos en el ejercicio médico en todo el país. Aleida Samaniego C. [email protected] CONTENIDO EXTRA Escanee el código QR y acceda a más información sobre la carta del gremio médico.
7A La Prensa Panamá, lunes 16 de febrero de 2026 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. ha sucedido no sólo debido al talante de algunos aspirantes a dirigente, sino también porque los partidos históricos empezaron a alejarse cada vez más de sus idearios, hicieron costumbre sus actos de corrupción y, por lo tanto, traicionaron las lealtades de sus bases sociales. El resultado ha sido que los costarricenses hoy no viven mejor que hace cuarenta años, todos lo saben bien y lo resienten. A manera de ejemplo, Costa Rica ha llegado recientemente a tener tasas de homicidios tan altas como Guatemala. Políticamente, este deterioro de la calidad de vida ha necesitado ser explicado a la población y sobre todo necesita soluciones. Y es precisamente en estas coyunturas que se abre la posibilidad de que la “salida” a esta situación sea populista. En lugar de buscar soluciones democráticas a través de mejores políticas públicas, han sido buscados enemigos y la propuesta de solución básica ha sido eliminarlos políticamente para volver a ser “el país más feliz del mundo”. El populismo no se trata de soluciones fáciles, como algunos aseguran, sino de dividir el campo político postulando una relación antagónica entre el pueblo —a los que a veces se les puede llamar también ciudadanos— y un establishment que no responde a los intereses soberanos de ese pueblo. Bajo esa lógica, la solución de los problemas pasa por eliminar del campo político al antagonista, aunque el precio sea vulnerar las instituciones democráticas. En el artículo ‘Democratización y neopatrimonialismo: ¿hay una ola populista enCentroamérica?’, que escribí junto a María Esperanza Casullo, producto de nuestras investigaciones, damos cuenta de cómo el entonces candidato Chaves propuso a los costarricenses acabar con “los ticos con corona” y “los mismos de siempre” para volver a ser “el país más feliz del mundo”. De allí surge la primera lección: las democracias deben dar resultados porque ninguna está exenta de la aparición de liderazgos y lógiLas colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. El futuro ya está aquí, pero está mal distribuido Tecnología “La contraseña no funciona.”“Creemos una contraseña de aplicación de Gmail en su lugar”. “El sistema no puede analizar las respuestas de IA.”“OpenAI está envolviendo JSON en markdown. Eliminémoslo”. “A los artículos les faltan resúmenes”. “No estamos manejando valores nulos. Aquí está la solución”. El asistente de IA nunca me gritó. Nunca dijo “ya deberías saber esto”. Nunca me hizo sentir como un estúpido por hacer preguntas tontas. La programación tradicional levantó barreras formidables: años de estudio, vocabulario técnico, conocimiento especializado. La cofradía de los desarrolladores mantenía estos muros, a veces deliberadamente, a veces inconscientemente. La IA no elimina la complejidad —el código sigue siendo complejo—. Lo que la IA elimina es la barrera del conocimiento. No necesitas haber internalizado años de sintaxis y mejores prácticas. Necesitas curiosidad, persistencia y la capacidad de aprender iterativamente. Pasé seis horas depurando, pero esas seis horas me enseñaron más sobre arquitectura de sistemas, diseño de API y despliegue en la nube de lo que hubiera aprendido en seis semanas de cursos. ¿Por qué? Porque estaba resolviendo mi problema, construyendo mi sistema, aprendiendo exactamente lo que necesitaba cuando lo Surse Pierpoint Lecciones de la encrucijada populista en Costa Rica Democracia Las palabras de la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, Eugenia Zamora, el pasado 1 de febrero al anunciar los resultados preliminares de la elección presidencial, fueron una combinación de denuncia y advertencia. Habló de una campaña electoral llena de agravios, discursos de odio y narrativas falsas, y advirtió que algunos actores de la política costarricense están jugando con “cosas que no tienen repuesto”. Recordó que la democracia no se sostiene sólo con el acto de votar y que nadie debe ser mancillado. ¿De qué estaba hablando la magistrada Zamora? ¿Cómo Costa Rica, la joya de la corona de las democracias latinoamericanas, llegó a esto? Costa Rica es el único país de América Central que durante el siglo pasado consiguióconstruir un pequeño Estado de bienestar basado en el acceso universal a la salud, una educación pública de alta calidad y una población con altos estándares cívicos. La excepcionalidad costarricense también descansaba sobre una competencia partidista estable, con partidos bastante bien definidos ideológicamente, una administración pública profesional y un organismo electoral técnicamente solvente y políticamente neutral. Precisamente, en el libro El populismo en América Central: la pieza que falta paracomprender un fenómeno global, María José Cascante y Juan Manuel Portillo apuntan a los cambios en el sistema de partidos costarricense como una de las causas de que desde el año 2010 se hayan instalado en Costa Rica discursos maniqueos. Esto cas populistas. Esos “mismos de siempre” no solamente son los políticos, sino que han incluido a las universidades y funcionarios en general, otrora base y orgullo de la democracia costarricense, que han sido atacados y estigmatizados. La idea de fondo es reducir el Estado costarricense para hacerlo más eficiente. De todo esto se desprende la segunda lección: la derecha latinoamericana ha aprendido conscientemente a ser populista, aunque a veces continúe vistiendo traje y corbata. En cuanto a soluciones concretas, el presidente Chaves no consiguió mucho, pero sí logró convencer a la mayoría de los costarricenses de que los responsables por su mala gestión fueron “los mismos de siempre”. Ese ha sido su gran éxito, así ha queda docomprobado con la decisión que tomaron los costarricenses de elegir presidenta enprimera vuelta a su delfín Laura Fernández y darle mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Y aquí la tercera lección: los populismos son convincentes y saben ganarelecciones. ¿Qué podemos esperar del gobierno de Fernández? La nueva presidenta tiene un mandato claro: concretar la agenda de reformas que no realizó Chaves. Este proyecto reformador Fernández lo ha llamado “la tercera república”, dando un regusto a Andrés Manuel López Obrador en México. Independientemente del signo ideológico de lo que se haga, hay que reconocer que la sociedad costarricense está convencida de que debe reformarse y que el camino de esas reformas ha sido elegido democráticamente. Fernández no es Chaves, por lo que queda ser optimista y desear que su gestión de gobierno respete las formas republicanas y cívicas que caracterizaron a los costarricenses. Opinión EL AUTOR es investigador del Cieps. EL AUTOR es director de la Fundación Libertad. necesitaba. Como alguien que escribe sobre mercados e instituciones, reconozco lo que presencié: una reducción dramática en las barreras de entrada. Las asimetrías de información que alguna vez protegieron los salarios de programadores se están evaporando. Los requisitos de capital (contratar desarrolladores) se están derrumbando. Los medios de producción (creación de código) se están democratizando. Esto no se trata de reemplazar programadores; mi sistema aún requirió arquitectura sofisticada diseñada por expertos. Pero sí se trata de expandir quién puede construir, quién puede crear, quién puede resolver problemas con software. Las implicaciones se extienden mucho más allá de la codificación. Si alguien con cero conocimientos en programación puede desplegar un sistema de IA multiagente en una tarde, ¿qué otras barreras están a punto de caer? ¿Investigación legal? ¿Modelado financiero? ¿Diagnóstico médico? ¿Diseño de currículo educativo? La naturaleza revolucionaria de la IA no es que sea inteligente, es que nos hace a nosotros más capaces. Mi sistema de noticias ahora recopila artículos de siete fuentes, los califica con GPT-4 por relevancia, filtra agresivamente por tema y geografía, y entrega exactamente diez artículos curados enfocados en política, economía y negocios latinoamericanos. Me costó seis horas y $10 al mes en hospedaje. Más importante aún, me enseñó que la pregunta ya no es “¿sabes programar?”. La pregunta es “¿eres lo suficientemente curioso para intentarlo?”. La barrera nunca fue realmente técnica. Fue psicológica. Y la IA acaba de disolverla. Hace poco leí sobre sistemas de inteligencia artificial (IA) multiagente, programas sofisticados donde inteligencias artificiales especializadas trabajan juntas como un equipo bien organizado. Ayer mismo construí uno y lo desplegué en la nube. Ahora me entregará resúmenes personalizados de noticias cada mañana a las 7:00 a.m., automáticamente. No soy programador. Nunca he tomado un curso de computación. Hasta hoy, términos como “consola bash”, “análisis JSON” e “integración de API” eran cosas que nunca había escuchado. Sin embargo, aquí estoy, habiendo depurado código Python, configurado infraestructura en la nube y mejorado un sistema de producción con características avanzadas. La naturaleza revolucionaria de la IA no es solo lo que puede hacer, es lo que nos permite hacer. El proyecto comenzó de manera sencilla: quería una mejor curación de noticias. Mi script existente de Google Apps funcionaba, pero me preguntaba si un enfoque multiagente, con IAs especializadas manejando recolección, análisis, personalización, filtrado y control de calidad, podría ofrecer mejores resultados. En pocas horas había subido seis archivos Python a PythonAnywhere, un servicio de hospedaje en la nube. Luego vino la curva de aprendizaje: fallas en la instalación de paquetes, errores de indentación, problemas de autenticación de API, manejo de valores nulos. Cada mensaje de error fue un reto. Cada solución fue una lección. Harry Brown Araúz La IA no elimina la complejidad —el código sigue siendo complejo—. Lo que la IA elimina es la barrera del conocimiento. No necesitas haber internalizado años de sintaxis y mejores prácticas. Necesitas curiosidad, persistencia y la capacidad de aprender iterativamente. El profesor como intelectual: tarea urgente Pensamiento crítico Hoy, en un mundo donde los cambios se han convertido en una constante —mucho más acelerada que en décadas pasadas—, se requieren profesores comprometidos con esa realidad. Docentes capaces de cuestionarla, interpretarla y observarla desde múltiples ángulos, sin dar por sentado todo lo que reciben a través de las diversas vías de acceso a la información y al conocimiento. El sistema educativo, como responsable de la organización de la educación, es también garante del cumplimiento del Artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que toda persona tiene derecho a la educación. Ser profesor conlleva, a mi juicio, una responsabilidad pública. Implica promover el pensamiento crítico, la investigación y la toma de posición frente a los problemas sociales, con la capacidad de articular saberes, valores y experiencias. La práctica pedagógica no puede ser neutra ni aséptica: debe llevar implícita una provocación intelectual que invite al estudiante a cuestionar la información y los mensajes que recibe. Solo así es posible avanzar hacia esa educación liberadora que defendía el pedagogo brasileño Paulo Freire. El educador que se valida en su práctica pedagógica como intelectual trasciende la mera instrucción técnica para convertirse en un agente de cambio y en un crítico de los problemas de la sociedad. Su labor no se limita a seguir currículos preestablecidos; por el contrario, asume autonomía para cuestionar las estructuras de poder y el conocimiento dominante, fomentando en sus estudiantes una reflexión constante. De este modo, el aula se transforma en un espacio genuino para el debate y la confrontación de ideas, que enriquecen la discusión pedagógica. La sociedad debe exigir docentes con vocación intelectual, capaces de equilibrar la teoría académica con la práctica cotidiana, para enfrentar los desafíos sociales, culturales y éticos debidamente contextualizados. Desde esta visión docente, es posible imaginar un profesorado comprometido con la construcción de una sociedad más justa, democrática y consciente de los deberes históricos que le corresponden como nación. EL AUTOR es profesor universitario, abogado y periodista. Víctor Manuel Álvarez Franco Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Gerente General Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón
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