2A La Prensa Panamá, lunes 16 de febrero de 2026 Una de las apuestas del Ministerio de Cultura es rescatar el Carnaval como patrimonio del país, más allá de su dimensión festiva y comercial. La intención es reivindicarlo como expresión de identidad y memoria colectiva. Pero ¿cuáles son los argumentos que sostienen esa propuesta y qué fundamentos culturales la respaldan? Para la entidad, esta celebración no empieza cuando se encienden las luces de la tarima ni concluye con el Miércoles de Ceniza, sino mucho antes: en los talleres donde se cosen lentejuelas, en las casas donde se ensayan coreografías y en los barrios donde los músicos afinan tambores. La ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, lo define así: “El Carnaval es memoria, patrimonio e identidad. Durante cuatro días, nuestras calles y avenidas se llenarán de música, comparsas, polleras y tambores, recordándonos que Panamá late al mismo ritmo”. En palabras de la funcionaria, esta festividad es una construcción colectiva que involucra a artesanos, músicos, diseñadores y familias enteras, y que combina tradición religiosa y expresión popular. Para Micultura es una manifestación social que reúne música, danza, comparsas, culecos —los tradicionales baños de agua—, desfiles de carrozas y la elección de reinas. Cada elemento cumple una función dentro de una estructura festiva que mezcla competencia, espectáculo y arraigo comunitario. Uno de los días más esperados es el Martes de Carnaval. Según la información oficial, no es solo el cierre de la fiesta, sino el momento en que el lujo y la tradición adCarnaval: identidad y patrimonio más allá de la fiesta EXPRESIÓN CULTURAL quieren protagonismo. La exhibición de polleras, que hoy parece habitual, se consolidó entre las décadas de 1960 y 1970 como un acto de afirmación y orgullo nacional. La pollera, con sus bordados y tembleques, se convierte entonces en símbolo central. No es únicamente un traje típico, sino una pieza que sintetiza historia, identidad y destreza artesanal. Su presencia masiva durante esa jornada reafirma la dimensión cultural de la celebración. Otras tradiciones Otra tradición destacada es la elección de la reina del Carnaval. Cada ciudad escoge a una soberana que representa el espíritu festivo, la creatividad y la identidad local. Su figura encarna la imagen pública de la fiesta y lidera desfiles y actividades oficiales. Los culecos y las mojaderas, por su parte, marcan el ritmo de las jornadas diurnas. Camiones cisterna recorren las calles lanzando agua sobre la multitud para mitigar el calor y animar la convivencia. Es una práctica popular que convoca tanto a residentes como a visitantes. Las carrozas y fantasías añaden un componente visual y artístico. Los diseños combinan historia, imaginación y tradición panameña, y transforman las avenidas en escenarios móviles donde convergen luces, colores y música. En las primeras horas del Miércoles de Ceniza se celebra el llamado “topón”, descrito como una medición de fuerzas entre tunas. No solo intervienen las tonadas y las murgas, sino también el espectáculo pirotécnico y la presencia de las reinas, que lucen polleras de gala en un cierre cargado de simbolismo. Herrera también subrayó el impacto cultural y económico de la fiesta. De hecho, señaló que “esta celebración trae progreso, impulsa la economía, el turismo y genera oportunidades para artistas, artesanos, emprendedores y músicos”, en referencia al movimiento que se genera en sectores como la gastronomía, el transporte y el comercio durante los días de Carnaval. Por ejemplo, se informó que los carnavales de 2026 podrían dejar una derrama económica superior a los 300 millones de dólares en todo el país, según cifras destacadas por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) en su columna La Voz de Apede, ayer. Actualmente, en este proceso de preparación, el Ministerio de Cultura informó que también acompaña al Municipio de Panamá en el esfuerzo por reforzar el significado cultural del Carnaval de la capital. Raúl Pineda, diputado del PRD. Carlos Vidal El voto del diputado Pineda contra la transparencia Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] ASAMBLEA NACIONAL Entre contratos y conflictos de interés. Empresas vinculadas al entorno familiar y político del diputado han obtenido contratos con diversas entidades estatales en los últimos años. Varios diputados de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional de Panamá, entre ellos el perredista Raúl Pineda, se abstuvieron de votar en primer debate a favor del proyecto de ley 479, una iniciativa que buscaba hacer de acceso público la lista de personas y empresas que contratan con el Estado y modificar la Ley 22 de 2006 sobre contrataciones públicas. La propuesta, presentada por la diputada de la coalición Vamos, Janine Prado, apuntaba a reforzar los mecanismos de transparencia en los procesos de compras gubernamentales, en un contexto de crecientes cuestionamientos sobre el uso de fondos públicos. La votación, sin embargo, abre interrogantes sobre un posible conflicto de interés, ya que empresas vinculadas al entorno familiar y político del diputado han obtenido contratos con diversas entidades estatales en los últimos años. Esa coincidencia coloca bajo escrutinio su participación en el rechazo de una iniciativa que precisamente buscaba transparentar la identidad de quienes contratan con el Estado y ampliar el acceso público a esa información. Los contratos Reportes de La Prensa detallan que varias sociedades relacionadas con familiares y allegados a Pineda obtuvieron contratos con distintas entidades públicas, particularmente entre 2019 y 2024. Entre las compañías mencionadas figura Servicios Múltiples Rama, S.A., señalada por mantener vínculos con personas cercanas al diputado. De acuerdo con datos públicos, esta empresa suscribió contratos con instituciones como el Instituto de Mercadeo Agropecuario, la Asamblea Nacional de Panamá, el Ministerio de la Presidencia y el Municipio de San Miguelito, en servicios que incluyeron el suministro de insumos, limpieza y mantenimiento. Otra sociedad mencionada en los reportes es Mared, S.A., donde también figuran personas del entorno familiar del diputado. Las investigaciones periodísticas de este medio han destacado la coincidencia entre la participación de allegados en juntas directivas y la adjudicación de contratos estatales, lo que generó cuestionamientos públicos sobre posibles conflictos de interés. Estas conexiones empresariales salieron también a la luz en el contexto de la llamada Operación Jericó, una investigación judicial relacionada con presuntos delitos de blanqueo de capitales y narcotráfico que involucró a personas cercanas al diputado, como su hijo, Abraham Rico Pineda. Aunque las pesquisas se centraron en hechos específicos y no constituyen, por sí mismas, una condena, el caso colocó bajo escrutinio el entramado empresarial vinculado al entorno político y familiar del diputado. Centro regional universitario También sociedades vinculadas al diputado y a tres personas detenidas como parte de la operación antinarcóticos Jericó (incluido a su hijo, Abraham Rico Pineda) habrían recibido fondos del contratista del Centro Regional Universitario (CRU) de San Miguelito, un proyecto adjudicado hace cinco años por $65.9 millones, pero que ya va por casi $85 millones. Las transferencias de dinero habrían ocurrido incluso cuando la operación Jericó ya estaba en marcha. Al frente del proyecto está el Consorcio HCG, que dirigen el costarricense Juan José Zonta y su socio Luis Alberto Gaitán Mendoza. Desde 2020, Zonta es accionista y presidente del Sporting San Miguelito, un equipo de fútbol que hasta entonces estuvo bajo la presidencia del diputado Pineda, quien milita en el PRD. La crítica Tras el rechazo del proyecto en la Comisión de Economía, la diputada y proponente, Janine Prado, cuestionó con firmeza la decisión y defendió la necesidad de transparentar las contrataciones públicas. “Hoy, en la Comisión de Economía, se rechazó el proyecto que hacía públicos los beneficiarios finales de las empresas que contratan con el Estado. Se decidió proteger el anonimato, no la transparencia”, expresó. La diputada sostuvo que quienes reciben fondos estatales deben identificarse plenamente: “Quien contrata con el Estado debe dar la cara. El dinero público no puede tener dueños ocultos”, subrayó, al insistir en que la iniciativa buscaba fortalecer la rendición de cuentas y el acceso ciudadano a la información. En esa misma línea se manifestó la presidenta de la junta directiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, Lina Vega, al plantear lo siguiente: “Los partidos representados en la Asamblea deciden una y otra vez darle la espalda a la transparencia. Los ejemplos son tristes y alarmantes: impiden que sepamos quiénes son los verdaderos dueños de las empresas que contratan con el Estado”. Advirtió que la negativa a revelar a los beneficiarios finales debilita los controles ciudadanos sobre el uso de los fondos públicos. Durante el debate del proyecto de ley 479, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, presentó una serie de aportes orientados a reforzar el marco de transparencia en las contrataciones públicas. Entre sus planteamientos destacó la necesidad de que la iniciativa fuera coherente con la legislación nacional sobre el uso de fondos públicos, se alineara con estándares internacionales y contribuyera a mejorar el clima de inversión y la competencia leal, además de precisar el rol del legislador frente al criterio judicial sobre la información de carácter comercial. Durante la sustentación de su voto, el diputado argumentó que los propios miembros de la Asamblea ya están obligados a sustentar sus ingresos y señaló que existe jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en torno a la divulgación de los beneficiarios finales de los contratos con el Estado. A su juicio, se trata de un asunto que requiere mayor análisis y tiempo de discusión. “Este es un tema que hay que analizarlo con más tiempo”, afirmó. Añadió que, si realmente se busca transparencia, la información debería solicitarse a los bancos y no centrarse exclusivamente en las empresas que contratan con el Estado. Desde hace cinco años, la Corte Suprema de Justicia advirtió que la Dirección General de Contrataciones Públicas no está obligada a informar quiénes son los beneficiarios finales de las acciones nominativas de las empresas, consorcios o asociaciones accidentales que participen en licitaciones cuya cuantía supere el medio millón de dólares. Desfile nocturno en Azuero el sábado de Carnaval. Alexander Arosemena Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama
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