4A La Prensa Panamá, sábado 14 de febrero de 2026 Panorama Parte del equipo de abogados de los imputados. Isaac Ortega La recta final del juicio Odebrecht; balance de los primeros 19 días Juan Manuel Díaz [email protected] JUSTICIA Tras concluir la fase probatoria del juicio Odebrecht —marcada por la ausencia de testigos clave y sesiones a medio tiempo— el tribunal se prepara para los alegatos. La primera fase del juicio a 19 personas por presunto blanqueo de capitales, por recibir coimas de la empresa Odebrecht, concluyó con la presentación de 24 testigos, entre ellos peritos, y unas 50 pruebas extraordinarias aducidas por la fiscalía y los abogados defensores. Estos primeros 19 días de juicio estuvieron marcados por el hecho de que el tribunal debió sesionar a media jornada, ya fuera en la mañana o en la tarde, debido a que la jueza Baloisa Marquínez debía atender otro juicio seguido a un grupo de 21 personas acusadas de conspiración para el tráfico de drogas, detenidas en la denominada operación Fisher. Marquínez debió suspender por varios días su participación en el juicio Fisher para atender el caso Odebrecht. De hecho, el pasado 8 de febrero decretó un receso en el proceso Odebrecht y retornó al caso Fisher. Se ausentan testigos También esta fase del juicio estuvo marcada por la ausencia de algunos testigos solicitados por la Fiscalía Anticorrupción, como es el caso de los exdirectivos de la constructora Odebrecht Olivio Rodríguez, André Rabello, Luis Antonio Mameri, Marco de Queiroz Grillo y Ángela Palmeira Ferreira. La fiscalía tampoco pudo contar con el testimonio de Olmedo Méndez Tribaldos, quien alcanzó un acuerdo de colaboración y pena antes de la celebración del juicio y se había comprometido a someterse al interrogatorio sobre lo declarado ante el Ministerio Público. Como parte de su acuerdo de pena —validado por el juez Óscar Carrasquilla en 2017—, Méndez confesó que, a través de sociedades y cuentas en las que aparecía como firmante, recibió coimas de la Caja 2 de Odebrecht. Así lo declaró en indagatoria el 27 de septiembre de 2017. Méndez Tribaldos aceptó haber abierto cuentas en la Banca Privada de Andorra (BPA), por las que circularon fondos de sociedades ligadas a Odebrecht y cuyo destinatario final, según la fiscalía, era el exministro Frank De Lima. Otro testigo de la fiscalía que no acudió al juicio fue Ramón Carretero Napolitano, quien sufrió un accidente aéreo en Venezuela y aún se encuentra convaleciente, según se le reportó al tribunal. La defensa también se vio afectada por la ausencia de testigos, como es el caso de la excomisionada de la Policía Nacional Demaris Rodríguez, cuya declaración fue solicitada por varios defensores. A Rodríguez se le atribuye la elaboración de un informe en el que detalla la participación de varios de los implicados en el escándalo de Odebrecht. De hecho, la jueza Baloisa Marquínez decretó un receso el pasado martes para gestionar con la Policía Nacional la presentación de la testigo. En la sesión de ayer viernes 13 de febrero se leyó una comunicación de la Dirección de Recursos Humanos de la Policía Nacional en la que se informó que Rodríguez ya se jubiló como miembro activo de la institución y no labora en esa entidad. El secretario del juzgado leyó otras tres notas de la Policía Nacional en las que se reiteró que no se pudo gestionar la convocatoria de Rodríguez, dado que se jubiló el 1 de noviembre de 2022, tras cumplir 30 años de servicio, y no fue posible ubicarla. Una de las notas leídas detalla que la última ubicación de Rodríguez fue en la zona policial de Pacora y que dejó como referencia un número de celular. Al llamar a ese número respondió el abogado Ubaldo Barría, quien explicó que también intentaba ubicar a la excomisionada. Tres acuerdos de pena Poco antes del inicio del juicio, la fiscalía logró la validación de tres acuerdos de colaboración y pena alcanzados por Riccardo Francolini, Francisco Pérez Ferreira y Juan Carlos Espinosa. Francolini acordó una pena de 30 meses de prisión y la devolución de $1.9 millones. Mientras que Ferreira y Espinosa lograron acuerdos de 40 y 21 meses de prisión, respectivamente. Otro que salió de la audiencia fue el imputado Aaron Mizrachi, quien está a la espera de que la Corte Suprema de Justicia resuelva una apelación de la fiscalía contra un fallo del Primer Tribunal Superior de Justicia que le concedió un amparo de garantías constitucionales que lo excluye del caso. Alegatos arrancan el 23 de febrero La jueza Marquínez dispuso que la fase de alegatos del juicio se iniciará el próximo lunes 23 de febrero, con el fin de que las partes puedan presentar sus alegaciones de forma continua y sin interrupciones. Estableció que las sesiones comenzarán a las 2:00 p.m. y que cada abogado contará con una hora para exponer sus alegatos, con excepción de aquellos que representen a más de un cliente, a quienes se les concederá mayor tiempo. Se estima que la fiscalía solicitará varias horas para presentar los cargos contra los 19 imputados. Situación de otros imputados Además de los 19 imputados que están siendo juzgados en este proceso, varios otros vinculados al escándalo de Odebrecht no participan en el juicio ordinario actual por motivos distintos. Entre ellos figura el expresidente Juan Carlos Varela, quien no está presente porque ejerce como diputado en el Parlamento Centroamericano (Parlacen) y su caso pasó a la Corte Suprema de Justicia para su tramitación conforme a esa jurisdicción. Asimismo, los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares —ya condenados en Estados Unidos por blanqueo de coimas— también se excluyeron del juicio al ser electos miembros del Parlacen. El exministro de Obras Públicas Jaime Ford Castro se encuentra en la misma situación de competencia ante la CSJ. Otros imputados, como la abogada Evelyn Vargas Reynega, y los acusados Dana Harrick Atie, Liz Elena de Sousa, Javier Díaz Torres, Paulo César Miranda y Barry Williams, han sido declarados prófugos de la justicia o se encuentran en rebeldía, por lo que tampoco comparecen en este proceso. La juez Baloisa Marquínez. No acabo de entender al presidente Mulino. Es contradictorio y francamente ya aburre, porque sus discursos se alejan tanto de sus acciones que empiezo a pensar que es un mitómano. El lunes pasado volvió a quejarse de que el crimen organizado y los narcotraficantes son beneficiados con medidas judiciales: algo que llamó “puerta giratoria”, que es cuando un presunto delincuente es detenido por la supuesta comisión de delitos graves, pero acto seguido, un juez decreta su libertad, pese a ser un riesgo importante para la sociedad. Mostró su desaprobación por el hecho de que los agentes de policía arriesgan sus vidas en operativos para la captura de drogas y armas, pero luego son devueltos a sus casas para, desde allí, volver a sus actividades delictivas. Hasta aquí, todo bien. Concuerdo con lo que dice, pero hasta allí, porque lo que él hace es ofrecer esa misma puerta giratoria para sus copartidarios y amigos. ¿O es que se le olvida que él firmó un salvoconducto para que un delincuente condenado por lavado de millones de dólares saliera del país, y ese, desde donde está, no hace más que restregarnos a la cara su inmerecida libertad y su derroche de dinero, sin contar que se burla de todos nosotros todos los días, incluso de su benefactor, el presidente de la República, que, solo para complacerlo a él, convirtió el lavado de activos – un delito común– en delito político? Mulino se queja de la delincuencia común, pero no dice una sola palabra cuando los que reciben el “favor” son sus amigotes, que tienen de santo lo que él tiene de tolerante. Es más, en un acto de venganza, hasta le rebajó la pena a un ladrón quele robó a este medio de comunicación $2.5 millones. ¿Qué clase de persona es alguien que, consumido por su odio, bilis y afanes revanchistas, celebra con sus miserables acciones la impunidad que consume y destruye a este país? Le recuerdo al presidente que en los últimos meses esa misma puerta giró para evitar que, en el caso de las indemnizaciones de los Diablos Rojos, ninguno de los 185 imputados –incluida gente de su propio gobierno– recibiera castigo alguno. También giró para Mario Martinelli, acusado de perpetrar una lesión al patrimonio del Estadode más de $12 millones, y el presidente, personalmente, ofreció la puerta giratoria para rebajarle la pena a la esposa del ladrón de Guillermo Ferrufino. Han sido decenas de millones de dólares arrojados a los bolsillos de políticos y amigos, pero a Mulino no lo escuché quejarse ni una sola vez. Y francamente, estoy harto de escucharlo cuando dice que la delincuencia común no recibe el castigo que se merece, pero tampoco lo reciben esas pandillas políticas que nos gobiernan solo para robar; estoy harto de su discurso hueco e hipócrita; un farsante que se rasga las vestiduras quejándose cuando un juez envía a casa a esos pandilleros para seguir delinquiendo, pero que, sin pensarlo dos veces, libera a la escoria política que le robó el futuro a decenas de miles de personas. ¿Por qué escarmentar a unos y a otros no? ¿Qué clase de presidente es el que ha decidido que está bien castigar al pandillero de short y chancleta y no al de cuello y corbata? ¿Acaso Mulino es tan ciego que no puede ver que los abogados de su padrino político también defienden en los tribunales a los narcos de los que él se queja tanto? ¿No recuerda que quiso apoyar a una de esas abogadas de narcos para que fuera nada menos que presidenta de la Asamblea Nacional? ¿Por qué no se queja de que hay abogados condenados por narcotráfico que trabajan para su mentor y para diputados? ¿Ignora que hasta uno de ellos solía robarles el reloj a desconocidos, pero especialmente a sus propios amigos? Ese es su círculo de aduladores ¿y se queja de sus clientes? ¿No recuerda con quién se paseaban sus hijas en la famosa villa diplomática? ¿Y qué me dice del Consejo de Seguridad, que tiene inteligencia que asusta sobre allegados y diputados? Mire, presidente, si va a quejarse de la delincuencia común, está bien, pero no olvide incluir en el mismo saco a la delincuencia política –en especialla que es más cercana a usted–, porque esta es tan nociva y peligrosa para el país como lo es un presidente cegado por la venganza y el revanchismo, incapaz de ver que su permisividad nada tiene de diferente a la de los jueces que envían a casa a esos delincuentes de los que se queja. Sábado Picante Rolando Rodríguez B. [email protected] La fiscal Ruth Morcillo y parte de su equipo. LP
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