1A La Prensa Panamá, viernes 13 de febrero de 2026 El medio libre de Panamá 75¢ Viernes 13 de febrero de 2026 - Año 45 - Nº 15291 Hoy por hoy La Asamblea Nacional finalmente aprobó citar a la ministra de Desarrollo Social para que rinda cuentas sobre la crisis en los albergues, particularmente el CAI de Tocumen. Tras dos intentos fallidos, el pleno corrigió. Es justo reconocerlo: cuando se trata de la protección de niños y adolescentes bajo tutela estatal, la rendición de cuentas no puede bloquearse. La citación no es un acto de confrontación política, sino un mecanismo básico de control democrático. El cuestionario aprobado aborda estándares, protocolos, sanciones, posibles casos de maltrato y uso de fondos públicos. Son preguntas necesarias ante denuncias graves. Sin embargo, esta rectificación contrasta con decisiones recientes en la Comisión de Economía, donde se rechazó una iniciativa orientada a ampliar la transparencia en las contrataciones públicas. En un momento en que el país exige más control institucional, ese mensaje fue, cuando menos, desafortunado. La Asamblea dio un paso correcto en el pleno. Ahora debe demostrar que ese compromiso con la supervisión no depende del tema ni del momento, sino de principios. Ellas.pa Detrás de un reinado: las claves de Grace Cano 5B Goles y emoción marcan cuarta fecha 4B Deportes Panorama Meduca selecciona 3,150 docentes para 2026 5A Economía Secretario de Energía de EUA visita campo petrolero 2B Asamblea exigirá respuestas a ministra Eliana Morales Gil [email protected] CAI DE TOCUMEN Unas 40 preguntas deberá contestar la titular del Mides, Beatriz Carles de Arango, sobre los albergues, tras la crisis en el CAI de Tocumen. La Asamblea Nacional citó finalmente a la ministra Beatriz Carles de Arango para que rinda cuentas sobre la crisis en los albergues del país, particularmente el CAI de Tocumen, donde se han documentado irregularidades. La citación se aprobó después de dos intentos fallidos, con el voto favorable de 38 diputados. Entre las preguntas que deberá responder la ministra, destacan temas sobre la cantidad de albergues, el cumplimiento de los estándares requeridos, sanciones aplicadas, los protocolos de protección al menor y las medidas adoptadas frente a denuncias de maltrato. Además, la diputada Alexandra Brenes expresó su preocupación por los recientes traslados y destituciones en la Senniaf, que ocurrieron tras su denuncia por posibles omisiones de deberes en el CAI. Brenes alertó que estas decisiones repentinas afectan la estabilidad del personal y la atención a los niños, solicitando al Ministerio de Desarrollo Social una revisión inmediata de los procesos. La diputada también destacó que algunos afectados por los traslados fueron citados como testigos ante el Ministerio Público. VEA 2A Diputados frenan acceso a lista de contratistas La Comisión de Economía de la Asamblea Nacional frenó un proyecto de transparencia en contrataciones públicas. La iniciativa buscaba hacer de acceso público la lista de personas que contratan con el Estado y revelar los beneficiarios finales, pero no alcanzó los votos necesarios para superar el primer debate. VEA 3A Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Magistrados ratifican arresto domiciliario para José Gabriel Carrizo REVÉS JUDICIAL Juan Manuel Díaz [email protected] El Tribunal Superior de Apelaciones ratificó el arresto domiciliario para José Gabriel Carrizo, exvicepresidente de la República, quien enfrenta cargos por enriquecimiento injustificado. La defensa, que pretendía que se le otorgara una medida más laxa como notificación periódica, no convenció a los magistrados. Tampoco fue considerada la solicitud de acceso a áreas sociales. Carrizo es investiJosé Gabriel Carrizo, a su llegada a la audiencia. Isaac Ortega CK Hutchison amenaza con demandar a APM Terminals CK Hutchison inició una disputa internacional contra Panamá y advirtió sobre una eventual demanda contra APM Terminals si asume Balboa y Cristóbal. APM dijo que no tiene decisión sobre los puertos. VEA 1B gado por una diferencia de $1.9 millones en su patrimonio. VEA 4A National Geographic Quest Ecoturismo en el Parque Nacional Coiba Con 87 personas a bordo, el crucero de expedición National Geographic Quest llegó al Parque Nacional Coiba, en el Pacífico panameño, donde desarrolla actividades de ecoturismo como visitas a zonas marinas, playas y senderos. El National Geographic Quest fue construido en Estados Unidos y diseñado específicamente para viajes científicos y turísticos de bajo impacto ambiental. Cortesía
2A La Prensa Panamá, viernes 13 de febrero de 2026 La diputada Alexandra Brenes remitió una nota formal a la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, en la que manifiesta su “profunda preocupación” por los traslados y destituciones recientes de funcionarios de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf). En la misiva, la diputada advierte que estas decisiones se produjeron después de que interpusiera una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación por presuntas irregularidades y posibles delitos de omisión de deberes de servidores públicos en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen. En la carta, enviada el pasado 11 de febrero, la diputada presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, le informa a las ministras que algunas de las personas afectadas por estos traslados y destituciones han sido citadas ante el Ministerio Público como testigos de las irregularidades denunciadas. Brenes presentó la denuncia el viernes 6 de febrero y la amplió el pasado martes. De acuerdo con el documento, estas decisiones, percibidas como repentinas y sin la debida justificación o procedimiento, podrían generar inestabilidad en el personal de los albergues, afectar la continuidad de la Diputada Brenes alerta sobre traslados y destituciones en la Senniaf atención a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad y desincentivar la presentación de denuncias. La diputada añade que las medidas estarían impactando a funcionarios con experiencia y compromiso comprobado, debilitando la estructura operativa y técnica de los centros. Ante este escenario, solicita al Ministerio de Desarrollo Social una revisión objetiva e inmediata de los procesos de traslado y destitución en curso y, de ser necesario, la adopción de correctivos para garantizar el debido proceso, la transparencia administrativa y la estabilidad institucional en los centros de atención. Beatriz Carles de Arango, ministra de Desarrollo Social. Archivo Asamblea Nacional cita a la ministra del Mides, tras dos intentos fallidos Eliana Morales Gil [email protected] Eliana Morales Gil [email protected] PROTECCIÓN A LA NIÑEZ La propuesta fue sustentada por la diputada Alexandra Brenes y contó con el voto favorable de 34 diputados. Se registró una abstención, la de Manuel Cheng, de la bancada Mixta; y un voto en contra, que fue del diputado Luis Eduardo Camacho. La Asamblea Nacional aprobó finalmente citar a la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, para que rinda cuentas sobre la crisis que afecta los albergues del país, en particular el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, donde se han documentado irregularidades. La solicitud fue aprobada ayer tras dos intentos previos fallidos, en los que la bancada oficialista y otros sectores bloquearon la iniciativa. La propuesta fue sustentada por la diputada Alexandra Brenes y contó con el voto favorable de 34 diputados. En tanto, se registró una abstención, la de Manuel Cheng, de la bancada Mixta; y un voto en contra, que fue del diputado Luis Eduardo Camacho. “Hoy, la Asamblea tiene la oportunidad de mandarle un mensaje claro al país: no hay discurso que valga cuando se trata de la protección de nuestros niños y niñas. Ministra Carles, un último mensaje: yo, en su lugar, ante toda la situación que está pasando, me hubiese presentado voluntariamente y responsablemente a rendir cuentas sobre todas estas situaciones (...),” aseguró Brenes desde su curul en el pleno de la Asamblea este jueves. El cuestionario Estas son las preguntas que deberá responder la ministra Carles de Arango, el día que acuda a la Asamblea. Las preguntas abarcan desde sanciones, permisos y protocolos, hasta las medidas adoptadas frente a denuncias de maltrato y la infraestructura de los centros de acogida. ¿Cuántos albergues de niños, niñas y adolescentes existen actualmente en la República de Panamá? Desglosar por provincia y comarca. ¿Cuántos niños, niñas y adolescentes residen en cada uno de estos albergues? Desglosar por nombre del albergue, provincia, comarca, grupo etario (primera infancia, niñez y adolescencia), sexo y condición de discapacidad. Detalle los estándares físicos, estructurales y técnicos que, conforme a la normativa vigente, deben cumplir los albergues de niños, niñas y adolescentes. ¿Cuántos albergues no cumplen con dichos estándares? Detallar nombre del albergue, tipo de incumplimiento y medidas adoptadas. De conformidad con el artículo 3 del Decreto Ejecutivo No. 404 de 20 de octubre de 2020, ¿qué albergues albergan más de un grupo etario (primera infancia, niñez y adolescencia)? Desglosar por provincia y comarca. Detalle el perfil del personal técnico requerido para ejercer funciones en los albergues de niños, niñas y adolescentes. ¿Cuántas sanciones por incumplimiento de normas relacionadas con albergues de niños, niñas y adolescentes se han aplicado desde julio de 2024 a la fecha? Desglosar por tipo de falta y sanción. ¿Cuántos permisos de funcionamiento de albergues han sido cancelados, cuántos están en trámite y cuántos están próximos a vencer desde julio de 2024 a la fecha? ¿Existe un protocolo institucional de protección al menor que se active ante denuncias por irregularidades? De ser afirmativa la respuesta, detallar paso a paso su ejecución. ¿Cuántos casos de menores de edad cohabitando con adultos dentro de albergues han sido detectados desde julio de 2024 a la fecha? ¿Tiene conocimiento el MIDES de embarazos ocurridos entre menores de edad mientras se encontraban bajo la tutela y protección del Estado en estos albergues? ¿Cuándo se realizó el último inventario de mobiliario e infraestructura en los albergues (camas, baños, duchas, lavamanos, abanicos, aires acondicionados)? ¿Los niños, niñas y adolescentes cuentan con rutinas diarias establecidas? Detallar en qué consisten. ¿Qué planes individualizados existen para niños y niñas con discapacidad bajo protección institucional? ¿Cuántas destituciones de personal técnico ha emitido el Senniaf entre enero y febrero de 2026? Detallar los motivos conforme a las resoluciones correspondientes. ¿Quiénes tienen acceso a las cámaras y al sistema de videovigilancia del CAI de Tocumen? Indicar la empresa responsable del monitoreo. ¿Desde cuándo se suministra comida empacada en el CAI de Tocumen y cuál es la empresa proveedora? ¿En qué plazo se tiene prevista la reparación total de la cocina del CAI de Tocumen? ¿A cuánto ascienden los subsidios entregados por el Mides a ONGs y patronatos que administran albergues desde julio de 2024 a la fecha? Desglosar por entidad y albergue. ¿Cuáles son los mecanismos de control, fiscalización y rendición de cuentas que el Mides aplica sobre el uso de estos fondos? ¿Cómo explica el Mides que, pese a denuncias graves y reiteradas de maltrato, los comunicados oficiales presentan la situación de los albergues como adecuada o controlada? ¿Quién autoriza los comunicados oficiales del Mides y Senniaf relacionados con los albergues de niños, niñas y adolescentes? Para el Mides, ¿qué significa proteger a un niño bajo tutela del Estado? Solicito una definición clara, verificable y operativa. ¿Reconoce el Mides que el Estado puede incurrir en responsabilidad directa u omisiva cuando un niño sufre maltrato bajo su tutela? ¿Considera la Ministra que, ante la gravedad de los hechos denunciados, las medidas adoptadas hasta la fecha han sido suficientes? ¿Cuántos niños, niñas y adolescentes han sido entregados a personas no con sanguínea, sin que medie vínculos en los expedientes, evaluaciones técnicas o autorizaciones formales que respalden dichas entregas? ¿Se han tomado algunas medidas restaurativas luego de identificar los casos de entregas de menores sin las debidas evaluaciones técnicas, de ser así, decirnos cuántos casos han sido corregidos? ¿Cuántas destituciones de personal técnico ha emitido el Senniaf entre enero y febrero de 2026? Detallar los motivos conforme a las resoluciones correspondientes. ¿Quiénes tienen acceso a las cámaras y al sistema de videovigilancia del CAI de Tocumen? Indicar la empresa responsable del monitoreo. ¿Cuántos casos de maltrato han sido denunciados por funcionarios de los albergues? ¿Existen protocolos establecidos para la protección de menores en caso de maltrato? ¿Cuál es el procedimiento para tratar denuncias internas dentro de los albergues? ¿Cuántos menores en situación de maltrato han sido atendidos? ¿Qué medidas se toman para verificar el estado físico y emocional de los niños bajo tutela del Estado? ¿Cómo se gestionan los recursos asignados para la protección de los menores? ¿Cuántos casos de violencia interna se han documentado en los albergues? ¿Cuál es el plan de contingencia en caso de que se repitan situaciones de maltrato en los centros? ¿Para el Mides, qué significa proteger a un niño bajo tutela del Estado? Solicito una definición clara, verificable y operativa. ¿Reconoce el Mides que el Estado puede incurrir en responsabilidad directa u omisiva cuando un niño sufre maltrato bajo su tutela? ¿Considera la Ministra que, ante la gravedad de los hechos denunciados, las medidas adoptadas hasta la fecha han sido suficientes? ¿Cuántos niños, niñas y adolescentes han sido entregados a personas no con sanguínea, sin que medie vínculo en los expedientes, evaluaciones técnicas o autorizaciones formales que respalden dichas entregas? ¿Se han tomado algunas medidas restaurativas luego de identificar los casos de entregas de menores sin las debidas evaluaciones técnicas, de ser así, decirnos cuántos casos han sido corregidos? Alexandra Brenes, diputada de la bancada Vamos. Archivo Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama
3A La Prensa Panamá, viernes 13 de febrero de 2026 Panorama Abstenciones hunden proyecto de transparencia en el Legislativo Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] CONTRATOS ESTATALES La propuesta, presentada por la diputada de Vamos, Janine Prado, apuntaba a que los nombres de los beneficiarios finales de los contratistas del Estado sean de acceso público. La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional rechazó en primer debate el proyecto de ley 479, una iniciativa que buscaba hacer de acceso público la lista de personas que contratan con el Estado y modificar la Ley 22 de 2006 sobre contrataciones públicas. La propuesta, presentada por la diputada de Vamos, Janine Prado, apuntaba a reforzar los mecanismos de transparencia en el uso de fondos públicos, pero no logró el respaldo necesario dentro de la comisión, que cerró la puerta —al menos por ahora— a que se revele la identidad de los beneficiarios de los contratos estatales. La iniciativa obtuvo cuatro votos a favor y tres abstenciones, pero no alcanzó los cinco votos necesarios para su aprobación. Entre quienes se abstuvieron figuraron el secretario de la comisión, Manuel Cohen, y el diputado perredista Raúl Pineda, mientras que los diputados de Vamos respaldaron la propuesta con su voto. Los aportes Durante el debate del proyecto de ley 479, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, presentó una serie de aportes orientados a reforzar el marco de transparencia en las contrataciones públicas. Entre sus planteamientos destacó la necesidad de que la iniciativa sea coherente con la legislación nacional sobre el uso de fondos públicos, se alinee con estándares internacionales y contribuya a mejorar el clima de inversión y la competencia leal, además de precisar el rol del legislador frente al criterio judicial sobre la información de carácter comercial. La organización también subrayó que la propuesta puede convertirse en una herramienta para la prevención de delitos contra la administración pública y para el fortalecimiento de la confianza ciudadana en las instituciones. “Vemos el Proyecto de Ley 479 como una medida necesaria para fortalecer la transparencia, la integridad pública y la confianza en las instituciones”, sostuvo la fundación, al insistir en que la iniciativa rechazada apunta a consolidar prácticas de rendición de cuentas en la gestión estatal. Lina Vega, presidenta de la junta directiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, calificó la iniciativa como una de las reformas más importantes para combatir la corrupción y advirtió sobre la urgencia de contar con una ley que respalde la transparencia en la identificación de quienes contratan con el Estado. La dirigente cuestionó, además, el respaldo institucional a la opacidad y sostuvo que la postura de entidades como la Dirección General de Contrataciones Públicas y el Órgano Judicial debe ser corregida para garantizar un verdadero control ciudadano sobre el uso de los recursos públicos. La opacidad estatal Desde hace cinco años, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) advirtió que la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) no está obligada a informar quiénes son los beneficiarios finales de las acciones nominativas de las empresas, consorcios o asociaciones accidentales que participen en licitaciones cuya cuantía supere el medio millón de dólares. Así quedó consignado en un fallo unánime del pleno, con ponencia del magistrado Cecilio Cedalise, del 24 de febrero de 2021, en el que la Corte negó un habeas data contra la DGCP, presentado por el abogado Publio Cortés, quien buscaba conocer la identidad de los beneficiarios finales de la sociedad Alcalá, un proveedor del Estado en contratos por más de $500,000. Cortés invocó la Ley 6 de 2002 (Ley de Transparencia). “Esa información es de carácter privado, toda vez que consiste en datos que resultan inherentes a una persona jurídica y que, por tanto, escapan del alcance de la mencionada Ley 6 de 2002”, indicó la Corte. “Si una autoridad recibe o tiene acceso a información de carácter comercial y privado de una persona natural o jurídica, como consecuencia de las facultades reguladoras que le han sido atribuidas por mandato legal, ello no quiere decir que dicha información adquiera automáticamente el carácter de información de acceso público”, agregó el fallo. A esto se suma que el 26 de agosto de 2025 la DGCP recordó ese criterio de la Corte, después de que Mary Triny Zea, periodista de La Estrella de Panamá, le preguntara a la entidad quién es el beneficiario final de las acciones de Construction Management Group Inc., sociedad a la que se le adjudicó el diseño y la construcción de un hospital de mascotas por $14.1 millones. En un comunicado, la DGCP remarcó que los nombres de los beneficiarios finales “son considerados, para todos los efectos legales, como información confidencial o de acceso restringido”. #RealidadAutismo TENGA UNA RUTINA QUE INCLUYA RETOS PARA SU HIJO.
4A La Prensa Panamá, viernes 13 de febrero de 2026 Panorama Tal Cual Rolando Rodríguez B. [email protected] DIFERENCIAS. En Etesa, como que los números no cuadran, al menos en las planillas abiertas al público. Resulta que el pasado gerente general de esta empresa estatal se ponía un sueldazo mensual, según las planillas publicadas, de casi $14 mil, más gastos de representación, lo que sumaba, en total, $16 mil 363 al mes. Pero el actual, según los mismos documentos, tiene un sueldo de apenas $4 mil 210. Los gastos de representación no están en línea, por lo que se ignora cuánto gana en total. Pero hay un gerente departamental (el de Normas Calidad y Procesos) que gana casi mil dólares más que el gerente general. Algo huele muy mal aquí. RELAJO. Los mismos documentos revelan que en agosto de 2024, el nuevo gerente entró con un salario de $4 mil mensuales, pero un mes después le pagaron $7 mil, y para finales de 2025, terminó con sueldo de $4 mil 210. ¿Alguien puede explicar si hubo una rebaja de ingresos para el gerente general o es que el actual no merece el sueldazo de antes o es dizque austeridad? ¿O es que hay ingresos que no aparecen en la planilla? Aclaración, por favor. CONTINUIDAD. Ahora que Hutchison le ha enseñado sus afilados colmillos a Maersk –que debía asumir la administración de los puertos de Cristóbal y Balboa una vez quedara en firme la sentencia de inconstitucionalidad del fallo de la Corte Suprema de Justicia en contra de su concesión portuaria– ¿tendremos que esperar el final del asueto de Carnaval para conocer la reacción del Gobierno? Este es el equivalente del culeco gubernamental, en el que Hutchison le ha echado un cisterna de agua fría al Gobierno y encima, lo ha dejado congelado. ¡WAO! Hablando del Carnaval, Gaby Carrizo tendrá que pasarlo en casa. No podrá ir al Manguito porque le negaron una reconsideración de su medida cautelar: arresto domiciliario. La buena noticia es que el tiempo que pase en casita se lo restarían de una condena carcelaria José Gabriel Carrizo llegó esposado y custodiado por agentes de la DIJ. Isaac Ortega Carrizo no convenció al tribunal: seguirá bajo arresto domiciliario Juan Manuel Díaz [email protected] JUSTICIA La defensa de Carrizo también pidió que este pudiera usar el área social del edificio donde reside en Costa del Este, pero el tribunal determinó que esta petición no se presentó de manera adecuada. El exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo Jaén, deberá permanecer en su residencia mientras enfrenta el proceso por presunto enriquecimiento injustificado. Así lo decidieron, de manera unánime, los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones durante una audiencia celebrada ayer. Carrizo fue aprehendido el pasado 27 de enero en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, procedente de Guatemala. Posteriormente, la jueza de garantías Oris Medina le imputó cargos por presunto enriquecimiento injustificado y ordenó como medida cautelar el arresto domiciliario. En la audiencia de este jueves, los magistrados José Félix Sánchez, Gustavo De Gracia y Fernando Alonso consideraron que la medida cautelar impuesta por la jueza Medina es proporcional y acorde con la gravedad del delito imputado. De acuerdo con los magistrados su labor como tribunal colegiado es detectar posibles errores de valoración cometidos por el juez de garantías, pero que en este caso se observó que la decisión adoptada está debidamente fundamentada. También recalcaron que la defensa de Carrizo no logró establecer la existencia de un juicio de valor errado por parte de la juez de garantías que dictó la medida de retención domiciliaria. A su vez plantearon que el delito de enriquecimiento injustificado imputado a Carrizo es un cargo grave y que su condición de exfuncionario es un aspecto a valorar la momento de revisar las medidas cautelares aplicadas. Durante la diligencia también se abordó una solicitud de la defensa para que Carrizo pudiera hacer uso de las áreas sociales adyacentes al edificio donde reside, en Costa del Este. Sin embargo, los magistrados señalaron que esa petición no formaba parte de la apelación presentada contra la medida cautelar. Los magistrados explicaron que esta solicitud puede ser presentada nuevamente a un juez de garantías para que haga la valoración correspondiente y tome una decisión. Los abogados de Carrizo presentaron a los magistrados del Tribunal de Apelaciones una moción para que a su cliente fuera favorecido con una medida de reporte tres veces a la semana, pero dicha dicha solicitud no fue acogida. De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, el exvicepresidente no habría podido justificar 1.9 millones de dólares de su patrimonio. La fiscal anticorrupción Adela Cedeño dijo que su despacho solicitó aplicar la medida de detención provisional a Carrizo por la gravedad del delito y por que tiene los medios económicos para salir del país y eludir el proceso. Según la investigación, Carrizo obtuvo ingresos por 7.1 millones de dólares durante su gestión. No obstante, al concluir su mandato, los bienes declarados superaban los 9 millones de dólares, lo que arroja una diferencia de $1.9 millones. Por su parte, Leonardo Paul, abogado defensor de Carrizo, sostuvo que en la audiencia quedó demostrado que en ninguna de las cuentas de su representado se encontró dinero del Estado ni de proveedores estatales. Además, afirmó que no existen reportes de operaciones sospechosas vinculadas a su defendido. Paul detalló que el dinero manejado por su cliente está debidamente bancarizado y que estas evidencias han sido entregadas a la fiscalía. También dijo que la auditoría de la Contraloría General de la República que sirvió de base para abrir la investigación contra Carrizo está incompleta, ya que se logró aportar la licitud de los dineros ubicados en las cuentas de Carrizo. El exvicepresidente Carrizo (2019-2024) llegó la mañana de ayer jueves a las oficinas judiciales, ubicadas en Plaza Fortuna, para enfrentar esta audiencia dentro del proceso que se le sigue por presunto enriquecimiento injustificado. Arribó esposado y bajo custodia de agentes de la Dirección de Investigación Judicial, sin ofrecer declaraciones a los medios de comunicación. Getzalette Reyes [email protected] Rollins Rodríguez (centro) es el presidente del PRD en el área de organización de Arraiján. Archivo Exalcalde de Arraiján es aprehendido en medio de pesquisa por presunto peculado JUDICIAL Rollins Rodríguez, quien se desempeñó como alcalde de Arraiján durante el período 2019-2024, fue aprehendido la madrugada de ayer. La aprehensión de Rodríguez, miembro y dirigente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), se produjo en el marco de la “Operación Comuna”, desarrollada en cuatro sectores de la provincia de Panamá Oeste. En el operativo también fueron aprehendidos otros tres exfuncionarios del Municipio de Arraiján, presuntamente vinculados al delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado agravado. Durante la madrugada, personal de la Fiscalía Anticorrupción, en conjunto con agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial y la Policía Nacional, realizó allanamientos en residencias ubicadas en los corregimientos de Vacamonte, Cerro Silvestre y Juan Demóstenes Arosemena, en el distrito de Arraiján, donde se recabaron indicios clave para la investigación. Según las pesquisas, los hechos investigados habrían ocurrido entre 2022 y 2024, periodo en el que presuntamente se habría causado una lesión patrimonial superior a los $815 mil, en perjuicio del Municipio de Arraiján, tras la asignación de fondos del Programa de Descentralización para proyectos sociales. En las elecciones de 2024, Rollins Rodríguez no logró la reelección para un nuevo período al frente del Municipio de Arraiján. Actualmente, el cargo es ocupado por Stefany Dayan Peñalba. Todos los aprehendidos, entre ellos el exalcalde, fueron puestos a órdenes de las autoridades correspondientes. si resulta que no puede justificar sus bienes. Por cierto, Carrizo, que vivía modestamente en Penonomé, tuvo ingresos de $7.1 millones mientras fue vicepresidente. ¡Eso sí que es un salto! Si él, que pasó casi por ignorante en las pasadas elecciones hizo esa plata, imagínese lo que pueden hacer las personas que sí saben multiplicar. Difícil explicarse cómo es que seguimos siendo un país pobre cuando un funcionario casi ignorante es capaz de hacer millones. José Raúl Mulino participará en cumbre de Trump en Miami El próximo 7 de marzo, un grupo de presidentes se reunirá en Miami, Estados Unidos, con el mandatario estadounidense Donald Trump. José Raúl Mulino, presidente de la República, estará en ese encuentro, informó la Presidencia ayer. Detalló que el presidente Mulino recibió la notificación oficial para participar en el evento. “La confirmación llegó por los canales diplomáticos”, destaca el comunicado. De acuerdo con publicaciones internacionales, Trump también ha invitado a este encuentro a los presidentes de Argentina, Javier Milei; Bolivia, Rodrigo Paz; Ecuador, Daniel Noboa; El Salvador, Nayib Bukele; Honduras, Nasry Asfura; y Paraguay, Santiago Peña. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ya había informado de forma preliminar a Mulino, el pasado 21 de enero, sobre la invitación a este encuentro de mandatarios de la región, donde se debatirá sobre temas geopolíticos en el continente. GEOPOLÍTICA José González Pinilla [email protected] José Raúl Mulino, presidente de la República. Cortesía
5A La Prensa Panamá, viernes 13 de febrero de 2026 Panorama Los estudiantes de primaria, premedia y media de las escuelas oficiales comenzarán clases el 2 de marzo. Archivo Meduca selecciona 3,150 docentes para 2026 y refuerza controles Yaritza Mojica [email protected] AÑO LECTIVO 2026 Los educadores deberán tomar posesión de sus cargos entre el 19 y el 25 de febrero en la Dirección Regional correspondiente al centro asignado. De no presentarse, perderán automáticamente el cargo. El Ministerio de Educación (Meduca) informó que 3,150 maestros y profesores fueron seleccionados mediante el Concurso General de Nombramientos para el año escolar 2026, conforme a la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación, y al Decreto Ejecutivo 56 del 10 de octubre de 2025. La entidad detalló que los educadores deberán tomar posesión de sus cargos entre el 19 y el 25 de febrero en la Dirección Regional de Educación correspondiente al centro asignado. Aquellos que no se presenten dentro de este período perderán automáticamente el cargo y no podrán optar por otro nombramiento durante el presente año escolar. En noviembre pasado, cuando se dio inicio al concurso, el Meduca había señalado que se habilitarían cerca de 3,500 plazas para educadores, en un proceso regulado por el Decreto Ejecutivo N.° 56, que estableció nuevos requisitos y procedimientos para la selección, el nombramiento y el traslado del personal educativo en el país. Entre los requisitos para participar en el concurso se encontraban ser panameño, gozar de buena salud física y mental, no estar suspendido en el cargo dentro del Meduca, no estar inhabilitado para ejercer funciones públicas, no haber sido destituido disciplinariamente ni condenado penalmente, y tener inscritos en el Registro Permanente de Elegibles los títulos, créditos y demás documentos exigidos para el cargo, entre otros aspectos. Docentes deben formalizar sus nombramientos Para formalizar el nombramiento, los docentes deberán presentar los documentos originales previamente cargados en la página web del Meduca, entre ellos copia de la cédula de identidad personal, certificados de salud física y mental —este último emitido por un psiquiatra— y el Certificado de Información y Antecedentes Personales, expedido por la Dirección de Investigación Judicial. La institución recordó que no se permitirán traslados internos ni cambios de cátedra distintos a los establecidos en el nombramiento, y que el incumplimiento de estas disposiciones será sancionado conforme a la ley. El calendario escolar 2026 iniciará oficialmente el 23 de febrero con la organización docente, mientras que los nuevos educadores seleccionados comenzarán labores el 2 de marzo de 2026 en sus respectivos centros educativos. Meduca denuncia diplomas falsos El pasado 5 de febrero, el Meduca presentó una denuncia ante el Ministerio Público tras detectar 16 presuntos diplomas falsificados durante el proceso de verificación de documentos del Concurso de Nombramiento Docente. El viceministro administrativo encargado, Luis Herrera, explicó que las irregularidades fueron identificadas luego de una revisión exhaustiva de la documentación entregada por aspirantes a cargos docentes en todo el país. Los diplomas, atribuidos a una universidad privada, fueron verificados directamente con esa casa de estudios, la cual certificó que dichos títulos no habían sido emitidos por la institución. “Una vez confirmada la información con la universidad correspondiente, procedimos a interponer la denuncia para que las autoridades competentes realicen las investigaciones y determinen las responsabilidades”, precisó Herrera. El funcionario subrayó que el Meduca “no tolerará actos antiéticos” de quienes aspiren a formar parte del sistema educativo, dado que se trata de profesionales responsables de la formación de los estudiantes. Agregó que los 16 casos corresponden a participantes que concursan por primera vez y aclaró que, debido a la reserva del sumario y al carácter inicial de la investigación, no es posible ofrecer mayores detalles sobre especialidades, niveles académicos o fechas de emisión de los diplomas. Escuelas afinan mantenimiento de cara al nuevo año lectivo La escuela José Agustín Arango, en el corregimiento de Betania, iniciará el año escolar con una infraestructura remodelada. La directora Nacional de Proyectos del Meduca, Tarcila Soane, informó que la obra está casi terminada, con un avance de entre el 96% y el 98%. Las mejoras incluyen el cambio y elevación del techo, renovación de cielorrasos, sustitución de ventanas y puertas, instalación de abanicos, y la construcción de un nuevo cobertizo. La intervención responde a las constantes filtraciones de agua que afectaban la escuela, un problema que la directora del plantel, Claribel Cedeño, describió como tan grave que “llovía más adentro que afuera”. El proyecto, licitado en noviembre de 2024, sufrió retrasos por impugnaciones entre empresas. La orden de proceder se giró en agosto de 2025; y el costopasó de $600 mil a $675 mil. El plantel, que albergaba a 580 estudiantes, proyecta ampliar su capacidad para 150 más. La comunidad educativa contará con 20 espacios, incluidos aulas regulares, laboratorios y salas especiales. Además, la Dirección Nacional de Proyectos trabaja en unos 800 centros educativos, con mejoras que incluyen pintura y limpieza. Yaritza Mojica [email protected]
6A La Prensa Panamá, viernes 13 de febrero de 2026
7A La Prensa Panamá, viernes 13 de febrero de 2026 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. la desigualdad. De acuerdo con el artículo Introduction: The New Polarization in Latin America, publicado por la Universidad de Cambridge, cierto grado de polarización es incluso necesario para que los partidos desafíen las jerarquías sociales, en especial cuando se trata de la polarización de las masas. No obstante, la polarización extrema puede impedir la coordinación entre actores políticos rivales para atender problemas sociales comunes e, incluso, llevar a negar la legitimidad democrática del adversario. Este fenómeno complejo también revela que la polarización es utilizada por élites políticas para cohesionar a su electorado y movilizar a sus simpatizantes contra los oponentes. Al mismo tiempo, es reflejo de una democracia disfuncional: la incapacidad del Estado para generar consensos entre agrupaciones políticas y la ineficacia de los gobiernos para resolver problemas sociales y económicos, lo que incrementa la tensión entre la población. Actualmente, en Latinoamérica se observa una polarización marcada entre conservadurismo y progresismo. La creciente ola de liderazgos conservadores en Centroamérica y Suramérica no debe entenderse como un hecho aislado, sino como una respuesta del electorado ante fallas democráticas persistentes. Sin embargo, esta tendencia resulta especialmente perjudicial para grupos vulnerables —pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes, personas de la diversidad sexual y mujeres—, ya que los patrones tradicionales suelen ser defendidos con fuerza por los grupos dominantes. Esto puede traducirse en un retroLas colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. ¿Por qué comunicar nuestra ciencia? Divulgación En el artículo titulado “Ciencia y el método científico”, publicado el pasado 22 de enero de 2026 en este diario, explicamos que uno de los pasos que se debe seguir al emplear el método científico es la comunicación. Hoy profundizaremos en este paso, ya que hay que contemplar dos objetivos distintos: la difusión y la divulgación de los frutos del trabajo científico. La difusión consiste en dar a conocer los avances y hallazgos a la comunidad científica mediante la comunicación técnica dirigida a académicos, investigadores y especialistas. Esto trasciende la presentación de esos resultados en seminarios y congresos, pues la publicación en revistas especializadas permite que esos resultados sean revisados por pares y contribuyan al avance de la ciencia en dicha especialidad. En cambio, la divulgación de la ciencia consiste en dar a conocer dichos avances y hallazgos al público en general. Por consiguiente, los mensajes deben ser comprensibles para una audiencia que se asume carece de conocimiento técnico del tema. Esto se puede realizar a través de libros, redes sociales, museos, periódicos, radio, entre otros, recordando que la divulgación de la ciencia va más allá de informar. La divulgación, en efecto, democratiza el conocimiento porque los resultados dejan de ser de uso exclusivo de la comunidad científica. Adicionalmente, la divulgación permite inspirar a las nuevas generaciones a interesarse por el mundo científico y contribuye a generar el relevo generacional. También permite rendir cuentas a la sociedad, pues en muchas ocasiones dichos proyectos han sido financiados con fondos públicos. A través de los años, hemos visto cómo los diferentes medios de comunicación han abierto la puerta a la comunidad científica, permitiéndonos divulgar lo que estamos haciendo en Panamá. ¡Muchas gracias por ayudarnos a demostrar que sí hay ciencia en Panamá! Adicionalmente, proyectos como el Taller de Periodismo Científico y Comunicación de la Ciencia “Reach & Turn”, organizado por la SENACYT, también han permitido la interacción entre la comunidad científica y los periodistas, donde podemos intercambiar ideas e iniciativas en beneficio de ambos, pues quien gana es el país. Inmunidad no es impunidad: el imperativo ético del Parlacen Integración centroamericana go regional. No obstante, para que esta premisa no se desvirtúe, es necesario ser categóricos: este análisis no constituye una defensa de causas radicadas en la justicia ordinaria ni un espaldarazo a figuras específicas que hoy integran este foro. Es imprescindible separar la institución de los individuos. El Parlacen no es, ni debe ser, un refugio. Sus mecanismos fueron diseñados para blindar la función institucional, no para garantizar impunidad frente a delitos comunes. La inmunidad que exige la integración regional jamás debe confundirse con un escudo contra la responsabilidad penal individual; en última instancia, la legitimidad del organismo depende de la capacidad de defender la institucionalidad sin obstruir el brazo de la justicia. El acceso a la titularidad parlamentaria no es uniforme. Según establece el artículo 2 del Tratado Constitutivo, la primera vía es la elección directa por sufragio universal. En Panamá, esta adquirió un nuevo estándar tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de septiembre de 2025, que declaró inconstitucional el sistema de listas cerradas y obligó a que los diputados sean elegidos mediante voto directo y selectivo, transformando la titularidad en un mandato ciudadano nominal. Por otro lado, el Tratado dispone que los presidentes y vicepresidentes salientes tienen derecho a integrarse como diputados por derecho propio. Este modelo busca capitalizar la experiencia de Estado para dotar de mayor peso político a la deliberación regional, evitando que el Parlamento se convierta en un ente desconectado de la alta política. La titularidad requiere, además, un perfeccionamiento jurídico mediante el procedimiento previsto en el artículo 33 del Tratado, consistente en la juramentación y toma de posesión oficial. Esta formalidad marca el momento en que el individuo deja de representarse a sí mismo para representar la voluntad de integración del Estado. Es en este punto donde cobra relevancia el artículo 27 del Tratado, que establece que los diputados gozarán, en el Estado donde fueron electos, de las mismas inmunidades y privilegios que los legisladores de su respectiva Asamblea Nacional. Esta remisión a la norma interna constituye el eslabón jurídico que direccioJames Bernard Polarización en Latinoamérica: ¿causa o efecto? Representación social Es evidente que la polarización política tiene un impacto en la democracia. Sin embargo, cabe preguntarse: ¿es la polarización el resultado de una fractura preexistente en el contrato social o es, más bien, la ausencia de una democracia sólida y representativa la causante de esta agravación? El pasado 29 de enero, durante el Foro Económico Internacional organizado por la CAF, el expresidente colombiano Juan Manuel Santos sostuvo un discurso sobre el deterioro de la democracia a causa de la polarización e hizo un llamado a la “moderación”, al considerar que la polarización política genera democracias disfuncionales. También señaló que, cuando un extremo alcanza el poder, la oposición no “permite gobernar” al gobierno de turno. Por esta razón, resulta fundamental cuestionar cuáles son las causas directas e indirectas de la polarización en la región latinoamericana. Más que estigmatizar o demonizar este fenómeno —frecuentemente utilizado en discursos políticos—, debe comprenderse que la polarización es un proceso propio de los sistemas democráticos, generalmente vinculado al aumento de ceso institucional en materia de políticas de inclusión y en el resurgimiento de prácticas autoritarias que representan una amenaza a la democracia, similares a las observadas a finales del siglo XX. Frente a este escenario, se vuelve indispensable promover enfoques que garanticen derechos económicos y sociales, permitiendo que la democracia funcione como motor de desarrollo sostenible del capital humano. ¿Existe polarización en Panamá? En Panamá, la mayoría de los partidos políticos representan intereses económicos y políticos similares, promoviendo el libre mercado y el crecimiento económico, mientras dejan rezagadas las libertades civiles. Esto se refleja en la desarticulación de movimientos sociales, la alta deserción escolar y el debilitamiento institucional en materia de derechos humanos. La neutralidad política del país istmeño ha sido percibida como un aspecto positivo a nivel internacional. Sin embargo, frente a las profundas carencias estructurales que enfrenta la sociedad panameña, dicha neutralidad resulta contraproducente e ineficaz, ya que compromete las necesidades de las clases más empobrecidas. En este contexto, la polarización podría funcionar como un eje articulador de demandas colectivas y como un mecanismo para representar intereses sociales históricamente excluidos, creando las condiciones para una democracia verdaderamente representativa y sólida, capaz de atender las deficiencias sistémicas de la población panameña. Opinión LA AUTORA es toxicóloga, exbecaria de SENACYT, asistente de investigación en INDICASAT-AIP e integrante de Ciencia en Panamá. LA AUTORA es internacionalista. EL AUTOR es doctor en Derecho, abogado y docente universitario. Johanna Elizabeth Ku na la competencia hacia el artículo 155 de la Constitución Política de la República de Panamá. Al establecerse una igualdad de condiciones entre el diputado regional y el diputado nacional, la norma dispone que sea el Pleno de la Corte Suprema de Justicia quien asuma la investigación y el juzgamiento de estos funcionarios. Este mecanismo jurídico ha sido objeto de críticas, especialmente en el caso de los presidentes salientes. Al concluir su mandato, un gobernante pierde su inmunidad presidencial; sin embargo, al juramentarse en el Parlacen, adquiere la inmunidad parlamentaria correspondiente. Esto ha sido interpretado por diversos sectores como una forma de evadir la justicia ordinaria. Desde una perspectiva estrictamente jurídica, resulta indispensable confrontar la tensión entre la expectativa ciudadana —frecuentemente alimentada por juicios paralelos mediáticos— y el rigor procesal. Lo que el relato público califica como “artimañas” constituye, en realidad, la aplicación del principio del juez natural, que garantiza el derecho a ser juzgado por la autoridad competente y conforme a los trámites legales previamente establecidos. Ignorar esta competencia para satisfacer el clamor mediático viciaría el proceso con nulidades procesales, lo que, paradójicamente, podría generar la verdadera impunidad. Respetar al juez natural es la única vía para que una eventual sentencia cuente con validez y seguridad jurídica. En definitiva, el futuro del Parlamento Centroamericano no puede seguir rehén de las sombras del pasado ni de las conveniencias del presente. La integración regional es una aspiración demasiado elevada como para permitir que se degrade en una estrategia de evasión judicial. Si aspiramos a una Centroamérica verdaderamente cohesionada, debemos exigir una institución donde la inmunidad proteja la democracia y no la evasión de responsabilidades. Solo así, rescatando la ética política y garantizando el respeto irrestricto a la ley, el Parlacen dejará de ser percibido como un refugio para convertirse en un instrumento legítimo de integración y desarrollo regional. Al respetar el Tratado Constitutivo, protegemos la soberanía regional y aseguramos que el derecho a la defensa siga siendo una garantía frente a la arbitrariedad. En el complejo ecosistema político contemporáneo, pocas instituciones sufren una crisis de percepción tan aguda como el Parlamento Centroamericano (Parlacen). La narrativa mediática predominante, a menudo apresurada, ha reducido la incorporación de ciudadanos a este foro regional a una simple estrategia de evasión judicial: un “escudo” diseñado para eludir responsabilidades ante los tribunales nacionales. Sin embargo, un análisis riguroso y desapasionado del Tratado Constitutivo del organismo y de la jurisprudencia emanada de la Corte Suprema de Justicia de Panamá revela una dimensión de mayor profundidad: la formalización de la titularidad parlamentaria es el acto jurídico que persigue garantizar la estabilidad política regional, proteger la independencia del foro y fortalecer el bloque centroamericano frente a los desafíos globales. Para comprender la relevancia de esta titularidad, es imperativo elevar la mirada hacia el contexto geopolítico actual. Vivimos en un mundo de bloques, donde la fragmentación del orden internacional exige que las naciones medianas busquen economías de escala políticas. El Parlacen, como órgano político del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), está llamado a consolidar una voz común frente a potencias extraregionales y desafíos transnacionales como la seguridad hemisférica. La ventaja estratégica radica en la capacidad de negociar como bloque. Un Parlamento fortalecido permite armonizar legislaciones y fomentar la democracia regional. Por ello, la estabilidad institucional del foro es la garantía de que Centroamérica cuente con un espacio de diálogo permanente, blindado frente a las turbulencias internas de sus Estados miembros. En este escenario, la protección de los parlamentarios no debe entenderse como una concesión individual, sino como una salvaguarda institucional para la continuidad del diáloValentina Varela Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Gerente General Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón
8A La Prensa Panamá, viernes 13 de febrero de 2026 te a Rusia, limita la expansión china, reduce la dependencia occidental de minerales críticos y asegura acceso futuro a recursos estratégicos. Nada de esto exigió modificar fronteras. Bastó con establecer una línea clara: ningún actor adversario puede interferir en territorios considerados vitales para la seguridad occidental. El Canal de Panamá pertenece a la misma lógica. Es uno de los principales puntos de estrangulamiento del comercio mundial. Su interrupción, incluso temporal, tendría efectos inmediatos sobre las cadenas logísticas, los mercados y la estabilidad económica de múltiples países. Aunque Panamá ejerce soberanía plena, la doctrina estadounidense ha sido constante: la neutralidad y el funcionamiento continuo del Canal son un interés estratégico de primer orden. Con frecuencia se afirma que el Canal es indefendible. Esto es incorrecto. El Canal es un “soft target” (vulnerable y desprotegido), pero no es un objetivo imposible de proteger. Los riesgos reales son sabotajes, ciberataques, drones y operaciones encubiertas. La experiencia internacional demuestra que no existe infraestructura crítica indefendible, sino sistemas insuficientemente protegidos. Defender el Canal en el siglo XXI implica vigilancia marítima y aérea, sensores, ciberseguridad avanzada e inteligencia compartida con capacidad de respuesta rápida. Panamá bajo asedio climático Ordenamiento territorial Panamá permaneció por varios días bajo el azote de un frente frío. Los vientos alisios del norte azotaron con ráfagas superiores a los 60 km/h, mientras el Sinaproc emitió alertas de vigilancia por oleajes en las costas. A lo largo del siglo XX y principios del XXI, la gestión ambiental en provincias como Panamá, Colón y Chiriquí mostró debilidades estructurales. Sin embargo, en 2026, el aumento del nivel del mar y la mayor frecuencia de marejadas ciclónicas han dejado en evidencia que el océano reclama el espacio que se le ha arrebatado. El caso de Colón es el más dramático. La ciudad enfrenta una doble amenaza: por un lado, una infraestructura urbana envejecida, incapaz de drenar lluvias extremas; por otro, una costa que ha perdido sus barreras naturales de protección. La destrucción sistemática de manglares en la bahía de Manzanillo ha eliminado los amortiguadores históricos de la ciudad contra las inundaciones costeras. Hoy, un frente frío moderado basta para que el mar penetre en las calles bajas, paralizando la actividad comercial y deteriorando la calidad de vida de miles de colonenses. En el litoral pacífico, el panorama también es preocupante. Áreas de expansión reciente como Vacamonte y sectores de Panamá Oeste muestran signos evidentes de erosión costera acelerada. La expansión inmobiliaria ha desafiado los límites naturales, ubicando complejos residenciales peligrosamente cerca de la línea de marea alta. Hoy, con el suelo saturado por lluvias atípicas, los taludes y muros de contención comienzan a ceder, creando socavones que amenazan viviendas. El Canal de Panamá implementó vertidos preventivos en la represa de Gatún esta semana para gestionar los niveles hídricos. Sin embargo, las terminales portuarias enfrentan el reto de adaptar muelles y grúas a vientos y oleajes que superan los parámetros de diseño originales. En la comarca Guna Yala, lo que antes eran proyecciones científicas sobre desplazamiento forzado, ahora se ha convertido en una realidad cotidiana. El traslado de comunidades enteras hacia tierra firme confirma que el ordenamiento territorial en Panamá debe ser un ejercicio de retirada estratégica en determinadas zonas. El reciente lanzamiento del “Mapatón” nacional, impulsado por el Miviot y la UTP, ofrece esperanza. Esta iniciativa permite identificar zonas inundables y aquellas donde la construcción debe ser prohibida. Sin embargo, la tecnología por sí sola no basta. El verdadero desafío reside en la voluntad política para aplicar estos insumos y resistir las presiones inmobiliarias que buscan capitalizar cada metro de costa disponible. La reducción de esta vulnerabilidad exige una transición hacia una planificación basada en la gestión del riesgo y el cambio climático. Esto implica abandonar la idea del concreto como única defensa frente a las inclemencias del tiempo. Restaurar manglares, proteger arrecifes de coral y crear parques costeros inundables son estrategias ya aplicadas en otros países y que Panamá debe adoptar con urgencia. Estas soluciones basadas en la naturaleza no solo son más económicas a largo plazo, sino que pueden adaptarse al aumento del nivel del mar, algo que un muro de hormigón jamás podrá hacer. La calzada de Amador, robo y descontrol Responsabilidad institucional no es apoyo ni un protocolo claro, sino un juicio: “la culpa es suya; nadie le manda a dejar pertenencias en el auto”. Es una manera cómoda de lavarse las manos. Sí, existe responsabilidad individual, pero aquí hablamos de otra cosa: de la respuesta institucional mínima que corresponde en el lugar donde ocurre el delito. La seguridad presente en el área debería ser la primera línea de contención, guía y acción: atender, orientar, activar el procedimiento, resguardar evidencia y acompañar a la víctima. Cuando, en cambio, lo primero que se ofrece es culpabilización, el mensaje que se transmite es devastador: que el sistema no protege, no acompaña y no responde. ¿Qué impresión se lleva una víctima después de escuchar eso? Y, peor aún, ¿qué relato lleva un extranjero a su país cuando su experiencia en Panamá no termina con apoyo y soluciones, sino con indiferencia, reproche y abandono? En estos casos, el procedimiento varía según el monto del hurto: si la pérdida es de hasta USD 999, la denuncia se presenta ante el Juez de Paz; si es de USD 1,000 o más, corresponde acudir a la Fiscalía. Al llegar a la Fiscalía, según la sede a la que se asista, el personal atiende con amabilidad y procesa la denuncia con diligencia, pero los comentarios y “recomendaciones” que se escuchan durante el proceso terminan revelando una realidad incómoda: la fragilidad del sistema de seguridad en la ciudad de Panamá y, en particular, en la Calzada de Amador. Recomendaciones como “yo le digo a la gente que no vaya por allá”, en referencia Gustavo Cárdenas Castillero Groenlandia, Davos y el Canal de Panamá: la lógica de la seguridad estratégica Geopolítica Encontré muy atinadas las opiniones de Francisco Álvarez de Soto sobre soberanía inteligente, por lo que me tomé el interés de opinar al respecto. La reciente reunión del Foro Económico Mundial, celebrada en Davos, no dejó grandes titulares sobre Groenlandia. No hubo anuncios formales ni declaraciones espectaculares. Sin embargo, se consolidó un hecho de enorme relevancia geopolítica: Estados Unidos aseguró el control estratégico efectivo de la defensa del Ártico occidental, con la aceptación de Europa. No se trató de una cesión de soberanía ni de adueñarse de un país. Fue algo más sutil y, a la vez, más decisivo: asegurar el resultado estratégico. Este precedente sigue una lógica histórica que Panamá conoce bien y se conecta directamente con la seguridad del Canal. Groenlandia continúa siendo territorio del Reino de Dinamarca, pero su defensa, vigilancia aérea, sistemas de alerta temprana y proyección estratégica forman hoy parte integral del sistema de seguridad liderado por Washington. Europa ha aceptado este esquema, consciente de que el Ártico se ha convertido en una región cada vez más relevante por el deshielo, la apertura de nuevas rutas marítimas y la competencia estratégica con Rusia y China. Para Estados Unidos, los beneficios de esta consolidación son claros. Groenlandia permite controlar una zona clave frenAquí surge el tema de que el Tratado de Neutralidad establece que solo Panamá puede tener fuerzas militares, pero la reforma constitucional de 1994 abolió esas fuerzas, creando un vacío estratégico. La respuesta no es negar el problema, sino gestionarlo. Esquemas de cooperación, entrenamiento conjunto y lo que podría definirse como “bases soberanas” permiten garantizar la seguridad del Canal sin militarizar el país ni renunciar al control nacional. Groenlandia y Panamá ilustran la misma doctrina: cuando una infraestructura es crítica para la seguridad internacional, el control del resultado prevalece sobre la forma. Comprender esta realidad no implica ceder soberanía, sino ejercerla con realismo. El Canal no es indefendible. Es demasiado importante para no ser defendido. En un contexto global marcado por tensiones geopolíticas, afectación del comercio y competencia entre grandes potencias, los activos estratégicos no pueden analizarse a la ligera. Para Panamá, asumir esta discusión con madurez fortalece su posición internacional. Negar su vulnerabilidad no lo fortalece. Reconocerla, gestionarla y anticiparse a las amenazas es la base de una soberanía efectiva. En ese sentido, la cooperación estratégica bien definida, transparente y limitada es una herramienta conveniente. Panamá tiene hoy la oportunidad de aprender de los precedentes internacionales, actuar con visión de largo plazo y asegurar que el Canal continúe siendo un factor de estabilidad, no una vulnerabilidad estratégica. Eso exige decisión, claridad institucional y responsabilidad nacional compartida, hoy y siempre. EL AUTOR es arquitecto. EL AUTOR es promotor de proyectos. EL AUTOR es geógrafo, hidrólogo e hidrogeólogo. Orlando Prince Tuñón a Isla Flamenco, porque “ahí roban constantemente”. Si las personas siguen llegando a poner denuncias, es precisamente porque, en la práctica, la Policía Nacional y la seguridad del área resultan insuficientes. Pero el escenario más cruel lo viven los extranjeros: al perderlo todo, incluso sus documentos de viaje, durante un paseo por la Calzada de Amador, quedan en una situación crítica, obligados a denunciar entre lágrimas, frustración e impotencia, para luego sentir que esas denuncias se las lleva el viento. ¿Qué mensaje enviamos al exterior con estos niveles de inseguridad? Como sociedad hemos normalizado lo inaceptable: que el ciudadano se adapte al delito en lugar de que el Estado lo prevenga y lo persiga. No se puede vender turismo, inversión y orgullo nacional mientras una de nuestras vitrinas más visitadas se convierte en sinónimo de miedo. La seguridad no puede depender de advertencias entre conocidos: debe ser una política pública con presencia real, investigación efectiva y resultados medibles. La inseguridad no se mide solo por cuántos robos ocurren, sino por la certeza de impunidad que queda cuando la respuesta institucional es lenta, tibia o apática. El delito se vuelve rentable no por la audacia de quien lo ejecuta, sino porque el sistema le demuestra que pocas veces habrá consecuencias. Esa lentitud investigativa envía un mensaje devastador: la denuncia es un trámite, no un camino a la justicia; el turista aprende que perderlo todo “es parte del viaje”, y el delincuente confirma que el riesgo es mínimo. Así, la apatía se convierte en política de facto y el daño más profundo aparece cuando la sociedad deja de exigir seguridad y empieza a administrar el miedo, evitando lugares y normalizando lo inaceptable. La Calzada de Amador es un lugar icónico: tres islas unidas por un camino construido con material extraído durante la construcción del Canal. Son islas que han presenciado la metamorfosis cultural, ideológica y política del istmo a lo largo de los últimos siglos. Hoy, la Calzada de Amador ofrece una vista privilegiada de la ciudad capital, la entrada del Canal de Panamá en el litoral Pacífico y un espacio para construir memorias que deberían ser siempre gratas e inolvidables. Sin embargo, esas memorias no siempre terminan en una fotografía o en una tarde tranquila; para muchos, se convierten en horas grises entre denuncias, fiscalía y trámites en criminología. En este contexto, escribo con base en las vivencias de numerosos panameños, panameñas y visitantes extranjeros que han vivido o presenciado la falta de seguridad en la Calzada de Amador. La situación es crítica: ya sea en Flamenco, Naos o Perico, los amigos de lo ajeno acechan de día y de noche, a cualquier hora, y cualquiera puede ser víctima. Operan con calma, como si el entorno les perteneciera: caminan entre los autos en los estacionamientos o se colocan estratégicamente para observar a los visitantes, esperando un instante de descuido para actuar y desaparecer. Entre lo triste y lo frustrante, cuando una persona es víctima de un robo en esta zona y busca orientación del cuerpo de seguridad local, la primera respuesta que recibe —tanto de agentes como de supervisores— El precedente ártico redefine cómo las potencias protegen infraestructuras críticas y obliga a Panamá a repensar la defensa estratégica del Canal con realismo. Octavio Vallarino Arias La inseguridad en la Calzada de Amador expone fallas institucionales graves y un abandono silencioso que afecta a ciudadanos y turistas en uno de los espacios más emblemáticos del país. Opinión
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