4A La Prensa Panamá, jueves 12 de febrero de 2026 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] BÚSQUEDA. La abogada Alma Cortés, defensora de Martinelli, pretendía que el Tribunal Electoral proporcionara la dirección residencial de la excomisionada Damaris Rodríguez para obligarla a comparecer en el juicio de Odebrecht. Pero ninguno de ellos se quejó porque no aparecieron los testigos de Brasil. Al fin y al cabo, esa es la doble moral que siempre ha rodeado a su defendido. TIC TAC. Se supone que el viernes es el último día del juicio de Odebrecht, pero es imposible que en una sola jornada se tome declaración a un testigo (si es que aparece…) y que la fiscal, el querellante y los abogados de 19 acusados hagan sus alegatos. El tiempo no da, aunque a cada uno le asignen media hora. Ojalá no terminen sesionando el martes de Carnaval. AL GARETE. Parece que Genaro López se movía a sus anchas mucho antes del cambio de medida cautelar. Incluso, en la audiencia de la semana pasada, se presentó sin escolta policial, pese a que entonces se suponía que estaba en detención domiciliaria. Cuando el fiscal preguntó por esta irregularidad, la juez de garantía Ninoska Montero respondió que ella lo autorizó. Esto merece una explicación por parte del Órgano Judicial. APELACIÓN. Por cierto, hoy es la audiencia para revisar la medida cautelar de detención domiciliaria impuesta a Gaby Carrizo. Seguro que él sí llega al juzgado escoltado y esposado. TATEQUIETO. En la sesión del pasado miércoles, Camacho se abstuvo de someter a votación (en primer debate) el proyecto de Jamis Acosta que permitiría a Martinelli solicitar que la Corte revise su condena por blanqueo en el caso New Business. O entendió Las cifras de embarazo adolescente y nuevos casos de VIH reflejan que las brechas en acceso a salud y educación persisten. Archivo 5,540 embarazos en adolescentes, en tres años, en Ngäbe Buglé Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] SALUD PÚBLICA Las cifras ubican esta región del país entre las de mayor incidencia de embarazos en niñas y adolescente en el país. La comarca Ngäbe Buglé continúa figurando entre las regiones del país con mayor número de embarazos en niñas y adolescentes de 10 a 19 años. Entre 2021 y 2023 se registraron 5,540 casos en este grupo etario, según cifras oficiales del Ministerio de Salud (Minsa), lo que confirma la persistencia de un problema que impacta de forma directa en el desarrollo social y educativo del territorio. Las estadísticas muestran que los niveles se han mantenido elevados en los últimos años. En 2021 se reportaron 1,677 embarazos; en 2022, la cifra aumentó a 2,019, lo que convirtió ese año en uno de los períodos más críticos para la región; y en 2023 se contabilizaron 1,844 casos. En 2024, el informe estadístico nacional no detalla la cantidad específica correspondiente a Ngäbe Buglé, lo que limita la posibilidad de dimensionar con precisión la situación más reciente en la comarca. La tendencia no es nueva. Desde hace varios años, Ngäbe Buglé se ubica entre las zonas con mayor incidencia de embarazo adolescente en Panamá. En 2023 fue la segunda región con más casos, solo por detrás de la provincia de Panamá. En 2022 incluso superó a esa provincia, al registrar 2,019 embarazos frente a 1,545. Ya en 2021 ambas regiones mostraban cifras muy similares, lo que evidencia brechas territoriales persistentes. Especialistas señalan que en la comarca confluyen múltiples factores estructurales, entre ellos la pobreza multidimensional, las barreras geográficas, el limitado acceso a servicios de salud, las dificultades para obtener métodos anticonceptivos y las carencias en educación sexual integral. Estas condiciones incrementan la vulnerabilidad de niñas y adolescentes, dificultan la prevención del embarazo temprano y profundizan los ciclos de desigualdad. Aunque, las estadísticas nacionales reflejan una disminución sostenida en la última década —al pasar de 10,735 casos en 2014 a 5,133 en 2024—, la realidad en territorios como Ngäbe Buglé evidencia que el desafío sigue vigente. Más allá de los números, el embarazo en edades tempranas continúa teniendo repercusiones profundas en la vida de las menores, especialmente en contextos de pobreza y exclusión, donde el abandono escolar y la reducción de oportunidades laborales se convierten en consecuencias frecuentes. La comarca supera a Panamá Oeste en VIH A este panorama se suma otro indicador que preocupa a las autoridades sanitarias. Según datos del Departamento de Epidemiología del Minsa correspondientes a 2024, Ngäbe Buglé registró 317 nuevos casos de VIH en la población general, sin especificación de rango de edad en el informe, lo que supera los 248 diagnósticos reportados en Panamá Oeste, pese a que esta última cuenta con una población considerablemente mayor. El incremento de las infecciones, junto con las cifras de embarazo adolescente, pone en evidencia brechas persistentes en el acceso a educación sexual integral, prevención y atención médica oportuna. En Ngäbe Buglé, los retos en salud pública no solo se mantienen, sino que demandan respuestas integrales, sostenidas y adaptadas a la realidad territorial, a fin de proteger a niñas, adolescentes y jóvenes. Las cifras reflejan que el problema no es coyuntural, sino estructural. Mientras persistan las brechas en educación, acceso a información y servicios de salud, Ngäbe Buglé continuará enfrentando indicadores que revelan profundas desigualdades territoriales. El desafío no es solo sanitario, sino social. Juan Manuel Díaz [email protected] Belinis Jiménez, la mujer que se hacía pasar por arquitecta. Archivo Imputan cargos a mujer que fingía ser arquitecta del MPSA INVESTIGACIÓN Un juez de garantías imputó cargos y ordenó la detención provisional de Belinis Jiménez, ciudadana implicada en al menos seis casos de presuntas estafas, en los que —según las autoridades— logró sustraer $241,590 tras simular ser una arquitecta vinculada a proyectos del Metro de Panamá S.A. (MPSA) La imputada acudió la mañana de ayer a una primera audiencia, en la que la juez de garantías Paola García acogió la imputación presentada por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de estafa agravada y ordenó su detención provisional, al considerar que representa un peligro para la comunidad. Jiménez deberá enfrentar otras cinco audiencias por el mismo delito, ya que varias víctimas acudieron al Ministerio Público en distintos momentos tras denunciar haber sido estafadas mediante la solicitud de dinero para supuestas inversiones. Según las investigaciones, las víctimas eran usualmente pequeños y medianos empresarios, a quienes la imputada se acercaba para ofrecerles participación en una serie de inversiones que, en realidad, eran falsas. Jiménez fue aprehendida por la Policía Nacional durante un operativo desarrollado en Cerro Silvestre, distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste, luego de que el Ministerio Público emitiera una orden de captura en su contra. Las autoridades no descartan que existan otras víctimas relacionadas con las investigaciones que adelanta el Ministerio Público. La estafa es uno de los delitos con mayor incidencia en el país. En 2025 se reportaron un total de 5,948 denuncias, 885 casos más que en 2024, cuando se registraron 5,063. El Código Penal establece como sanción para el delito de estafa agravada una pena de cinco a diez años de prisión. La estafa se considera agravada cuando el monto supera los $100,000. que no tenía los votos o en San Felipe le explicaron que eso era un disparate. DESDÉN. Por segunda ocasión, no hubo quórum para citar a la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, a la Asamblea. Ayer, 31 diputados votaron a favor, pero se necesitaba el voto de 36. ¿Acaso la línea de algunos partidos es ahora contra los niños tutelados por el Estado? Seguimos se mantiene como bancada de la Asamblea La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia desestimó de forma definitiva una demanda presentada por el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Jairo Bolota Salazar, contra la Resolución 2 del 3 de julio de 2025 de la Asamblea Nacional, que aprobó la conformación de la bancada Seguimos. A través del Edicto 437, que lleva la firma de los magistrados Carlos Vásquez Reyes y Gisela Agurto, la Sala Tercera confirmó la decisión de no admitir la demanda de nulidad. Los magistrados decidieron desestimar la reconsideración contra la decisión inicial de la magistrada sustanciadora de no admitir la demanda. Salazar interpuso la demanda contencioso-administrativa de nulidad para durante el período de integración de las comisiones de la Asamblea Nacional, con el objetivo que se declarara ilegal la resolución dio luz verde a la conformación Seguimos. La acción judicial pretendía excluir a Seguimos de participar como bancada en este proceso. Seguimos está integrada por los diputados José Pérez Barboni, Ernesto Cedeño y Grace Hernández, del Movimiento Otro Camino, y Betserai Richards (electo por la libre postulación). La bancada Seguimos ha realizado críticas a algunas actuaciones de la Asamblea por no discutir proyectos de ley que impulsan la lucha contra la corrupción. CORTE SUPREMA Juan Manuel Díaz [email protected]
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