1A La Prensa Panamá, jueves 12 de febrero de 2026 El medio libre de Panamá 75¢ Jueves 12 de febrero de 2026 - Año 45 - Nº 15290 Hoy por hoy La Asamblea Nacional no solo legisla. La Constitución también le impone la función de controlar al Ejecutivo mediante citaciones e informes. No es opcional. Es una obligación. Los dos intentos frustrados de citar a la ministra de Desarrollo Social por el caso del CAI de Tocumen revelan una renuncia preocupante a ese deber. Conviene recordar que la Senniaf depende administrativamente del Mides. La ministra es la superior jerárquica de la entidad cuestionada. Impedir su comparecencia no fortalece la institución: la debilita. En el caso de menores de edad, la omisión es doblemente grave. Es inadmisible e injustificable. Son vulnerables por su condición de niños y adolescentes, y precisamente por ello el Estado está obligado a brindarles protección reforzada. No se trata de un trámite político más, sino de garantizar derechos fundamentales. El control político es tan importante como la creación de leyes. Cuando por cualquier razón se bloquea una citación, especialmente en momentos en que el país exige explicaciones claras, se favorece la impunidad. Y en asuntos que involucran a menores bajo custodia estatal, la indiferencia institucional resulta aún más alarmante. Ellas.pa Cuando las estafas se disfrazan de romance 5B Sub-17 al Mundial: ‘Sabíamos que nos jugábamos el pase’ 4B Deportes Panorama Consulta pública para el EIA del teleférico de San Miguelito 5A Economía La alianza energética de Estados Unidos y Venezuela 2B Infraestructura estratégica ¿Por qué Panamá sigue siendo clave? Mientras proyectos alternativos en México, Nicaragua y Honduras enfrentan retrasos, accidentes o falta de financiamiento, la ruta panameña avanza con nuevas terminales portuarias y un corredor energético que refuerzan su papel en el comercio global. VEA 1B Entre 2021 y 2023, la comarca acumuló 5,540 embarazos en niñas y adolescentes de 10 a 19 años, una de las cifras más altas del país, según el Ministerio de Sulud (Minsa). En 2024 también reportó 317 nuevos casos de VIH, superando a Panamá Oeste pese a tener una población considerablemente menor. Los datos del Minsa evidencian brechas estructurales en salud, educación sexual y acceso oportuno a servicios básicos. VEA 6A EQUIDAD David queda en pausa tributaria tras fallo de la Sala Tercera Puerto de Chancay desata nuevo pulso EUA- China Embarazo adolescente y VIH: doble alerta sanitaria en la comarca Ngäbe Buglé La Sala Tercera de la Corte suspendió provisionalmente el nuevo sistema de impuestos en David, tras demanda que cuestionó aumentos desproporcionados y omisión del procedimiento de aforo. VEA 7A Estados Unidos criticó el fallo que impide a Perú supervisar el puerto de Chancay, operado por la china Cosco, y advirtió sobre riesgos para la soberanía regional. VEA 3B RÉGIMEN TRIBUTARIO SECTOR MARÍTIMO Números duros 5,540 Esta es la cantidad de embarazos en niñas y adolescentes de 10 a 19 años registrados en Ngäbe Buglé entre 2021 y 2023, según el Minsa. 317 La comarca Ngäbe Buglé, con cerca de 212 mil habitantes, registró 317 casos nuevos de VIH en 2024. Panamá Oeste, con más de 653 mil residentes, reportó 248. Diputados bloquean intento de citar a la ministra Carles Henry Cárdenas Eliana Morales [email protected] Por segundo día consecutivo, la Asamblea Nacional no logró aprobar la citación de la ministra de Desarrollo Social, CAI DE TOCUMEN La mayoría legislativa impidió, por segundo día consecutivo, que la titular del Mides, Beatriz Carles de Arango, compareciera ante el pleno para explicar lo ocurrido en el CAI de Tocumen. Beatriz Carles de Arango, para que rindiera cuentas sobre la situación del Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen. La propuesta fue bloqueada tras un acuerdo entre bancadas, lo que impidió que prosperara el intento de convocar a la titular del MIDES al pleno. La citación buscaba que la ministra explicara las acciones adoptadas frente a las denuncias relacionadas con el albergue. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), entidad encargada de la protección de menores y adscrita al Mides, está bajo su responsabilidad administrativa. Diputados que impulsaban la iniciativa, como Alexandra Brenes, señalaron que el control político es una de las funciones constitucionales de la Asamblea, que incluye citar a funcionarios para que rindan informes verbales o escritos. VEA 4A Juegos de la Juventud Panamá 2026 Antón, la rana dorada, es la mascota oficial Antón, inspirada en la rana dorada panameña —especie en peligro de extinción y símbolo nacional de resiliencia—, fue presentada como la mascota oficial de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, que se celebrarán del 12 al 25 de abril. Esta rana representa la riqueza biológica del país y los desafíos de conservación frente a amenazas como la pérdida de hábitat y el hongo quítrido, que ha diezmado sus poblaciones silvestres. VEA 4B EFE/Comité Olímpico
2A La Prensa Panamá, jueves 12 de febrero de 2026 El pleno de la Asamblea Nacional rechazó citar a la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, para que respondiera preguntas vinculadas a las irregularidades detectadas en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen. La propuesta la presentó la diputada Alexandra Brenes, junto a un grupo de sus colegas de la bancada Vamos, pero al momento de la votación los diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Partido Panameñista, Realizando Metas (RM), Cambio Democrático (CD), Molirena y Alianza se ausentaron del hemiciclo. Todo ocurrió en la sesión del pasado martes. El tablero marcó 18 votos a favor, dos en contra y ninguna abstención. El secretario general, Carlos Alvarado, declaró “inexistente” la votación por falta de quórum decisorio. En la práctica, la citación quedó bloqueada. Brenes sustentó la iniciativa con base en el artículo 161 de la Constitución y en los artículos 104, 105 y 215 del Reglamento Interno de la Asamblea. Informó que el Mides tiene bajo su paraguas a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) y que alrededor de 580 niños y niñas permanecen bajo custodia en distintos albergues del país. Recordó que después de inspecciones realizadas por la Comisión de la Mujer en varias provincias, y en el CAI de Tocumen, encontraron situaciones que calificó como “indignantes”. Mencionó denuncias de maltrato, encierros en cuartos de castigo y ausencia de planes de seguimiento para menores con discapacidad. Por este caso, Brenes presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación el pasado viernes, sin embargo, el pasado martes la amplió con fotografía y videos producto de su recorrido por el CAI de Tocumen. El cuestionario que había sido diseñado para interrogar a la titular del Mides incluye 42 preguntas sobre supervisión, protocolos disciplinarios, sanciones, personal técnico, cancelación de permisos y seguimiento a denuncias. Entre los puntos centrales figuran: cuántas actas de supervisión se levantaron desde julio de Bloquean citación a la ministra del Mides por caso del CAI de Tocumen ASAMBLEA NACIONAL 2024; cuántas irregularidades se detectaron y qué medidas se adoptaron; si existen protocolos que prohíban castigos físicos, psicológicos o aislamientos; cuántas denuncias por tratos crueles se recibieron y cuántas se remitieron al Ministerio Público; cuántos funcionarios han sido separados del cargo; y cuántos permisos de funcionamiento se han cancelado o están en trámite. Brenes también planteó interrogantes sobre la cohabitación de menores con adultos, embarazos ocurridos bajo tutela estatal, inventarios de infraestructura y rutinas diarias dentro de los centros. “Ejercer nuestro rol constitucional es una obligación”, dijo al pedir el respaldo del pleno para citar a la ministra. El diputado Luis Eduardo Camacho, de RM, cabildeó los votos en contra. Reconoció que Brenes acudió al Ministerio Público, pero dijo que la Asamblea debe esperar los resultados de la investigación penal. A su juicio, traer a la ministra “en medio de una situación que todavía no está del todo clara” podría prestarse para “pescar políticamente en ríos revueltos”. Defendió a Ana Fábrega Guardia, directora de la Senniaf y afirmó que los adultos con discapacidad presentes en algunos albergues “se hicieron adultos dentro de esos albergues” y no ingresaron como adultos desde fuera. Tras el intercambio, la mayoría de las bancadas tradicionales se ausentó del pleno para la votación. Sin los votos necesarios, la Asamblea cerró el paso a la citación. Hasta el momento, la ministra Carles no se ha pronunciado sobre la propuesta de citación presentada en la Asamblea Nacional. En la tarde de ayer se hizo un nuevo intento para citar a la ministra y también fracasó. La propuesta logró 31 votos a favor; se necesitaban 36. César Pérez junto a la diputada Alexandra Brenes el día en que presentaron la denuncia ante la Procuraduría General de la Nación. Cortesía El drama de los niños en un albergue olvidado en Tocumen Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Eliana Morales Gil [email protected] PROTECCIÓN LA NIÑEZ Pérez fue uno de los que acompañó a la diputada de la coalición Vamos, Alexandra Brenes, hasta el Ministerio Público para presentar una denuncia penal por lo ocurrido en el CAI de Tocumen. Fue testigo de una cadena de horrores que, según dice, todavía lo persiguen. César Pérez, exdirector del Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, asegura que su destitución no fue casual ni administrativa, sino la consecuencia directa de haber advertido a sus superiores sobre irregularidades graves en la atención de niños, niñas y adolescentes bajo custodia del Estado. Hoy ya no es funcionario: fue separado del cargo por “falta de confianza”, después de insistir durante meses en que algo no estaba bien. Pérez fue uno de los que acompañó a la diputada de la coalición Vamos, Alexandra Brenes, hasta el Ministerio Público para presentar una denuncia penal por esos hechos. Llegó con papeles, correos, memorandos y un relato que, según él, había intentado que se escuchara primero puertas adentro. “Todo está sustentado”, repite. Desde su llegada al CAI, asegura, comenzó a escribir. Correos, notas, memorandos. Alertas formales. “Mi labor nunca fue atacar a la directora de Senniaf, Ana Melinda Fábrega Guardia, todo lo contrario. Yo quería que fuera la mejor administración, porque si es la mejor administración, los niños van a estar mejor”, afirmó. La primera nota formal, recuerda, salió en enero de 2025, aunque dice que hubo advertencias previas. “Me encontré con muchas irregularidades”, señaló. Una de las más graves fue descubrir que niños con tuberculosis convivían con otros menores y cuidadores sin ningún protocolo de aislamiento. “No me dijeron nada. Yo me pude haber contagiado. Eso es una negligencia total”, sostuvo, todavía con incredulidad en la voz. Luego estaban los otros niños, los que no existían en los papeles. “No tienen cédula, no tienen nombre, son invisibles. Vinieron de la comarca y ahí están. No los puedo matricular en la escuela, están como oyentes”, explicó. Dos años en el albergue sin identidad, sin registro, sin una respuesta clara de por qué seguían allí. Pérez reconoce que, al menos, el Centro de Salud de Tocumen respondía. “Gracias a Dios me los atienden a todos inmediatamente, sin papeles, sin nada”, dijo. Pero enseguida matizó: el problema no era solo médico, era estructural, administrativo, de fondo. Una suma de omisiones que, según él, convertían la excepción en rutina. Hubo otros episodios que marcaron su gestión. Uno de ellos fue el despido de una técnica de enfermería por un error en la dosificación de medicamentos a pacientes psiquiátricos. “Era nueva, tenía un mes nada más. La despidieron, pero entonces me mandan una nota diciendo que quien iba a suministrar los medicamentos era un cuidador”, relató. Ahí, dice, se plantó. “Medicamentos controlados para pacientes psiquiátricos: un miligramo de más o de menos es un riesgo. Yo dije; no”, contó. La respuesta, asegura, fue el señalamiento interno. “Me decían que yo era un traidor, que tenía que hacer lo que ella decía porque los 15 y los 30 ella me paga”, afirmó, al describir el clima de presión que, según él, se instaló en el centro. Las deficiencias también estaban en lo visible: en los espacios, en las paredes, en el patio. “No hay área de juego. Hay un surrasurra oxidado donde los niños se pueden cortar”, enumeró. Y volvió al tema de la salud: “Pedí un área de cuarentena no solo para el niño con tuberculosis, sino para los que llegaban con sífilis o gonorrea, para que no contagiaran al resto”. Todas esas advertencias, asegura, no se quedaron en su escritorio. Fueron elevadas a la directora general, a la directora de protección y al subdirector. “¿Cómo la va a ignorar, si yo le mandaba correos, memos y notas? Y de vuelta lo que recibía eran insultos, ofensas y gritos”, relató, describiendo una cadena de respuestas que no incluía soluciones. Cuando se le pregunta si informó a la ministra de Desarrollo Social, responde con una frase seca: “No puedo pasar por mi superior. Yo cumplí con informar a quienes correspondía”. La jerarquía, dice, también fue un muro. Su salida llegó después de unas vacaciones forzadas entre noviembre, diciembre y enero. “Regresé el 28 y me dijeron que no podía entrar al CAI. Fui a Recursos Humanos y ahí me presentaron la destitución”, contó. Presentó un recurso de reconsideración. La respuesta fue breve. “Me dijeron: falta de confianza”. Pérez visualiza otro motivo detrás de la decisión. “Yo estaba poniendo el dedo en la llaga”, afirmó. Para sostenerlo, mencionó casos similares en La Chorrera y Chiriquí, donde coordinadoras regionales que también denunciaron irregularidades terminaron despedidas. Confirmó que colaboró con la diputada Brenes en la denuncia penal. “Yo le di toda la información que tenía, porque todo está sustentado en notas, correos y memos. La idea es que cambie el panorama de los niños y niñas del CAI de Tocumen”, explicó. Cuando se le pide definir lo que se vivía dentro del centro, lo resumen con la palabra “horrible”. Dice que muchas de las prácticas continuaron incluso después de sus advertencias y que quien lo sustituyó ejecutaba órdenes que él se negaba a cumplir. “Yo decía: esta orden no la puedo cumplir porque va contra los derechos y la integridad de los niños”. El tramo más oscuro de su relato aparece cuando habla de la convivencia entre menores y adultos con padecimientos psiquiátricos. “Cuando yo salí había 52 albergados, de esos 12 eran adultos. Estos adultos conviven con los niños y algunos se masturban delante de ellos. Todo eso está por escrito”, denunció, sin rodeos. Sobre ese punto fue aún más enfático: “Se violaron muchos derechos, muchos derechos. Estos adultos se masturban delante del resto de la población, delante de los niños”. Insistió en que no se trata de rumores ni exageraciones. “Todo eso está por escrito”, repitió. Según explicó, esos adultos llegaron al centro cuando eran niños y permanecieron allí al crecer. “Un paciente psiquiátrico no tiene los controles. Ve a otro y quiere tocarlo, quiere violarlo”, advirtió, al describir un sistema con tres “casitas” y un solo cuidador para hasta 16 personas durante la noche. Se intentó obtener la versión de la directora de la Senniaf, pero se informó que no daría declaraciones al respecto. El diputado Camacho, de RM, cabildeó los votos en contra. Archivo Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama
3A La Prensa Panamá, jueves 12 de febrero de 2026 A.V./1248966
4A La Prensa Panamá, jueves 12 de febrero de 2026 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] BÚSQUEDA. La abogada Alma Cortés, defensora de Martinelli, pretendía que el Tribunal Electoral proporcionara la dirección residencial de la excomisionada Damaris Rodríguez para obligarla a comparecer en el juicio de Odebrecht. Pero ninguno de ellos se quejó porque no aparecieron los testigos de Brasil. Al fin y al cabo, esa es la doble moral que siempre ha rodeado a su defendido. TIC TAC. Se supone que el viernes es el último día del juicio de Odebrecht, pero es imposible que en una sola jornada se tome declaración a un testigo (si es que aparece…) y que la fiscal, el querellante y los abogados de 19 acusados hagan sus alegatos. El tiempo no da, aunque a cada uno le asignen media hora. Ojalá no terminen sesionando el martes de Carnaval. AL GARETE. Parece que Genaro López se movía a sus anchas mucho antes del cambio de medida cautelar. Incluso, en la audiencia de la semana pasada, se presentó sin escolta policial, pese a que entonces se suponía que estaba en detención domiciliaria. Cuando el fiscal preguntó por esta irregularidad, la juez de garantía Ninoska Montero respondió que ella lo autorizó. Esto merece una explicación por parte del Órgano Judicial. APELACIÓN. Por cierto, hoy es la audiencia para revisar la medida cautelar de detención domiciliaria impuesta a Gaby Carrizo. Seguro que él sí llega al juzgado escoltado y esposado. TATEQUIETO. En la sesión del pasado miércoles, Camacho se abstuvo de someter a votación (en primer debate) el proyecto de Jamis Acosta que permitiría a Martinelli solicitar que la Corte revise su condena por blanqueo en el caso New Business. O entendió Las cifras de embarazo adolescente y nuevos casos de VIH reflejan que las brechas en acceso a salud y educación persisten. Archivo 5,540 embarazos en adolescentes, en tres años, en Ngäbe Buglé Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] SALUD PÚBLICA Las cifras ubican esta región del país entre las de mayor incidencia de embarazos en niñas y adolescente en el país. La comarca Ngäbe Buglé continúa figurando entre las regiones del país con mayor número de embarazos en niñas y adolescentes de 10 a 19 años. Entre 2021 y 2023 se registraron 5,540 casos en este grupo etario, según cifras oficiales del Ministerio de Salud (Minsa), lo que confirma la persistencia de un problema que impacta de forma directa en el desarrollo social y educativo del territorio. Las estadísticas muestran que los niveles se han mantenido elevados en los últimos años. En 2021 se reportaron 1,677 embarazos; en 2022, la cifra aumentó a 2,019, lo que convirtió ese año en uno de los períodos más críticos para la región; y en 2023 se contabilizaron 1,844 casos. En 2024, el informe estadístico nacional no detalla la cantidad específica correspondiente a Ngäbe Buglé, lo que limita la posibilidad de dimensionar con precisión la situación más reciente en la comarca. La tendencia no es nueva. Desde hace varios años, Ngäbe Buglé se ubica entre las zonas con mayor incidencia de embarazo adolescente en Panamá. En 2023 fue la segunda región con más casos, solo por detrás de la provincia de Panamá. En 2022 incluso superó a esa provincia, al registrar 2,019 embarazos frente a 1,545. Ya en 2021 ambas regiones mostraban cifras muy similares, lo que evidencia brechas territoriales persistentes. Especialistas señalan que en la comarca confluyen múltiples factores estructurales, entre ellos la pobreza multidimensional, las barreras geográficas, el limitado acceso a servicios de salud, las dificultades para obtener métodos anticonceptivos y las carencias en educación sexual integral. Estas condiciones incrementan la vulnerabilidad de niñas y adolescentes, dificultan la prevención del embarazo temprano y profundizan los ciclos de desigualdad. Aunque, las estadísticas nacionales reflejan una disminución sostenida en la última década —al pasar de 10,735 casos en 2014 a 5,133 en 2024—, la realidad en territorios como Ngäbe Buglé evidencia que el desafío sigue vigente. Más allá de los números, el embarazo en edades tempranas continúa teniendo repercusiones profundas en la vida de las menores, especialmente en contextos de pobreza y exclusión, donde el abandono escolar y la reducción de oportunidades laborales se convierten en consecuencias frecuentes. La comarca supera a Panamá Oeste en VIH A este panorama se suma otro indicador que preocupa a las autoridades sanitarias. Según datos del Departamento de Epidemiología del Minsa correspondientes a 2024, Ngäbe Buglé registró 317 nuevos casos de VIH en la población general, sin especificación de rango de edad en el informe, lo que supera los 248 diagnósticos reportados en Panamá Oeste, pese a que esta última cuenta con una población considerablemente mayor. El incremento de las infecciones, junto con las cifras de embarazo adolescente, pone en evidencia brechas persistentes en el acceso a educación sexual integral, prevención y atención médica oportuna. En Ngäbe Buglé, los retos en salud pública no solo se mantienen, sino que demandan respuestas integrales, sostenidas y adaptadas a la realidad territorial, a fin de proteger a niñas, adolescentes y jóvenes. Las cifras reflejan que el problema no es coyuntural, sino estructural. Mientras persistan las brechas en educación, acceso a información y servicios de salud, Ngäbe Buglé continuará enfrentando indicadores que revelan profundas desigualdades territoriales. El desafío no es solo sanitario, sino social. Juan Manuel Díaz [email protected] Belinis Jiménez, la mujer que se hacía pasar por arquitecta. Archivo Imputan cargos a mujer que fingía ser arquitecta del MPSA INVESTIGACIÓN Un juez de garantías imputó cargos y ordenó la detención provisional de Belinis Jiménez, ciudadana implicada en al menos seis casos de presuntas estafas, en los que —según las autoridades— logró sustraer $241,590 tras simular ser una arquitecta vinculada a proyectos del Metro de Panamá S.A. (MPSA) La imputada acudió la mañana de ayer a una primera audiencia, en la que la juez de garantías Paola García acogió la imputación presentada por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de estafa agravada y ordenó su detención provisional, al considerar que representa un peligro para la comunidad. Jiménez deberá enfrentar otras cinco audiencias por el mismo delito, ya que varias víctimas acudieron al Ministerio Público en distintos momentos tras denunciar haber sido estafadas mediante la solicitud de dinero para supuestas inversiones. Según las investigaciones, las víctimas eran usualmente pequeños y medianos empresarios, a quienes la imputada se acercaba para ofrecerles participación en una serie de inversiones que, en realidad, eran falsas. Jiménez fue aprehendida por la Policía Nacional durante un operativo desarrollado en Cerro Silvestre, distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste, luego de que el Ministerio Público emitiera una orden de captura en su contra. Las autoridades no descartan que existan otras víctimas relacionadas con las investigaciones que adelanta el Ministerio Público. La estafa es uno de los delitos con mayor incidencia en el país. En 2025 se reportaron un total de 5,948 denuncias, 885 casos más que en 2024, cuando se registraron 5,063. El Código Penal establece como sanción para el delito de estafa agravada una pena de cinco a diez años de prisión. La estafa se considera agravada cuando el monto supera los $100,000. que no tenía los votos o en San Felipe le explicaron que eso era un disparate. DESDÉN. Por segunda ocasión, no hubo quórum para citar a la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, a la Asamblea. Ayer, 31 diputados votaron a favor, pero se necesitaba el voto de 36. ¿Acaso la línea de algunos partidos es ahora contra los niños tutelados por el Estado? Seguimos se mantiene como bancada de la Asamblea La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia desestimó de forma definitiva una demanda presentada por el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Jairo Bolota Salazar, contra la Resolución 2 del 3 de julio de 2025 de la Asamblea Nacional, que aprobó la conformación de la bancada Seguimos. A través del Edicto 437, que lleva la firma de los magistrados Carlos Vásquez Reyes y Gisela Agurto, la Sala Tercera confirmó la decisión de no admitir la demanda de nulidad. Los magistrados decidieron desestimar la reconsideración contra la decisión inicial de la magistrada sustanciadora de no admitir la demanda. Salazar interpuso la demanda contencioso-administrativa de nulidad para durante el período de integración de las comisiones de la Asamblea Nacional, con el objetivo que se declarara ilegal la resolución dio luz verde a la conformación Seguimos. La acción judicial pretendía excluir a Seguimos de participar como bancada en este proceso. Seguimos está integrada por los diputados José Pérez Barboni, Ernesto Cedeño y Grace Hernández, del Movimiento Otro Camino, y Betserai Richards (electo por la libre postulación). La bancada Seguimos ha realizado críticas a algunas actuaciones de la Asamblea por no discutir proyectos de ley que impulsan la lucha contra la corrupción. CORTE SUPREMA Juan Manuel Díaz [email protected]
5A La Prensa Panamá, jueves 12 de febrero de 2026 El distrito de San Miguelito, en el área metropolitana de Panamá, se caracteriza por su topografía accidentada y calles estrechas. Alexander Arosemena Metro de Panamá abre consulta pública del EIA del teleférico Panamá–San Miguelito Yaritza Mojica [email protected] MOVILIDAD El proyecto conectará puntos estratégicos entre Panamá y San Miguelito y ahora entra en fase de participación ciudadana, con el estudio ambiental disponible para observaciones antes de su aprobación. El Metro de Panamá, S.A. (MPSA) anunció la apertura del proceso de consulta pública del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) Categoría III del proyecto “Diseño, construcción y operación del teleférico de los distritos de Panamá y San Miguelito”. El documento estará sometido a consideración ciudadana por un período de 10 días hábiles, contados a partir de la última publicación del aviso, conforme a lo establecido por la normativa ambiental vigente. La primera publicación se realizó el 10 de febrero. El MPSA destacó que, como parte de este proceso participativo, el foro público se llevará a cabo el sábado 21 de febrero, a partir de las 9:00 a.m., en la iglesia Cristo Redentor, ubicada en la calle Circunvalación de Paraíso, corregimiento de Mateo Iturralde, distrito de San Miguelito. En este espacio, la ciudadanía podrá conocer los alcances del proyecto de construcción del teleférico y presentar observaciones o inquietudes. El proyecto contempla la construcción y operación de un teleférico urbano tipo telecabina monocable desembragable, con una extensión aproximada de 6.6 kilómetros y capacidad para transportar hasta 2,800 personas por hora por dirección, mediantecabinasconcapacidad para 10 pasajeros sentados. El sistema contará con seis estaciones: Balboa, Cincuentenario, Samaria, Mano de Piedra, Valle de Urracá y Torrijos Carter, además de un garaje de cabinas, talleres de mantenimiento y áreas operativas complementarias. De acuerdo con el EIA, durante las fases de construcción y operación podrían generarse impactos temporales, como el aumento del ruido, el polvo, las vibraciones y afectaciones a la movilidad urbana. Para ello, se prevé la aplicación de un Plan de Manejo Ambiental, que incluye medidas de control ambiental, seguridad ocupacional, manejo del tránsito y programas de comunicación social. Entre los impactos positivos del proyecto se destacan la mejora de la movilidad, la generación de empleo y el fortalecimiento del sistema de transporte público. El estudio estará disponible para consulta en las oficinas del Ministerio de Ambiente (Miambiente), tanto en la Administración Regional Panamá Metro como en la sede central en Albrook (edificio 804), en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. El Metro de Panamá explicó que los comentarios y recomendaciones deberán presentarse formalmente ante Miambiente, dentro del plazo de los 10 días hábiles establecidos. Presentación de propuestas El proyecto de licitación del teleférico incluye un contrato de concesión administrativa destinado a la financiación, estudios y diseño, construcción, fabricación, suministro, instalación y puesta en marcha del sistema de teleférico, así como su operación, mantenimiento y reversión de la infraestructura y los sistemas asociados, en los distritos de Panamá y San Miguelito. La fecha para la presentación de las propuestas y la apertura de sobres ha sido modificada en dos ocasiones, quedando, según la última adenda registrada, para el 26 de febrero, cinco días después de concluida la consulta pública ciudadana. Las propuestas deberán ser presentadas por los dos consorcios precalificados en marzo del año pasado: el Consorcio Teleférico SPE, conformado por Sofratesa de Panamá, Inc.; Ingeniería Estrella, S.A.; y Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura, S.A. de C.V.; y el Consorcio Teleférico de San Miguelito, integrado por Cointer (España) y Doppelmayr (Austria). El proyecto, que corresponde a una licitación por mejor valor, tiene un precio de referencia de 278,679,547 dólares. Se trata de un contrato de concesión administrativa con una duración total de 23 años (276 meses), que abarcará todas las fases.
6A La Prensa Panamá, jueves 12 de febrero de 2026 Panorama MOP habilitará nuevo puente vehicular en La Cabima Yaritza Mojica [email protected] MOVILIDAD URBANA El puente que entrará en funcionamiento mañana es una rampa vehicular directa, diseñada para optimizar los accesos desde La Cabima hacia la Transístmica. El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció que mañana, a partir de las 9:00 a.m., será habilitado el puente vehicular ubicado en la entrada de La Cabima, en el corregimiento de Alcalde Díaz, sector de Panamá norte. La apertura forma parte del proyecto “Diseño, Construcción y Financiamiento del Intercambiador Entrada La Cabima y Retorno a Desnivel en Ciudad Bolívar”, una obra destinada a mejorar la movilidad en el sector norte de la ciudad y reducir los congestionamientos en la vía Transístmica. Detalles de la nueva circulación El puente que entrará en funcionamiento es una rampa vehicular directa, diseñada para optimizar los accesos desde La Cabima hacia la Transístmica. Según informó el MOP, los conductores que salgan de La Cabima con destino a la ciudad de Panamá deberán utilizar el nuevo puente, que cuenta con dos carriles de circunvalación. Estos inician en la plaza comercial La Cabima y se incorporan a la vía Transístmica en dirección a Panamá, frente al supermercado 99. Por su parte, los conductores que se dirijan hacia Colón deberán utilizar el carril de salida que conecta directamente con la vía Transístmica en ese sentido. La entidad exhortó a los usuarios a respetar la señalización instalada y a utilizar la nueva infraestructura de manera adecuada, a fin de garantizar una circulación segura y ordenada. El intercambiador de La Cabima y el retorno a desnivel en Ciudad Bolívar se encuentran en su fase final, con un avance físico del 99.4%, lo que mantiene a los residentes de las comunidades cercanas a la expectativa por esta obra, que tiene al menos cuatro años en ejecución. Este proyecto forma parte de un plan integral para mejorar la conectividad vial en Alcalde Díaz y áreas aledañas, una zona que ha experimentado un crecimiento residencial y comercial significativo en los últimos años. Según el MOP, la obra busca disminuir los tiempos de desplazamiento, mejorar la seguridad vial y ordenar los movimientos de entrada y salida hacia la Transístmica, una de las principales arterias que conecta la ciudad de Panamá con el sector norte y la provincia de Colón. La obra, que representa una inversión de 26.5 millones de dólares, también contempla el intercambiador en la entrada de La Cabima y un retorno a desnivel tipo herradura en Ciudad Bolívar, el cual ya se encuentra habilitado y en funcionamiento, facilitando la conexión con la vía Boyd–Roosevelt. Se estima que el proyecto beneficiará directamente a al menos 21 mil residentes de Panamá norte, al rehabilitar y modernizar la red vial del sector, mejorando la seguridad, la accesibilidad y la integración de comunidades como La Cabima y Ciudad Bolívar con el resto del país. José González Pinilla [email protected] Parte del tramo de la vía que presenta erosión. Archivo Tramo de vía en La Cabima presenta riesgo de colapso REPARACIÓN La vía que conecta el sector de La Cabima, corregimiento de Alcalde Díaz, con varios residenciales y comunidades en Caimitillo está propensa a colapsar. Así lo han advertido residentes de varias barriadas de la zona ante las autoridades locales y el Ministerio de Obras Públicas (MOP). Se trata de la principal vía, de alto tráfico y por donde circulan camiones con carga de industrias que operan en la zona. Además, la vía conduce a Calzada Larga, San Lorenzo, Colinas de las Cumbres, Cumbre Azul, entre otras, y al nuevo Mercado de Alcalde Díaz del Municipio de Panamá, en el área de Panamá norte, sectores de gran concentración de población. El tramo afectado está en la entrada del Sector B y presenta rajaduras en la carpeta asfáltica y erosión del terreno. Además, hay varias fugas de agua. La Junta Comunal de Alcalde Díaz informó que recientemente presentó el caso ante el Ministerio de Obras Públicas. “Es importante recordar que la ejecución de los trabajos le corresponde al MOP”, indicó. El diputado independiente Neftalí Zamora aseguró que envió estas inquietudes al ministerio. “La verdad es preocupante el estado de esa calle”. A finales de 2025, el MOP adjudicó el proyecto de diseño, construcción, rehabilitación y mantenimiento de las calles de Panamá norte. El Consorcio Panamá Norte, integrado por Concreto Asfáltico Nacional, S.A. y Conansa, resultó ganador de la licitación tras presentar la mejor oferta económica, por un monto de 9.3 millones de dólares. Entre las responsabilidades del consorcio adjudicatario está la rehabilitación de varias calles en los corregimientos de Chilibre, Las Cumbres y Alcalde Díaz. Henry Cárdenas [email protected] Migrantes salen de las costas del Caribe rumbo al sur. EFE Ministerio Público investiga la muerte de tres migrantes en un naufragio en Guna Yala FLUJO INVERSO El Ministerio Público inició una investigación tras el naufragio de una embarcación ocurrido en aguas de la comarca Guna Yala, hecho que dejó tres migrantes fallecidos y una persona en estado de salud reservado. El accidente se registró cuando el bote, en el que viajaban 16 personas, se dirigía hacia Puerto Obaldía, en la frontera con Colombia. De acuerdo con la información preliminar, la lancha se volcó y cuatro ocupantes quedaron atrapados bajo la estructura. Dos mujeres venezolanas y un ciudadano colombiano murieron en el incidente, mientras que otra mujer venezolana fue rescatada con vida y trasladada inicialmente a un puesto de salud en la comarca, antes de ser referida a la ciudad de Panamá debido a la gravedad de su condición. La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) confirmó las víctimas y señaló que se adelantan diligencias para determinar las causas del accidente y establecer posibles responsabilidades. El resto de los ocupantes fue rescatado. El Congreso General Guna Yala informó además que, horas antes, otra embarcación con migrantes sufrió un percance similar en la zona, aunque en ese caso todos los pasajeros sobrevivieron. El bote siniestrado había partido del puerto de Miramar, punto habitual de salida para migrantes que realizan el llamado “flujo inverso”: personas que regresan desde Norteamérica tras ver frustrado su intento de establecerse en Estados Unidos. Desde la costa caribeña panameña, estos migrantes pagan pasajes en embarcaciones privadas o utilizan cupos en traslados humanitarios para dirigirse hacia el sur y continuar viaje hacia Colombia y otros países de Sudamérica. Según cifras oficiales, en 2025 Panamá registró la llegada de 22,833 migrantes en flujo inverso, de los cuales más del 90% eran venezolanos. También se reportaron ciudadanos colombianos, peruanos y ecuatorianos. Este movimiento contrasta con la drástica disminución del tránsito irregular hacia el norte por la selva del Darién. Tras los picos históricos de 520,000 cruces en 2023 y más de 300,000 en 2024, las cifras han caído de forma marcada. Autoridades atribuyen este descenso a políticas migratorias más estrictas en Estados Unidos, incluidas deportaciones y mayores controles internos, así como a medidas adoptadas por Panamá para restringir el paso por rutas irregulares en la selva. David Cosca participa en peregrinación en el Vaticano El sacerdote David Cosca acompañó recientemente a un grupo de peregrinos a la misa dominical celebrada en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Además, ofreció una eucaristía ante los restos del papa Pío, según imágenes que circulan en redes sociales, en las que se le observa participando en los actos litúrgicos. No es la primera vez que Cosca aparece en actividades eclesiásticas. El 5 de marzo de 2025 presidió la misa del Miércoles de Ceniza en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en Ancón, en la ciudad de Panamá. En publicaciones compartidas en Instagram por el templo, se le observa imponiendo la cruz en la frente de los feligreses y celebrando bautizos. En 2019, Cosca fue suspendido de cualquier oficio “eclesiástico público” dentro de la Iglesia católica, pese a haber sido sobreseído por la justicia ordinaria en un proceso relacionado con la presunta comisión del delito de encubrimiento en un caso de homicidio. Ese mismo año, la Arquidiócesis de Panamá informó que la Iglesia mantenía su proceso de investigación canónica. El 3 de diciembre de 2019, a petición del Ministerio Público, la jueza de garantías Oris Medina dictó el sobreseimiento de Cosca dentro del proceso por el homicidio de Eduardo Calderón, ocurrido el 7 de julio de 2018. Por este caso, Hidadi Saavedra fue condenado a 20 años de prisión. Se consultó a la Arquidiócesis sobre la participación del sacerdote en actividades en el Vaticano y al cierre de esta nota no había respondido. IGLESIA CATÓLICA Aleida Samaniego C. [email protected] El sacerdote David Cosca. Isaac Ortega Proyecto del intercambiador de La Cabima. Cortesía
7A La Prensa Panamá, jueves 12 de febrero de 2026 Panorama Sede del Palacio Municipal de David, distrito integrado por 12 corregimientos y dirigido por el alcalde Joaquín De León. Archivo Alzas de hasta 700% en impuestos municipales de David quedan suspendidas Yasser Yánez García [email protected] DECISIÓN JUDICIAL El Acuerdo 45 que permitió los incrementos fue impulsado -por segunda vez- por el alcade de David, Joaquín De León. Ahora se abre un nuevo capítulo legal y político sobre el régimen tributario. La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia ordenó la suspensión provisional del Acuerdo Municipal No. 45 de 2025, que establecía un nuevo sistema de impuestos para el distrito de David, en Chiriquí. La decisión respondió a una demanda de nulidad presentada por la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá (ADAP), con el respaldo de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP). La medida fue adoptada de forma unánime por los magistrados. José Rivera, abogado de los demandantes y representante de empresas vinculadas a la Cámara de Comercio, explicó que el recurso se sustenta en cuatro argumentos principales. El primero es el incremento “desproporcionado” de las tarifas. Según indicó, los aumentos oscilaban entre 50% y más de 700% para grandes contribuyentes, en un contexto donde el crecimiento económico nacional no supera el 4%. Como ejemplo, detalló que una empresa que pagaba $500 mensuales —$6,000 al año— pasaría a pagar entre $18,000 y $24,000 anuales. El gremio propuso que cualquier ajuste se limitara a un rango de 15% a 20%, lo que ya representaba un aumento significativo, pero razonable. Sin embargo, la propuesta no fue acogida por el municipio. El segundo argumento se refiere al incumplimiento del procedimiento de aforo establecido en los artículos 87, 88 y 94 de la Ley 106 de 1973, que regula el Régimen Municipal. Rivera sostuvo que la norma obliga a realizar aforos cada dos años para evaluar la situación económica real de los contribuyentes antes de modificar la carga tributaria. Según afirmó, ese procedimiento no se practicó y existen certificaciones empresariales que así lo acreditan. En su análisis preliminar, la Sala Tercera advirtió que no constaba que el Municipio de David hubiese cumplido con ese requisito, considerado esencial para individualizar la situación de cada contribuyente. El Tribunal estimó que la omisión podría implicar la imposición de un régimen impositivo sin considerar la realidad socioeconómica de los afectados y causar un perjuicio grave. El tercer cuestionamiento guarda relación con la entrada en vigencia del acuerdo. Rivera indicó que el documento fue publicado el 18 de noviembre de 2025 para comenzar a regir el 1 de enero de 2026, lo que, a su juicio, no otorgó tiempo suficiente para que los contribuyentes evaluaran el impacto de los cambios. El cuarto argumento se centra en el criterio utilizado para fijar las nuevas tarifas. Según el abogado, funcionarios municipales señalaron que grandes contribuyentes —como supermercados, ferreterías, mayoristas y distribuidores de vehículos— debían pagar montos similares a los de la ciudad de Panamá. Rivera calificó esa comparación como “absurda”, al sostener que en la capital se concentra el mayor volumen de ventas y que operar en David implica costos logísticos adicionales. Rivera añadió que durante conversaciones con autoridades municipales se les indicó que el impuesto no se había ajustado en 13 años y que existían diferencias entre contribuyentes. No obstante, sostuvo que corresponde a la administración determinar con precisión la situación individual de cada empresa y no trasladar esa carga al contribuyente. Tras la suspensión provisional, el 5 de febrero los empresarios acudieron al municipio para reiterar su propuesta de ajuste moderado. Rivera indicó que en la reunión no estuvieron el alcalde Joaquín De León ni los concejales, sino la tesorera, el asesor legal y una “mesa técnica”. Según el abogado, el municipio habría preparado un nuevo documento y un “acuerdo temporal”. Hasta el momento, afirmó, no han recibido comunicación formal tras la suspensión. No es la primera vez que el tema tributario genera controversia en David: en enero de 2025 fueron derogados los acuerdos 18 y 19, que también buscaban modificar el esquema vigente desde 2011. Datos a tener a tener en cuenta Entre 50% y 700% Ese es el incremento de los impuestos municipales contenido en el suspendido Acuerdo Municipal No. 45 de 2025, cuya aplicación fue frenada provisionalmente por la Sala Tercera de la Corte Suprema Los protagonistas Joaquín De León, alcalde de David desde 2024, electo en alianza entre Cambio Democrático y el Partido Panameñista; y la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá (ADAP), que presentó la demanda de nulidad con el respaldo de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. ¿Qué sigue ahora? La Sala Tercera suspendió provisionalmente el Acuerdo 45 de 2025 mientras se resuelve la demanda de nulidad. El Municipio de David deberá esperar el fallo de fondo o presentar una nueva propuesta tributaria que cumpla con el aforo y el procedimiento legal. El proceso judicial continúa.
8A La Prensa Panamá, jueves 12 de febrero de 2026 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. siones. Porque cuando la indignación se vuelve rutina, cuando el escándalo dura lo mismo que el ciclo de noticias, cuando el país suspira y sigue, estamos aceptando lo que jamás debimos aceptar. Como pediatra, no elegiría estos lugares para el cuidado de ningún niño. No son el entorno ideal para un crecimiento y desarrollo saludables. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ha sido enfático: la institucionalización debe ser la última opción y por el menor tiempo posible, porque ningún espacio sustituye el cuidado estable y afectivo de una familia. Los niños necesitan vínculos seguros, estabilidad emocional, adultos que los miren como prioridad absoluta, no como un expediente más. Pero más allá de mi rol profesional, escribo hoy como mamá. Y como mamá me duele profundamente la indolencia. Me duele la capacidad de algunos funcionarios públicos de mirar hacia otro lado, de hablar en términos administrativos cuando lo que está en juego son vidas. Me duele escuchar, una vez más, que se hará “una revisión Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. La migración que los Oscar se atreven a mirar Movilidad humana ducido muertes como las de Renée Good y Alex Pretti y a su vez han provocado protestas ciudadanas como las del primer fin de semana de febrero del 2026. Este escenario contrasta con el andamiaje jurídico internacional construido tras la Segunda Guerra Mundial precisamente para evitar que estos abusos se repitieran. Convenciones, pactos y tratados reconocen el derecho a la dignidad, al debido proceso y a la protección de las personas migrantes. Pero la no ratificación de varios de estos instrumentos por parte de Estados Unidos y el debilitamiento del sistema multilateral, visible en recientes acciones unilaterales de alcance internacional, nos regresa a la Ley del Talión, donde los países pequeños pierden siempre. Ante este panorama, rescato la importancia de las posturas de las potencias medias, como bien las identificó el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en su discurso en el Foro de Davos. El nuevo orden mundial exigirá que países como México, Brasil, Argentina junto con el bloque centroamericano y del Caribe fijen posiciones que reconozcan la dignidad humana como el centro de las políticas que todos los Estados de la región deben impulsar. Esa responsabilidad política se vuelve especialmente urgente cuando se traRoberto Ogg Fábrega Duele un país que no protege a sus niños Albergues Cinco años después de aquellas denuncias que nos estremecieron como país en 2021, hoy volvemos a escuchar palabras que pensamos que nunca más tendríamos que repetir en conjunto: abuso, negligencia, hacinamiento, omisión. Niños. Adolescentes. Volvemos a ver titulares que hablan de albergues, de niños vulnerados, de adolescentes desprotegidos. Y la pregunta obligada, que duele —y mucho—, es: ¿qué pasó en estos cinco años? Es inaceptable que estemos otra vez aquí. Es inaceptable que niños, niñas y adolescentes bajo la custodia del Estado sigan padeciendo los mismos sufrimientos, viviendo en condiciones que no promueven su bienestar ni su desarrollo integral. Como si no tener una familia que los contenga, que los abrace cada noche, que los defienda sin titubeos, no fuese ya suficiente carga para un corazón pequeño. Como país no podemos normalizar lo inaceptable. Esta frase debería resonar en cada despacho, en cada oficina pública, en cada espacio donde se toman deciinterna”, que se “exigirán informes”, que se “vigilará el cumplimiento”. Los informes no abrazan. Los informes no protegen. Los informes no cambian la vida de esos niños que esta noche volverán a dormir en un lugar que no eligieron y que no los protege. Basta ya de diagnósticos repetidos. Lo que se necesita no es una nueva lista de hallazgos, sino medidas urgentes y efectivas. Decisiones concretas que garanticen derechos, que aseguren protección real, que devuelvan a esos niños y adolescentes a entornos seguros y dignos. La niñez no puede esperar a que pasen los procesos administrativos ni a que se acomoden las agendas políticas. Como sociedad también tenemos responsabilidad. No podemos indignarnos solo unos días y luego cambiar de tema. No podemos permitir que el ruido del entretenimiento tape el silencio incómodo de quienes no tienen voz. No podemos acostumbrarnos a que los más vulnerables sigan pagando el precio de la ineficiencia o la desidia. Porque cuando el Estado falla en proteger a quienes están bajo su custodia, no estamos ante un simple error de gestión. Estamos ante una falla moral. Ojalá este tema no quede en el olvido durante y después de los carnavales. Ojalá los responsables hagan su trabajo a pesar de los días libres, de los descansos, de las celebraciones. Los niños no viven en pausa. Su sufrimiento, su dolor, no se detienen por el calendario. Los niños no son solo el futuro. Lo que está en juego es el presente del país. Y la forma en que un país cuida y defiende a sus niños revela —sin discursos ni comunicados— cuáles son realmente sus valores y prioridades. Opinión LA AUTORA es pediatra. EL AUTOR es abogado. ta de la migración, un fenómeno que atraviesa todo el continente y que ningún Estado puede gestionar de manera aislada. Las potencias medias de la región tienen hoy la oportunidad y el deber de impulsar un enfoque común que reconozca la movilidad humana como un derecho y no como una amenaza, garantizando rutas seguras, procesos ordenados y estándares mínimos de protección desde el sur hasta el norte del continente. Asimismo, promover que otros países lo cumplan. Sin una visión compartida sobre la movilidad regional, las políticas migratorias seguirán fragmentadas, desiguales y sujetas a la arbitrariedad del poder, reproduciendo la violencia que dicen querer contener. La migración no es un crimen, es un fenómeno humano tan antiguo como la historia misma. Criminalizarla no la detiene. Como escribió Ana Frank: a pesar de todo, sigo creyendo que la gente es buena en el fondo y como lo hizo Sergio en Una batalla tras otra con su solidaridad, no como un gesto heróico sino como una obligación mínima frente al dolor ajeno, la humanidad se mide precisamente en la capacidad de proteger al otro cuando el poder decide perseguirlo. La pregunta es si las poblaciones y las potencias medias están dispuestas a demostrarlo. Mientras Hollywood aplaude sus historias en la alfombra roja, el verdadero desafío está fuera de la pantalla: decidir si el mundo seguirá resolviendo sus conflictos con muros y redadas o si aún queda espacio para la Ley, la humanidad y la memoria. En la antesala de los premios Oscar, mientras Hollywood se dispone a celebrar sus propias historias, en las calles se desarrolla otra que guarda mucha relación. Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, logra capturar esa realidad con la crudeza necesaria, exponiendo un sistema que ha decidido tratar la movilidad humana como una amenaza. Se llevan a la gente como si fueran criminales; las separan de sus hogares, las arrastran día y noche sin que se les permita llevar nada consigo, escribió Ana Frank en su diario. Esa escena se ejemplifica también en esta cinta filmatográfica, cuando los migrantes que refugiaba Sergio, interpretado por Benicio del Toro, se esconden en la trastienda de su abarrotería en un relato atravesado por la presencia recurrente de campos de detención que nunca necesitan explicarse para ser comprendidos. Tanto el testimonio como la película exponen una verdad incómoda: cuando el Estado convierte la migración en una cacería, la solidaridad se vuelve una forma de resistencia. Las recientes redadas del Immigration and Customs Enforcement (ICE) han evidenciado una política cada vez más punitiva. Detenciones masivas, operativos sorpresa y el uso excesivo de la fuerza, en cuyo contexto se han proCinco años después de las denuncias que sacudieron al país, nuevos señalamientos sobre albergues reabren una herida moral: la incapacidad del Estado para garantizar protección real a niños y adolescentes bajo su custodia. Ana Gabriela Lucas Quintero Mientras Hollywood celebra sus relatos, la política migratoria expone redadas, detenciones y abusos que contradicen el derecho internacional y ponen a prueba la humanidad de los Estados. ¿Cómo nos defenderemos de Trump? Geopolítica Estados Unidos se ha declarado dueño del hemisferio y ha demostrado estar dispuesto a hacer lo necesario para afirmar su dominio. Han invadido Venezuela para apropiarse de su petróleo. Anunciaron que se tomarán Groenlandia, y se conoció que preparan planes bélicos contra Colombia y México. Ante tal despliegue de violencia, me pregunto: ¿Cómo nos defendemos de Trump? No podemos tomarnos a la ligera las palabras del mandatario estadounidense ni los intereses imperiales que representa. Trump lo ha dicho una y otra vez: el Canal les pertenece a ellos. Puedo deducir al menos tres posiciones predominantes sobre el tema: agachar la cabeza, resignarse a ser colonia estadounidense, o cobijarnos bajo otra potencia. Las tres posiciones tienen por premisa que somos demasiado débiles para defendernos y dan por hecho que el sometimiento a Estados Unidos es la única alternativa para Panamá. La realidad se puede cambiar. Panamá puede asumir otra posición que no sea la humillación. Es cierto, somos un país pequeño, un poco más de 75 mil kilómetros, con una población que escasamente supera los 4 millones. Tiene una economía atrasada, sin base productiva o tecnológica, dependiente de usar su posición geográfica para un sector logístico segregado de casi todas las provincias del país y para servicios financieros, legales y comerciales crecientemente obsoletos. Nuestro Estado es clientelar y débil, sometido a los intereses de una burguesía corrupta que monopoliza las ganancias del Canal. Históricamente, esta forma de organizar la sociedad alrededor de la posición geográfica nos ha convertido en apéndice de la expansión imperial estadounidense. Pero esta debilidad no nos condena a someternos. Podemos convertirla en fortaleza. Ya lo hicimos antes. Con esta visión logramos avanzar en la conquista de la soberanía expulsando a Estados Unidos del territorio en el siglo XX. La posición geográfica es un instrumento mayúsculo para negociar con cualquier país o potencia sobre la base del respeto e igualdad. Pero para sacar su mejor provecho debemos tener la fuerza necesaria para utilizarla a nuestro favor. Para nadie es un secreto que la fuerza en la política proviene de la unidad. Nuestros adversarios están unidos en la defensa de sus intereses imperiales y de clase. A nosotros nos corresponde cerrar filas en torno a la defensa de la patria y de su soberanía, que es a la vez la defensa de los intereses del pueblo. Una unidad popular, que defiende al Canal, la posición geográfica y el país como un patrimonio que pertenece a nosotros y que debe estar al servicio del bienestar de todos. Los cómplices locales de Estados Unidos, que incluyen hoy al gobierno central, y a numerosos diputados y alcaldías, terminan aislados en un escenario de unidad popular, obligados a ceder ante los panameños. Estados Unidos queda imposibilitado de someternos si no encuentra complicidad suficiente a nivel local. Por eso Roberto Chiari, asediado por las masas que habían rodeado el Palacio de las Garzas después del 9 de enero de 1964, rompió relaciones con Estados Unidos. Una mayoría panameña —transversal políticamente— rechazaba la ocupación. No olvidemos que el 9 de enero de 1964 fue posible por el trabajo organizativo a lo largo de los años y de décadas. No fue espontáneo, sino un acumulado que estalló ante una provocación zoneíta. Estados Unidos estaba forzado a negociar en ese momento. El transporte interoceánico que necesitaba peligraba. Ya no controlaba al país. Hoy en día, pareciera que sí lo controla. Autoridades, empresarios, políticos, entre otros, no pueden seguir arrodillándose ante los representantes de Trump, quien abiertamente nos está amenazando y gradualmente recolonizando. Esa es nuestra tarea inmediata: organizar las fuerzas que conduzcan a Panamá hacia la unidad nacional, y de ahí a la unidad continental. En las escuelas, comunidades, sitios de trabajo y en las redes sociales, hay que disputarle cada centímetro de territorio físico y digital a los vendepatrias y ganarlo para la liberación de Panamá. EL AUTOR es politólogo y excandidato a la vicepresidencia de la República. Richard Morales Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón † Sudy S. de Chassin Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Gerente General
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUxMjQ5NQ==