2A La Prensa Panamá, jueves 12 de febrero de 2026 El pleno de la Asamblea Nacional rechazó citar a la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, para que respondiera preguntas vinculadas a las irregularidades detectadas en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen. La propuesta la presentó la diputada Alexandra Brenes, junto a un grupo de sus colegas de la bancada Vamos, pero al momento de la votación los diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Partido Panameñista, Realizando Metas (RM), Cambio Democrático (CD), Molirena y Alianza se ausentaron del hemiciclo. Todo ocurrió en la sesión del pasado martes. El tablero marcó 18 votos a favor, dos en contra y ninguna abstención. El secretario general, Carlos Alvarado, declaró “inexistente” la votación por falta de quórum decisorio. En la práctica, la citación quedó bloqueada. Brenes sustentó la iniciativa con base en el artículo 161 de la Constitución y en los artículos 104, 105 y 215 del Reglamento Interno de la Asamblea. Informó que el Mides tiene bajo su paraguas a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) y que alrededor de 580 niños y niñas permanecen bajo custodia en distintos albergues del país. Recordó que después de inspecciones realizadas por la Comisión de la Mujer en varias provincias, y en el CAI de Tocumen, encontraron situaciones que calificó como “indignantes”. Mencionó denuncias de maltrato, encierros en cuartos de castigo y ausencia de planes de seguimiento para menores con discapacidad. Por este caso, Brenes presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación el pasado viernes, sin embargo, el pasado martes la amplió con fotografía y videos producto de su recorrido por el CAI de Tocumen. El cuestionario que había sido diseñado para interrogar a la titular del Mides incluye 42 preguntas sobre supervisión, protocolos disciplinarios, sanciones, personal técnico, cancelación de permisos y seguimiento a denuncias. Entre los puntos centrales figuran: cuántas actas de supervisión se levantaron desde julio de Bloquean citación a la ministra del Mides por caso del CAI de Tocumen ASAMBLEA NACIONAL 2024; cuántas irregularidades se detectaron y qué medidas se adoptaron; si existen protocolos que prohíban castigos físicos, psicológicos o aislamientos; cuántas denuncias por tratos crueles se recibieron y cuántas se remitieron al Ministerio Público; cuántos funcionarios han sido separados del cargo; y cuántos permisos de funcionamiento se han cancelado o están en trámite. Brenes también planteó interrogantes sobre la cohabitación de menores con adultos, embarazos ocurridos bajo tutela estatal, inventarios de infraestructura y rutinas diarias dentro de los centros. “Ejercer nuestro rol constitucional es una obligación”, dijo al pedir el respaldo del pleno para citar a la ministra. El diputado Luis Eduardo Camacho, de RM, cabildeó los votos en contra. Reconoció que Brenes acudió al Ministerio Público, pero dijo que la Asamblea debe esperar los resultados de la investigación penal. A su juicio, traer a la ministra “en medio de una situación que todavía no está del todo clara” podría prestarse para “pescar políticamente en ríos revueltos”. Defendió a Ana Fábrega Guardia, directora de la Senniaf y afirmó que los adultos con discapacidad presentes en algunos albergues “se hicieron adultos dentro de esos albergues” y no ingresaron como adultos desde fuera. Tras el intercambio, la mayoría de las bancadas tradicionales se ausentó del pleno para la votación. Sin los votos necesarios, la Asamblea cerró el paso a la citación. Hasta el momento, la ministra Carles no se ha pronunciado sobre la propuesta de citación presentada en la Asamblea Nacional. En la tarde de ayer se hizo un nuevo intento para citar a la ministra y también fracasó. La propuesta logró 31 votos a favor; se necesitaban 36. César Pérez junto a la diputada Alexandra Brenes el día en que presentaron la denuncia ante la Procuraduría General de la Nación. Cortesía El drama de los niños en un albergue olvidado en Tocumen Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Eliana Morales Gil [email protected] PROTECCIÓN LA NIÑEZ Pérez fue uno de los que acompañó a la diputada de la coalición Vamos, Alexandra Brenes, hasta el Ministerio Público para presentar una denuncia penal por lo ocurrido en el CAI de Tocumen. Fue testigo de una cadena de horrores que, según dice, todavía lo persiguen. César Pérez, exdirector del Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, asegura que su destitución no fue casual ni administrativa, sino la consecuencia directa de haber advertido a sus superiores sobre irregularidades graves en la atención de niños, niñas y adolescentes bajo custodia del Estado. Hoy ya no es funcionario: fue separado del cargo por “falta de confianza”, después de insistir durante meses en que algo no estaba bien. Pérez fue uno de los que acompañó a la diputada de la coalición Vamos, Alexandra Brenes, hasta el Ministerio Público para presentar una denuncia penal por esos hechos. Llegó con papeles, correos, memorandos y un relato que, según él, había intentado que se escuchara primero puertas adentro. “Todo está sustentado”, repite. Desde su llegada al CAI, asegura, comenzó a escribir. Correos, notas, memorandos. Alertas formales. “Mi labor nunca fue atacar a la directora de Senniaf, Ana Melinda Fábrega Guardia, todo lo contrario. Yo quería que fuera la mejor administración, porque si es la mejor administración, los niños van a estar mejor”, afirmó. La primera nota formal, recuerda, salió en enero de 2025, aunque dice que hubo advertencias previas. “Me encontré con muchas irregularidades”, señaló. Una de las más graves fue descubrir que niños con tuberculosis convivían con otros menores y cuidadores sin ningún protocolo de aislamiento. “No me dijeron nada. Yo me pude haber contagiado. Eso es una negligencia total”, sostuvo, todavía con incredulidad en la voz. Luego estaban los otros niños, los que no existían en los papeles. “No tienen cédula, no tienen nombre, son invisibles. Vinieron de la comarca y ahí están. No los puedo matricular en la escuela, están como oyentes”, explicó. Dos años en el albergue sin identidad, sin registro, sin una respuesta clara de por qué seguían allí. Pérez reconoce que, al menos, el Centro de Salud de Tocumen respondía. “Gracias a Dios me los atienden a todos inmediatamente, sin papeles, sin nada”, dijo. Pero enseguida matizó: el problema no era solo médico, era estructural, administrativo, de fondo. Una suma de omisiones que, según él, convertían la excepción en rutina. Hubo otros episodios que marcaron su gestión. Uno de ellos fue el despido de una técnica de enfermería por un error en la dosificación de medicamentos a pacientes psiquiátricos. “Era nueva, tenía un mes nada más. La despidieron, pero entonces me mandan una nota diciendo que quien iba a suministrar los medicamentos era un cuidador”, relató. Ahí, dice, se plantó. “Medicamentos controlados para pacientes psiquiátricos: un miligramo de más o de menos es un riesgo. Yo dije; no”, contó. La respuesta, asegura, fue el señalamiento interno. “Me decían que yo era un traidor, que tenía que hacer lo que ella decía porque los 15 y los 30 ella me paga”, afirmó, al describir el clima de presión que, según él, se instaló en el centro. Las deficiencias también estaban en lo visible: en los espacios, en las paredes, en el patio. “No hay área de juego. Hay un surrasurra oxidado donde los niños se pueden cortar”, enumeró. Y volvió al tema de la salud: “Pedí un área de cuarentena no solo para el niño con tuberculosis, sino para los que llegaban con sífilis o gonorrea, para que no contagiaran al resto”. Todas esas advertencias, asegura, no se quedaron en su escritorio. Fueron elevadas a la directora general, a la directora de protección y al subdirector. “¿Cómo la va a ignorar, si yo le mandaba correos, memos y notas? Y de vuelta lo que recibía eran insultos, ofensas y gritos”, relató, describiendo una cadena de respuestas que no incluía soluciones. Cuando se le pregunta si informó a la ministra de Desarrollo Social, responde con una frase seca: “No puedo pasar por mi superior. Yo cumplí con informar a quienes correspondía”. La jerarquía, dice, también fue un muro. Su salida llegó después de unas vacaciones forzadas entre noviembre, diciembre y enero. “Regresé el 28 y me dijeron que no podía entrar al CAI. Fui a Recursos Humanos y ahí me presentaron la destitución”, contó. Presentó un recurso de reconsideración. La respuesta fue breve. “Me dijeron: falta de confianza”. Pérez visualiza otro motivo detrás de la decisión. “Yo estaba poniendo el dedo en la llaga”, afirmó. Para sostenerlo, mencionó casos similares en La Chorrera y Chiriquí, donde coordinadoras regionales que también denunciaron irregularidades terminaron despedidas. Confirmó que colaboró con la diputada Brenes en la denuncia penal. “Yo le di toda la información que tenía, porque todo está sustentado en notas, correos y memos. La idea es que cambie el panorama de los niños y niñas del CAI de Tocumen”, explicó. Cuando se le pide definir lo que se vivía dentro del centro, lo resumen con la palabra “horrible”. Dice que muchas de las prácticas continuaron incluso después de sus advertencias y que quien lo sustituyó ejecutaba órdenes que él se negaba a cumplir. “Yo decía: esta orden no la puedo cumplir porque va contra los derechos y la integridad de los niños”. El tramo más oscuro de su relato aparece cuando habla de la convivencia entre menores y adultos con padecimientos psiquiátricos. “Cuando yo salí había 52 albergados, de esos 12 eran adultos. Estos adultos conviven con los niños y algunos se masturban delante de ellos. Todo eso está por escrito”, denunció, sin rodeos. Sobre ese punto fue aún más enfático: “Se violaron muchos derechos, muchos derechos. Estos adultos se masturban delante del resto de la población, delante de los niños”. Insistió en que no se trata de rumores ni exageraciones. “Todo eso está por escrito”, repitió. Según explicó, esos adultos llegaron al centro cuando eran niños y permanecieron allí al crecer. “Un paciente psiquiátrico no tiene los controles. Ve a otro y quiere tocarlo, quiere violarlo”, advirtió, al describir un sistema con tres “casitas” y un solo cuidador para hasta 16 personas durante la noche. Se intentó obtener la versión de la directora de la Senniaf, pero se informó que no daría declaraciones al respecto. El diputado Camacho, de RM, cabildeó los votos en contra. Archivo Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama
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