4A La Prensa Panamá, miércoles 11 de febrero de 2026 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] PASOS. La Comisión de Credenciales de la Asamblea acordó modificar el quórum del pleno legislativo. También que se transmitan las sesiones y se divulgue la agenda de discusión de todas las comisiones de trabajo. Bien por la transparencia, aunque todavía falta introducir cambios en otros temas. FUERA. La defensa de Ricardo Martinelli solicitó la comparecencia de Fernando Carreiro como testigo en el juicio de Odebrecht, pero ayer comunicó que había cambiado de opinión. Carreiro fue sobreseído provisionalmente por la juez Marquínez y es hijo de la acusada Aurora Muradás. Lástima que ya no declarará. Su testimonio habría ilustrado uno de los primeros casos documentados en los que se hicieron arreglos para que un contratista del Estado pagara los caprichos de una de las amigas del presidente de la República y, de paso, de su hijo. RESPALDO. Janine Prado, Roberto Zúñiga y Luis Duke participaron en la presentación del índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, en el que Panamá no mostró ninguna mejora y registró una de sus calificaciones más bajas. La lectura de este informe debería ser materia obligatoria para todos los diputados y gobernantes. ¿AUTO CRÍTICA? El presidente Mulino advirtió que en Panamá hay una especie de “puerta giratoria” que permite que los delincuentes recuperen su libertad poco después de ser detenidos. Habrá jueces que dicten decisiones que favorezcan a los convictos, pero quien ha firmado intencionalmente un documento para rebajar penas y ordenar excarcelaciones es el Presidente. Debería empezar por dar el ejemplo. ¿O es que hay delincuentes que sí es conveniente liberar y otros no? CASUALIDAD. Bastó con que liberaran a Genaro y, tres días después, los del Suntracs estaban ondeando banderas, cerrando calles y paralizando obras. Es muy difícil pretender que esto sea una coincidencia. FANTASMA. Según el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, el Suntracs “no existe”. En teoría, no le falta razón: el La diputada de Vamos, Alexandra Brenes, volvió a referirse al tema ayer en el pleno de la Asamblea. Recordó el deber de los diputados de fiscalizar y anunció que citarán a la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, al pleno. Captura de pantalla Diputada Brenes amplía denuncia y aporta pruebas nuevas Eliana Morales Gil [email protected] CAI DE TOCUMEN Brenes entregó a la Procuraduría General de la Nación fotografías, videos y documentación adicional que respaldan la denuncia penal presentada el viernes pasado por irregularidades en el Centro de Atención Integral de Tocumen. La diputada Alexandra Brenes, presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, amplió ante el Ministerio Público la denuncia por irregularidades detectadas en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, que es administrado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf). Brenes acudió la tarde de ayer a la Procuraduría General de la Nación, donde entregó fotografías, videos y documentación adicional que respaldan la denuncia penal presentada el viernes pasado. La acción legal original señala directamente a la directora nacional de la Senniaf, Ana Melinda Fábrega Guardia, así como a otros funcionarios vinculados a la administración y supervisión del albergue. El escrito se sustenta en una visita de inspección realizada el 5 de febrero de 2026 por la diputada y personal técnico de la comisión legislativa al CAI de Tocumen. Según la denuncia, los hallazgos evidencian condiciones de riesgo, deficiencias estructurales y fallas en la atención integral, situaciones que, de acuerdo con Brenes, no surgieron de manera repentina, sino que responden a problemas arrastrados en el tiempo. Entre los elementos incorporados figura un informe técnico de una trabajadora social de la Asamblea, que documenta la convivencia de menores de edad con adultos, varios de ellos con discapacidades severas, así como baños inhabilitados, dormitorios en mal estado, falta de insumos básicos y ausencia de planes individualizados de atención, pese a la diversidad de condiciones médicas y psicológicas de los residentes. La denuncia también incorpora relatos de funcionarios y exresidentes del centro. En uno de los apartados, Brenes solicita que el Ministerio Público recabe el testimonio de una joven que residió en el CAI y que, según el documento, narró vejaciones y malos tratos sufridos durante su estadía, así como situaciones que afectarían a menores que aún permanecen en el albergue. Además, el expediente incluye comunicaciones internas y correos electrónicos atribuidos a un psicólogo de la institución, en los que se advierte sobre presuntos abusos sexuales, maltrato físico y psicológico, contagios de enfermedades, autolesiones y falta de separación entre poblaciones vulnerables, sin que, según la denuncia, se adoptaran medidas correctivas oportunas. En el plano legal, Brenes pidió que se investiguen posibles delitos tipificados en el Código Penal, entre ellos los relacionados con maltrato a menores, omisión de deberes de servidores públicos y delitos contra la integridad sexual, y solicitó como medida especial la separación del cargo de la directora de la Senniaf para preservar las evidencias durante el proceso investigativo. Los huéspedes En el CAI de Tocumen residen actualmente 35 personas bajo la jurisdicción de la Senniaf, entre ellas un bebé de tres meses de edad. Del total, 26 son del sexo masculino y nueve del sexo femenino. De acuerdo con información oficial, 23 son menores de edad y 12 son adultos. De las 35 personas alojadas en el centro, 21 presentan algún tipo de discapacidad. Entre los diagnósticos reportados figuran discapacidad mental en grados moderado y severo, autismo, esquizofrenia, parálisis cerebral, hidrocefalia y síndrome de Down. La diputada Brenes volvió a referirse al tema ayer en el pleno de la Asamblea Nacional. Recordó el deber de los diputados de fiscalizar y anunció que citarán a la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, al pleno de la Asamblea. ‘Muchos recursos’ En el documento, se recoge una afirmación atribuida a la directora de la Senniaf, Ana Fábrega, en la que indica que el presupuesto destinado al funcionamiento de los CAI asciende $160,000, monto que, según se consigna, resulta insuficiente para cubrir personal técnico, alimentación y operación de los centros de acogida estatales. El tema figura en el apartado de hallazgos y recomendaciones del documento y se utiliza como sustento para solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas y al Ministerio de Desarrollo Social una revisión de la asignación presupuestaria otorgada a la Senniaf, ante las limitaciones señaladas para garantizar la adecuada operación de los centros. No obstante, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aclaró que la Senniaf cuenta con fondos suficientes para esos propósitos. Dijo que había revisado el presupuesto y tienen “muchos recursos”. Despidos en la Senniaf El pasado lunes, la junta directiva de la Senniaf adoptó un paquete de medidas inmediatas tras celebrar una reunión extraordinaria, motivada por la denuncia de Brenes. Se ordenó una inspección técnica inmediata en el CAI de Tocumen para corroborar la situación real del albergue, identificar hallazgos y determinar las medidas correctivas que correspondan, de acuerdo con los protocolos de protección establecidos. Esta diligencia se efectuó el pasado lunes. Además, se aprobó comenzar procesos de interdicción para la población adulta con discapacidad que permanece en el sistema de protección sin una alternativa familiar. Esta medida implica la transferencia de estas personas a otras instituciones, con el objetivo de garantizar una ruta legal y asistencial adecuada, bajo un enfoque de derechos y de protección integral. La Prensa también conoció que luego la directora de la entidad despidió a por lo menos 17 personas vinculadas a la supervisión de los albergues. Aleida Samaniego C. [email protected] Secuestro a grupos ambientalistas reabre debate sobre acoso judicial ACTIVISMO AMBIENTAL El secuestro de cuentas bancarias y bienes a las organizaciones Centro de Incidencia Ambiental (Ciam) y Adopta Bosque Panamá motivó el envío de una carta formal al defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González, en la que decenas de organizaciones y personas defensoras de derechos humanos advierten sobre una creciente tendencia de acoso judicial contra el activismo ambiental en el país. La misiva surge tras las medidas ordenadas por el Juzgado Quinto Liquidador Civil, en el marco de una demanda presentada por la empresa Ocean Pacific Financial Service Corp. Para los firmantes, estas acciones no constituyen un trámite procesal ordinario, sino una forma de hostigamiento judicial que amenaza la sostenibilidad del trabajo ambiental y comunitario que desarrollan ambas organizaciones. Según el documento, el secuestro de bienes tiene un impacto inmediato en la operatividad de CIAM y Adopta Bosque, al impedir el pago de salarios, la ejecución de proyectos y la cobertura de gastos básicos. Sostienen que estas medidas buscan asfixiar económicamente su labor de incidencia y enviar un mensaje disuasivo a otras organizaciones. “El secuestro de cuentas no se percibe como una medida neutral, sino como un mecanismo para silenciar voces críticas”, advierte la carta, que alerta sobre el efecto paralizante que este tipo de procesos puede generar en el movimiento ambiental y de derechos humanos. El documento indica que el caso no es aislado y recuerda antecedentes de demandas millonarias, secuestros civiles, denuncias penales y detenciones contra personas defensoras y comunidades que se han opuesto a proyectos extractivos o de alto impacto ambiental, lo que, según los firmantes, evidencia un patrón de criminalización del activismo. A partir de este caso, las organizaciones reclaman que la Defensoría del Pueblo retome un anteproyecto de ley y protocolos de protección integral para defensores de derechos humanos, en cumplimiento de compromisos vigentes del Acuerdo de Escazú. Además, la reactivación de una mesa interinstitucional, con participación del Órgano Judicial, el Ministerio Público y la Asamblea Nacional, así como la elaboración de un diagnóstico nacional actualizado que permita identificar los riesgos que enfrentan defensores y líderes comunitarios en todo el país. movimiento no tiene convención colectiva, no recauda cuotas sindicales, su sitio en internet está suspendido y el paradero de algunos dirigentes es incierto… Pero aún así, cierran obras y fastidian a los demás. Son como un resfriado mal cuidado, que hay que aguantar y esperar a que pase. BIENVENIDA. Regresó de Dubái el presidente de la Asamblea, Jorge Herrera. Estuvo fuera por casi 10 días. No sería mala idea que estos viajes coincidieran con los recesos o feriados largos, como los carnavales.
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