1A La Prensa Panamá, miércoles 11 de febrero de 2026 El medio libre de Panamá 75¢ Miércoles 11 de febrero de 2026 - Año 45 - Nº 15289 Hoy por hoy El Índice de Percepción de la Corrupción 2025 confirma un hecho difícil de maquillar: Panamá repite 33 puntos por segundo año consecutivo, su peor registro histórico y nueve puntos por debajo del promedio regional de 42. En una escala de 0 a 100, ese resultado no es aceptable ni transitorio; refleja un estancamiento profundo en la lucha contra la corrupción. La advertencia no proviene solo de Transparencia Internacional. Durante su reciente visita a Panamá, el economista y premio Nobel Philippe Aghion fue explícito al señalar que la corrupción y la burocracia excesiva frenan la innovación, la productividad y el crecimiento económico. Sin instituciones íntegras, dijo, no hay desarrollo sostenible. El vínculo entre corrupción y bajo desempeño económico es directo y medible. En Panamá, el problema ya no es la falta de diagnósticos ni de propuestas. Existen proyectos anticorrupción engavetados y debilidades conocidas en transparencia, control y rendición de cuentas. Sin embargo, más que corregir, el Gobierno ha tendido a minimizar u obstaculizar iniciativas que incomodan al poder político. Esa inacción termina validando la impunidad. Repetir el peor puntaje no es una casualidad: es el costo de no actuar. Y cuando la corrupción se normaliza, lo que se deteriora no es solo un índice, sino la democracia misma. Serena Williams ya puede volver al tenis 8A Deportes Diputada Brenes amplía denuncia por irregularidades en el CAI de Tocumen La diputada Alexandra Brenes pidió ante la Procuraduría General de la Nación investigar y separar a la directora de la Senniaf, Ana Fábrega, quien también se presentó al Ministerio Público, pero no dio declaraciones a los medios. VEA 4A El presidente del BID, Ilan Goldfajn, y el mandatario José Raúl Mulino. EFE Yasser Yánez [email protected] El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, destacó a Panamá como aliado clave para fortalecer los vínculos regionales, durante un encuentro en el país con gobernadores y ministros de Economía. Además, el BID prevé para Panamá un crecimiento sostenido cercano al 4% anual en los próximos años, según sus proyecciones oficiales. VEA 1B ENCUENTRO Goldfajn: Panamá es un aliado clave para fortalecer los vínculos entre regiones La juez Baloisa Marquínez suspendió el juicio de Odebrecht hasta el viernes 13 de febrero, a fin de lograr la comparecencia de la comisionada de la Policía Nacional Damaris Rodríguez, autora de un informe sobre presunto blanqueo de capitales incluido en el expediente. El tribunal emitió una nueva citación y declaró receso en la recta final del proceso, previo al inicio de los alegatos. VEA 6A JUSTICIA El juicio Odebrecht se suspende hasta el viernes 36 36 35 33 33 Índice de Percepción de la Corrupción Infografía: LP - Fuente: Transparencia Internacional Puntaje de Panamá 2025 2024 2023 2022 2021 El país fracasa en la lucha contra la corrupción Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] El Índice de Percepción de la Corrupción 2025 confirma el estancamiento de Panamá. El país repite 33 puntos por segundo año consecutivo, su peor registro desde que ingresó al índice en 2012. El resultado lo sitúa nueINDICE Con 33 puntos por segundo año seguido, muy lejos del promedio regional de 42, Panamá confirma un estancamiento y un desempeño anticorrupción insuficiente. Frenan traslado de Mi Bus a favor de hijo de Balbina Herrera Eliana Morales Gil [email protected] La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional rechazó ayer un traslado de partida solicitado por Mi Bus para saldar una deuda de $369,150 con Global Business Development Company Corp., empresa propiedad de Virgilio Herrera Periñán, hijo de Balbina Herrera, secretaria general del Partido Revolucionario Democrático. Carlos Sánchez Fábrega, gerente de Mi Bus, explicó que el contrato de servicios de vigilancia se inició en 2019 y concluyó en febrero de 2025, y que obligaciones previas deben saldarse para cerrar el proceso. Diputados de Vamos cuestionaron posibles conflictos de interés, mientras otros defendieron el derecho a licitar con el Estado. Finalmente, ninguna de las solicitudes de traslado -por un monto de 4.9 millones de dólares- fue aprobada por la comisión. VEA 5A FONDOS PÚBLICOS Minsa subirá el puntaje mínimo para ejercer la Medicina El Ministerio de Salud (Minsa) anunció que elevará de forma progresiva el puntaje mínimo del examen de certificación médica, con el objetivo de mejorar la calidad profesional y responder a las limitaciones del sistema de salud. VEA 3A FORMACIÓN ve puntos por debajo del promedio regional de las Américas, que es 42. Desde 2012, Panamá apenas ha oscilado entre tres y cuatro puntos, con un breve pico alrededor de 2014 y una caída sostenida en los últimos años. En contraste, Uruguay y Costa Rica destacan con promedios de 70 y 50 puntos respectivamente. VEA 2A Ellas. pa Internet seguro: proteger sin prohibir y educar 4B
2A La Prensa Panamá, miércoles 11 de febrero de 2026 Este año obtuvimos 33 sobre 100, lo que nos pone por debajo de la media de las Américas, que es 42 sobre 100. Elysée Fernández Panamá repite su peor nota en transparencia Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] INFORME ANUAL Lina Vega, presidenta de la junta directiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, subrayó que la corrupción no solo se expresa en la malversación de fondos o en el enriquecimiento ilícito, sino también en el deterioro de los servicios públicos. El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, presentado por Transparencia Internacional, volvió a encender las alarmas en Panamá. El país obtuvo 33 puntos sobre 100 y se ubicó en la posición 116 entre 182 países y territorios evaluados, al repetir la misma calificación del año anterior y marcar el peor registro histórico desde que Panamá ingresó a esta medición, en 2012. Durante la presentación del informe, Lina Vega, presidenta de la junta directiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, advirtió que el problema va más allá de los números. “El deterioro del sentir de la gente frente a la corrupción, la sensación de desilusión y de molestia con la democracia, tiene que ver con la falta de resultados y con la falta de servicios públicos eficientes, para que la gente sienta que puede tener una vida digna en un sistema democrático”, sostuvo. Vega subrayó que la corrupción no solo se expresa en la malversación de fondos o en el enriquecimiento ilícito, sino también en el deterioro de los servicios públicos, un fenómeno que, a su juicio, ha provocado “una desafectación de las personas con el sistema democrático” y ha alimentado el apoyo a liderazgos populistas y autoritarios en distintas regiones del mundo. “Es una situación muy peligrosa para el sostenimiento del sistema democrático, que, con todos los males que pueda tener, es el mejor sistema para promover el desarrollo humano sostenible”, añadió la dirigente. El análisis Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, explicó que el resultado de Panamá no es alentador. “Este año obtuvimos 33 sobre 100, lo que nos pone por debajo de la media de las Américas, que es 42 sobre 100, e indica que Panamá tiene un gran trabajo por hacer en temas de Justicia, separación de poderes, instituciones de control y manejo de los recursos públicos”, afirmó. De Obaldía recordó que el IPC no se basa en encuestas de opinión ciudadana, sino en una metodología que agrega 13 fuentes internacionales de alta credibilidad, entre ellas el World Justice Project, el World Economic Forum y la unidad de inteligencia de The Economist. Panamá es evaluado con siete de esas fuentes, el mínimo requerido para entrar en la medición. “La calificación histórica más baja que hemos tenido es 33, y la estamos repitiendo por segundo año consecutivo. Esto es una señal de estancamiento en la lucha contra la corrupción”, advirtió. Según explicó, desde 2012 el país apenas ha oscilado entre tres y cuatro puntos, con un pico alrededor de 2014 y una caída pronunciada en los últimos años. El informe también muestra un panorama regional poco alentador. En las Américas, el promedio es de 42 puntos, mientras que Europa Occidental sigue siendo la región con mejores niveles de transparencia. En el extremo opuesto se ubica el África subsahariana, con un promedio de 32. A nivel global, 50 países empeoraron y solo 31 mostraron mejoras. En la región, los países mejor calificados son Canadá, Uruguay y Barbados, mientras que los peores puntajes corresponden a Haití, Nicaragua y Venezuela. Panamá aparece en un grupo intermedio bajo, con una puntuación similar a la de países como Ecuador y El Salvador, lo que refuerza la preocupación por el retroceso institucional. De Obaldía detalló que el índice mide prácticas como sobornos, malversación, enriquecimiento injustificado, nepotismo, captura del Estado por intereses privados, acceso a la información pública y la existencia de mecanismos de rendición de cuentas. “No quiere decir que Panamá tenga una mala calificación en cada uno de estos elementos, pero el resultado agregado muestra un problema estructural”, puntualizó. Puntos débiles Entre los puntos débiles, mencionó la falta de una ley robusta de protección a denunciantes, las limitaciones en la transparencia de las declaraciones patrimoniales y los persistentes casos de nepotismo. “En la cultura panameña no siempre se ve esa conexión familiar con los cargos públicos como un problema de uso de fondos del Estado, y ahí hay un tema pendiente de fiscalización”, señaló. Para De Obaldía, la raíz del problema es política. “Administración tras administración no ha habido la voluntad política para hacer cambios sustanciales. Apostamos más al clientelismo que a la profesionalización del servicio público, y eso se refleja en estas cifras”, remarcó. Visión gubernamental Desde la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), su directora, Sheyla Castillo, reconoció el estancamiento, pero defendió el trabajo de la institución. “Lo que no se mide, no se mejora. Vamos a analizar la información con cuidado. Siento que hay mejoras en temas de acceso a la información, nepotismo y conflicto de intereses”, dijo. Castillo detalló que la entidad tramita decenas de expedientes por nepotismo y que este año se recibieron cerca de 19,600 declaraciones juradas de intereses de funcionarios públicos. “El 100% de los directores de instituciones del Estado presentó su declaración, y los altos mandos también cumplieron”, aseguró. Sin embargo, admitió que uno de los grandes debates pendientes es la publicación de esas declaraciones. “Eso le corresponde decidirlo a la Asamblea Nacional. Si ellos establecen que deben ser públicas, nosotros buscaremos los recursos para cumplir la ley”, sostuvo. En el plano legislativo, la diputada Janine Prado, de la coalición Vamos, advirtió que el informe debe ser una “bandera roja” para el país. “Es el segundo año consecutivo con 33 puntos. Nos pone al lado de países que distan mucho de la realidad que queremos. Tenemos que pasar del discurso a la acción”, afirmó. Prado recordó que en la Asamblea hay al menos 15 proyectos anticorrupción presentados por la bancada independiente que siguen engavetados, entre ellos una iniciativa para transparentar los beneficiarios finales de las empresas que contratan con el Estado y un proyecto de ley contra las llamadas “botellas”. A su juicio, la falta de avances no es solo responsabilidad del Legislativo. “Se requiere la voluntad de los tres órganos del Estado. Hemos visto fallos de la Corte Suprema de Justicia que limitan la transparencia y también señales desde el Ejecutivo de que no hacen falta más leyes, pero los números demuestran lo contrario”, dijo. El IPC 2025 deja así un mensaje claro: Panamá no solo enfrenta un problema de percepción, sino un estancamiento real en sus estructuras de control y rendición de cuentas. Como advirtió Lina Vega, cuando la corrupción se normaliza y los servicios públicos se deterioran, “las personas pagan el precio”, y con ellas, también la salud de la democracia. Debate fallido La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional rechazó en octubre de 2025 los proyectos de ley 291 y 292, presentados por el procurador general de la Nación, Luis Carlos Manuel Gómez Rudy, con la promesa de modernizar la lucha contra la corrupción en Panamá. La iniciativa 291, orientada a adoptar una Ley General Anticorrupción, y la 292, que proponía modificaciones al Código Penal para endurecer sanciones a delitos contra la administración pública, no obtuvieron los votos necesarios para pasar al segundo debate, al recibir cinco votos en contra frente a cuatro a favor en la comisión legislativa. Diputados oficialistas liderados por Luis Eduardo Camacho, quien preside la comisión, junto al Partido Revolucionario Democrático y Cambio Democrático, argumentaron que los proyectos no estaban listos o no eran pertinentes, mientras sectores opositores aseguraron que se trataba de una oportunidad perdida para fortalecer el marco legal contra la corrupción. En una operación realizada la mañana de ayer, la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Nacional aprehendieron a tres exfuncionarios de la Junta Comunal de Amelia Denis de Icaza, en el distrito de San Miguelito, por un presunto caso de peculado relacionado con $5 millones asignados por la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) para obras sociales. Los allanamientos se practicaron en distintos puntos del distrito de San Miguelito, luego de que la Fiscalía Anticorrupción recibiera un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, el cual arrojó una presunta lesión patrimonial por la suma de $5 millones 585 mil en el manejo de los fondos entregados por la AND. La investigación de la fiscalía también se dirige a una serie de empresas a las que se les asignaron obras con fondos de la descentralización, y que presuntamente no cumplieron con los contratos establecidos. Aprehenden a exfuncionarios de la Junta Comunal de Amelia Denis de Icaza INVESTIGACIÓN Hasta el momento, la fiscalía ha logrado la imputación de cargos contra 13 exrepresentantes de corregimiento y 11 extesoreros, por la presunta comisión del delito de peculado mediante el manejo de fondos de la descentralización. La fiscalía informó que en noviembre de 2025 entregó una lista con los nombres de 70 exrepresentantes, extesoreros, representantes y alcaldes que debían ser ubicados, relacionados con el presunto manejo irregular de los fondos de la descentralización. Juan Manuel Díaz [email protected] Los allanamientos se practicaron en distintos puntos del distrito de San Miguelito. Cortesía Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Panamá tiene un gran trabajo por hacer en temas de Justicia, separación de poderes, instituciones de control y manejo de los recursos públicos”. Olga de Obaldía, directora ejecutiva de FDLC, capítulo panameño de TI
3A La Prensa Panamá, miércoles 11 de febrero de 2026 Panorama Durante la graduación, la doctora Marianne Mathieu Pitty, primer puesto de honor de la promoción, cuestionó el actual puntaje mínimo de aprobación, establecido en 45%. Cortesía Minsa elevará año a año puntaje mínimo de certificación médica Aleida Samaniego C. [email protected] FORMACIÓN MÉDICA El Minsa anunció que aumentará de forma progresiva el puntaje mínimo para aprobar la Certificación Básica en Medicina, en medio de alertas por el bajo nivel de preparación de médicos recién graduados y la sobreoferta de egresados. La Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá graduó el lunes nuevos médicos, en una ceremonia que contó con la participación del ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo. Durante el acto, Boyd Galindo anunció que el puntaje mínimo para aprobar el examen de Certificación Básica en Medicina se incrementará de manera progresiva cada año, como parte de una estrategia para elevar los estándares de formación del país. El titular del Ministerio de Salud (Minsa) explicó que ya existe una ponencia estructurada que respalda este aumento gradual, el cual se aplicará de forma paulatina para garantizar la adaptación de estudiantes y universidades. Sin embargo, Boyd Galindo reconoció que, a título personal, hubiera preferido implementar el cambio de forma inmediata. El anuncio se produjo tras las preocupaciones expresadas por la doctora Marianne Mathieu Pitty, primer puesto de honor de la promoción, quien cuestionó el actual puntaje mínimo de aprobación, establecido en 45%. “Este no debe ser considerado un estándar adecuado para los profesionales que, en un futuro, asumirán la responsabilidad de cuidar a la población. Corresponde al gobierno garantizar estándares formativos más altos”, afirmó Mathieu durante la ceremonia. La decisión reaviva el debate sobre los criterios de evaluación y la calidad de la formación médica en Panamá. Según Boyd Galindo, el sistema de salud enfrenta desafíos importantes relacionados con la capacitación y la disponibilidad de personal idóneo, lo que hace imperativo revisar los estándares de certificación. En una entrevista en enero pasado con La Prensa, Boyd Galindo aseguró haber recibido numerosas quejas de docentes y directores de hospitales sobre el bajo nivel de preparación de los médicos recién graduados. “Me han dicho que lo que están recibiendo es preocupante. Un médico mal preparado no es como un profesional de otra carrera. Un error aquí puede costar una vida”, advirtió el ministro. Aumento progresivo del puntaje mínimo Como parte de las medidas correctivas, el Minsa elevó recientemente el puntaje mínimo para aprobar el examen de Certificación Básica en Medicina —requisito obligatorio para ingresar al internado— de 41 a 45 puntos, y se prevé que, en los próximos años, aumente progresivamente hasta alcanzar 70. Los resultados obtenidos por estudiantes de universidades privadas en esta prueba fueron uno de los detonantes que impulsaron el debate sobre la regulación del ingreso a la carrera médica. Boyd Galindo subrayó que la intención no es señalar a ninguna institución en particular, sino estandarizar la formación de médicos y controlar el crecimiento sin planificación, en un contexto en el que la cantidad de egresados supera la capacidad del sistema de salud para ofrecer plazas de internado. Actualmente, tanto el Minsa como la Caja de Seguro Social enfrentan limitaciones para absorber a todos los médicos recién graduados, una situación que genera tensiones y retrasos en la formación práctica necesaria para obtener la idoneidad profesional. La medida forma parte de un esfuerzo más amplio del Minsa por garantizar que los futuros médicos del país estén adecuadamente preparados, respondiendo a las necesidades reales del sistema de salud y reforzando la seguridad de los pacientes. La implementación progresiva del aumento de puntaje será clave para equilibrar la exigencia académica con la disponibilidad de recursos y plazas de internado. Postura de universidades privadas En octubre de 2025, cuando el tema fue abordado por primera vez por el viceministro de Salud, Manuel Zambrano, la Asociación de Universidades Particulares de Panamá (AUPP) emitió un comunicado de prensa en el que rechazó de manera enfática la posibilidad de regular el ingreso de estudiantes a las facultades de Medicina, tras los recientes planteamientos del Minsa. Según la AUPP, limitar el acceso a la formación médica no resolverá los problemas del sistema de salud y podría incluso agravarlos, al afectar a las provincias y comarcas con menor cobertura de servicios médicos. La asociación reconoce la preocupación del Minsa por la limitada capacidad del Estado para absorber a todos los egresados en las plazas de internado, requisito indispensable para obtener la idoneidad médica y ejercer profesionalmente. Sin embargo, la AUPP asegura que esta dificultad refleja un problema estructural en la planificación y el financiamiento del sistema público de salud, y no una sobreoferta de médicos.
4A La Prensa Panamá, miércoles 11 de febrero de 2026 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] PASOS. La Comisión de Credenciales de la Asamblea acordó modificar el quórum del pleno legislativo. También que se transmitan las sesiones y se divulgue la agenda de discusión de todas las comisiones de trabajo. Bien por la transparencia, aunque todavía falta introducir cambios en otros temas. FUERA. La defensa de Ricardo Martinelli solicitó la comparecencia de Fernando Carreiro como testigo en el juicio de Odebrecht, pero ayer comunicó que había cambiado de opinión. Carreiro fue sobreseído provisionalmente por la juez Marquínez y es hijo de la acusada Aurora Muradás. Lástima que ya no declarará. Su testimonio habría ilustrado uno de los primeros casos documentados en los que se hicieron arreglos para que un contratista del Estado pagara los caprichos de una de las amigas del presidente de la República y, de paso, de su hijo. RESPALDO. Janine Prado, Roberto Zúñiga y Luis Duke participaron en la presentación del índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, en el que Panamá no mostró ninguna mejora y registró una de sus calificaciones más bajas. La lectura de este informe debería ser materia obligatoria para todos los diputados y gobernantes. ¿AUTO CRÍTICA? El presidente Mulino advirtió que en Panamá hay una especie de “puerta giratoria” que permite que los delincuentes recuperen su libertad poco después de ser detenidos. Habrá jueces que dicten decisiones que favorezcan a los convictos, pero quien ha firmado intencionalmente un documento para rebajar penas y ordenar excarcelaciones es el Presidente. Debería empezar por dar el ejemplo. ¿O es que hay delincuentes que sí es conveniente liberar y otros no? CASUALIDAD. Bastó con que liberaran a Genaro y, tres días después, los del Suntracs estaban ondeando banderas, cerrando calles y paralizando obras. Es muy difícil pretender que esto sea una coincidencia. FANTASMA. Según el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, el Suntracs “no existe”. En teoría, no le falta razón: el La diputada de Vamos, Alexandra Brenes, volvió a referirse al tema ayer en el pleno de la Asamblea. Recordó el deber de los diputados de fiscalizar y anunció que citarán a la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, al pleno. Captura de pantalla Diputada Brenes amplía denuncia y aporta pruebas nuevas Eliana Morales Gil [email protected] CAI DE TOCUMEN Brenes entregó a la Procuraduría General de la Nación fotografías, videos y documentación adicional que respaldan la denuncia penal presentada el viernes pasado por irregularidades en el Centro de Atención Integral de Tocumen. La diputada Alexandra Brenes, presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, amplió ante el Ministerio Público la denuncia por irregularidades detectadas en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, que es administrado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf). Brenes acudió la tarde de ayer a la Procuraduría General de la Nación, donde entregó fotografías, videos y documentación adicional que respaldan la denuncia penal presentada el viernes pasado. La acción legal original señala directamente a la directora nacional de la Senniaf, Ana Melinda Fábrega Guardia, así como a otros funcionarios vinculados a la administración y supervisión del albergue. El escrito se sustenta en una visita de inspección realizada el 5 de febrero de 2026 por la diputada y personal técnico de la comisión legislativa al CAI de Tocumen. Según la denuncia, los hallazgos evidencian condiciones de riesgo, deficiencias estructurales y fallas en la atención integral, situaciones que, de acuerdo con Brenes, no surgieron de manera repentina, sino que responden a problemas arrastrados en el tiempo. Entre los elementos incorporados figura un informe técnico de una trabajadora social de la Asamblea, que documenta la convivencia de menores de edad con adultos, varios de ellos con discapacidades severas, así como baños inhabilitados, dormitorios en mal estado, falta de insumos básicos y ausencia de planes individualizados de atención, pese a la diversidad de condiciones médicas y psicológicas de los residentes. La denuncia también incorpora relatos de funcionarios y exresidentes del centro. En uno de los apartados, Brenes solicita que el Ministerio Público recabe el testimonio de una joven que residió en el CAI y que, según el documento, narró vejaciones y malos tratos sufridos durante su estadía, así como situaciones que afectarían a menores que aún permanecen en el albergue. Además, el expediente incluye comunicaciones internas y correos electrónicos atribuidos a un psicólogo de la institución, en los que se advierte sobre presuntos abusos sexuales, maltrato físico y psicológico, contagios de enfermedades, autolesiones y falta de separación entre poblaciones vulnerables, sin que, según la denuncia, se adoptaran medidas correctivas oportunas. En el plano legal, Brenes pidió que se investiguen posibles delitos tipificados en el Código Penal, entre ellos los relacionados con maltrato a menores, omisión de deberes de servidores públicos y delitos contra la integridad sexual, y solicitó como medida especial la separación del cargo de la directora de la Senniaf para preservar las evidencias durante el proceso investigativo. Los huéspedes En el CAI de Tocumen residen actualmente 35 personas bajo la jurisdicción de la Senniaf, entre ellas un bebé de tres meses de edad. Del total, 26 son del sexo masculino y nueve del sexo femenino. De acuerdo con información oficial, 23 son menores de edad y 12 son adultos. De las 35 personas alojadas en el centro, 21 presentan algún tipo de discapacidad. Entre los diagnósticos reportados figuran discapacidad mental en grados moderado y severo, autismo, esquizofrenia, parálisis cerebral, hidrocefalia y síndrome de Down. La diputada Brenes volvió a referirse al tema ayer en el pleno de la Asamblea Nacional. Recordó el deber de los diputados de fiscalizar y anunció que citarán a la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, al pleno de la Asamblea. ‘Muchos recursos’ En el documento, se recoge una afirmación atribuida a la directora de la Senniaf, Ana Fábrega, en la que indica que el presupuesto destinado al funcionamiento de los CAI asciende $160,000, monto que, según se consigna, resulta insuficiente para cubrir personal técnico, alimentación y operación de los centros de acogida estatales. El tema figura en el apartado de hallazgos y recomendaciones del documento y se utiliza como sustento para solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas y al Ministerio de Desarrollo Social una revisión de la asignación presupuestaria otorgada a la Senniaf, ante las limitaciones señaladas para garantizar la adecuada operación de los centros. No obstante, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aclaró que la Senniaf cuenta con fondos suficientes para esos propósitos. Dijo que había revisado el presupuesto y tienen “muchos recursos”. Despidos en la Senniaf El pasado lunes, la junta directiva de la Senniaf adoptó un paquete de medidas inmediatas tras celebrar una reunión extraordinaria, motivada por la denuncia de Brenes. Se ordenó una inspección técnica inmediata en el CAI de Tocumen para corroborar la situación real del albergue, identificar hallazgos y determinar las medidas correctivas que correspondan, de acuerdo con los protocolos de protección establecidos. Esta diligencia se efectuó el pasado lunes. Además, se aprobó comenzar procesos de interdicción para la población adulta con discapacidad que permanece en el sistema de protección sin una alternativa familiar. Esta medida implica la transferencia de estas personas a otras instituciones, con el objetivo de garantizar una ruta legal y asistencial adecuada, bajo un enfoque de derechos y de protección integral. La Prensa también conoció que luego la directora de la entidad despidió a por lo menos 17 personas vinculadas a la supervisión de los albergues. Aleida Samaniego C. [email protected] Secuestro a grupos ambientalistas reabre debate sobre acoso judicial ACTIVISMO AMBIENTAL El secuestro de cuentas bancarias y bienes a las organizaciones Centro de Incidencia Ambiental (Ciam) y Adopta Bosque Panamá motivó el envío de una carta formal al defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González, en la que decenas de organizaciones y personas defensoras de derechos humanos advierten sobre una creciente tendencia de acoso judicial contra el activismo ambiental en el país. La misiva surge tras las medidas ordenadas por el Juzgado Quinto Liquidador Civil, en el marco de una demanda presentada por la empresa Ocean Pacific Financial Service Corp. Para los firmantes, estas acciones no constituyen un trámite procesal ordinario, sino una forma de hostigamiento judicial que amenaza la sostenibilidad del trabajo ambiental y comunitario que desarrollan ambas organizaciones. Según el documento, el secuestro de bienes tiene un impacto inmediato en la operatividad de CIAM y Adopta Bosque, al impedir el pago de salarios, la ejecución de proyectos y la cobertura de gastos básicos. Sostienen que estas medidas buscan asfixiar económicamente su labor de incidencia y enviar un mensaje disuasivo a otras organizaciones. “El secuestro de cuentas no se percibe como una medida neutral, sino como un mecanismo para silenciar voces críticas”, advierte la carta, que alerta sobre el efecto paralizante que este tipo de procesos puede generar en el movimiento ambiental y de derechos humanos. El documento indica que el caso no es aislado y recuerda antecedentes de demandas millonarias, secuestros civiles, denuncias penales y detenciones contra personas defensoras y comunidades que se han opuesto a proyectos extractivos o de alto impacto ambiental, lo que, según los firmantes, evidencia un patrón de criminalización del activismo. A partir de este caso, las organizaciones reclaman que la Defensoría del Pueblo retome un anteproyecto de ley y protocolos de protección integral para defensores de derechos humanos, en cumplimiento de compromisos vigentes del Acuerdo de Escazú. Además, la reactivación de una mesa interinstitucional, con participación del Órgano Judicial, el Ministerio Público y la Asamblea Nacional, así como la elaboración de un diagnóstico nacional actualizado que permita identificar los riesgos que enfrentan defensores y líderes comunitarios en todo el país. movimiento no tiene convención colectiva, no recauda cuotas sindicales, su sitio en internet está suspendido y el paradero de algunos dirigentes es incierto… Pero aún así, cierran obras y fastidian a los demás. Son como un resfriado mal cuidado, que hay que aguantar y esperar a que pase. BIENVENIDA. Regresó de Dubái el presidente de la Asamblea, Jorge Herrera. Estuvo fuera por casi 10 días. No sería mala idea que estos viajes coincidieran con los recesos o feriados largos, como los carnavales.
5A La Prensa Panamá, miércoles 11 de febrero de 2026 Panorama Carlos Sánchez, gerente de MiBus, dijo que la empresa deberá replantear su estrategia y posiblemente regresar a la comisión en los próximos meses para solicitar más fondos. Archivo Diputados frenan ajustes presupuestarios para MiBus Yaritza Mojica [email protected] ASAMBLEA NACIONAL Los tres traslados de partida solicitados fueron rechazados. El objetivo de las tres solicitudes era cubrir compromisos pendientes de 2025 relacionados con pólizas de seguro, videovigilancia, repuestos y chapistería a autobuses, entre otros. La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional rechazó, ayer, tres solicitudes de traslado de partidas presentadas por la empresa Transporte Masivo de Panamá (MiBus), destinadas a reacomodar fondos para cubrir compromisos pendientes correspondientes a 2025. Según el gerente y presidente de la Junta Directiva de MiBus, Carlos Sánchez Fábrega, los traslados no correspondían a créditos extraordinarios ni adicionales, sino a un ajuste interno de partidas presupuestarias. Señaló que esta situación se originó principalmente por cambios en la ejecución presupuestaria ocurridos entre agosto y septiembre del año pasado, los cuales impidieron cerrar procesos de adquisición antes del cierre fiscal. Los tres traslados sumaban aproximadamente 4.9 millones de dólares. La primera solicitud, por un monto de 860 mil dólares, estaba destinada a crédito reconocido para cubrir compromisos pendientes del año anterior, principalmente relacionados con pólizas de seguro y servicios de vigilancia. Estos fondos serían tomados de partidas corrientes previstas para el presente año. Este traslado fue cuestionado por los diputados, quienes alegaron que el contrato se originó en 2019 y se extendió hasta 2024 por medio de adendas. El segundo traslado, por 500 mil dólares, consistía en mover recursos de la partida de lubricantes hacia la de repuestos, con el propósito de permitir la contratación y adquisición de inventarios necesarios para la operación durante los próximos meses, según explicó el gerente de MiBus. El tercer traslado, por 3.6 millones de dólares, estaba orientado a un crédito reconocido para cubrir pagos pendientes por repuestos, trabajos de chapistería y mantenimiento realizados en 2025, cuyos contratos no pudieron cerrarse antes del cierre presupuestario. Para ello, se pedía reasignar fondos provenientes de la partida de combustible. Sánchez Fábrega indicó que cerca de ocho contratos y órdenes de compra quedaron pendientes de refrendo en la Contraloría General de la República, lo que obligó a la empresa a reconocer estos compromisos con fondos del presupuesto vigente de 2026, pese a que correspondían al ejercicio fiscal de 2025. A esta situación se suma, según el director, un severo déficit en el presupuesto de funcionamiento de MiBus, particularmente en rubros esenciales como combustible, repuestos y mantenimiento, lo que afecta directamente la operación diaria del servicio, el cual no puede ser interrumpido. Detalló que, excluyendo el pago de planilla, el presupuesto aprobado para cubrir gastos operativos asciende a 34 millones de dólares, cuando las necesidades reales rondan los 90 millones de dólares, lo que genera un déficit estimado de 60 millones de dólares. Durante la sesión, los diputados Neftalí Zamora y Manuel Samaniego cuestionaron el manejo presupuestario de la empresa y solicitaron explicaciones sobre los contratos de seguros y servicios de videovigilancia, así como sobre el uso de adendas y la planificación financiera. El gerente aclaró que el contrato de videovigilancia al que se hizo referencia ya fue concluido, que las cámaras pasaron a ser propiedad de MiBus y que actualmente el sistema es operado por personal interno, mientras se gestionan los compromisos pendientes derivados del contrato anterior. En materia presupuestaria, el diputado Samaniego cuestionó por qué estos pagos no fueron incluidos en el presupuesto de 2026 desde un inicio y ahora se intentan resolver mediante traslados de partidas, como si se tratara de decisiones recientes. Al respecto, Sánchez Fábrega sostuvo que parte de las dificultades presupuestarias se originan en ajustes realizados por el Ministerio de Economía y Finanzas sin consulta previa a la empresa, lo que —según afirmó— genera desbalances que posteriormente deben corregirse mediante traslados o solicitudes adicionales. Pese a las explicaciones ofrecidas, la Comisión de Presupuesto rechazó los tres traslados de partidas, con una votación de seis votos en contra y tres abstenciones, dejando sin aprobación los recursos solicitados para regularizar los compromisos. Al cierre de la sesión, el gerente de MiBus agradeció a los diputados y reconoció que el resultado no era el esperado, aunque aseguró que la empresa deberá replantear su estrategia y posiblemente regresar a la comisión en los próximos meses para solicitar fondos adicionales que permitan sostener la operación del sistema de transporte.
6A La Prensa Panamá, miércoles 11 de febrero de 2026 Alma Cortés, abogada sustituta de Ricardo Martinelli Berrocal, este 10 de febrero, en el juicio de Odebrecht. Captura de pantalla Receso hasta el viernes, a la espera de que aparezca una testigo Juan Manuel Díaz [email protected] JUICIO DE ODEBRECHT Se supone que el 13 de febrero es el último día de juicio, según la agenda del tribunal. Todavía no ha iniciado la fase de alegatos de la Fiscalía Especial Anticorrupción, del Ministerio de Seguridad Pública (que actúa como querellante) y de cada uno de los abogados de los acusados. La juez Baloisa Marquínez suspendió el juicio de Odebrecht hasta el viernes, para lograr la comparecencia de la comisionada de la Policía Nacional, Damaris Rodríguez, cuya declaración fue solicitada por los abogados de varios acusados. Rodríguez participó en la elaboración de un informe sobre blanqueo de capitales que es parte del expediente. Varios abogados han manifestado su intención de refutarlo. El juzgado ha girado varias boletas de citación a Rodríguez: el 17 de agosto de 2025 y el26y30deenerode2026.La juez Marquínez ordenó ayer que se emitiera una más, a fin de garantizar su presencia este viernes 13, a las 8:30 a.m. Entretanto, se declaró un receso hasta esa fecha. Se supone que el 13 de febrero es el último día de juicio, según la agenda del tribunal. Todavía no ha iniciado la fase de alegatos de la Fiscalía Especial Anticorrupción, del Ministerio de Seguridad Pública (que actúa como querellante) y de cada uno de los abogados de los acusados (que son 19 personas). Cuando Alma Cortés, una de las abogadas sustitutas del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014), escuchó que la juez ordenó que la boleta de citación sea entregada, “mañana a primera hora”, al Departamento de Recursos Humanos de la Policía Nacional, advirtió a lajuezdequeRodríguezyano labora en ese lugar. Cortés pidió a la juez que se solicite al Tribunal Electoral (TE) que indique cuál es la residencia de la comisionada Rodríguez. La juez rechazó la idea y recordó que el perito Eliseo Ábrego, ya jubilado de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), está “en las mismas condiciones” que la camisionada, y aún así compareció al juicio a rendir testimonio. Por su parte, la fiscal Ruth Morcillo detalló que a Rodríguez se le solicitó que elaborara un informe cuando fungía como jefa de la División de Administración Pública de la DIJ. Morcillo recalcó que Rodríguez no es perito y que el informe solicitado fue en base a elementos que había dentro del expediente. Los testigos de ayer El perito José Ángel Hidrogo fue el primer testigo en comparecer en la jornada de este martes 10 de febrero (que es el decimoctavo día de juicio). Su testimonio fue presentado por el abogado Erasmo Muñoz, defensor de Jaime Lasso, uno de los acusados presentes en la sala. Médico, lobista y exembajador en Corea del Sur, Lasso es persona de confianza de del expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019). Según la investigación, Odebrecht realizó depósitos a Poseidon Enterprise y a la Fundación Don James, ambas de Lasso, los cuales posteriormente fueron entregados a Varela, como donaciones para la campaña electoral de 2009. Lasso declaró en su indagatoria que Odebrecht le entregó $700,000 para financiar un programa social de reproducción asistida. André Rabello, antiguo intendente de Odebrecht en Panamá, declaró que, en total, se depositaron unos $10 millones a sociedades de Lasso. Su hija Michele también está acusada en este proceso. El testigo Hidrogo se refirió a los fondos que recibió la Fundación Don James, Poseidon Enterprises y V-Tech, que fueron utilizados para financiar la campaña política del Partido Panameñista, entregados entre los años 2009 y 2013. Hidrogo explicó que la información para realizar su informe le fue entregada por Franklin Gordón, quien era el contadordeLasso.Indicóque el dinero recibido lo repartió entre 49 empresas a las que se adquirieron artículos para la campaña política de Varela; también para comprar propaganda en los medios de comunicación y a personal que trabajó en el Comité de Finanzas del Panameñista. Hidrogo se refirió a Lasso como “director de finanzas” del Panameñista y respaldó lo que ya consta en el expediente: que este acusado recibió $6.7 millones de Odebrecht, a través de varias sociedades, los que posteriormente entregó a la campaña del Panameñista, partido que entonces presidía Varela. Según él, no hubo nada “ilegal” en estas transferencias. La fiscal Yanibeth Malek interrogó a Hidrogo sobre el uso de los fondos recibidos, detallando que se hizo una donación a Juan Carlos Varela por la suma de $736 mil, otra al diputado José Luis Varela por $107 mil y una más a Roberto Carretero, por $3.2 millones, para adquirir artículospromocionales. El segundo testigo fue el ingeniero Gilberto Ferrari, solicitado por Guillermina McDonald, abogada de Navin Bhatka, identificado como socio de la familia Martinelli en varios proyectos incluyendo unas hidroeléctricas. Ferrari elaboró un informe para determinar la viabilidad de dos proyectos sobre el río San Pablo, en la provincia de Veraguas. Opinó que era “imposible” que los proyectos de San Bartolo, Las Cruces (ambos promovidos por Batkha) y La Laguna (de los hermanos Martinelli) pudieran operar exitosamente debido al impacto ambiental que generarían. Alegó que esa fue la razón por la que se fusionaron. También acudió al estrado el banquero Gustavo Adolfo Villa López, quien por años laboró en la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP). Villa declaró sobre un informe que elaboró sobre un financiamiento sindicado a Corporación de Energía del Istmo, controlada por Bhatka. Dijo que esos préstamos eran para el desarrollo del proyecto de San Bartolo y Las Cruces. Comentó que este préstamo fue concedido por varios bancos locales debido a la solvencia económica y las garantías proporcionadas por las empresas de Bhatka. Además, destacó que la Corporación Energía del Istmo tenía una línea de crédito de $80 millones y cumplía con todos los requerimientos establecidos por la SBP. Bad Bunny las cantó todas Sabrina Sin Censura Sabrina Bacal Especial para La Prensa [email protected] Eso quedó claro cuando Donald Trump descalificó públicamente el espectáculo, llamándolo “uno de los peores de la historia”. Los hechos demuestran lo contrario. Y aunque Trump suele ignorarlos, esta vez el logro fue imposible de borrar. Contra el éxito —bien lo sabe— no se pelea. Cada símbolo y detalle de la presentación de Benito sigue siendo analizado en todo el mundo para bien o para mal. Del show alternativo organizado por Turning Point USA, en cambio, casi nadie habla. ¿Por qué tanta bulla con un artista hispano cantando en el Super Bowl, si no es el primero en hacerlo? La respuesta está en el contexto. En momentos en que desde Washington se intenta imponer la Doctrina Monroe —rebautizada como Doctrina Donroe—, donde América es para los americanos, entendiendo por “americanos” solo a los estadounidenses, Bad Bunny la resiste con la fuerza de sus decisiones. Cantó en español y remató con un gesto central: el balón de fútbol americano con la inscripción “Together, We Are America”, acompañado por la mención y las banderas de todos los países del continente. Es una realidad histórica y geográfica: América no es un país; es un continente, una mezcla de identidades. El mensaje evocó el álbum Buscando América de Rubén Blades: la idea de una América compartida y disputada, no apropiable por una sola bandera. Además de la historia, el presente torna ineludible la lectura desde Panamá. “Mi nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio y si hoy estoy aquí es porque nunca dejé de creer en mí”. Más que una frase motivacional, es una invitación colectiva para creer y defender lo propio: el país, el valor estratégico de sus recursos y la capacidad de decidir sin tutelajes externos. La soberanía no se proclama ni se negocia: se ejerce. De ese canto se desprenden preguntas incómodas. ¿Estamos actuando cómo un país soberano cuando en Estados Unidos se enteran primero del fallo de nuestra Corte Suprema sobre los puertos de Balboa y Cristóbal, y de los planes oficiales para su administración? El presidente José Raúl Mulino se pronunció acertadamente frente a las presiones provenientes de Pekín. Pero la coherencia exige algo más: ¿para cuándo un mensaje igual de claro frente a las imposiciones que llegan del norte? El interrogante sobre el ejercicio de la soberanía se puede ampliar. ¿Cuándo veremos una defensa sostenida del interés público frente a los intereses privados de empresas extranjeras que manejan recursos estratégicos del país? Aplica para los puertos y para la mina de Donoso. Lo importante es entender que los enclaves coloniales no se quedaron en los libros de historia: reaparecen cada vez que las autoridades titubean o ceden en abierta complicidad con las presiones externas. “Lo que le pasó a Hawaii” fue la poderosa canción con la que Ricky Martin aportó esa reflexión. Bad Bunny no pidió permiso para cantar en español. Desde la tribuna más vista del mundo llevó un mensaje de unidad frente a la discriminación y de amor frente al odio. No renuncia a la identidad ni se disculpa por ella. La lección para nosotros tiene menos que ver con la música y más con decidir desde lo propio y no desde lo impuesto. Porque esto no va de gustos musicales. Seguir atrapados en esa discusión menor es no haber entendido nada. Mientras un artista boricua no pidió permiso para ocupar el escenario global en su idioma, Panamá sigue pidiéndolo para tomar decisiones soberanas. Puede que no te guste ninguna de sus canciones, pero Benito Antonio Martínez Ocasio cantó todas las verdades. El show de Bad Bunny en el Super Bowl supera su alcance musical. Con un récord de 142.3 millones de espectadores —sin contar los millones de reproducciones en otras plataformas— su impacto va mucho más allá de lo artístico. Fue un mensaje político y simbólico de alcance global, transmitido desde la tribuna más grande del deporte y el entretenimiento estadounidense. Puede que a usted no le guste cómo canta, pero lo cierto es que Bad Bunny las cantó todas. Panorama
7A La Prensa Panamá, miércoles 11 de febrero de 2026 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. se trata solo de acceso o cobertura, sino de impacto real. Años de escolaridad y de educación superior no siempre se traducen en capacidades que los países puedan activar para su desarrollo. Aquí emerge un problema clave: la falta de datos comparables, oportunos y accionables. En América Latina, tomamos decisiones educativas con información fragmentada, tardía o irrelevante. Medimos insumos —matrícula, infraestructura, presupuesto—, pero seguimos midiendo poco aquello que verdaderamente importa: qué aprenden los estudiantes, cómo lo aplican y con qué impacto económico y social. La inteligencia artificial, paradójicamente, nos deja sin excusas. Hoy existen capacidades tecnológicas para recolectar, analizar y utilizar datos educativos en tiempo real. La pregunta ya no es si podemos hacerlo, sino si estamos dispuestos a cambiar la lógica de nuestras políticas públicas. Una política educativa sin evidencia no es política: es relato. En el foro del CAF fue evidente una tensión compartida por los mandatarios: la necesidad de responder a un electorado que exige empleo, productividad y crecimiento, mientras los sistemas educativos siguen desconectados de la economía real. Esa desconexión genera una doble frustración: talento que no encuentra oportunidades y economías que no logran innovar, Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Niñas, mujeres y ciencia: las desigualdades que persisten Día internacional cebidas acerca de supuestas capacidades diferenciadas de hombres y mujeres para dedicarse a la actividad científica, particularmente en determinados campos que históricamente se han considerado más afines a cualidades asociadas al género masculino. Estos estereotipos impactan directamente en el desempeño de niños y niñas y, muy especialmente, en sus aspiraciones científicas, como han evidenciado estudios específicos realizados en el país. Se trata de construcciones sociales que se transmiten a través de distintos espacios de socialización —muchas veces de forma inconsciente—, como el currículo oculto del profesorado o los contenidos de los textos escolares. Identificar y cuestionar estos estereotipos constituye uno de los primeros pasos para enfrentar las inequidades de género en la ciencia. La segunda dimensión tiene que ver con las discriminaciones y violencias basadas en género que ocurren en las instituciones académicas y científicas donde las mujeres se forman y desarrollan su trabajo. Universidades, centros de investigación y laboratorios científicos no están exentos de prácticas discriminatorias ni de violencias basadas en género. La invisibilización o desvalorización de sus aportes científicos, la sobrecarga de tareas administrativas y de sostenimiento institucional, el mayor peso de la docencia y las tutorías no reconocidas, el cuestionamiento de sus capacidades para ocupar cargos de decisión, la falta de condiciones para conciliar la vida laboral y familiar, así como experienEugenia Rodríguez Blanco Educación, datos y poder: la decisión que América Latina no puede seguir postergando Política educativa En los últimos meses, he tenido la oportunidad de participar en espacios donde se cruzan dos mundos que rara vez dialogan con la profundidad necesaria: el de la política y el de la transformación tecnológica. En el reciente foro del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), esa convergencia fue evidente. Ocho presidentes, con visiones distintas y prioridades diversas, coincidieron en algo poco habitual en nuestra región: la educación es central y, al mismo tiempo, una de nuestras mayores debilidades estructurales. No es una afirmación nueva, pero sí adquiere una urgencia inédita. La razón es simple: la inteligencia artificial ya está cambiando la realidad económica, productiva y social, y lo está haciendo a una velocidad que no espera consensos políticos ni reformas graduales. Mientras seguimos discutiendo diagnósticos, el mundo avanza con decisiones basadas en datos, evidencia y experimentación constante. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) acaba de lanzar el documento El estado de la educación en América Latina y el Caribe 2026, en el cual confirma lo que muchos intuimos: la región enfrenta brechas profundas en aprendizaje, pertinencia y resultados, que se amplifican cuando se analizan desde una perspectiva territorial, socioeconómica y tecnológica. No aun cuando invierten en educación. La región necesita dar un salto cualitativo: pasar de políticas educativas declarativas a políticas públicas basadas en evidencia. Eso implica decisiones incómodas: evaluar con rigor, transparentar resultados, comparar instituciones, corregir programas y, sobre todo, aceptar que el tiempo educativo es demasiado valioso para no producir valor. La inteligencia artificial no reemplazará a los sistemas educativos, pero sí reemplazará a aquellos que no aprendan a usarla con criterio. Países que hoy están experimentando con datos, analítica de aprendizaje y modelos predictivos están construyendo ventajas competitivas silenciosas. No esperan reformas perfectas; prueban, miden y ajustan. Durante años hemos dicho que América Latina tiene una oportunidad histórica para usar la tecnología y repensar cómo decide. Hoy, esa narrativa suena cada vez más vacía. La región sigue girando en el mismo ciclo: educación, datos y desarrollo avanzan sin encontrarse. Mientras no rompamos esa inercia, la tecnología solo maquilla decisiones mal informadas. Si la educación es realmente una prioridad nacional —como todos los presidentes afirmaron—, entonces debe dejar de ser un discurso y convertirse en la política pública más rigurosamente sustentada en evidencia. América Latina no carece de talento ni de tecnología; carece de decisiones informadas. Y en un mundo que avanza con datos y evidencia, seguir decidiendo a ciegas no es prudencia: es resignación. Opinión LA AUTORA es especialista en innovación educativa y transformación institucional- CEO de SénecaLab. LA AUTORA es antropóloga e investigadora del Cieps. cias de acoso u hostigamiento sexual, son algunas de las expresiones de estas inequidades. Aunque se cuenta con menos información sistematizada al respecto, existen numerosos testimonios y experiencias que revelan estas dinámicas. En tercer lugar, y en estrecha relación con lo anterior, se encuentran las desigualdades de género en el hogar, particularmente en la distribución del trabajo doméstico y de cuidados. Según datos de la Encuesta de Uso del Tiempo en Panamá (INEC, 2011) y de las Encuestas de Ciudadanía y Derechos del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS), las mujeres asumen la mayor parte de este trabajo, lo que limita sus oportunidades para dedicarse a otras actividades, incluidas las científicas. Los hombres, por su parte, descargan en el trabajo de las mujeres gran parte de las responsabilidades domésticas y de cuidados, lo que les permite mayores posibilidades de crecimiento y promoción profesional fuera del hogar, especialmente en la ciencia. Así, las desigualdades de género en el ámbito doméstico impactan directamente en la participación de las mujeres en la ciencia, de manera similar a lo que ocurre en la política o en la economía remunerada. En el proyecto Pioneras de la Ciencia, desarrollado por el CIEPS con financiación de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), un equipo de investigadoras trabaja en la identificación y visibilización de estas inequidades de género en la ciencia. Se trata de un aporte al diagnóstico que permita tomar decisiones políticas informadas y, al mismo tiempo, de una invitación a que, como sociedad, seamos más conscientes de las desigualdades que nos rodean y nos movilicemos a ser parte de los cambios que se requieren. Obstáculos, barreras y fugas son metáforas comunes para describir las inequidades sociales. Todas ellas remiten a una misma idea: no todas las personas gozan de las mismas oportunidades. Aplicadas a colectivos sociales, permiten hablar de categorías de discriminación o exclusión que, en el caso de las mujeres, tienen que ver principalmente con el género. Del mismo modo, aplicadas a diferentes sectores o ámbitos de la vida, permiten hablar de inequidades en la política, la economía, la educación o la ciencia. La participación de las mujeres en la ciencia está marcada por obstáculos, barreras y fugas que ocurren desde que las niñas se forman y educan, hasta que más tarde desarrollan su carrera o profesión científica. Son inequidades de género en la ciencia que las determinan y condicionan, y sobre las que hay que actuar desde lo político y lo cultural. Cuando se acerca la conmemoración del Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, suele preguntarse cómo asegurar condiciones de igualdad en la ciencia para niñas y mujeres. El diagnóstico que permite responder a esa pregunta es amplio y complejo, pero, aprovechando el espacio, puede resumirse en tres dimensiones. Son tres inequidades y focos de intervención que, sin agotar el problema, resultan centrales para comprender las experiencias de discriminación de niñas y mujeres en el ámbito científico. La primera tiene que ver con los estereotipos de género sobre la ciencia y sobre quienes la hacen. Son ideas preconLa inteligencia artificial obliga a América Latina a abandonar políticas educativas declarativas y adoptar decisiones basadas en datos, evidencia y evaluación rigurosa para no quedar rezagada en desarrollo y competitividad. Adriana Angarita Las brechas de género en la ciencia persisten desde la infancia hasta la vida académica y doméstica, limitando el acceso, la permanencia y el reconocimiento de niñas y mujeres. Los que deslumbran Edificios Vengo sosteniendo mi aliento y las ganas de escribir sobre esto desde hace más de un año, deslumbrada por quienes, en mi opinión, son los artistas más originales, creativos e impresionantes de finales del siglo XX y lo que va del XXI. Creo que son quienes dejarán para una lejanaposteridadlosmejoresvestigiosdeque, aunque materialista y práctica, aunque obligada a resolver problemas sociales, latía en nuestracultura—enelcerebrodelosdotados— una enorme espiritualidad, un deseo de tocar el cielo con las manos, como cuando los antepasados erigieron la Torre de Babel buscando una conexión entre lo terrenal y lo divino: estos artistas son los arquitectos. Soy adicta a los noticieros internacionales. Confiesoestarmásaltantodelgloboque cuando joven ejercía el periodismo. Por eso he podido ver brotar estas maravillas en sitios lejanos. ¿Han prestado atención a los nuevos edificiosenlugarescomoDubái,China,Inglaterra o Francia? Quedo sin palabras ante las siluetas —esculturas— que plasman en el aire; algunas seretuercen,comoeltornilloenPanamá; otras se desvían, se curvan, suben y bajan escalinatas, se dividen, abren espacios al aire en los ombligos del rascacielos, y uno que vi ayer agregó un gran aro de metal en el aire, más arriba de la cúspide de un edificio cuyo tope tiene forma de cacerola. Y, a pesar de ser cada uno diferente, instilan en el ánimo belleza, ingeniosidad y sorpresa, enmarcadas en sólidos parámetros de funcionalidad y buen gusto. También me quito el sombrero viendo nuestros rascacielos. No solo por su originalidad y belleza, sino por la manera como, casi por abracadabra, logran insertarlos en un apretado conglomerado de edificios altos, sin perjudicar la belleza del conjunto. A los artistas panameños de la arquitectura, mi admiración irrestricta. He conservado mi interés en la arquitectura desde que tuve la buena fortuna de contar con el genio de Calvin Stempel, pupilo del pilar de la modernidad, Frank Lloyd Wright, en el diseño de mi primer hogar, por allá de la década del sesenta. Stempel diseñó el actual edificio del IDAAN hace décadas, que sigue siendo hermoso y funcional. También aquellos curiosos hongos en la avenida Balboa, que luego tumbaron para construir un edificio,porsuertetambiéndeStempel.Aprendí, por ejemplo, a reconocer sus diseños por las fascias decoradas, por las ventanas en voladizo y extensos techos sin sostén visible. Calvin Stempel llenó de felicidad los años que viví en su casa. De paso, aprendí sobre Frank Lloyd Wright y otros excelsos en esa profesión. Me duele que en Panamá no aprovechamos suficiente a ese joven y genial arquitecto. En estas líneas hago visible, por fin, mi admiraciónporlosmejoresartistasdenuestra era. LA AUTORA es escritora. Beatriz Valdés Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Gerente General Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. 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