4A La Prensa Panamá, martes 10 de febrero de 2026 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] ALERTA. Camacho incluyó en la agenda de la Comisión de Gobierno de la Asamblea (que se reúne este miércoles) la discusión, en primer debate, del proyecto 374, que pretende modificar los códigos Judicial y Procesal Penal, a fin de permitir que Martinelli solicite la revisión de su condena por blanqueo de capitales en el caso New Business, invocando causales que no están actualmente contempladas en ninguna norma. Esta gente es como una enfermedad crónica… una vez que la contrae, a usted no le queda más que vivir con ella. ENIGMA. Juan Carlos Varela dirigió un cuestionario de 10 preguntas a la embajadora de China para que explique qué pasó con un supuesto fondo de cooperación no reembolsable que China obsequió a Panamá, durante su mandato. Según Varela, aún quedan $110 millones a “disposición” de Panamá. La Cancillería no esperó a que la embajadora respondiera y replicó que no ha recibido “un solo dólar” de China y que no existen convenios con ese país. De paso, le pidió al expresidente que explique por qué presenta información “tendenciosa” e inexistente. ¿Qué está esperando para responder? DATA. Hasta hace poco, no existía un censo en los albergues infantiles subsidiados por el Mides. Tampoco se sabía la cantidad de instalaciones que tenían niños y adolescentes tutelados por esa entidad. Hay más controles en un refugio para mascotas... Queda claro que hay mucha gente que no hizo bien el trabajo que le correspondía. TUTELA. La diputada Alexandra Brenes considera que es “indignante” que la directora del Senniaf, Ana Melinda Fábrega, se mantenga en el carCentro de Atención Integral (CAI) de Tocumen. Elysée Fernández La Senniaf ordena una inspección inmediata en el albergue de Tocumen Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Tras una reunión extraordinaria, se decidió reforzar la supervisión interna y se aprobaron medidas urgentes para proteger a poblaciones vulnerables bajo custodia del Estado. La junta directiva de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) adoptó un paquete de medidas inmediatas tras celebrar una reunión extraordinaria, motivada por la denuncia relacionada con el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen y otros aspectos vinculados al funcionamiento de la institución. Según informó el organismo, la sesión tuvo como objetivo definir un plan de acción urgente frente a los señalamientos conocidos y se tradujo en la aprobación de acciones “concretas, inmediatas y verificables”, orientadas a proteger a la población bajo custodia del Estado, fortalecer los mecanismos de supervisión y asegurar una gestión alineada con los estándares técnicos y legales vigentes. Entre las primeras decisiones, la junta directiva ordenó una inspección técnica inmediata en el CAI de Tocumen, que sería realizada ayer mismo por un equipo técnico interinstitucional y especializado. La finalidad de esta diligencia es corroborar la situación real del albergue, identificar hallazgos y determinar las medidas correctivas que correspondan, de acuerdo con los protocolos de protección establecidos. Otras medidas Además, se aprobó iniciar procesos de interdicción para la población adulta con discapacidad que permanece en el sistema de protección sin una alternativa familiar. Esta medida implica la transferencia de estas personas a otras instituciones, con el objetivo de garantizar una ruta legal y asistencial adecuada, bajo un enfoque de derechos y de protección integral. La junta directiva, presidida por la ministra del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Beatriz Carles, también acordó definir, en el corto plazo, alternativas seguras y viables para la movilización de la población adulta, priorizando opciones que permitan una atención especializada. Estas alternativas, precisó la entidad, serán evaluadas con criterios técnicos, legales, de capacidad instalada y de condiciones reales de atención. En materia de control interno, se decidió reforzar la supervisión institucional y realizar una evaluación administrativa de la Senniaf. En atención a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 14 de 2009, que atribuye a la junta directiva la función de supervisar el funcionamiento y la administración de la entidad, se aprobó la conformación de un equipo técnico interdisciplinario. Este equipo se presentará en las instalaciones de la Senniaf hoy para llevar a cabo una evaluación de gestión y elaborar un informe de hallazgos, el cual servirá como base para la toma de decisiones y la aplicación de los correctivos que resulten necesarios. La junta directiva de la Senniaf está integrada, además, por los ministros de Economía y Finanzas, Salud, Educación y Trabajo, el contralor general de la República y dos representantes de la Red Nacional de Apoyo a la Niñez y Adolescencia. Finalmente, se acordó emitir una resolución formal que ordene la ejecución de todas las medidas aprobadas, estableciendo responsabilidades, plazos y mecanismos de seguimiento. La entidad reiteró que la protección de la niñez y de las poblaciones vulnerables bajo custodia del Estado es una prioridad absoluta y que estas acciones se desarrollarán con supervisión directa, documentación formal y seguimiento permanente. Todo esto se da luego de una denuncia presentada por la diputada de Vamos, Alexandra Brenes, relacionada con abusos en el albergue de Tocumen. La Senniaf está bajo la dirección de Ana Melinda Fábrega Guardia. Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Alexandra Brenes en la Procuraduría de la Nación. Cortesía Diputada Brenes exige separar a funcionarios denunciados por abusos La diputada de la bancada Vamos, Alexandra Brenes, advirtió que el Estado no puede tolerar que funcionarios señalados por presuntos delitos graves permanezcan en sus cargos mientras avanzan las investigaciones sobre irregularidades en albergues de niños, niñas y adolescentes, debido al riesgo de encubrimiento y de entorpecimiento de los procesos. “No podemos tener por ningún motivo personas que han sido denunciadas por presuntos delitos graves, como abuso sexual, maltrato al menor y omisión de funciones”, afirmó la diputada, quien presentó una denuncia formal tras realizar inspecciones a varios centros de acogida en distintas provincias del país. Brenes sostuvo que, tratándose de menores de edad bajo custodia estatal, la reacción institucional debía ser inmediata. “Cuando estamos hablando de menores, el sentido es de urgencia. Esto debió suceder dentro de las primeras 24 o 48 horas, sin importar si es día hábil o no”, señaló, al explicar que recibió denuncias tanto de funcionarios como de sectores de la sociedad civil sobre lo que ocurre dentro de los albergues. Rol de la Senniaf La diputada también puso el foco en el deterioro presupuestario de las instituciones responsables de la protección de la niñez. Indicó que, en el caso de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), el presupuesto pasó de 12 millones de dólares en 2023 a 8 millones de dólares en la actualidad. “Hoy tenemos entre 580 y 583 albergues en el país, con alrededor de mil niños, niñas y adolescentes, y algunos adultos, dentro de estos centros”, precisó. A partir de visitas de campo, Brenes aseguró que pudo constatar condiciones alarmantes. Relató que recorrieron ocho albergues en provincias como Chiriquí, Coclé, Santiago de Veraguas y La Chorrera, en Panamá Oeste, aunque en algunos casos las visitas fueron obstaculizadas.” “Nos cambiaron la agenda y nos llevaron a albergues que funcionan con donaciones y fundaciones, pero la supervisión de todos los albergues del país sigue siendo responsabilidad del Estado”, subrayó. Uno de los casos más críticos, según la diputada, fue el albergue de Tocumen, donde describió una infraestructura en estado “deplorable”. “En un baño con cinco duchas y cinco excusados, solo funcionan dos. Hay camas rotas, colchones rotos, colchones orinados, con un olor muy fuerte”, relató. Añadió que incluso existen casas dentro del albergue que no cuentan con lavamanos y presentan condiciones insalubres. Personas con discapacidad La situación es aún más delicada en el caso de niños y adultos con discapacidad. Brenes indicó que en ese albergue hay al menos 12 personas con discapacidad sin un plan individualizado de atención. “No tienen seguimiento, no hay un programa para ver cómo pueden avanzar. Surgen autolesiones y también maltrato entre ellos mismos”, afirmó, al tiempo que denunció que se han reportado abusos sexuales dentro de los centros. La diputada recordó que el año pasado se registró incluso un caso de embarazo de una menor, producto de relaciones ocurridas dentro del mismo albergue. “Son este tipo de desprotección y vulneración las que constan en nuestro informe, con testimonios de psicólogos, trabajadores sociales, abogados y funcionarios que se atrevieron a aportar información en la denuncia que presentamos”, explicó. Brenes fue enfática en señalar la omisión de deberes de altos funcionarios. Aseguró que directivos y autoridades estaban copiados en correos electrónicos y conocían los informes de trabajadores sociales. “Tenían conocimiento y, aun así, no existen denuncias. Hay niños con enfermedades como tuberculosis, y eso no se puede desconocer por ningún motivo”, advirtió. Para la diputada, el problema también tiene raíces en la falta de vocación y preparación de quienes dirigen estas instituciones. “Cuando hacíamos la inspección, la coordinadora nos enseñaba todo como si estuviéramos en el país de las maravillas, como si fuera normal que un niño duerma en una cama rota, sin almohada y con un colchón en mal estado”, relató, al criticar la normalización de condiciones que vulneran derechos básicos. go y ni siquiera haya sido suspendida temporalmente. “Eso es encubrimiento institucional”, exclamó. Todas esas supervisiones, interdicciones e inspecciones anunciadas por la junta directiva de la institución como parte de un “plan de acción” serán de la mano de la actual directora. Parece que ignoran al bueno de Murphy, que dijo que todo lo que puede salir mal —como allí— saldrá mal.
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