1A La Prensa Panamá, martes 10 de febrero de 2026 El medio libre de Panamá 75¢ Martes 10 de febrero de 2026 - Año 45 - Nº 15288 Hoy por hoy El presidente de la República lo repite cada vez que puede: la justicia no puede convertirse en una puerta giratoria que favorezca a pandilleros y narcotraficantes. Sin embargo, en este tema, sus propios actos y silencios no siempre sostienen sus palabras. El discurso oficial enfatiza el delito visible, el que se expresa con violencia, armas y territorios controlados, pero deja fuera una dimensión estructural del problema. Quienes más abusan de los servicios financieros no son necesariamente los delincuentes de calle, ni ello implica colaboración o permisividad de los bancos. El uso más sofisticado del sistema corresponde al delito de cuello blanco: quienes reciben coimas, diseñan entramados societarios, usan testaferros y lavan dinero con asesoría legal y contable. Ese fenómeno ha sido central en los mayores escándalos de corrupción del país. Sobre esta realidad, el presidente guarda silencio. Y sin enfrentar el blanqueo de capitales y la impunidad de los poderosos, la lucha contra el crimen organizado queda incompleta. Atevo Cup: Goleadas, empates y victorias ajustadas 4B Deportes Panorama Panamá vacuna bien contra el VPH y detecta tarde el cáncer 6A ADEMÁS CSS: Llegaron los ascensores, pero aún no los instalan 6A La Senniaf ordena inspección inmediata en albergue de Tocumen La junta directiva de la entidad aprobó medidas urgentes tras denuncias en el albergue de Tocumen, incluyendo una inspección técnica, una evaluación administrativa y acciones para reforzar la protección de poblaciones vulnerables bajo custodia estatal. VEA 4A El peso del servicio de la deuda obliga a refinanciar Yolanda Sandoval [email protected] El peso de la deuda pública se ha convertido en un factor central en la gestión financiera del Estado. Al cierre de 2025, la FINANZAS PÚBLICAS Con una deuda pública de $59,349 millones, intereses que subirán a $3,661 millones en 2026 y amortizaciones por $4,399 millones, el servicio de la deuda absorbe una porción creciente del presupuesto. deuda alcanzó $59,349 millones, mientras que el pago anual de intereses superó los $2,500 millones y continúa en aumento. Enelpresupuestode2026, los compromisos por amortización y servicio de deuda superan los $8,000 millones, lo que limita el margen fiscal. En este escenario, el Gobierno requiere herramientas para administrar sus pasivos y evitar concentraciones de pagos en años específicos. La autorización para emitir hasta $6,000 millones en bonos globales no implica una colocación inmediata por ese monto, sino que establece un marco legal que permite ejecutar operaciones financieras orientadas a sustituir deuda con mayores costos por obligaciones más baratas y con plazos más largos, según las condiciones del mercado. VEA 1B Se agrava la crisis en la isla Cuba se queda sin combustible Cuba enfrenta una nueva fase de su crisis energética tras quedarse sin combustible para aviones, lo que obligó a aerolíneas internacionales a suspender rutas o realizar escalas técnicas, en un contexto de presión petrolera de Estados Unidos, caída del turismo y fuerte deterioro económico. En esta foto, un grupo de personas toma un transporte eléctrico en La Habana. VEA 3B EFE Durante la jornada del juicio por el caso Odebrecht de ayer, la audiencia se concentró en testimonios sobre operaciones financieras vinculadas a la familia Martinelli. Se abordaron detalles de la compra de un helicóptero, inversiones en proyectos hidroeléctricos y mecanismos de financiamiento mediante sociedades. También declararon testigos peruanos sobre la triangulación de fondos de la Caja 2 de Odebrecht y relaciones empresariales con la constructora. Un contador de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) explicó investigaciones de blanqueo, registros en Drousys, pagos a través de intermediarios y compras personales atribuidas a sociedades vinculadas. Además, se mencionaron acuerdos de pena con la fiscalía y transferencias internacionales relevantes para el proceso judicial penal oral. El juicio se reanuda hoy a la 1:30 p.m. VEA 2A JUICIO ODEBRECHT Presidente Mulino carga de nuevo contra el sistema judicial Panamáacoge reunión de los gobernadores del BID Socio de los Martinelli y experitos de la DIJ declaran en el juicio El presidente José Raúl Mulino cuestionó nuevamente las medidas judiciales que, según afirmó, facilitan la liberación de narcotraficantes y pandilleros y debilitan la seguridad pública. VEA 7A Ministros de Economía de Centroamérica se darán cita hoy en Panamá en el marco de la 39 reunión de los gobernadores de la región, organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). VEA 2B JUSTICIA ENCUENTRO
2A La Prensa Panamá, martes 10 de febrero de 2026 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Aleida Samaniego C. [email protected] Vapeadores o cigarrillos electrónicos. iStock Subcomisión evaluará proyectos de ley sobre vapes ASAMBLEA NACIONAL La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional aprobó la conformación de una subcomisión que se encargará de evaluar tres proyectos de ley relacionados con el uso, la comercialización y la prohibición de los cigarrillos electrónicos o vapes en el país. La subcomisión estará integrada por los diputados Edwin Vergara, quien la presidirá, Crispiano Adames y Betserai Richards. Los proyectos que serán analizados son el proyecto de ley 467, que regula el uso y la comercialización de los cigarrillos electrónicos y establece sanciones para proteger a los menores de edad; el proyecto de ley 263, que plantea la prohibición del uso, la venta y la importación de estos productos; y el proyecto de ley 347, que busca prohibir su consumo en espacios públicos y privados. La decisión se adoptó durante la sesión del pasado 4 de febrero, en la que la comisión dio primer debate al proyecto de ley 467, presentado por el diputado panameñista Medin Jiménez, quien fue representado en la reunión por su suplente, Ariel Ríos. Durante su intervención, Ríos defendió la iniciativa al señalar que propone una “regulación responsable” de estos productos y que responde a una realidad urgente vinculada a la salud pública, especialmente a la protección de niños y adolescentes. El diputado suplente recordó que, desde 2024, Panamá carece de una regulación vigente sobre los cigarrillos electrónicos, luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara ilegal la Ley 315 de 2023, que prohibía estos dispositivos. “La prohibición absoluta no solo no funciona, sino que traslada el consumo a la clandestinidad. Frente a esta realidad, el Estado debe actuar [...]”, sostuvo Ríos. El proyecto de ley 467 establece que la venta de cigarrillos electrónicos a menores de edad será considerada una infracción grave, con multas de hasta 100 mil dólares para los comerciantes que incurran en esta práctica. Además, contempla responsabilidad administrativa para padres, tutores o representantes legales de menores sorprendidos consumiendo estos productos. El juicio se reanuda hoy, a la 1:30 p.m., con la presentación de más testigos. Captura de pantalla Testigo detalla negocios de Navin Bhatka y su vínculo con los Martinelli Juan Manuel Díaz [email protected] JUICIO DE ODEBRECHT El testigo Juan Rogers, solicitado por Navin Bhatka, fue interrogado sobre una auditoría antifraude de las empresas que participaron en la compra de un helicóptero y en un proyecto hidroeléctrico. Durante la jornada de ayer en el juicio por el caso Odebrecht, la atención se centró en la declaración del testigo presentado por el abogado Navin Bhatka, socio de la familia Martinelli, quien rindió detalles sobre operaciones financieras, la compra de un helicóptero y una inversión en proyectos hidroeléctricos. A lo largo de la sesión también comparecieron otros testigos que abordaron vínculos empresariales y transacciones comerciales con Odebrecht; sin embargo, la exposición sobre Batkha y su relación con empresas ligadas a los Martinelli marcó un punto importante de la audiencia, al describirse el origen de los fondos, los mecanismos de financiamiento y la estructura societaria utilizada en dichas operaciones. Desde Perú El primero que declaró fue Luis Francia, quien fue citado por el defensor público Fernando Peñuelas, abogado de los imputados María Carmona y Antonio Monteverde. Carmona y Monteverde son peruanos y han seguido el juicio a través de la plataforma Zoom. En el expediente consta que Carmona y Monteverde son accionistas y beneficiarios de tres sociedades utilizadas para triangular los fondos de la Caja 2 de Odebrecht. Rodrigo Tacla Durán, un antiguo operador de la constructora, aportó documentos en los que se acredita que una de esas sociedades recibió casi $5.4 millones de proyectos estatales, como la autopista Madden-Colón, el Metro y la terminal 2 del Aeropuerto de Tocumen. El testigo Francia dijo haber conocido a Olivio Rodríguez, otro operador de Odebrecht. No obstante, advirtió que entre las sociedades que utilizó Rodríguez para blanquear los fondos ilegales no estaban aquellas manejadas por Monteverde y Carmona, como Deltora Enterprises Group e Isagon. Admitió que Odebrecht aportó para la compra de dos propiedades, por $12 millones, aunque él considera que esa transacción comercial fue “regular”. En tanto, la fiscal Thalia Palacios preguntó al testigo si era abogado de Carmona y Monteverde en Perú, a lo que contestó que sí. Francia también reconoció que Jorge Barata, antiguo intendente de Odebrecht en Perú, reconoció que la constructora brasileña tenía como subcontratistas a empresas de Carmona y Monteverde. También negó que el grupo manejado por Carmona y Monteverde hiciera donaciones a campañas políticas en Panamá. Posteriormente, siguió el turno del contador público autorizado Eliseo Ábrego, quien hasta el año 2023 laboró como perito en la División de Blanqueo de Capitales de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ). Su testimonio fue solicitado por Sidney Sitton, abogado de la acusada Aurora Muradas, expareja del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014). Ábrego dijo desconocer por qué fue citado. Sitton entonces le preguntó por su participación como perito en otro juicio por blanqueo de capitales en el gobierno de Martinelli: el de la compra de las acciones de Editora Panamá América, S.A. (Epasa) con fondos públicos, a través de una cuenta canasta a nombre de la sociedad New Business Services. Por este caso, Martinelli fue condenado a 128 meses de prisión, pero no ingresó a prisión y ahora está asilado en Colombia. Martinelli y Muradas están siendo enjuiciados por Habitante. El perito Ábrego explicó que Jiu Shun International (otra sociedad utilizada por los operadores de la Caja 2 de Odebrecht) transfirió $581 mil a una cuenta a nombre de Corporación Logística del Caribe, la cual era controlada por Carretero. Carretero y Francolini tienen acuerdos de pena con la fiscalía. Se desconocen los términos del de Carretero, pero el de Francolini implica una sanción de 30 meses de prisión y la devolución de $1.9 millones. Bhatka, el antiguo socio El testigo Juan Iván Rogers, solicitado por la abogada Guillermina McDonald, defensora de Navin Bhatka, fue interrogado sobre una auditoría antifraude de las empresas que participaron en la compra de un helicóptero y en un proyecto hidroeléctrico. Relató que Batkha adquirió el helicóptero marca Eurocopter con matrícula N1626L, que tenía un costo total de $3.2 millones. Para ello realizó un pago de $814,500, a través de un cheque de gerencia del BAC en marzo de 2014, que era parte de una línea de crédito de $8 millones a nombre de MTI Corporation S.A., una sociedad controlada por Bhatka. El pago se hizo a la empresa Silver Wing, cuyas acciones están en manos de Importadora Ricamar (de la familia Martinelli), y el pago se realizó a la empresa Franconaves, S.A. La tenedora del 100% de las acciones de Silver Wing es Importadora Ricamar, según consta en el expediente. Relató que Batkha obtuvo una propuesta de financiamiento de 99.1 millones de dólares de Bancolombia para financiar el proyecto hidroeléctrico San Bartolo y Las Cruces, y firmó un contrato con Cafisa S.A. para la ejecución del proyecto por 61 millones de dólares. las coimas de Odebrecht y ambos siguen el proceso vía Zoom. Periquita 4 Como parte de la investigación, Odebrecht aportó una nota en la que detalla las órdenes de pago registradas en Drousys (el sistema electrónico utilizado para registrar las coimas, beneficiarios, apodos, testaferros, etc.), con el código “periquita”, a través de las sociedades del comerciante Ramón Carretero. Con ese dinero se hicieron pagos a mueblerías, boutiques y joyerías, para saldar las compras personales de Muradas, siguiendo instrucciones de Riccardo Francolini. Con esa plata, por ejemplo, se pagó un reloj Cartier de $36,000 y obras de arte por $85,000 en la Galería
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4A La Prensa Panamá, martes 10 de febrero de 2026 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] ALERTA. Camacho incluyó en la agenda de la Comisión de Gobierno de la Asamblea (que se reúne este miércoles) la discusión, en primer debate, del proyecto 374, que pretende modificar los códigos Judicial y Procesal Penal, a fin de permitir que Martinelli solicite la revisión de su condena por blanqueo de capitales en el caso New Business, invocando causales que no están actualmente contempladas en ninguna norma. Esta gente es como una enfermedad crónica… una vez que la contrae, a usted no le queda más que vivir con ella. ENIGMA. Juan Carlos Varela dirigió un cuestionario de 10 preguntas a la embajadora de China para que explique qué pasó con un supuesto fondo de cooperación no reembolsable que China obsequió a Panamá, durante su mandato. Según Varela, aún quedan $110 millones a “disposición” de Panamá. La Cancillería no esperó a que la embajadora respondiera y replicó que no ha recibido “un solo dólar” de China y que no existen convenios con ese país. De paso, le pidió al expresidente que explique por qué presenta información “tendenciosa” e inexistente. ¿Qué está esperando para responder? DATA. Hasta hace poco, no existía un censo en los albergues infantiles subsidiados por el Mides. Tampoco se sabía la cantidad de instalaciones que tenían niños y adolescentes tutelados por esa entidad. Hay más controles en un refugio para mascotas... Queda claro que hay mucha gente que no hizo bien el trabajo que le correspondía. TUTELA. La diputada Alexandra Brenes considera que es “indignante” que la directora del Senniaf, Ana Melinda Fábrega, se mantenga en el carCentro de Atención Integral (CAI) de Tocumen. Elysée Fernández La Senniaf ordena una inspección inmediata en el albergue de Tocumen Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Tras una reunión extraordinaria, se decidió reforzar la supervisión interna y se aprobaron medidas urgentes para proteger a poblaciones vulnerables bajo custodia del Estado. La junta directiva de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) adoptó un paquete de medidas inmediatas tras celebrar una reunión extraordinaria, motivada por la denuncia relacionada con el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen y otros aspectos vinculados al funcionamiento de la institución. Según informó el organismo, la sesión tuvo como objetivo definir un plan de acción urgente frente a los señalamientos conocidos y se tradujo en la aprobación de acciones “concretas, inmediatas y verificables”, orientadas a proteger a la población bajo custodia del Estado, fortalecer los mecanismos de supervisión y asegurar una gestión alineada con los estándares técnicos y legales vigentes. Entre las primeras decisiones, la junta directiva ordenó una inspección técnica inmediata en el CAI de Tocumen, que sería realizada ayer mismo por un equipo técnico interinstitucional y especializado. La finalidad de esta diligencia es corroborar la situación real del albergue, identificar hallazgos y determinar las medidas correctivas que correspondan, de acuerdo con los protocolos de protección establecidos. Otras medidas Además, se aprobó iniciar procesos de interdicción para la población adulta con discapacidad que permanece en el sistema de protección sin una alternativa familiar. Esta medida implica la transferencia de estas personas a otras instituciones, con el objetivo de garantizar una ruta legal y asistencial adecuada, bajo un enfoque de derechos y de protección integral. La junta directiva, presidida por la ministra del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Beatriz Carles, también acordó definir, en el corto plazo, alternativas seguras y viables para la movilización de la población adulta, priorizando opciones que permitan una atención especializada. Estas alternativas, precisó la entidad, serán evaluadas con criterios técnicos, legales, de capacidad instalada y de condiciones reales de atención. En materia de control interno, se decidió reforzar la supervisión institucional y realizar una evaluación administrativa de la Senniaf. En atención a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 14 de 2009, que atribuye a la junta directiva la función de supervisar el funcionamiento y la administración de la entidad, se aprobó la conformación de un equipo técnico interdisciplinario. Este equipo se presentará en las instalaciones de la Senniaf hoy para llevar a cabo una evaluación de gestión y elaborar un informe de hallazgos, el cual servirá como base para la toma de decisiones y la aplicación de los correctivos que resulten necesarios. La junta directiva de la Senniaf está integrada, además, por los ministros de Economía y Finanzas, Salud, Educación y Trabajo, el contralor general de la República y dos representantes de la Red Nacional de Apoyo a la Niñez y Adolescencia. Finalmente, se acordó emitir una resolución formal que ordene la ejecución de todas las medidas aprobadas, estableciendo responsabilidades, plazos y mecanismos de seguimiento. La entidad reiteró que la protección de la niñez y de las poblaciones vulnerables bajo custodia del Estado es una prioridad absoluta y que estas acciones se desarrollarán con supervisión directa, documentación formal y seguimiento permanente. Todo esto se da luego de una denuncia presentada por la diputada de Vamos, Alexandra Brenes, relacionada con abusos en el albergue de Tocumen. La Senniaf está bajo la dirección de Ana Melinda Fábrega Guardia. Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Alexandra Brenes en la Procuraduría de la Nación. Cortesía Diputada Brenes exige separar a funcionarios denunciados por abusos La diputada de la bancada Vamos, Alexandra Brenes, advirtió que el Estado no puede tolerar que funcionarios señalados por presuntos delitos graves permanezcan en sus cargos mientras avanzan las investigaciones sobre irregularidades en albergues de niños, niñas y adolescentes, debido al riesgo de encubrimiento y de entorpecimiento de los procesos. “No podemos tener por ningún motivo personas que han sido denunciadas por presuntos delitos graves, como abuso sexual, maltrato al menor y omisión de funciones”, afirmó la diputada, quien presentó una denuncia formal tras realizar inspecciones a varios centros de acogida en distintas provincias del país. Brenes sostuvo que, tratándose de menores de edad bajo custodia estatal, la reacción institucional debía ser inmediata. “Cuando estamos hablando de menores, el sentido es de urgencia. Esto debió suceder dentro de las primeras 24 o 48 horas, sin importar si es día hábil o no”, señaló, al explicar que recibió denuncias tanto de funcionarios como de sectores de la sociedad civil sobre lo que ocurre dentro de los albergues. Rol de la Senniaf La diputada también puso el foco en el deterioro presupuestario de las instituciones responsables de la protección de la niñez. Indicó que, en el caso de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), el presupuesto pasó de 12 millones de dólares en 2023 a 8 millones de dólares en la actualidad. “Hoy tenemos entre 580 y 583 albergues en el país, con alrededor de mil niños, niñas y adolescentes, y algunos adultos, dentro de estos centros”, precisó. A partir de visitas de campo, Brenes aseguró que pudo constatar condiciones alarmantes. Relató que recorrieron ocho albergues en provincias como Chiriquí, Coclé, Santiago de Veraguas y La Chorrera, en Panamá Oeste, aunque en algunos casos las visitas fueron obstaculizadas.” “Nos cambiaron la agenda y nos llevaron a albergues que funcionan con donaciones y fundaciones, pero la supervisión de todos los albergues del país sigue siendo responsabilidad del Estado”, subrayó. Uno de los casos más críticos, según la diputada, fue el albergue de Tocumen, donde describió una infraestructura en estado “deplorable”. “En un baño con cinco duchas y cinco excusados, solo funcionan dos. Hay camas rotas, colchones rotos, colchones orinados, con un olor muy fuerte”, relató. Añadió que incluso existen casas dentro del albergue que no cuentan con lavamanos y presentan condiciones insalubres. Personas con discapacidad La situación es aún más delicada en el caso de niños y adultos con discapacidad. Brenes indicó que en ese albergue hay al menos 12 personas con discapacidad sin un plan individualizado de atención. “No tienen seguimiento, no hay un programa para ver cómo pueden avanzar. Surgen autolesiones y también maltrato entre ellos mismos”, afirmó, al tiempo que denunció que se han reportado abusos sexuales dentro de los centros. La diputada recordó que el año pasado se registró incluso un caso de embarazo de una menor, producto de relaciones ocurridas dentro del mismo albergue. “Son este tipo de desprotección y vulneración las que constan en nuestro informe, con testimonios de psicólogos, trabajadores sociales, abogados y funcionarios que se atrevieron a aportar información en la denuncia que presentamos”, explicó. Brenes fue enfática en señalar la omisión de deberes de altos funcionarios. Aseguró que directivos y autoridades estaban copiados en correos electrónicos y conocían los informes de trabajadores sociales. “Tenían conocimiento y, aun así, no existen denuncias. Hay niños con enfermedades como tuberculosis, y eso no se puede desconocer por ningún motivo”, advirtió. Para la diputada, el problema también tiene raíces en la falta de vocación y preparación de quienes dirigen estas instituciones. “Cuando hacíamos la inspección, la coordinadora nos enseñaba todo como si estuviéramos en el país de las maravillas, como si fuera normal que un niño duerma en una cama rota, sin almohada y con un colchón en mal estado”, relató, al criticar la normalización de condiciones que vulneran derechos básicos. go y ni siquiera haya sido suspendida temporalmente. “Eso es encubrimiento institucional”, exclamó. Todas esas supervisiones, interdicciones e inspecciones anunciadas por la junta directiva de la institución como parte de un “plan de acción” serán de la mano de la actual directora. Parece que ignoran al bueno de Murphy, que dijo que todo lo que puede salir mal —como allí— saldrá mal.
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6A La Prensa Panamá, martes 10 de febrero de 2026 Los nuevos elevadores para el edificio del Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social (CSS) ya se encuentran en el lugar. Los equipos llevan varios días en las afueras de las instalaciones, cubiertos con lonas, a la espera de que se concrete su instalación. Mientras tanto, los asegurados continúan enfrentando dificultades para movilizarse dentro del edificio, ya que los ascensores ubicados en la entrada principal no están operativos. Según reportes de usuarios, el funcionamiento de estos elevadores es intermitente: en algunos días solo uno opera y en otros, ninguno. El pasado viernes dos elevadores estaban fuera de servicio. A los asegurados que no pueden utilizar las escaleras se les permite movilizarse por los ascensores ubicados en la parte posterior del edificio de la Especializada, que conectan con el antiguo complejo hospitalario. Sin embargo, de los cuatro equipos disponibles en esa área, solo dos suelen estar operativos, y son utilizados principalmente para el traslado de pacientes hospitalizados. Consultada sobre el tema, la CSS dijo que no es cierto que los elevadores tengan dos meses en el lugar, como se había planteado, y no ofreció detalles al respecto. Elevadores del Complejo llegaron; falta instalarlos SERVICIOS DE SALUD El virus del papiloma humano (VPH) es un virus de transmisión sexual que contiene ADN y que infecta en especial las mucosas orales y mucosas genitales. iStock Panamá vacuna bien contra el VPH y detecta tarde el cáncer Aleida Samaniego C. [email protected] Aleida Samaniego C. [email protected] SALUD PÚBLICA Un análisis publicado en la revista Vaccines advierte que, pese a las altas coberturas de vacunación contra el VPH en Panamá, las fallas en el tamizaje y el diagnóstico oportuno mantienen elevada la mortalidad por cáncer cervicouterino. Panamá fue el primer país de América Latina en incorporar la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) a su Programa Nacional de Inmunización. Desde 2008, miles de niñas —y, posteriormente, niños— han recibido de manera gratuita este biológico, considerado una de las principales herramientas para prevenir el cáncer cervicouterino. Sin embargo, a casi dos décadas de su implementación, un análisis científico titulado Adopción de la vacuna contra el VPH y tendencias del cáncer cervicouterino en Panamá: un punto de referencia para futuros estudios de impacto revela una contradicción persistente: mientras la cobertura de vacunación se mantiene alta y la incidencia de la enfermedad disminuye, la mortalidad continúa en ascenso. El hallazgo forma parte de un estudio publicado en noviembre de 2025 en la revista científica Vaccines, elaborado por investigadores de universidades estadounidenses en conjunto con el Ministerio de Salud (Minsa). El análisis integró datos oficiales de vacunación contra el VPH, registros de pruebas de Papanicolaou y estadísticas nacionales de cáncer correspondientes al período comprendido entre 1990 y 2023, con el objetivo de evaluar el impacto real de las estrategias de prevención implementadas en el país. Los resultados muestran que, en la mayoría de los años analizados, la cobertura de vacunación contra el VPH ha superado el 85% de la población objetivo, una cifra superior al promedio regional. En algunas provincias y distritos, los registros incluso reportan coberturas por encima del 100%, situación atribuida a campañas masivas de inmunización, migración interna y desajustes en las proyecciones censales. Pese a estos avances, el estudio identifica una debilidad estructural en el sistema de salud: el bajo nivel de tamizaje para la detección temprana del cáncer cervicouterino. De acuerdo con la investigación, solo entre el 8% y el 10% de las mujeres elegibles se realiza de manera regular la prueba de Papanicolaou, principal método para identificar lesiones precancerosas antes de que evolucionen a etapas invasivas. Esta brecha entre vacunación y detección temprana tiene consecuencias directas en las estadísticas de mortalidad. Aunque la incidencia del cáncer cervicouterino muestra una tendencia sostenida a la baja desde la década de 1990, la mortalidad comenzó a aumentar de forma constante a partir de 2006. Entre 1993 y 2023 se registraron más de 15 mil casos en el país, y siete de cada diez fueron diagnosticados cuando la enfermedad ya se encontraba en etapas avanzadas. Las barreras que retrasan el diagnóstico La investigadora Arlene Calvo, consultada sobre los hallazgos del estudio, explicó que el aumento de la mortalidad no puede interpretarse como un fracaso de la vacunación, sino como el reflejo de factores estructurales y sociales que limitan el acceso oportuno a los servicios de salud. “Panamá fue pionero en la vacunación contra el VPH y mantiene coberturas altas, pero existen otros determinantes que influyen en que las mujeres lleguen tarde al diagnóstico”, señaló. Entre esos factores se encuentran los costos indirectos asociados a la atención médica, las dificultades de transporte, la falta de tiempo, la carga del cuidado familiar y las brechas en educación en salud. “Predominan determinantes sociales que hacen que muchas mujeres sean diagnosticadas con cáncer cervicouterino avanzado, cuando las opciones de tratamiento son más limitadas”, agregó. El estudio también examina las razones detrás de las bajas tasas de tamizaje. Además de las barreras económicas y geográficas, se identifican factores culturales que influyen en la decisión de las mujeres de no realizarse la prueba. “Existe miedo al resultado. En algunos casos, se prefiere no saber si hay una enfermedad. A esto se suman los tiempos de respuesta de los laboratorios, la comunicación tardía de los resultados y la falta de seguimiento de las pacientes con pruebas anormales”, explicó Calvo. Las desigualdades territoriales también juegan un papel relevante. Regiones periurbanas como Panamá norte y distritos densamente poblados como San Miguelito presentan coberturas de vacunación por debajo de la meta del 90%. En las comarcas indígenas, el acceso irregular a los servicios de salud, las barreras culturales y lingüísticas, así como la distancia a los centros de atención, continúan limitando la prevención y el diagnóstico oportuno. A estos desafíos se sumó el impacto de la pandemia de covid-19. En 2020, la administración de dosis contra el VPH cayó más del 50% en comparación con el año anterior, debido al cierre prolongado de escuelas y centros de salud. Los investigadores advierten que esta interrupción podría tener efectos a largo plazo, al dejar cohortes con menor nivel de protección frente al virus. En 2025, el Minsa, con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, lanzó la estrategia 90:70:90, que busca eliminar el cáncer cervicouterino como problema de salud pública antes de 2030. La iniciativa plantea vacunar al 90% de la población objetivo, tamizar al 70% de las mujeres al menos dos veces en su vida y garantizar tratamiento al 90% de las pacientes diagnosticadas. No obstante, los datos actuales indican que el país enfrenta mayores dificultades para cumplir el segundo objetivo. Para Calvo, aunque Panamá cuenta con las herramientas técnicas y programáticas necesarias, es indispensable mejorar la organización del sistema de salud para facilitar el acceso oportuno al tamizaje, reducir los tiempos de respuesta y asegurar el seguimiento efectivo de las pacientes. “Tal vez no se logre eliminar el cáncer cervicouterino en 2030, pero sí avanzar de manera significativa si se fortalecen estos eslabones”, sostuvo. El estudio concluye que la vacunación contra el VPH es una estrategia fundamental, pero insuficiente por sí sola. Sin detección temprana, sin tratamiento oportuno y sin sistemas de información eficientes, la mortalidad por cáncer cervicouterino continuará elevada. La experiencia panameña demuestra que la prevención no depende únicamente de alcanzar altas coberturas de vacunación, sino de garantizar que las mujeres puedan acceder, a tiempo, a pruebas diagnósticas y a una atención integral. La paradoja es clara: Panamá vacuna bien contra el VPH, pero llega tarde al diagnóstico del cáncer cervicouterino. Resolver esa brecha será clave para transformar los avances en prevención en vidas salvadas. Debido a las actividades del Carnaval en la ciudad capital, la cinta costera y algunas vías aledañas, estarán cerradas a partir del mediodía de este viernes. Los organizadores del Festival Carnavalístico Volumen 2026 ya trabajan en el montaje de las estructuras que servirán de escenario para la celebración. Con respecto al tránsito, desde el mediodía del viernes, la cinta costera estará cerrada al tráfico regular de vehículos desde el Mercado del Marisco hasta las inmediaciones del Hospital del Niño. Desde esa hora, los administradores de kioscos y puestos de venta podrán ingresar al área para acondicionar sus puestos de trabajo. El Festival Carnavalístico es organizado por la Alcaldía de Panamá, en alianza con la empresa privada, y se celebrará del 13 al 17 de febrero en la cinta costera. El festival contará con cuatro tarimas caribeñas y latinas, diseñadas para distintos públicos, con una programación que incluirá géneros como salsa, merengue, soca, dancehall, reguetón y fusiones tropicales. Además, contará con culecos desde el sábado 14 hasta el martes 17 de febrero, en Desde el mediodía del viernes cerrarán una sección de la cinta costera CARNAVAL un horario de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. Se prevé que hoy, los directivos de los estamentos de seguridad ofrezcan detalles sobre el operativo del Carnaval en la ciudad capital. Sorteo cambia de fecha A propósito del Carnaval, la Lotería Nacional de Beneficencia anunció cambio de fecha en dos sorteos. El sorteo del domingo 15 de febrero se adelantará para el sábado 14 y se desarrollará en la plaza Víctor Julio Gutiérrez de la Lotería, en el horario regular de las 3:00 p.m. En tanto, el sorteo correspondiente al miércoles 18 de febrero (Miércoles de Ceniza) se realizará al día siguiente, el jueves 19 de febrero. Henry Cárdenas P. [email protected] El Carnaval de la capital será en la cinta costera. Archivo Panorama
7A La Prensa Panamá, martes 10 de febrero de 2026 Panorama El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, reiteró que la revocatoria, aprobación o renovación de visas estadounidenses se rige exclusivamente por criterios de seguridad nacional y subrayó que se trata de un privilegio, no de un derecho, al referirse a los señalamientos sobre la cancelación de visas a políticos, abogados y periodistas panameños. Cabrera explicó que la embajada no comenta casos individuales y que cualquier persona a la que se le haya revocado una visa debe referirse directamente a su situación particular. “Nada ha cambiado, todo sigue igual. Tener una visa es un privilegio, no es un derecho”, afirmó, al insistir en que Estados Unidos continuará aplicando sus normas migratorias conforme a sus estándares de seguridad. El diplomático también se refirió al Programa de Exención de Visa (Visa Waiver), aclarando que para su país no se trata de una facilidad administrativa, sino de una herramienta de seguridad. Señaló que este programa exige que los países participantes cumplan con estándares equivalentes en materia de control migratorio, seguridad aeroportuaria y verificación de viajeros. En ese contexto, indicó que Panamá y Estados Unidos mantienen una mesa de ‘La visa es un privilegio, no un derecho’, reitera Kevin Marino Cabrera EXPLICACIÓN trabajo para evaluar los requisitos necesarios, proceso que se inició tras la visita del canciller Javier Martínez Acha a Washington, donde sostuvo reuniones con el secretario de Estado, Marco Rubio. “Estamos haciendo el trabajo necesario para ver si podemos llegar a ese logro”, señaló Cabrera, al destacar que las relaciones bilaterales entre ambos países continúan fortaleciéndose. Por otro lado, el embajador se pronunció sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Panamá de anular la concesión otorgada a la empresa CK Hutchison en los puertos de Balboa y Cristóbal. A su juicio, el fallo envía un mensaje positivo a los inversionistas y refuerza la seguridad jurídica. “Pensamos que es algo bueno para el esquema de la ley, para asegurar que los contratos que cumplen con la legalidad sean respetados y que aquellos que no se ajustan a la ley sean eliminados”, expresó Cabrera, al considerar que la decisión beneficia a Panamá, a su seguridad nacional y al fortalecimiento de la justicia. El diplomático resaltó que Estados Unidos mantiene una relación sólida con Panamá y que ambas naciones continúan trabajando de manera coordinada en temas de interés común, como la seguridad y la inversión. Sus declaraciones se dieron tras una reunión que sostuvo con miembros del Colegio Nacional de Abogados de Panamá. El presidente José Raúl Mulino estuvo este lunes 9 de febrero en el acto de graduación y juramentación institucional de agentes de la Fuerza Pública. Cortesía/Presidencia Mulino insiste: ‘extrema flexibilidad’ judicial frente al narcotráfico José González Pinilla [email protected] José González Pinilla [email protected] JUSTICIA El mandatario criticó la ‘puerta giratoria’ judicial que libera a criminales, pidió menos flexibilidad con narcotraficantes y destacó inversión en seguridad, cooperación y reducción de homicidios y migración ilegal. El presidente de la República, José Raúl Mulino, cuestionó la aplicación de medidas judiciales que, a su juicio, terminan favoreciendo a narcotraficantes y miembros del crimen organizado, debilitando el trabajo de las fuerzas de seguridad del país. Durante el acto de graduación y juramentación institucional de nuevos agentes de la Fuerza Pública, el mandatario advirtió que en Panamá “se ha normalizado” una especie de “puerta giratoria” que permite que delincuentes detenidos por delitos graves recuperen su libertad en pocos días, pese al riesgo que representan para la sociedad. Mulino se refirió a operaciones antidrogas de gran escala en las que los agentes arriesgan su vida, decomisan armas y toneladas de droga, para luego ver cómo los responsables reciben medidas como casa por cárcel o el uso de brazaletes electrónicos. “Una vez que los liberan, o le dan casa por cárcel, o brazalete por adorno, vuelven a traficar y ponen en riesgo a los denunciantes, porque gozan de esa rara prebenda”, dijo el mandatario, quien estuvo acompañado del ministro de de Seguridad, Frank Ábrego, y el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández. “Esto no es justo. O, mejor dicho, esto no es justicia”, afirmó, al calificar esta práctica como una “extrema flexibilidad disfrazada de garantismo”. El presidente sostuvo que esta visión jurídica, que — según dijo— termina victimizado a los delincuentes, ha sido uno de los factores que ha limitado la lucha contra el crimen organizado en América Latina. Como ejemplo, mencionó el reciente caso de un líder de una banda narcotraficante que, pese a estar detenido, recibió una medida domiciliaria en la provincia de Colón. “Necesitamos que la justicia sea menos flexible y comprensiva con pandilleros, asesinos, violadores y extorsionadores que tanto daño le hacen al país”, dijo, al tiempo que reiteró que el Estado y las fuerzas de seguridad cumplen con su parte al capturar y poner a los delincuentes a disposición de las autoridades judiciales. Mulino aseguró que durante su gobierno continuará invirtiendo recursos para fortalecer a los estamentos de seguridad, en medio de las amenazas como el narcotráfico, la trata de personas, las pandillas y el contrabando. En esa dirección, destacó la cooperación con Colombia, el refuerzo del trabajo de inteligencia con Ecuador, Perú y la DEA, así como el intercambio de experiencias con países del Mercosur en la lucha contra el crimen organizado. Mulino también alertó sobre el crecimiento de la producción de cocaína a nivel regional. Citó un informe de la Organización de las Naciones Unidas que estima en 3,708 toneladas la producción mundial, cifra muy superior a la registrada cuando fue ministro de Seguridad. Según explicó, este incremento fortalece a bandas internacionales que financian pandillas locales y afectan directamente el tejido social panameño. Además, hizo un llamado al centro bancario del país para redoblar los controles y evitar que recursos provenientes de actividades ilícitas ingresen al sistema financiero mediante testaferros o mecanismos de encubrimiento. En materia migratoria, Mulino destacó los resultados de las acciones adoptadas contra la migración ilegal. Indicó que a finales de 2024 se registró una reducción del 42% en comparación con 2023 y que durante el último año la disminución alcanzó el 99%. Reconoció el trabajo conjunto del Senafront, Senan, el Servicio Nacional de Migración y la Policía Nacional, así como los esfuerzos de repatriación y deportación de migrantes. El presidente también informó que, según datos del Ministerio de Seguridad, en enero de este año se reportó una reducción del 30% en los homicidios en comparación con enero de 2025, aunque subrayó que es necesario mantener y reforzar las acciones para garantizar mayor seguridad a la población. Durante la ceremonia se graduaron 1,386 nuevos agentes: 727 de la Policía Nacional, 416 del Servicio Nacional Aeronaval, 152 del Servicio Nacional de Fronteras y 91 inspectores del Servicio Nacional de Migración, quienes reforzarán la vigilancia en fronteras, costas, calles, cielos y mares del país. En su mensaje final a los egresados, Mulino les pidió actuar con patriotismo y ética, y advirtió sobre la tentación de la corrupción. “Si algún día deciden voltear la cara ante el delito, quítense el uniforme”, expresó. Panamá avanza en la construcción del Nuevo Campus Gorgas, un proyecto que busca convertir al Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (Icges) en un eje científico nacional y regional. El complejo, ubicado cerca de la Ciudad de la Salud en Ancón, presenta un avance físico del 17%, con la fase 1 —el primer edificio— alcanzando un 40% de avance estructural hasta el momento. La obra, que se desarrolla en dos fases y tiene un costo estimado de 190 millones de dólares, es financiada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y su culminación está prevista entre finales de 2027 y principios de 2028, coincidiendo con el centenario de la fundación del Icges. El objetivo de este campus es ampliar y modernizar la infraestructura de investigación en salud pública del país, consolidando espacios para innovación, vigilancia genómica y estudios Campus Gorgas avanza 17% y se perfila como eje científico nacional INFRAESTRUCTURA epidemiológicos. Las instalaciones permitirán generar evidencia científica que respalde la formulación de políticas públicas, mejorar la respuesta ante enfermedades emergentes y fortalecer la capacidad del país para enfrentar desafíos sanitarios futuros. Las autoridades del Icges han señalado que el proyecto —impulsado por varias administraciones— será un hito para la ciencia panameña y regional, al potenciar la investigación y contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población. Aleida Samaniego C. [email protected] El proyecto tiene un avance físico de 40%. Elysée Fernández Kevin Marino Cabrera. @USAmbassadorPAN
8A La Prensa Panamá, martes 10 de febrero de 2026 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. nación independiente, sino que está regido por un Gobierno republicano, el cual sí logra continuidad hasta 1941. Seguidamente, el período de la Segunda República se extiende entre 1941 y 1968, marcado por las Cartas Magnas de 1941 y 1946, que rigieron al país bajo un marco legal fundamental más nacionalista y social, en el cual se ampliaron derechos sociales y se produjo una mayor institucionalización de la democracia panameña. Posteriormente, con el golpe de Estado de 1968 y el derrocamiento del presidente electo Arnulfo Arias Madrid, a solo once días de haber tomado posesión, surge la etapa excepcional de la dictadura militar (1968-1989), período en el que no se cumplían los principios necesarios para la existencia de una república en sentido pleno, principalmente porque se instauró una junta de gobierno liderada por militares y no por la expresa voluntad ciudadana. Es importante señalar que, aunque durante este período se redacta la Constitución de 1972 —la cual, dicho sea de paso, continúa rigiendo a la nación—, la interrupción de la vida republicana constituye un período autónomo dentro de la historia política panameña. Tras la caída de la dictadura militar y la transición hacia una república democrática constitucional, iniciada con la toma de posesión de Guillermo Endara Galimany en 1989, se da paso a la Tercera República. Esta ha atravesado transformaciones jurídicas mediante reformas constitucionales como las de 1994 y 2004, pero dichas reformas han funcionado principalmente como parches a la institucionalidad y al orden democrático, sin eliminar las deficiencias estructurales de Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Paracaidistas Identidad Los panameños nos hemos hecho expertos en colarnos en fiestas ajenas. Pretendemos darnos relevancia allí donde creemos que “ocurren las cosas”, donde están los protagonistas, como cuando éramos chicos y nos aparecíamos en el cumpleaños del amiguito del barrio que no nos invitó, pero llegábamos, nos daban un pedacito de dulce y ni siquiera llevábamos regalo. La final de la NFL, por mucho jugador panameño que participe y se adorne con la bandera, no es nuestra fiesta, como tampoco lo es que la veamos en el show de medio tiempo. Estamos tan acostumbrados a ser escenario y no protagonistas que vemos el tricolor y nos despelucamos, en lugar de avanzar nuestra propia cultura para ser protagonistas de verdad. No olvidemos: preparar una fiesta para otros no hace que la fiesta sea nuestra, como ocurrió con el “Davitos” de hace semanas o con otros eventos que se celebran en nuestro territorio. Cualquier panameño en el extranjero —en concreto en Estados Unidos— que aparece en alguna noticia lo convertimos en héroe, como hicimos con aquella mujer de “origen panameño” que estaba en el ejército de Estados Unidos, a la que condecoramos y celebramos por haber sido capturada y liberada en una guerra que, menos mal, no era la nuestra. Celebrar a “panameños de a vaina” es síntoma de una mentalidad de pequeñez que resulta perjudicial. Queremos celebrar el “hito” de Bad Bunny como nuestro, como de los latinos, cuando nosotros no hemos sido capaces de sostener, en ese mismo escenario y pudiendo ser protagonistas, nuestro propio relato sobre el Canal. Celebramos la NFL como gringos, pero guardamos silencio ante su embajador, que se pasea por nuestro país como gobernador. Queremos llegar a la fiesta ajena y celebrar como invitados, o peor aún, como protagonistas. No coman cuento: aquí cada uno es responsable de hacerse oír, y cuando se va en bonche, solo se hace ruido. Dicen algunos que el reguetón nació en Panamá; fíjate tú, y ni eso somos capaces de sostener en el exterior con solvencia y continuidad. Una generación que necesita ser escuchada Infancia pueden parecer pequeñas, pero dejan huellas profundas. Resulta esencial abordar la salud mental desde edades tempranas, antes de que estos desafíos se conviertan en problemas crónicos. Dar prioridad a la salud mental permite una intervención psicológica temprana y efectiva. Según la Asociación Americana de Psicología, muchos trastornos mentales comienzan a manifestarse antes de los 14 años. Una detección oportuna puede marcar una diferencia significativa en la trayectoria de vida de niños y jóvenes. La prevención y el apoyo temprano no solo mitigan el sufrimiento inmediato, sino que reducen el riesgo de complicaciones en la edad adulta. Frecuentemente se considera que los niños no tienen “problemas de adultos”. Aun así, día a día enfrentan situaciones que no siempre saben cómo manejar. La dificultad para identificar emociones, regularlas o resolver conflictos de manera adecuada puede manifestarse en conductas disruptivas en el entorno escolar o familiar. No significa que el niño sea “malo”, sino que aún no ha aprendido a gestionar sus emociones. Etiquetar estas conductas sin comprender su origen emocional perpetúa el problema, en lugar de resolverlo. La psicoeducación en salud mental es una estrategia fundamental para la promoción del bienestar emocional. Las acciones orientadas a la salud mental deben ser planificadas y dirigidas por profesionaStephany Cubilla G. La Cuarta República de Panamá Institucionalidad democrática No existe, al día de hoy, una teoría política de gobernanza de una nación más sólida que el republicanismo, ya que propone que dicha gobernanza se ejerza como una res —o cosa— pública, involucrando así a todos los ciudadanos y no limitándose a una oligarquía o a las élites sociales y económicas. Las transformaciones republicanas surgen principalmente a partir de necesidades sociojurídicas en sociedades cuyas libertades, derechos y garantías fundamentales se han visto mermadas por el expansionismo del Estado, los nuevos riesgos para la democracia y los quebrantamientos en la separación de poderes y en el Estado de derecho. Evolución del Estado La Constitución de la Primera República de Panamá, del 8 de junio de 1841, expresa tácitamente la noción de una república en su artículo 1, al señalar que “El Estado del Istmo es libre, independiente y soberano, y no será el patrimonio de ninguna familia ni persona”. Aunque esta Carta Magna, al igual que la corta independencia del 18 de noviembre de 1840, han pasado en gran medida al olvido, no se pueden ignorar sus cimientos fundacionales para la actual República de Panamá. No obstante, debido a la creación del Estado Federal de Panamá en 1855, no puede hablarse de un período republicano pleno sino hasta 1903. Es por ello que la Constitución posterior otorga mayor consolidación al período de la Primera República, al establecer en su artículo 1 que el pueblo panameño no solo se constituye en nuestra ley fundamental ni de nuestro aparato político. Crisis institucionales Pensar en una Cuarta República debe guiarnos hacia un debate profundo sobre las causas y los orígenes, dentro de nuestra jurisprudencia, que han permitido las múltiples crisis institucionales, los casos de corrupción y los atentados contra la integridad del Estado que han sacudido a la República. Las elecciones libres y periódicas no constituyen, por sí solas, el máximo garante de una democracia saludable. Fortalecer la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos —especialmente frente al propio Estado— y garantizar la igualdad ante la ley deben ser los fines irrefutables de la instalación de un sistema republicano y de una nueva Constitución. Las repúblicas se asocian con períodos de vigencia democrática, y la democracia solo es efectiva y transparente cuando se fortalece el orden republicano. Los factores que agravan la crisis de institucionalidad incluyen el clientelismo político —tanto en el empleo público como en la compra de votos—, la ruptura de la división de poderes, el incremento de casos de corrupción sin sanción efectiva o con prescripciones diseñadas a la medida de figuras políticas y empresariales, así como el debilitamiento del servicio civil, que erosiona gravemente la meritocracia y genera desconfianza en la legitimidad del Estado. Por ello, el primer paso para reorganizar el Estado panameño debe ser el fortalecimiento del Ministerio Público y del Órgano Judicial, consolidando una justicia imparcial como pilar esencial de lo que eventualmente podría constituirse en una nueva Ley Fundamental. Ello implica, además, reducir el hiperpresidencialismo, limitar el uso político de los recursos públicos y garantizar una institucionalidad más funcional, con mayores pesos y contrapesos. Opinión EL AUTOR es escritor. EL AUTOR es internacionalista. LA AUTORA forma parte de Jóvenes Unidos por la Educación. Pedro Crenes les como psicólogos, con la formación necesaria para intervenir de manera adecuada. Docentes y familias pueden participar activamente cuando cuentan con orientación profesional, pues son un pilar fundamental en la vida de niños y jóvenes. Prestar atención a las emociones que atraviesan es esencial, considerando que el mundo cambia constantemente y que las presiones sobre las nuevas generaciones son cada vez más complejas. Muchas personas, al llegar a la adultez, recuerdan que durante su infancia quisieron expresar lo que pensaban o sentían, pero no lo hicieron por temor a no ser comprendidos o a ser minimizados. Estas emociones pueden acumularse con el tiempo y manifestarse de formas más complejas. Desde la psicología, este proceso se conoce como supresión emocional. Este fenómeno se asocia con mayores niveles de ansiedad, dificultades en el bienestar emocional y problemas en la regulación afectiva a largo plazo. Promover la salud mental en la infancia implica fortalecer el acompañamiento familiar y escolar y desarrollar habilidades socioemocionales y de regulación emocional. Requiere no solo voluntad, sino también recursos, capacitación y una transformación cultural que reconozca que la salud mental es tan importante como la salud física. Atender la salud mental desde edades tempranas es una responsabilidad social que impacta positivamente en el bienestar colectivo y en la construcción de una sociedad más saludable y resiliente. Cuidar la salud mental desde la infancia, escuchando activamente las necesidades emocionales de los niños y adolescentes, es una inversión en el bienestar y en el futuro de toda la sociedad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que 1 de cada 7 niños y adolescentes entre los 10 y 19 años presenta algún trastorno mental y que más del 40% no recibe apoyo psicológico. ¿Qué pasa cuando una generación crece sin sentirse escuchada? A pesar de que constantemente se afirma que la salud mental es importante, en la práctica no siempre se le brinda la atención que realmente merece, especialmente durante las etapas tempranas del desarrollo. Desde el ámbito social, se sostiene que los niños y jóvenes representan el futuro de la sociedad. Sin embargo, persiste la duda sobre si se les otorga la importancia necesaria y si están siendo verdaderamente escuchados. En muchas ocasiones, no se ofrece ni el tiempo suficiente para atender sus emociones ni para proporcionarles herramientas fundamentales como la autorregulación emocional o la resolución de conflictos. Esta desconexión entre el discurso y la práctica genera consecuencias que se extienden más allá de la infancia. La infancia es una etapa clave. Es cuando se construyen las bases emocionales que impactarán toda la vida adulta. Desde la psicología, se reconoce que las experiencias vividas durante la niñez y la juventud influyen de manera significativa en el desarrollo posterior. Situaciones como los conflictos en el hogar, el uso excesivo de la tecnología o la ausencia de espacios seguros para expresar emociones El debate sobre una Cuarta República plantea la necesidad de repensar la institucionalidad panameña, corregir fallas estructurales y reforzar el Estado de derecho como base del orden democrático. Luis Credidío Escuchar y atender la salud mental de niños y adolescentes no es una consigna retórica, sino una responsabilidad social urgente que define el bienestar colectivo y el futuro del país. Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Gerente General Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón
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