9A La Prensa Panamá, lunes 9 de febrero de 2026 Panorama Durante varios gobiernos, una cadena de decisiones, omisiones y renovaciones en torno al contrato con PPC consolidó un esquema que la Corte Suprema calificó como desventajoso para el Estado. Puerto de Cristóbal en Colón, en la entrada del Canal. EFE Cortizo se concretó la renovación automática de la concesión en 2021, extendiendo la vigencia del contrato hasta 2047 sin un proceso competitivo ni una renegociación integral de las condiciones contractuales. Esta decisión fue criticada por sectores públicos y privados por la falta de transparencia y de revisión de los beneficios para el Estado. Ese mismo año, la Contraloría General, bajo la gestión de Gerardo Solís, certificó mediante una auditoría de cumplimiento —declarada confidencial— que PPC cumplía con el contrato. Con base en ese informe, la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) aprobó la renovación automática, sin renegociación ni debate público. José Raúl Mulino (2024–2026) En esta administración se desencadenó la revisión y la disputa judicial más profunda en torno al contrato. Tras una auditoría de la Contraloría General de la República que encontró irregularidades y potenciales pérdidas fiscales históricas, el contralor Anel Flores presentó acciones ante la Corte Suprema de Justicia, que en 2026 declaró la concesión y su extensión inconstitucionales por vulnerar el interés público y la transparencia legal, anulando la base jurídica del contrato y de su prórroga. El fallo ha provocado tensiones internacionales y ha abierto un proceso de transición que contempla una posible nueva licitación y una gestión temporal de los puertos. La semana pasada, el presidente José Raúl Mulino señaló que el Gobierno proyecta concesionar las terminales de Balboa y Cristóbal de forma independiente. De manera inicial y temporal, APM Terminals, filial de Maersk, será el operador de estos puertos. Una vez concluido este proceso transitorio, el Estado lanzaría dos licitaciones para concesionar las terminales. El mandatario no anticipó por cuánto tiempo APM Terminals permanecerá al frente de la operación temporal ni si su presencia en las terminales podría generar una posición dominante que afecte al sistema logístico panameño. Números clave $1,337 millones Es el monto que, según la Contraloría General, Panamá debió recibir por la concesión portuaria a Panama Ports Company, de acuerdo con los términos contractuales y el movimiento real de carga. $800 millones Es el perjuicio estimado al Estado, entre ingresos no percibidos y beneficios fiscales otorgados a PPC, tras modificaciones contractuales y falta de revisión de tarifas. $22.2 millones Fue la anualidad fija que el contrato original establecía a favor del Estado y que fue eliminada en 2002, durante el gobierno de Mireya Moscoso, mediante una modificación aprobada por el entonces ministro de Comercio e Industrias, Joaquín Jácome. Joaquín Jácome. Archivo Anel Flores. Archivo Gerardo Solís. Archivo
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