1A La Prensa Panamá, lunes 9 de febrero de 2026 El medio libre de Panamá 75¢ Lunes 9 de febrero de 2026 - Año 45 - Nº 15287 Hoy por hoy El llamado urgente de Unicef y la apertura de una investigación por parte del Ministerio Público confirman que la crisis en los albergues no era producto de exageraciones mediáticas ni de oportunismo político, como algunos sugirieron. Los hechos, las inspecciones y los antecedentes judiciales demuestran que el problema existía con independencia del ruido público que lo rodeó. Era, y es, una falla estructural del Estado. La reunión convocada de urgencia con los responsables del sistema de protección es un paso necesario, pero insuficiente si se limita a diagnósticos repetidos y promesas de ocasión. Panamá no puede seguir reaccionando solo cuando una denuncia estalla, cuando el debate se polariza o cuando un organismo internacional alza la voz y la Fiscalía interviene. La protección de niños, niñas y adolescentes bajo custodia estatal no es una política reactiva ni una causa circunstancial. Es una obligación permanente que exige supervisión real, presupuesto, personal capacitado y responsabilidades claras. Investigar es indispensable. Prevenir lo es aún más. Cada día sin decisiones de fondo prolonga un sistema que expone a menores a negligencia, violencia y abandono. Esta deuda no admite más comisiones, ni más silencios. Economía Entrevista con el canciller del Perú 2B Coclé y Oeste, grandes favoritos en semifinales 8B Deportes Panorama El régimen chavista libera a Juan Pablo Guanipa 10A Ellas.pa Enfermedades raras: pacientes exigen respuesta 9B La historia detrás del contrato con Panama Ports Company Una cronología de decisiones, omisiones y renovaciones que, a lo largo de tres décadas, derivaron en un contrato portuario desventajoso, hoy anulado por la Corte Suprema tras auditorías y cuestionamientos fiscales. VEA 8A y 9A Unicef alerta y MP abre nuevo caso por albergues Aleida Samaniego C. Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Ante denuncias de presunto maltrato, abuso y negligencia contra niños, niñas y adolescentes bajo protección del Estado en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, el Fondo de las NacioNIÑEZ Y ADOLESCENCIA Frente a las denuncias en el CAI de Tocumen, Unicef pidió acciones urgentes al Estado, mientras el Ministerio Público abrió una investigación y la Senniaf convocó una sesión extraordinaria para evaluar medidas. nes Unidas para la Infancia (Unicef) hizo un llamado urgente a las autoridades panameñas para garantizar la seguridad, el bienestar y la dignidad de la niñez más vulnerable. En paralelo, el Ministerio Público (MP) inició diligencias para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades penales. El caso reactiva una crisis que ya marcó al país en Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) por maltrato agravado. Para hoy fue convocada una sesión extraordinaria de la junta directiva de la Senniaf, presidida por la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, con el objetivo de evaluar la situación denunciada y definir acciones inmediatas. VEA 10A El nuevo Oncológico genera inquietud entre especialistas Aleida Samaniego C. [email protected] ¿Cómo garantizar la continuidad de la atención oncológica sin suficiente personal especializado? ¿Qué riesgos implica dispersar servicios en varias infraestructuras? ¿Puede priorizarse la expansión física sin integrar el modelo asistencial? Estas son las dudas que plantean los médicos del Servicio de Oncología Médica ante el plan del Gobierno de construir un nuevo Instituto Oncológico Nacional (ION) en la Ciudad de la Salud, que —según advierten— podría comprometer la calidad y seguridad de la atención a pacientes con cáncer. Desde el Ejecutivo se sostiene que el proyecto busca ampliar la cobertura y acercar los tratamientos, mientras se avanza de forma progresiva en la formación y contratación de personal especializado. VEA 4A SALUD Cholo Chorrillo enfrenta de 10 años a cadena perpetua Jorge Camargo será sentenciado en Estados Unidos el 12 de junio tras condena por narcotráfico; enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años y máxima de cadena perpetua. VEA 2A NARCOTRÁFICO Maratón CAF de Caracas Panameño establece récord El panameño Jorge Castelblanco, 37 años, impuso un nuevo récord del Maratón CAF de Caracas en los 42 kilómetros, con un tiempo de 2:15:11, el mejor registrado en las diez ediciones de la competencia, marcada por un circuito de alta exigencia topográfica. El mejor registro lo tenía hasta ayer el venezolano José Alejandro Silva, quien en al edición de 2019 hizo el recorrido en 2:16:04. VEA 8B EFE 2020, cuando una ola de denuncias por abusos y malos tratos en albergues estatales y privados derivó en investigaciones penales y el cierre de al menos tres albergues, tras inspecciones realizadas en más de 50 centros. En ese periodo, el MP identificó al menos 20 víctimas y abrió múltiples procesos que, años después, culminaron con condenas contra exfuncionarios de la Seguro al turista, pendiente de fondos y trámites finales El seguro al turista en Panamá sigue en pausa por trámites y presupuesto. La ATP estima activarlo entre finales de febrero y marzo de 2026, tras adjudicación, para fortalecer la promoción turística y competir regionalmente. VEA 1B
2A La Prensa Panamá, lunes 9 de febrero de 2026 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Aleida Samaniego C. [email protected] En 2025 la dirigencia docente paralizó las clases por 81 días. Archivo Otros 200 docentes buscan anular sanción de Meduca PRECEDENTE Tras el fallo que ordenó el reintegro y el pago de salarios caídos a la docente Benilda González, la defensa de los educadores sancionados durante la huelga magisterial espera que el criterio del Tribunal se extienda a otros casos similares. Abogados del movimiento gremial consideran que la decisión judicial abre la puerta para que más de 200 docentes puedan obtener resoluciones favorables en procesos actualmente en trámite. El Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial revocó, el pasado 27 de enero, la suspensión provisional del cargo y del salario impuesta a González por el Ministerio de Educación (Meduca), al concluir que la medida vulneró principios constitucionales fundamentales y no respetó el debido proceso. Aunque el fallo ya fue divulgado, los abogados sostienen que su verdadero alcance se medirá en la medida en que otros tribunales apliquen el mismo criterio a situaciones análogas. Según explicó la defensa, el Tribunal dejó sentado un principio clave: aunque el Estado tiene facultades disciplinarias, no es legal imponer sanciones anticipadas que priven a un trabajador de su empleo y salario sin una resolución firme, proporcional y debidamente motivada. En ese sentido, la suspensión salarial como medida provisional quedó seriamente cuestionada por sus efectos punitivos inmediatos sobre la vida personal y familiar del trabajador. Abogados de la Asociación Movimiento Gremialista de Educadores de la República de Panamá (Asomogrerp) se reunieron con docentes separados tras la huelga de 2025 para explicar el alcance del fallo y los pasos a seguir. Indicaron que, una vez la resolución quede ejecutoriada, se activarán los mecanismos legales para exigir su cumplimiento y promover la aplicación del mismo criterio en otros expedientes. La defensa aclaró que el fallo no implica absoluciones automáticas ni la anulación inmediata de los procesos administrativos en curso. Sin embargo, consideran que la decisión evidencia fallas estructurales en la aplicación del debido proceso y fortalece la posición de quienes fueron sancionados sin que existiera una resolución definitiva. El 2 de marzo de 2023 Camargo Clarke fue extraditado a Estados Unidos. Tomada de Twitter de @Protegery Servir Cholo Chorrillo podría ser condenado a cadena perpetua en Estados Unidos Mónica Palm [email protected] NARCOTRÁFICO Jorge Rubén Camargo, alias Cholo Chorrillo, conocerá sentencia el 12 de junio en Los Ángeles tras ser hallado culpable de conspirar para traficar cocaína a Estados Unidos. El panameño Jorge Rubén Camargo Clarke, alias Cholo Chorrillo, identificado como el líder de la pandilla Bagdad, conocerá su sentencia el próximo 12 de junio en Los Ángeles, California, luego de ser declarado culpable de conspiración para introducir cocaína a Estados Unidos. Camargo enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua, precisó el Departamento de Justicia estadounidense. Permanece bajo custodia desde marzo de 2023 —cuando fue extraditado desde Costa Rica—. Estados Unidos identifica a Camargo como el líder de una red de 4,000 narcotraficantes en Panamá y Colombia. Otro de sus alias, además de Cholo Chorrillo, es Cool Nene. Una lectura de los cargos indica que los delitos que se le atribuyen habrían ocurrido en las mismas fechas en las que se encontraba recluido en prisiones de Panamá. Incluso, una de esas detenciones fue en Punta Coco, supuestamente el penal de máxima seguridad del país. En el indictment contra Camargo, que se remonta al 1 de septiembre de 2020 —aunque estuvo restringido hasta el 25 de febrero de 2022—, se narran los hechos que sustentan la acusación, los cuales se desarrollaron principalmente entre octubre de 2017 y mayo de 2018. La mayoría de las pruebas corresponde a comunicaciones electrónicas en “lenguaje codificado”, en las que se planificaban los envíos de cocaína y marihuana y se acordaban costos, fechas, cantidades, embarcaciones —toda la droga se movilizaba por mar— y personal. Por ejemplo, el 9 de noviembre de 2017 se interceptó una comunicación en la que Camargo y un compinche decidieron retrasar un envío de drogas desde Colombia debido al aumento de la actividad de agentes de seguridad en Panamá. De hecho, para esas fechas las autoridades incautaron más de 200 kilogramos de cocaína en una zona rural del país, cargamento que Camargo había ordenado trasladar desde Colombia. Todas estas instrucciones fueron dictadas mientras cumplía una pena de cinco años de prisión, impuesta en julio de 2012 por pandillerismo. Enabrilde2018,fueexcarcelado luego de que el Juzgado Séptimo Penal le concediera una medida cautelar de depósito domiciliario e impedimento de salida del país, solicitada por su abogada Shirley Castañedas, hoy diputada de Realizando Metas (RM), el partido en el que milita el presidente José Raúl Mulino. Al mes siguiente de su excarcelación, Camargo participó en una reunión. En la acusación se indica que él y sus socios se reunieron el 30 de mayo de 2018 para discutir futuros trasiegos de cocaína. No se detalla si ese encuentro tuvo lugar en el sitio donde se suponía que cumplía el depósito domiciliario. A finales de ese mismo año fue condenado a 70 meses de prisión por blanqueo de capitales por el Juzgado Liquidador de Causas Penales. No ingresó a prisión y, para entonces, se desconocía su paradero. Al año siguiente se le vinculó con la masacre registrada en el centro penitenciario La Joya, que dejó un saldo de 12 muertos y 13 heridos. Se cree que el hecho fue producto de un ajuste de cuentas entre pandillas. Finalmente, apareció en Costa Rica. En 2022, Camargo fue detenido en ese país a solicitud de Estados Unidos, aunque en Panamá ya era investigado por narcotráfico como parte de la operación antinarcóticos denominada Neptuno. Camargo, que ya tiene 46 años de edad, fue declarado culpable la noche del jueves por un gran jurado, tras un juicio que se extendió por cuatro días. El caso forma parte de la operación nacional “Take Back America”, una iniciativa del Departamento de Justicia orientada a desmantelar cárteles de drogas y organizaciones criminales transnacionales. La audiencia de sentencia fue programada para el 12 de junio, en la sala del juez André Birotte Jr. Unos 30 mil agentes para operativo del Carnaval 2026 Al menos 30 mil agentes de los estamentos de seguridad serán desplegados para las fechas del Carnaval 2026. La celebración de la actividad inicia oficialmente el viernes 13 de febrero con la coronación de las diferentes reinas, en distintas regiones del país, y concluyen en la madrugada del 18 de febrero. Se informó que el operativo arrancará a mediados de la presente semana y se mantendrá activo durante todas las festividades, con la finalidad de prevenir incidentes y garantizar que panameños y visitantes disfruten con tranquilidad y orden. “Nuestra prioridad es clara: que cada persona regrese segura a casa”, afirmó el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, de acuerdo con un comunicado de la entidad. El operativo incluye patrullaje en carreteras, costas, el aire y fronteras. En los próximos días se darán detalles de los operativos de tránsito y sobre la posibilidad de inversión de carriles hacia el interior del país, ante el desplazamiento de miles de personas. EVENTO Henry Cárdenas P. [email protected] Los panameños se desplazan a distintos puntos del país a disfrutar de las fiestas. Cortesía
3A La Prensa Panamá, lunes 9 de febrero de 2026 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] CIERRE. El juicio de Odebrecht entra en su recta final. Como buena historia de terror, debe concluir el próximo viernes 13 de febrero. Y, a partir del sábado, empiezan cuatro días de culecos. Ojalá después no tengamos que preocuparnos por un carnavalazo. LÓGICA. A José Blandón se le venció la visa de ingreso a Estados Unidos en abril de 2025, el mismo mes en que firmó la declaración de rechazo al memorándum de cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad. Como el respaldo a ese comunicado aparentemente provocó que Martín Torrijos y Ricardo Lombana perdieran sus visas, Blandón consideró que no sería razonable solicitar la renovación de la suya. No es mala idea. LLAMADO. El secretario de Comercio y Desarrollo Económico de Hong Kong, Algernon Yau Yingwah, ha citado al cónsul de Panamá, José Varela, para que le explique el fallo que declara inconstitucional el contrato de PPC. Si van a quejarse por decisiones adoptadas en los tribunales, estos son realmente tiempos insólitos. PILAS. Hay que resaltar la rápida reacción de la Procuraduría General de la Nación, que acudió al albergue infantil en Tocumen poco después de recibir la denuncia de la diputada Alexandra Brenes. En cambio, quienes se mueven lento son los del Ejecutivo: la junta directiva de la Senniaf se reunirá este lunes, cuatro días después de que el país entero conociera estas graves irregularidades. Pareciera que estamos presenciando la fábula de la tortuga y la liebre… ACOSO. La diputada Janine Prado denunció que ella y su familia son objeto de un seguimiento permanente en Veraguas, con el fin de captar imágenes para fabricar historias falsas, sin contexto alguno. Por ejemplo, el fin de semana circuló en redes un video en el que se le observa hablar con un agente en un retén, acompañado de un texto en el que se le acusa de conducir a exceso de velocidad. Resulta que ella ni siquiera iba al volante. ¿Seguimos viviendo en un Estado de derecho o ya retornamos a un régimen policial? En 2022 Europa aprobó la vacuna contra el dengue Qdenga. Cortesía Vacuna contra el dengue sigue bajo análisis técnico Yaritza Mojica [email protected] SALUD PÚBLICA El Minsa mantiene en evaluación la vacuna contra el dengue, mientras los casos aumentan y la estrategia prioriza prevención, evidencia científica, sostenibilidad y decisiones a mediano plazo. El Ministerio de Salud (Minsa) informó que mantiene como prioridad el análisis técnico y la evaluación integral de la evidencia científica sobre la posible incorporación de la vacuna contra el dengue al esquema nacional. Este proceso es desarrollado por la Comisión Nacional Asesora de Prácticas de Inmunización (Conapi), con apoyo de los equipos de Epidemiología y del Programa Ampliado de Inmunización (PAI). El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti, que se reproduce en agua estancada y puede causar fiebre, dolor intenso, complicaciones graves y, en algunos casos, la muerte. Su control depende principalmente de la prevención y la eliminación de criaderos. La directora general de Salud Pública, Yelkys Gill, explicó que los equipos técnicos analizan los resultados observados en países que ya han incorporado la vacuna, considerando diferencias epidemiológicas, climáticas y culturales que pueden influir en su efectividad. Estos insumos se complementan con las recomendaciones que debe emitir la Conapi, instancia clave para cualquier decisión. Gill señaló que la vacuna contra el dengue es costosa y que la evidencia científica disponible muestra una menor efectividad frente a algunos serotipos del virus, como el tipo 3, predominante en Panamá. Por ello, recalcó que cualquier decisión debe basarse en estudios rigurosos y en resultados comprobados en otros contextos. La funcionaria subrayó que incluir una vacuna en el esquema nacional implica cumplir normativas sanitarias, criterios de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), procesos de capacitación del personal de salud, educación a la población y respaldo presupuestario, por lo que su eventual incorporación solo podría evaluarse a mediano o largo plazo. Mientras tanto, reiteró que la principal estrategia sigue siendo la prevención mediante la eliminación de criaderos de mosquitos. La coordinadora del PAI, Itzel de Hewitt, indicó que cualquier incorporación dependerá de contar con presupuesto suficiente y de adquirir la vacuna a través del Fondo Rotatorio de la OPS, mecanismo que permite precios preferenciales y sostenibilidad financiera, conforme a lo establecido en la Ley 48 de 2007. El debate se reactivó tras solicitudes de especialistas. Según Epidemiología, en la semana tres de 2026 se registraron 475 casos acumulados de dengue en la Región Metropolitana, con hospitalizaciones y defunciones que mantienen activa la vigilancia sanitaria.
4A La Prensa Panamá, lunes 9 de febrero de 2026 Panorama La construcción del Oncológico empezó el pasado 4 de febrero de 2026. Cortesía Nuevo ION: médicos piden revisar el diseño del proyecto Aleida Samaniego C. [email protected] SALUD PÚBLICA Especialistas del Servicio de Oncología Médica del ION advierten que ampliar la infraestructura sin aumentar el personal especializado fragmenta la atención oncológica. La escasez de personal médico especializado y el riesgo de fragmentar la atención oncológica entre distintas infraestructuras han encendido las alarmas entre los médicos del Servicio de Oncología Médica, ante el plan del Gobierno de construir un nuevo Instituto Oncológico Nacional (ION) en la Ciudad de la Salud. Según los especialistas, tal como está concebida la iniciativa, podría comprometer la calidad, la continuidad y la seguridad de la atención que reciben miles de pacientes con cáncer en el país. La advertencia se formalizó mediante una carta dirigida al director del ION y exviceministro de Salud (2009-2011), Julio Santamaría, firmada por los médicos que sostienen la atención diaria del servicio. En el documento, los profesionales aclaran que sus observaciones no responden a motivaciones políticas ni administrativas, sino que se basan en la experiencia clínica cotidiana y en evidencia científica sobre la organización de los servicios oncológicos. “Somos quienes atendemos a los pacientes hospitalizados, tomamos decisiones complejas y enfrentamos diariamente los retos del sistema”, recalcan los médicos, al subrayar que cualquier cambio estructural debe considerar la realidad operativa del servicio. Fragmentación y riesgos clínicos Uno de los principales ejes de la preocupación médica es el riesgo de fragmentar la atención oncológica al distribuir los servicios en varias sedes o edificios, sin un incremento proporcional del personal especializado. Los médicos advierten que trasladar parte de la atención a nuevas infraestructuras, sin contar con suficientes oncólogos, enfermeras, técnicos y personal de apoyo, podría generar fallas graves en la continuidad asistencial. De acuerdo con la carta, la dispersión física de los equipos clínicos dificultaría la toma de decisiones oportunas, debilitaría las discusiones multidisciplinarias presenciales —fundamentales en el manejo del cáncer— y aumentaría el riesgo de eventos adversos, especialmente en pacientes hospitalizados con cuadros graves o complejos. Asimismo, replicar servicios en distintos edificios utilizando los mismos recursos humanos no solo incrementaría los costos operativos del sistema, sino que reduciría su eficiencia y agravaría el agotamiento físico y emocional del personal, que ya opera al límite de su capacidad. “La capacidad real del sistema no depende únicamente de la infraestructura, sino de la disponibilidad de personal altamente especializado”, insisten los médicos. Estudios científicos citados en la misiva indican que la fragmentación asistencial en oncología —en particular en cáncer de pulmón y de mama— se asocia con mayores costos sanitarios, retrasos en el inicio de los tratamientos y peores desenlaces clínicos. Gran infraestructura, pero sin hospitalización El proyecto oficial establece que el nuevo edificio del ION contará con nueve niveles de atención, 92 consultorios de consulta externa distribuidos en más de quince especialidades, una sala de quimioterapia ambulatoria con 90 sillones, ocho camas para tratamientos prolongados, un laboratorio clínico y molecular para hematología, así como un edificio de estacionamientos de seis niveles con 272 espacios. La construcción abarcará 19,670 metros cuadrados. No obstante, los médicos advierten que en la descripción oficial no se contemplan quirófanos ni áreas de hospitalización, elementos esenciales para la atención integral de pacientes oncológicos en condición grave. A su juicio, esta configuración prioriza la atención ambulatoria, pero mantiene fragmentado el manejo clínico, lo que obligaría a los mismos equipos a desplazarse entre distintas infraestructuras para completar la atención de los pacientes. Aunque el Hospital de Cancerología, de la Caja de Seguro Social, contiguo dispone actualmente de 26 quirófanos, 200 camas y 20 unidades de cuidados intensivos, los especialistas señalan que la falta de integración con el nuevo edificio podría sobrecargar al personal existente y aumentar los riesgos clínicos. El enfoque del proyecto trazado El exdirector del ION y asesor de la actual administración, Aníbal Villa-Real, reconoció que la preocupación expresada por los médicos es compartida por las autoridades y aseguró que se están evaluando soluciones progresivas. “Esa preocupación la tenemos todos y por ello intentamos encontrar respuestas. La cobertura de tratamientos cerca de la residencia de los pacientes es un proyecto que ya está en funcionamiento y que continuará expandiéndose en la medida en que se capacite más personal de salud”, señaló. Indicó que este modelo ya opera en hospitales regionales como el Anita Moreno, en Azuero, y el Luis Chicho Fábrega, en Santiago. Sobre la división de servicios en dos sedes, admitió que se trata de una dificultad real. “Es una contrariedad preocupante porque afecta la inmediatez del trabajo multifactorial que caracteriza el tratamiento oncológico”, afirmó. Sin embargo, explicó que, una vez concluidas las obras de la segunda fase del proyecto, se prevé avanzar hacia una tercera etapa que permita reunificar las actividades clínicas del ION. Perspectiva de los pacientes: la voz de Alicia Luces Miembro de la Asociación Nacional de Pacientes de Quimioterapia, Alicia Luces, aportó una perspectiva histórica sobre los desafíos que han enfrentado los pacientes a lo largo de las últimas décadas. “En los últimos 25 años no hemos logrado que se nos construya un edificio con todas las especificaciones para el tratamiento del cáncer. Aun así, seguimos recibiendo atención de calidad con los mismos medicamentos, médicos y personal profesional e idóneo del sector privado, de lo cual estamos agradecidos a Dios”, expresó. Recordó que, con el paso de los años, se aprobaron leyes para habilitar salas de oncología en hospitales de provincia, como el Hospital Anita Moreno y el Chicho Fábrega, y que también se abrió una sala de radioterapia en la CSS de Ciudad de la Salud. El 4 de febrero de 2026 comenzó la construcción del nuevo edificio de nueve pisos, que albergará diversos servicios bajo la administración del ION, aunque no funcionará como un hospital completo. “Existe una fragmentación de servicios, pero los pacientes esperamos que, una vez finalizada la construcción, se asigne el presupuesto necesario para nombrar personal y dotar de insumos al nuevo edificio”, señaló. La sede principal en Ancón continuará concentrando quirófanos y equipos de diagnóstico como mamografía, imaginología, tomografía computarizada (CAT), PET scan y resonancia magnética. Pese a las limitaciones, Luces destacó la colaboración de los últimos seis gobiernos, que han contribuido de forma parcial a resolver problemas cotidianos, permitiendo que los pacientes sigan recibiendo atención y manteniéndose productivos. “Desde 1936 mantenemos el sueño de contar algún día con un hospital oncológico completo, donde todos los equipos necesarios estén en un mismo espacio para atendernos”, concluyó. Un modelo integrado que ha funcionado El ION se ha caracterizado históricamente por la integración física de todo el equipo oncológico en un mismo espacio, lo que ha facilitado una coordinación multidisciplinaria efectiva entre oncólogos médicos, cirujanos, radio-oncólogos, patólogos, radiólogos, personal de enfermería especializada y servicios de apoyo. Este modelo ha sido clave para garantizar la continuidad asistencial, la toma oportuna de decisiones clínicas y una mayor seguridad del paciente, especialmente en casos complejos que requieren intervenciones coordinadas en plazos breves. Los médicos advierten que el esquema propuesto no refleja plenamente la realidad actual de la atención oncológica en Panamá. Si bien reconocen la necesidad de expansión y modernización, insisten en que estas deben ejecutarse de manera estratégica y gradual, en concordancia con la capacidad real del recurso humano disponible. Propuestas alternativas y sostenibilidad Lejos de oponerse al fortalecimientodelsistemaoncológico, los médicos plantean alternativas para ampliar la cobertura sin comprometer la calidad de la atención. Entre ellas, proponen fortalecer la atención ambulatoria en hospitales regionales como el Anita Moreno y el Hospital Dr. Rafael Estévez, en Chitré, así como ampliar el uso de la telemedicina para el seguimiento de pacientes clínicamente estables. También sugieren avanzar hacia modelos descentralizados pero integrados, que permitan distribuir la carga asistencial sin fragmentar los equipos clínicos ni duplicar servicios sin el personal suficiente. A su juicio, concentrar los esfuerzos exclusivamente en nuevas infraestructuras, sin resolver previamente el déficit de recurso humano especializado, podría generar más problemas que soluciones. Los médicos aclaran que su postura no busca frenar la modernización del sistema oncológico ni desconocer las limitaciones actuales del ION. Señalan que su llamado responde a una responsabilidad ética y profesional de advertir sobre riesgos evitables y proponer soluciones sostenibles centradas en el paciente. Finalmente, reiteran su disposición a colaborar con las autoridades de salud para fortalecer la atención del cáncer en Panamá, mediante decisiones basadas en evidencia científica, seguridad del paciente y sostenibilidad del sistema de salud. La espera de los pacientes. Archivo El nuevo ION en números 92 Son los consultorios de consulta externa que contempla el nuevo edificio del Instituto Oncológico Nacional, distribuidos en más de quince especialidades. 90 Es la cantidad de sillones previstos para la sala de quimioterapia ambulatoria del nuevo ION, orientada principalmente a atención sin hospitalización. 26 Quirófanos con los que cuenta actualmente el Hospital de Cancerología de la Caja de Seguro Social, infraestructura contigua al nuevo proyecto, pero no integrada a este. 19,670 Metros cuadrados que abarcará la construcción del nuevo edificio del ION en la Ciudad de la Salud, según el proyecto oficial.
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8A La Prensa Panamá, lunes 9 de febrero de 2026 Panorama Grúas de pórtico en el puerto de Balboa. EFE Caso Panama Ports: siete gobiernos, un contrato y millones en disputa Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] CONCESIÓN PORTUARIA La prórroga del contrato con Panama Ports Company (PPC) no se convirtió en un problema de un día para otro. Es el resultado de una cadena de decisiones, omisiones y renovaciones que, a lo largo de los años, fueron consolidando un esquema que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha calificado, mediante un fallo, como desventajoso para el Estado en un sector estratégico de la economía nacional. La auditoría practicada por la Contraloría General de la República al contrato entre el Estado panameño y PPC reveló un profundo desbalance financiero que ha puesto en entredicho décadas de concesión. De hecho, el contralor general, Anel Flores, subrayó que Panamá debió recibir aproximadamente 1,337 millones de dólares en ingresos por concesiones portuarias, pero solo percibió 483 millones, lo que dejó un perjuicio estimado de más de 800 millones de dólares para las arcas públicas, entre ingresos no recibidos y beneficios fiscales otorgados a la empresa. Además, se detectó que desde 2010 no se revisaron las tarifas aplicadas al movimiento de contenedores (TEU), lo que produjo una brecha financiera adicional en detrimento del Estado panameño. La pregunta queda flotando en el aire: ¿cómo se llegó hasta aquí, después de que entre 1997 y 2026 pasaran siete administraciones gubernamentales, cada una dejando su huella —por acción u omisión— en el rumbo de un contrato que hoy está en el centro del debate nacional? Ernesto Pérez Balladares (1994–1999) Tras una licitación, durante este gobierno se firmó y aprobó el contrato original de concesión con Panama Ports Company en 1997, mediante la Ley N.° 5 de 16 de enero de 1997, que otorgó a PPC la responsabilidad de desarrollar, operar, administrar y gestionar las terminales de contenedores en los puertos de Balboa y Cristóbal por un período inicial de 25 años. La concesión fue aprobada por la Asamblea Nacional y representó la base legal de la relación entre el Estado y la empresa durante décadas. El acuerdo otorgó a la empresa la operación de los puertos a cambio de pagos anuales al Estado, que incluían 22.2 millones de dólares fijos y el 10% de los ingresos brutos. Mireya Moscoso (1999– 2004) Durante este período se negoció y aprobó una modificación a la concesión en 2002, bajo la administración de Moscoso, que eliminó la anualidad fija y variable que PPC pagaba al Estado, reduciendo los ingresos previsibles para Panamá. Esa decisión, liderada por el entonces ministro de Comercio e Industrias, Joaquín Jácome, es considerada un punto clave en la estructura contractual que favoreció a PPC y ha sido objeto de críticas posteriores. Según la Contraloría, esta modificación redujo de forma significativa los ingresos que el Estado debía recibir por la concesión, según el compromiso pactado en el contrato de concesión. Martín Torrijos (2004– 2009) Bajo el gobierno de Torrijos no hubo grandes cambios públicos en la relación contractual con PPC, más allá de la consolidación de los términos vigentes. Sin embargo, crecieron las operaciones portuarias y la importancia estratégica de los puertos de Balboa y Cristóbal, vinculados al comercio mundial y al Canal de Panamá. La administración consolidó el papel de PPC como operador principal de esas terminales, sin renegociaciones de fondo del contrato original. No obstante, a inicios de esa gestión se dieron a conocer, a través de una auditoría, ganancias acumuladas por alrededor de 750 millones de dólares. Pese a que el Estado posee el 10% de las acciones, no recibió dividendos durante años. PPC ha argumentado que esas utilidades fueron reinvertidas. Ricardo Martinelli (2009–2014) Durante el gobierno de Martinelli no se materializaron enmiendas significativas al contrato de PPC en términos públicos, pero el crecimiento del volumen de carga y la dinámica logística global aumentaron la importancia de los puertos. Este período se caracterizó por la continuidad del esquema concesional, sin ajustes sustanciales que incrementaran los beneficios del Estado frente al acelerado crecimiento del tráfico de contenedores. Juan Carlos Varela (2014–2019) En la administración de Varela, el contrato siguió vigente según sus términos, aunque surgieron discusiones públicas y técnicas sobre la revisión de tarifas y el cumplimiento de obligaciones por parte de PPC. No obstante, en 2015 y tras 18 años de operación, PPC realizó su primer pago de dividendos al Estado, por apenas un millón de dólares. Dos años después, en 2017, el exdirector de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), Pedro Meilán, presentó una denuncia por supuesto bien oculto contra PPC, tras alegar que “entre enero y abril de 2009 se realizó una auditoría a Panama Ports Company que arrojó ganancias por 750 millones de dólares sin que el Estado hubiese recibido su porcentaje por las acciones que tiene en la empresa”. Con base en esto, Meilán estimó como cuantía inicial del bien oculto la suma de 72.5 millones de dólares, “la cual podrá aumentar una vez se puedan determinar los ingresos reales de la empresa luego de las pruebas periciales idóneas”. Laurentino Cortizo (2019–2024) Durante el gobierno de ERNESTO PÉREZ BALLADARES (1994-1999) MIREYA MOSCOSO (1999-2004) Infografía: LP - Fuente: Contraloría, Gaceta Oficial y datos propios Durante este gobierno se firmó y aprobó el contrato original de concesión con Panama Ports Company en 1997, mediante la Ley N.° 5 de 16 de enero de 1997, que otorgó a PPC la responsabilidad de desarrollar, operar, administrar y gestionar las terminales de contenedores en los puertos de Balboa y Cristóbal por un período inicial de 25 años. La concesión fue aprobada por la Asamblea Nacional y representó la base legal de la relación entre el Estado y la empresa durante décadas. El acuerdo otorgó a la empresa la operación de los puertos a cambio de pagos anuales al Estado, que incluían 22.2 millones de dólares fijos y el 10 % de los ingresos brutos. Durante este período se negoció y aprobó una modificación a la concesión en 2002, bajo la administración de Moscoso, que eliminó la anualidad fija y variable que PPC pagaba al Estado, reduciendo los ingresos previsibles para Panamá. Esa decisión, liderada por el entonces ministro de Comercio e Industrias, Joaquín Jácome, es considerada un punto clave en la estructura contractual que favoreció a PPC y ha sido objeto de críticas posteriores. Según la Contraloría, esta modificación redujo de forma significativa los ingresos que el Estado debía recibir por la concesión. MARTÍN TORRIJOS (2004-2009) Bajo el gobierno de Torrijos no hubo grandes cambios públicos en la relación contractual con PPC, más allá de la consolidación de los términos vigentes. Sin embargo, crecieron las operaciones portuarias y la importancia estratégica de los puertos de Balboa y Cristóbal, vinculados al comercio mundial y al Canal de Panamá. La administración consolidó el papel de PPC como operador principal de esas terminales, sin renegociaciones de fondo del contrato original. No obstante, a inicios de esa gestión se dieron a conocer, a través de una auditoría, ganancias acumuladas por alrededor de 750 millones de dólares. Pese a que el Estado posee el 10 % de las acciones, no recibió dividendos durante años. PPC ha argumentado que esas utilidades fueron reinvertidas. RICARDO MARTINELLI (2009-2014) Durante el gobierno de Martinelli no se materializaron enmiendas significativas al contrato de PPC en términos públicos, pero el crecimiento del volumen de carga y la dinámica logística global aumentaron la importancia de los puertos. Este período se caracterizó por la continuidad del esquema concesional, sin ajustes sustanciales que incrementaran los beneficios del Estado frente al acelerado crecimiento del tráfico de contenedores. JUAN CARLOS VARELA (2014-2019) En la administración de Varela, el contrato siguió vigente según sus términos, aunque surgieron discusiones públicas y técnicas sobre la revisión de tarifas y el cumplimiento de obligaciones por parte de PPC. No obstante, en 2015 y tras 18 años de operación, PPC realizó su primer pago de dividendos al Estado, por apenas un millón de dólares. Dos años después, en 2017, el exdirector de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), Pedro Meilán, presentó una denuncia por supuesto bien oculto contra PPC, tras alegar que “entre enero y abril de 2009 se realizó una auditoría a Panama Ports Company que arrojó ganancias por 750 millones de dólares sin que el Estado hubiese recibido su porcentaje por las acciones que tiene en la empresa”. Con base en esto, Meilán estimó como cuantía inicial del bien oculto la suma de 72.5 millones de dólares, “la cual podrá aumentar una vez se puedan determinar los ingresos reales de la empresa luego de las pruebas periciales idóneas”. LAURENTINO CORTIZO (2019-2024) Durante el gobierno de Cortizo se concretó la renovación automática de la concesión en 2021, extendiendo la vigencia del contrato hasta 2047 sin un proceso competitivo ni una renegociación integral de las condiciones contractuales. Esta decisión fue criticada por sectores públicos y privados por la falta de transparencia y de revisión de los beneficios para el Estado. Ese mismo año, la Contraloría General, bajo la gestión de Gerardo Solís, certificó mediante una auditoría de cumplimiento —declarada confidencial— que PPC cumplía con el contrato. Con base en ese informe, la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) aprobó la renovación automática, sin renegociación ni debate público. JOSÉ RAÚL MULINO (2024-2026) En esta administración se desencadenó la revisión y la disputa judicial más profunda en torno al contrato. Tras una auditoría de la Contraloría General de la República que encontró irregularidades y potenciales pérdidas fiscales históricas, el contralor Anel Flores presentó acciones ante la Corte Suprema de Justicia, que en 2026 declaró la concesión y su extensión inconstitucionales por vulnerar el interés público y la transparencia legal, anulando la base jurídica del contrato y de su prórroga. El fallo ha provocado tensiones internacionales y ha abierto un proceso de transición que contempla una posible nueva licitación y una gestión temporal de los puertos. Esta semana, el presidente José Raúl Mulino señaló que el Gobierno proyecta concesionar las terminales de forma independiente. De manera inicial y temporal, APM Terminals, filial de Maersk, será el operador de estos puertos. Una vez concluido este proceso transitorio, el Estado lanzaría dos licitaciones para concesionar las terminales. El mandatario no anticipó por cuánto tiempo APM Terminals permanecerá al frente de la operación temporal ni si su presencia en las terminales podría generar una posición dominante que afecte al sistema logístico panameño. El ABC de la concesión de Panama Ports Company
9A La Prensa Panamá, lunes 9 de febrero de 2026 Panorama Durante varios gobiernos, una cadena de decisiones, omisiones y renovaciones en torno al contrato con PPC consolidó un esquema que la Corte Suprema calificó como desventajoso para el Estado. Puerto de Cristóbal en Colón, en la entrada del Canal. EFE Cortizo se concretó la renovación automática de la concesión en 2021, extendiendo la vigencia del contrato hasta 2047 sin un proceso competitivo ni una renegociación integral de las condiciones contractuales. Esta decisión fue criticada por sectores públicos y privados por la falta de transparencia y de revisión de los beneficios para el Estado. Ese mismo año, la Contraloría General, bajo la gestión de Gerardo Solís, certificó mediante una auditoría de cumplimiento —declarada confidencial— que PPC cumplía con el contrato. Con base en ese informe, la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) aprobó la renovación automática, sin renegociación ni debate público. José Raúl Mulino (2024–2026) En esta administración se desencadenó la revisión y la disputa judicial más profunda en torno al contrato. Tras una auditoría de la Contraloría General de la República que encontró irregularidades y potenciales pérdidas fiscales históricas, el contralor Anel Flores presentó acciones ante la Corte Suprema de Justicia, que en 2026 declaró la concesión y su extensión inconstitucionales por vulnerar el interés público y la transparencia legal, anulando la base jurídica del contrato y de su prórroga. El fallo ha provocado tensiones internacionales y ha abierto un proceso de transición que contempla una posible nueva licitación y una gestión temporal de los puertos. La semana pasada, el presidente José Raúl Mulino señaló que el Gobierno proyecta concesionar las terminales de Balboa y Cristóbal de forma independiente. De manera inicial y temporal, APM Terminals, filial de Maersk, será el operador de estos puertos. Una vez concluido este proceso transitorio, el Estado lanzaría dos licitaciones para concesionar las terminales. El mandatario no anticipó por cuánto tiempo APM Terminals permanecerá al frente de la operación temporal ni si su presencia en las terminales podría generar una posición dominante que afecte al sistema logístico panameño. Números clave $1,337 millones Es el monto que, según la Contraloría General, Panamá debió recibir por la concesión portuaria a Panama Ports Company, de acuerdo con los términos contractuales y el movimiento real de carga. $800 millones Es el perjuicio estimado al Estado, entre ingresos no percibidos y beneficios fiscales otorgados a PPC, tras modificaciones contractuales y falta de revisión de tarifas. $22.2 millones Fue la anualidad fija que el contrato original establecía a favor del Estado y que fue eliminada en 2002, durante el gobierno de Mireya Moscoso, mediante una modificación aprobada por el entonces ministro de Comercio e Industrias, Joaquín Jácome. Joaquín Jácome. Archivo Anel Flores. Archivo Gerardo Solís. Archivo
10A La Prensa Panamá, lunes 9 de febrero de 2026 El dirigente opositor de Venezuela Juan Pablo Guanipa, cercano a la líder María Corina Machado y uno de los mayores críticos del chavismo, fue excarcelado este domingo tras más de ocho meses de prisión, informó su hijo, Ramón Guanipa. “Anuncio que mi papá, Juan Pablo Guanipa, fue liberado hace minutos. Luego de más ocho meses de injusta prisión y más de un año y medio separados, toda nuestra familia podrá abrazarse de nuevo pronto”, indicó Ramón Guanipa en X. Tras esto, publicó un video en el que su padre confirmó su liberación. “Hoy estamos saliendo en libertad. Mucho de qué hablar acerca del presente y del futuro de Venezuela. Siempre con la verdad por delante”, dijo Juan Pablo GuaniRégimen chavista liberó al dirigente opositor Juan Pablo Guanipa VENEZUELA pa. Por su parte, Machado celebró la excarcelación del también exdiputado del partido opositor Primero Justicia, a quien consideró un “héroe”. “Mi querido Juan Pablo, ¡contando los minutos para abrazarte! Tú eres un héroe y la historia lo reconocerá siempre. ¡Libertad para todos los presos políticos!”, publicó en su cuenta de X. Esta liberación se da en el marco de un proceso de excarcelaciones anunciado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, hace un mes, luego de la captura del mandatario Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Al menos 391 presos políticos han sido excarcelados en Venezuela desde el pasado 8 de enero, según un conteo publicado el sábado por la mayor coalición opositora, mientras la ONG Foro Penal contabiliza 383. El Gobierno asegura que el proceso de excarcelaciones inició en diciembre de 2025 y desde entonces unas 895 personas han sido liberadas con medidas cautelares, aunque no ha publicado listas que permitan verificar los casos. Guanipa permanecía en la clandestinidad cuando fue detenido, el 23 de mayo de 2025, en un operativo policial de desmantelamiento de un presunto plan que tenía como objetivo “boicotear” los comicios regionales y legislativos de ese mes y realizar supuestos “actos terroristas”, por lo que también fueron detenidas más de 70 personas, entre ellas extranjeros, según el Gobierno. La última vez que Guanipa apareció en público fue el 9 de enero de 2025, cuando acompañó a Machado en una protesta en Caracas en defensa del reclamado triunfo de Edmundo González Urrutia en las presidenciales de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por funcionarios afines al chavismo, proclamó ganador a Maduro, lo que la oposición mayoritaria denunció como un “fraude”. Alexandra Brenes, diputada de la Asamblea, junto a César Pérez, excoordinador del CAI de Tocumen. LP MP abre pesquisa por denuncias en albergue de Tocumen Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] EFE. CARACAS, VENEZUELA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA La queja fue interpuesta por la diputada de la coalición Vamos, Alexandra Brenes, luego de una inspección al albergue. La Procuraduría General de la Nación anunció ayer que inició diligencias tras la presentación de una denuncia por presuntas irregularidades en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, una instalación tutelada por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf). La queja fue interpuesta por la diputada de Vamos, Alexandra Brenes, luego de una inspección al albergue realizada junto a otros miembros de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional. De acuerdo con el Ministerio Público, una vez recibida la denuncia se ordenaron actuaciones inmediatas con el objetivo de determinar la posible comisión de hechos punibles y, de ser el caso, establecer las responsabilidades correspondientes conforme a la ley. Las autoridades subrayaron que la investigación busca esclarecer los hechos y garantizar la protección de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad, en especial de los menores de edad. Las diligencias se desarrollaron en el propio CAI de Tocumen, donde equipos del Ministerio Público, acompañados de peritos y personal forense, realizaron verificaciones técnicas y el levantamiento de información relevante. Estas actuaciones, según se informó, buscan documentar de manera objetiva las distintas situaciones observadas en el albergue. La Procuraduría reiteró su compromiso con una investigación seria, diligente y respetuosa del debido proceso, orientada al esclarecimiento de los hechos. Asimismo, indicó que las pesquisas continuarán hasta agotar todas las líneas necesarias que permitan determinar si existen o no conductas delictivas vinculadas con lo denunciado. Sesión extraordinaria En paralelo, la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, en su calidad de presidenta de la junta directiva de la Senniaf, convocó a una sesión extraordinaria para este lunes 9 de febrero. La reunión fue anunciada tras los señalamientos públicos realizados por la diputada Brenes sobre un supuesto caso de abuso contra niños en el albergue de Tocumen. Según se informó, el encuentro tendrá como objetivo evaluar la situación y definir acciones inmediatas frente a posibles irregularidades que comprometan la integridad y la seguridad de niños, niñas y adolescentes bajo custodia del Estado. Las autoridades del sector social indicaron que se trata de una medida urgente ante la gravedad de los hechos denunciados. El Ministerio de Desarrollo Social subrayó que la protección del interés superior de la niñez y la adolescencia es y seguirá siendo una prioridad absoluta del Estado panameño. En ese sentido, aseguró que colaborará de forma total y transparente con las autoridades competentes ante cualquier indicio que ponga en riesgo los derechos de los menores. La denuncia de la diputada Brenes se produjo luego de una inspección al albergue, en la que, según relató, se detectaron múltiples anomalías, entre ellas el deterioro de la infraestructura, la falta de personal idóneo para atender adecuadamente a las personas bajo resguardo y la convivencia de niños, niñas y adultos en un mismo espacio, una situación que —advirtió— no cumple con los estándares adecuados de protección. Otros casos En 2020 Panamá vivió un escándalo de abusos y maltrato en albergues para niños, niñas y adolescentes que puso en tela de juicio la supervisión estatal de estas casas de acogida. Las denuncias comenzaron a acumularse a mediados de ese año, cuando organismos estatales como la Senniaf y el Mides presentaron denuncias penales por presuntos delitos de maltrato y otros hechos punibles cometidos contra menores bajo custodia en varias instalaciones del país. Organizaciones no gubernamentales alertaron sobre abusos físicos, emocionales y condiciones inadecuadas en albergues de Tocumen y Veraguas, señalando que en algunos centros no se cumplían los protocolos de atención y cuidado de los menores. En respuesta a esas irregularidades, la Senniaf ordenó el cierre de al menos tres albergues en 2020 por incumplimiento de normas y riesgo para la integridad de los niños y adolescentes. Entre los casos más graves documentados, la fiscalía abrió investigaciones por presuntos delitos sexuales y maltrato en albergues como el Centro Integral Fundación Chilibre Panamá (Funchipa), sobre el cual también se indagaron supuestos manejos irregulares de fondos públicos. En varios de esos procesos el Ministerio Público dictó medidas de protección y reubicó a menores que estaban en riesgo. La Fiscalía de Panamá también identificó al menos 20 víctimas vinculadas a abusos sexuales, maltratos físicos y psicológicos en distintos albergues durante ese periodo, y mantuvo abiertas múltiples investigaciones relacionadas con esos hechos. Las pesquisas incluyeron inspecciones a más de 50 albergues en todo el país, así como entrevistas a las víctimas para documentar las posibles conductas delictivas. A raíz de estos escándalos, el impacto institucional fue profundo: en años posteriores, tribunales de justicia panameños condenaron a exfuncionarios de la Senniaf por maltrato agravado a menores ocurrido entre marzo y agosto de 2020, en uno de los episodios más resonantes del caso. Estas sentencias reflejan la culminación de procesos que se remontan a las denuncias presentadas durante ese año. Fotografía de archivo fechada el 09 de enero de 2025 del exdiputado venezolano Juan Pablo Guanipa junto a la líder antichavista María Corina Machado. EFE Panorama
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