11A La Prensa Panamá, lunes 9 de febrero de 2026 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. las evaluaciones nacionales e internacionales evidenciaron debilidades estructurales. Según UNICEF Panamá, en 2024, el 12% de niños, niñas y adolescentes entre 4 y 17 años no asistía a ningún centro educativo, con tasas más altas en áreas rurales e indígenas. A ello se suma el bajo desempeño en lectura, matemáticas y ciencias: el 84% de los estudiantes de 15 años no alcanza el nivel mínimo de competencias en matemáticas, el 58% en lectura y el 62% en ciencias (PISA 2022). Persisten, además, una formación docente insuficiente, currículos desfasados y una desconexión profunda y persistente entre el sistema educativo y los sectores productivos del país. La pandemia de covid-19 no hizo más que agravar un sistema que ya se encontraba debilitado. Según Jóvenes Unidos por la Educación, entre 2020 y 2025 los estudiantes panameños perdieron más de 500 días de clases, una laguna educativa de enormes consecuencias para el desarrollo de sus capacidades y habilidades para la vida. De hecho, el experto en políticas públicas educativas Javier González, director del Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación para América Latina y el Caribe (SUMMA), alertó de forma contundente: “Los estudiantes panameños de duodécimo grado tienen un nivel equivalente al de sexto grado de países de la OCLas colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Réquiem por un socio desleal Concesión portuaria lidad de $22.2 millones y del 10% de sus ingresos brutos— fue eliminado por el gobierno de Mireya Moscoso mediante una resolución ilegal. Para ello se apeló a una argucia jurídica: equiparar el contrato ley de PPC con los de Manzanillo (MIT) y Colón Container Terminal (CCT). La comparación carecía de sustento, pues mientras PPC recibió activos productivos por más de $1,000 millones, MIT y CCT recibieron terrenos baldíos y llenos de escombros. La ilegal equiparación exoneró a PPC del pago de más de $750 millones durante los 25 años del contrato. La ilegalidad radicó en que una resolución ejecutiva no puede modificar un contrato ley. En otra inequidad, sin contraprestación alguna, el contrato ley cedió a PPC (artículo 2.1) la primera opción de extensión futura de ambos puertos hacia las valiosas áreas de Diablo e Isla Telfers. Además, le concedió un plazo de 12 años, contados desde la entrada en vigor del contrato, para ampliar los puertos o, en su defecto, devolver dichas áreas al Estado. Vencido el plazo en 2012, PPC no ejecutó la expansión propuesta en Diablo e Isla Telfers; sin embargo, lejos de devolver esas tierras, las mantuvo bajo su control. Más grave aún, dividió Isla Telfers en lotes y procedió a arrendarlos. Según La Prensa del 12 de julio de 2012 (Alquileres, el otro negocio de Panama Ports Company, por Wilfredo Jordán), solo los $750,000 mensuales que le paga una de las compañías le generan $9 millones anuales, suficientes para cubrir los $7 millones que se comprometió a pagar al Estado tras la ilegal renovación del contrato. Otros arrendatarios incluyen AES Colón, Depsa —operadora del muelle 16 de Cristóbal—, Telfers Tanks y Cemento Chagres. Pero el daño más profundo de PPC ha sido bloquear proyectos portuarios estratégicos, amparándose en una cláuFranklin Castrellón La educación que soñamos Reforma educativa El tránsito natural de la vida institucional de nuestra República nos lleva a converger en múltiples ámbitos y escenarios. Hoy nos encontramos en una coyuntura especial y neurálgica, por su impacto directo en el porvenir de la educación y en la propia esencia del tipo de sociedad que perseguimos. El dilema es el siguiente: sostener una institucionalidad educativa obsoleta e ineficiente, anclada en un mundo previo a la era tecnológica, o construir desde sus cimientos un sistema participativo de educación pensado para el futuro. La Ley 47 Orgánica de Educación, promulgada en 1946, organizó el primer sistema educativo formal de nuestra historia. A partir de ese momento, en las décadas posteriores hubo hitos no menores, como la expansión progresiva de la cobertura educativa entre 1950 y 1960, las campañas de alfabetización y educación técnica durante la dictadura militar (1968-1989) y, con el retorno a la democracia en 1990, avances en la modernización del sistema mediante reformas curriculares y la estandarización de la evaluación docente. Todo ello ocurrió, sin embargo, en ausencia de políticas públicas sostenidas en el tiempo. En los siguientes 30 años de gobiernos democráticos se lograron avances en términos de inversión y acceso. Paradójicamente, DE, es decir, un rezago de seis años”. Debemos comprender que no basta con asignar más recursos al ya millonario presupuesto del Ministerio de Educación, dotar con una laptop a cada estudiante o agregar más asignaturas al pénsum. El sistema debe atravesar una transformación real y profunda que parta de la norma madre, la Ley 47 de 1946, y alcance su institucionalidad completa, integrada por docentes, estudiantes y el propio Ministerio de Educación. El nuevo sistema educativo debe enfocarse —sin limitarse— en garantizar el tránsito completo del estudiante desde la primera infancia hasta la educación superior; crear un sistema moderno, accesible y transparente de estadísticas educativas; definir un modelo de inversión claro —por ejemplo, si se prioriza contar con docentes más cualificados o una mayor cobertura de estudiantes por profesor—; construir una institucionalidad dinámica sin exceso de regulación; desarrollar instrumentos efectivos de supervisión, acompañamiento y evaluación docente; incorporar a la sociedad civil en la gobernanza educativa; y entender el servicio educativo desde la escuela hasta su expresión final en el mercado laboral, entre muchas otras líneas estratégicas. Este proceso no es una mesa de diálogo más. Es una de las transformaciones institucionales más trascendentales de los últimos 80 años. Implica replantear la educación panameña tal como la conocemos y comprender cómo incidirá en la vida de todos durante las próximas décadas. Opinión EL AUTOR es amigo de la Fundación Libertad. EL AUTOR es periodista. sula que le otorgó la facultad de objetar cualquier concesión que pudiera competir con ella. El texto pertinente señala: “En todo momento, el Estado consultará a la empresa antes de otorgar cualquier concesión sobre la extensión futura y obtendrá su aprobación para cualesquiera concesiones, aprobación que solo podrá ser objetada por la empresa si esta determina que tales concesiones representan actividades similares a las otorgadas mediante este contrato”. La primera iniciativa surgió en 2005, cuando el gobierno de Martín Torrijos impulsó el megapuerto de Farfán, con capacidad para manejar 2.2 millones de contenedores al año. El proyecto se sustentaba en estudios técnicos de Drewry Shipping Consultants y Ocean Shipping Consultants. Un consorcio integrado por Cosco (China) y Ports America (Estados Unidos) inició negociaciones con el Estado. Sin embargo, tres demandas interpuestas por PPC ante la Corte Suprema, la construcción del puerto de PSA en Rodman y el inicio de la crisis económica mundial terminaron por liquidarlo. La segunda iniciativa surgió en 2015, cuando, concluidos los estudios técnicos, la junta directiva de la Autoridad del Canal autorizó al administrador a dar los pasos necesarios para construir un puerto de contenedores en Corozal, con capacidad para 3.2 millones de teus en su primera fase. El proyecto enfrentó 28 demandas, 21 de ellas impulsadas por PPC, lo que desalentó a los cuatro operadores globales precalificados para presentar propuestas. Un análisis básico de costo-beneficio revela que Panamá ha perdido mucho más de lo que ganó en esta relación. Según la Contraloría, las manipulaciones de la empresa privaron al Estado de $853 millones. A ello se suma que el arriendo irregular de lotes en Isla Telfers le genera más de $10 millones anuales. Pero el mayor daño es estructural: el bloqueo de los proyectos de Farfán y Corozal privó al país de cientos de millones de dólares que hoy estarían produciendo ambas terminales. En conclusión, durante más de 28 años, PPC ha actuado como un socio desleal de Panamá. En fallo unánime del 29 de enero de 2026, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato ley No. 5 de 16 de enero de 1997, mediante el cual el Estado otorgó a Panama Ports Co. (PPC), subsidiaria de la hongkonesa Hutchison Port Holdings, la concesión para el desarrollo, administración y operación de los puertos de Balboa y Cristóbal, localizados estratégicamente en ambas terminales del Canal de Panamá. En opinión emitida el 19 de febrero de 2025, a solicitud de la Corte Suprema, tras un análisis exhaustivo del contrato ley, el procurador general de la Nación, Luis C. Gómez Rudy, concluyó que la Ley 5 de 16 de enero de 1997 “es inconstitucional”, pues viola 15 artículos de la Constitución. Por ello solicitó al Pleno de la CSJ “que así lo declare al momento de pronunciarse sobre la presente acción de inconstitucionalidad”, interpuesta por los abogados Norman Castro y Julio Fidel Macías. Y al concluir una auditoría a PPC, el contralor general de la República, Anel Flores, determinó que, de haberse respetado el contrato ley original, Panamá habría recibido $1,337 millones, pero solo percibió $483 millones, lo que causó un perjuicio al país de $853 millones. Según la auditoría, la empresa habría manipulado información financiera para no entregar al Estado lo que le correspondía en un contrato ya de por sí desventajoso para el país. Los puertos de Balboa y Cristóbal, que fueron entregados por Estados Unidos a Panamá al entrar en vigor los Tratados Torrijos Carter el 1 de octubre de 1979, y el Canal de Panamá, que revertiría veinte años después, constituyen la joya de la corona de nuestro principal recurso: la posición geográfica. Negociado con excesiva generosidad, el contrato ley otorgaba beneficios y privilegios a PPC, y escasas ventajas al soberano. El mayor logro —el pago de una anuaLa crisis educativa exige una reforma estructural profunda: no más parches ni promesas, sino un nuevo sistema capaz de cerrar brechas y preparar al país para el futuro. Kevin Quintero Loja El fallo que anula el contrato de Panama Ports expone décadas de inequidades, pérdidas millonarias y bloqueos estratégicos que afectaron la soberanía portuaria y el desarrollo logístico del país. El laberinto de la educación Crisis de gestión La educación en Panamá se encuentra en una encrucijada donde la “paz social” corre el riesgo de convertirse en un concepto vacío si no se acompaña de una reforma administrativa profunda y sostenida. Tras los conflictos gremiales, la estabilidad del sistema no depende solo del cese de las huelgas, sino de atender las carencias estructurales que asfixian la vida cotidiana de las escuelas. Una verdadera transformación educativa exige mirar con honestidad hacia los espacios donde la burocracia ha fallado. El primer gran obstáculo es la crisis de infraestructura y gestión. La complejidad en la ejecución de fondos como el FECE, sumada a una tramitología extemporánea, ha colocado a los directivos en una situación de vulnerabilidad, forzados a sostener planteles deteriorados mientras los recursos quedan atrapados en un engranaje centralista. Sin embargo, el deterioro físico es apenas la superficie del problema; el vacío más profundo se encuentra en el capital humano administrativo. Hoy, las escuelas panameñas enfrentan una escasez crítica de personal administrativo, manual y técnico. Resulta insostenible exigir calidad educativa cuando los gerentes escolares deben multiplicar funciones ante la ausencia de secretarias, contadores y personal de mantenimiento. Esta carencia despoja al líder pedagógico de su función esencial y lo convierte en un administrador permanente de crisis operativas. A ello se suma la urgencia de una capacitación real y continua, alejada de modelos teóricos desconectados de la idiosincrasia del aula panameña. La formación debe concebirse como un proceso permanente, anclado en la realidad del territorio, con énfasis en la alta gerencia para los directivos y en herramientas pedagógicas contextualizadas para los docentes. No es posible transformar la educación con manuales importados que desconocen los desafíos de nuestras provincias y comarcas. Finalmente, la paz social se fractura cuando se opta por la coerción administrativa. La separación de docentes y directivos, lejos de resolver los problemas de fondo, genera un clima de incertidumbre que inhibe la innovación y erosiona la confianza institucional. La estabilidad es condición del progreso: sin procesos transparentes y respeto irrestricto al debido proceso, la educación seguirá siendo un espacio de confrontación y no el motor del desarrollo nacional. Es momento de comprender que la transformación educativa no es un eslogan, sino una tarea de carpintería administrativa, justicia laboral y capacitación con sentido de patria. EL AUTOR es profesor de filosofía. Abel Guerra Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Gerente General Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. 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