8A La Prensa Panamá, domingo 8 de febrero de 2026 La opinión de Hilde Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. mo un asunto estrictamente judicial y no como una decisión de política de Estado. Por su parte, el Estado chino actúa como un sistema verticalmente integrado bajo la dirección del Partido Comunista Chino (PCCh), en el poder desde 1949. Los 23 ministerios y tres comisiones —incluida la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao—, formalmente adscritos al Consejo de Estado, mantienen en la práctica dos líneas de reporte: una al primer ministro y otra al PCCh, que constituye la verdadera línea de autoridad. Esta arquitectura institucional tiene consecuencias prácticas. Las decisiones adoptadas por órganos independientes del Estado panameño no son interpretadas en Pekín como expresiones autónomas, sino como acciones atribuibles al conjunto del Estado, bajo una lógica de coordinación vertical. Este rasgo estructural resulta fundamental para entender el tono y el alcance de las reacciones oficiales chinas. En cuanto a eventuales medidas punitiLas colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Cuando el panda deja de sonreír Presión geopolítica Los recientes rechazos del gobierno chino al fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre el contrato portuario con Panama Ports Company (PPC) anticipan la posibilidad de medidas punitivas contra Panamá. Los portavoces del Ministerio de Relaciones Exteriores de China han reiterado que defenderán “firmemente los legítimos intereses” de sus empresas. Aunque el alcance preciso de estas medidas permanece incierto, paralelos recientes permiten identificar patrones de interés y anticipar escenarios plausibles. Para comprender la magnitud del desencuentro actual, resulta clave reconocer las diferencias estructurales entre ambos Estados. Panamá opera bajo un sistema de separación de poderes en el que el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial funcionan con autonomía constitucional. Esta distinción fue subrayada por el presidente José Raúl Mulino al categorizar el fallo de la CSJ coa través del Canal de Panamá, junto con Estados Unidos y Japón. Esta vulnerabilidad es particularmente relevante dado el desarrollo de infraestructura portuaria china en la región. La naturaleza de una posible respuesta fue insinuada por la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao al advertir que “las autoridades panameñas deberían reconocer la situación y retomar el buen camino” y que, de persistir en su postura, “seguramente pagarán un alto precio, tanto político como económico”. En este contexto, no puede descartarse que China complique la renovación del acuerdo de transporte marítimo o reevalúe la exención de visa para Hong Kong. Más significativo aún sería un eventual redireccionamiento de naves chinas hacia puertos de operación o propiedad china en la región, como Kingston, en Jamaica (operado por China Merchants Ports Holdings), o Chancay, en Perú (donde Cosco Shipping posee el 60% de participación), reduciendo el tránsito por el Canal de Panamá y el uso de sus puertos. Ante este escenario, el plan de contingencia del Ejecutivo panameño debería incorporar una estrategia clara para proteger estos y otros intereses nacionales, partiendo del reconocimiento de las profundas diferencias estructurales entre ambos sistemas estatales. Opinión EL AUTOR es analista de relaciones internacionales. Un análisis sobre las posibles respuestas de China al fallo de la Corte panameña revela vulnerabilidades estructurales del país y la necesidad de una estrategia estatal clara ante presiones externas. Sebastián Naranjo Rodríguez vas, el caso de Japón ofrece un precedente ilustrativo. Tras declaraciones de la entonces ministra japonesa Sanae Takaichi sobre una eventual respuesta ante acciones militares chinas en Taiwán, Pekín reaccionó con un paquete multidimensional: restricciones a la exportación de minerales raros, prohibición de importaciones de mariscos japoneses y recomendaciones para que turistas chinos evitaran viajar a Japón. En el plano simbólico, China retiró dos pandas en préstamo del Zoológico de Ueno, en Tokio, enviando un mensaje inequívoco sobre el deterioro de las relaciones bilaterales. Panamá no tiene pandas en préstamo ni recibe gran flujo de turistas chinos, pero posee otros elementos susceptibles a presión china. El primero es el acuerdo sobre transporte marítimo que otorga a la flota mercante de bandera panameña el estatus de “Nación Más Favorecida” en puertos chinos, suscrito por la Autoridad Marítima de Panamá y programado para renovarse. El segundo es la exención de visa para nacionales panameños que visitan Hong Kong por 30 días, vigente desde 2019. Aunque su revocación tendría impacto económico limitado, enviaría una señal política clara. El tercero, y más significativo, es que China figura anualmente entre los principales países por flujo de carga Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Gerente General Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón Comemos del Canal y el Canal nos come Extractivismo cia hincha nuestro orgullo patrio. Pero, a un nivel más profundo, es el Canal quien nos consume. El Canal rara vez se percibe como una mina, pues no extrae ni exporta cobre ni oro. Nos hemos convencido de que ofrecemos un «servicio» inagotable, basado en nuestra ubicación geográfica privilegiada; sin embargo, esta percepción es sumamente peligrosa. Estudios recientes de ecología política indican que esta megainfraestructura debe entenderse más allá de su función logística en el comercio internacional, revelando una variante hidráulica del extractivismo global. Cada barco que cruza las esclusas representa más que un logro de la ingeniería; constituye, en esencia, una exportación masiva de nuestra agua dulce. Estamos transformando un «fondo» crucial para la pervivencia —agua potable, biodiversidad, estabilidad climática— en un «flujo» efímero, desechado en pos de la acumulación de capital global. Al priorizar el tránsito de mercancías sobre la salud de la cuenca, establecemos una jerarquía de derechos desigual: actualmente, un buque Neopanamax tiene mayor prioridad sobre el agua del Lago Gatún que un niño en Arraiján o en La Chorrera. La factura que nos pasan no es únicamente ecológica; forma parte de un espejismo político que hemos heredado. En 1999, celebramos que el Canal era nuestro, sin darnos cuenta de que la posesión de la que Elizabeth Corro Ábrego LA AUTORA es investigadora doctoral en Relaciones Internacionales de la Universitat Autònoma de Barcelona y asistente de investigación en el Institut Barcelona d’Estudis Internacionals. Dentro de esta arquitectura, incluso nuestro lema nacional, «Pro Mundi Beneficio», se revela como la inscripción de una servidumbre geográfica: un mandato estructural que coloca el beneficio del capital transnacional por encima del bienestar biológico de la República. Esta lógica es gestionada por una tecnocracia que se proyecta como impecable y despolitizada, blindada por una supuesta neutralidad técnica que le permite operar de espaldas a las provincias y a las cicatrices ecológicas que no caben en sus balances financieros. Al final, hemos aceptado que nuestra única existencia viable en la economía política global es la de una plataforma que subasta su integridad ecosistémica al mejor postor, convirtiendo el orgullo de la reversión en la gestión profesional de nuestra propia desposesión. Por tanto, ha llegado la hora de encarar la pregunta: si el Canal tiene que secar nuestros grifos para engordar las arcas del Estado, ¿seguimos siendo sus legítimos dueños, o nos hemos reducido a ser la mera mano de obra que mantiene abierta la vena por la que se desangra nuestra riqueza natural? Hace poco más de dos años, las calles de Panamá se llenaron de multitudes que exigían el cierre de la mina concesionada a Minera Panamá. Aquella victoria fue celebrada como un hito de soberanía ecológica. Rechazamos de manera contundente la minería metálica, desechando la idea de que nuestro territorio es únicamente un depósito de recursos para el mercado global. Sin embargo, mientras el eco de aquella gesta se disipa, una forma de extracción mucho más antigua, profundamente arraigada y casi sacralizada continúa operando, sin ser objeto de crítica, en el corazón del istmo: el Canal de Panamá. Entre los mineros de los Andes existe un antiguo adagio que resume la tragedia de la dependencia: «Comemos de la mina, y la mina nos come a nosotros». En Panamá, hemos establecido un pacto fáustico de igual calibre. Comemos del Canal: sus peajes riegan las finanzas del Estado, sus divisas sostienen nuestro consumo y su eficahablábamos era meramente administrativa: cambiamos de dueño de la llave, pero dejamos intacta la tubería. Así, el Estado nacional heredó la lógica desarrollista estadounidense, que para nosotros se transformó en un nacionalismo enraizado, un orgullo patrio hondo. Este nacionalismo nos ha convertido en sujetos con una relación extractiva con nosotros mismos y, sobre todo, con los desahuciados y con el territorio que nos vio nacer, territorio que cada panameño defendería con orgullo. En otras palabras, nuestro orgullo nacional se convirtió en el envoltorio de un contrato de arrendamiento a perpetuidad de nuestro sistema hídrico y de nuestra gente. Como parte integral del nuevo «Consenso de la Descarbonización», el orbe nos exige celeridad. Las navieras reclaman rutas cortas para reducir su huella de carbono, pero esa eficiencia verde de escala planetaria se alimenta de nuestra entropía local: la salinización de nuestros campos, la ruptura de nuestro corredor biológico y la sed que ya asedia a nuestros pueblos. En este teatro global, Panamá no es solo el Puente de las Américas; es una pieza crucial del engranaje que nos mantiene atados a un futuro que nos despoja. En esta envergadura, no somos solo víctimas; somos la maquinaria que se devora a sí misma para lubricar un sistema que nos prefiere secos antes que lentos.
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