1A La Prensa Panamá, domingo 8 de febrero de 2026 El medio libre de Panamá 75¢ Domingo 8 de febrero de 2026 - Año 45 - Nº 15286 Hoy por hoy Las reformas al Código Electoral actualmente en debate introducen cambios que van más allá de una simple modificación procedimental. Al restringir la libre postulación en los circuitos plurinominales, esta figura queda relegada, en la práctica, a una opción secundaria frente a las estructuras partidarias. Permitir que un elector vote por varios candidatos de un partido, pero solo por un independiente, rompe la equidad del voto y altera el principio de igualdad política. El diputado independiente Jorge Bloise ha advertido que estas reformas no responden a una mejora del sistema, sino al malestar de los partidos tradicionales tras el aumento de candidaturas no partidarias en el último proceso electoral. Otros actores han señalado el mismo riesgo: ajustar las reglas después de los resultados debilita la confianza democrática. La libre postulación no es una concesión coyuntural, sino un mecanismo creado para ampliar la representación ciudadana. Limitarla equivale a reducir la pluralidad y empobrecer el sistema político. Deportes Gary Stempel, el técnico que cambió el fútbol panameño 3B Panorama Retraso en placas: ATTT se excusa con Chapala 3A Ella.pa Bad Bunny: salsa y reguetón en el Super Bowl 5B Costa Rica enfrenta su mayor prueba democrática en décadas Daniel Zovatto advierte que la victoria oficialista, con mayoría legislativa y un liderazgo presidencial dominante, coloca al país -bajo el mandato de Laura Fernández- ante el reto de ejercer el poder sin debilitar contrapesos, libertades ni Estado de derecho. VEA 6A Las reformas ponen en riesgo libre postulación Las reformas al Código Electoral actualmente en discusión ponen en riesgo la libre postulación y la equidad del voto, advirtió el diputado independiente Jorge Bloise, quien alertó que los cambios propuestos alteran de forma sustancial las reglas de asigCÓDIGO ELECTORAL El diputado Jorge Bloise plantea que los cambios restringen las listas independientes, reducen el valor del voto ciudadano y debilitan una figura creada para ampliar la representación, competencia y participación democrática. nación de curules en los circuitos plurinominales. Según Bloise, eliminar las listas de libre postulación implica que los ciudadanos puedan votar por varios candidatos de un partido político, pero solo por uno independiente, creando una desigualdad que favorece a las estructuras partidarias y debilita la representación ciudadana fuera de ellas. Explicó que esta modificación, impulsada tras el último proceso electoral, responde al malestar de los partidos tradicionales por el aumento de diputados independientes, particularmente los surgidos de la coalición Vamos. VEA 4A Estreno: Entrevistas para entender lo que pasa Los 10 destinos internacionales favoritos de los diputados La Prensa suma un nuevo espacio a su oferta informativa: Quesiqués, entrevistas multimedia conducidas por Simón Tejeira. La sección debuta con el diputado independiente Jorge Bloise, en una conversación que cruza reformas electorales, libre postulación, educación y Reglamento Interno de la Asamblea . Con un estilo claro, inquisitivo y pedagógico, Quesiqués busca ir más allá de la coyuntura, ofreciendo contexto, contrapregunta y profundidad, en un formato audiovisual diseñado para una audiencia que quiere entender, no solo escuchar. VEA 4A Durante 2025, diputados y personal de la Asamblea Nacional realizaron viajes oficiales a diez destinos internacionales con fondos públicos, por un gasto total de al menos $59,000. El pasaje más costoso fue de $9,786, correspondiente a un viaje de Carlos Afú a India. VEA 2A FONDOS PÚBLICOS MAS INFORMACIÓN Escanea el código QR y mira la entrevista completa. prensa.com Panamá consolida su papel regional en carga aérea El crecimiento sostenido de la carga aérea consolida a Tocumen como hub regional y reabre el debate sobre infraestructura, planificación y ejecución. Con inversión privada proyectada y rezagos históricos, el reto es convertir volumen en valor agregado logístico y empleo. VEA 7A HUB LOGÍSTICO VEA 1B Y 5B
2A La Prensa Panamá, domingo 8 de febrero de 2026 Panamá también aparece en los Epstein Files como una pieza más de su arquitectura financiera. En marzo de 2011, Jeffrey Epstein intercambió correos con Peter Mandelson —entonces embajador británico en Washington y amigo personal suyo— sobre la creación de una estructura fiscal en Panamá para la compra de un departamento en Río de Janeiro, Brasil. La idea era minimizar los impuestos en Brasil y el Reino Unido mediante una triangulación sencilla: una sociedad en Panamá prestaría fondos a una empresa brasileña controlada por él y su entonces pareja, con el objetivo de disfrazar el flujo de dinero y reducir gravámenes. “La empresa estaría sujeta a un impuesto del 2% sobre la compra del inmueble [en lugar del 4% y el 6% de Brasil y el Reino Unido]”, escribió Mandelson. Los documentos no permiten concluir si el esquema se concretó, pero muestran cómo Epstein exploraba jurisdicciones offshore para organizar las inversiones de sus clientes y amigos. Por ejemplo, la Opus Futurus Foundation (Panamá) figura como propietaria de Ferbel Group of Companies SLU (España), un holding que controla sociedades en Estados Unidos, Suiza, Francia, Perú, Colombia, Bolivia y Hong Kong. La fundación fue establecida por Juan Fernando Belmont Anderson, empresario vinculado al sector de fragancias y cosméticos en América Latina. Los formularios de Deutsche Bank describen esta red como una Epstein, Panamá, beneficios fiscales y un apartamento en Río de Janeiro EPSTEIN FILES estructura con “múltiples capas de propiedad” y la incluyen en expedientes KYC por su complejidad y alcance internacional. La estructura aparece dentro del mismo conjunto de archivos financieros revisados en los Epstein Files. La mención de Panamá también conecta con el universo empresarial que rodeaba a Epstein en Nueva York. Los Panama Papers ya habían vinculado a Cantor Fitzgerald —la firma dirigida por Howard Lutnick— con sociedades offshore. Lutnick era vecino de Epstein en Manhattan y su empresa aparece citada en declaraciones recogidas por el FBI como parte de circuitos financieros opacos. En los archivos bancarios, varias de estas relaciones quedan marcadas como “high risk” por los propios sistemas de control interno: clientes con fundaciones en Panamá, holdings en Europa y cuentas en Estados Unidos, bajo revisión reforzada tras la condena penal de Epstein en 2008. La imagen que emerge no es la de una sola sociedad, sino la de un entramado de fundaciones, préstamos y empresas que cruzaban fronteras legales —Panamá incluida— y que los bancos documentaron, pero no desarmaron. Sede de la Asamblea Nacional, enero de 2026. Carlos Moore Pasajes, viáticos y destinos: el costo de los viajes de diputados en 2025 Eliana Morales Gil [email protected] Sol Lauría ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] RENDICIÓN DE CUENTAS Durante 2025, la Asamblea Nacional financió viajes internacionales de diputados y personal administrativo. Los registros oficiales revelan destinos, costos y una concentración de misiones en pocos nombres. Durante 2025, un grupo de diputados de la Asamblea Nacional tomó vuelos internacionales con fondos públicos para asistir a foros parlamentarios, encuentros ideológicos, cumbres multilaterales y misiones de “intercambio de experiencias”. Aunque la lista de viajes no es extensa, algunos fueron costosos, prolongados y concentrados en pocos nombres. Los registros oficiales de la Dirección General y Finanzas del Legislativo muestran que varios diputados repitieron destinos internacionales y que uno solo concentró dos viajes intercontinentales en menos de ocho meses. Didiano Pinilla: dos continentes, dos agendas El diputado Didiano Pinilla Ríos, del partido Cambio Democrático (CD) y exvicepresidente de la Asamblea, viajó en febrero a Marruecos para participar en una reunión de la Mesa Directiva del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino). Permaneció siete días fuera del país, entre el 11 y el 17 de febrero, con un pasaje aéreo de $3,600. Siete meses después, en septiembre, volvió a despegar, esta vez rumbo a la República Popular China, donde asistió al Foro de Legisladores para Intercambio Amistoso 2025, en representación del Parlatino. La gira se extendió 10 días, del 9 al 18 de septiembre. El costo del pasaje fue de $2,700. Capacitación urbana en Medellín El diputado Roberto Archibold Chuito, del Partido Panameñista, realizó un viaje más corto, pero con una agenda cargada. Entre el 2 y el 6 de septiembre, se trasladó a Medellín, Colombia, para participar en una capacitación sobre desarrollo urbano sostenible, sistemas de transporte masivo, empresas eficientes y ciudades inteligentes. La misión se extendió por cinco días, con un pasaje aéreo de $372 y $800 en viáticos. Uruguay para el congreso por la Vida y la Familia En junio, tres diputados compartieron destino, agenda y enfoque ideológico. Jairo “Bolota” Salazar Ramírez, del Partido Revolucionario Democrático (PRD); Lilia Batista Rodríguez, y Yuzaida Marín, de Realizando Metas, viajaron a Montevideo, Uruguay, invitados al Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia. Salazar permaneció cinco días fuera del país, entre el 17 y el 21 de junio, y reportó un gasto de $2,491.81 en pasaje aéreo y $1,600 en viáticos. La gira de Batista y Marín fue del 16 al 21 de junio, de acuerdo con los reportes de la Asamblea. El pasaje de Batista costó $2,289 y le asignaron $2,000 en viáticos. El pasaje aéreo de Marín costó $2,798, y recibió $2,000 en viáticos. En su momento, la diputada Marín indicó que en la actividad se discutieron temas legislativos de “gran relevancia para nuestras sociedades, entre ellos el fortalecimiento de políticas públicas que promueven el valor de la vida humana y la protección de la familia como núcleo fundamental de la sociedad”. Madrid, Río y Quito: octubre movido Octubre concentró actividad diplomática y política. El diputado Julio de la Guardia Arrocha, de Cambio Democrático, viajó a Madrid para participar en un foro de inversión. La gira duró cinco días, del 6 al 11 de octubre. El pasaje aéreo costó $4,787.30 y recibió $3,000 en viáticos. En esas mismas fechas, su copartidario Manuel Cohen Salerno voló a Río de Janeiro, Brasil, para asistir al V Foro Latinoamericano contra el Antisemitismo. Permaneció cuatro días fuera del país, con un pasaje aéreo de $2,500. Días después, Alaín Cedeño Herrera, diputado de Realizando Metas, se desplazó a Ecuador para participar en una reunión de mecanismo de consulta. La misión duró dos días y registró $676 en pasaje aéreo y $800 en viáticos. Diciembre y el boleto más caro del año El récord lo marcó Carlos Agustín Afú Decerega, de Cambio Democrático. En diciembre, viajó a Nueva Delhi, India, para participar en la Vigésima Reunión del Comité Intergubernamental de la Unesco sobre Patrimonio Cultural Inmaterial. Permaneció ocho días fuera del país. El pasaje aéreo alcanzó los $9,786, el más alto del año. Ese mismo mes, Edwin Vergara Castillo, del Partido Panameñista, asistió en Madrid a la reunión preparatoria del XII Foro Parlamentario Iberoamericano. La Asamblea pagó $4,134.70 por su boleto aéreo. Su estadía fue de cuatro días. También viajaron a Washington, Estados Unidos, los diputados Manuel Cohen Salerno, de CD, y José Luis Varela Rodríguez, del Partido Panameñista para participar en la Conferencia Anual de Presidentes, entre el 9 y el 12 de diciembre. El pasaje aéreo de cada uno costó $2,526.93. No solo diputados La agenda internacional también incluyó a personal administrativo. En noviembre, Elvins K. Santander C., asistente administrativo, viajó a Bruselas para la Cumbre de la Alianza Interparlamentaria sobre China. Su pasaje aéreo tuvo un valor de $4,500. En septiembre, David Eduardo González Santana, también asistente administrativo, se desplazó a Cartagena de Indias para asistir a la Cumbre Mundial de Comunicación Política. La Asamblea le asignó $900 en viáticos. El costo En total, la Asamblea Nacional destinó al menos $59,000 en pasajes y viáticos para viajes internacionales durante 2025. Si bien no se trató de una avalancha de desplazamientos, el patrón reflejó misiones selectivas, concentradas en pocos nombres. Jeffrey Epstein.. Archivo Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Datos de interés Los 10 destinos Durante 2025, diputados y personal administrativo de la Asamblea Nacional realizaron viajes oficiales a Marruecos, China, Colombia, Uruguay, España, Brasil, Ecuador, India, Estados Unidos y Bélgica, en misiones que se concentraron principalmente entre febrero y diciembre. $9,786 Es el monto del pasaje adquirido a nombre del diputado Carlos Agustín Afú Decerega, del partido Cambio Democrático, para viajar a Nueva Delhi, India, en diciembre de 2025.
3A La Prensa Panamá, domingo 8 de febrero de 2026 Panorama La placa metálica tiene una vigencia de cinco años. LP ATTT atribuye retraso de placas al proceso de licitación en Chapala Yaritza Mojica [email protected] TRANSPORTE PÚBLICO El retraso en las placas 2026–2030 obligó a emitir permisos temporales mientras concluye la licitación a cargo de Chapala y el refrendo de la Contraloría. Solo en enero se otorgaron 65 mil salvoconductos, vigentes hasta por seis meses. Debido al retraso en la emisión de las nuevas placas vehiculares con diseño 2026–2030, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que se encuentra a la espera de que concluya el proceso de licitación y, posteriormente, del refrendo por parte de la Contraloría General de la República. El director de la entidad, Simón Henríquez, aseguró que este proceso corresponde al Centro Vocacional de Chapala, encargado de convocar y ejecutar la licitación para la selección de la empresa que suministrará los materiales necesarios para la producción de las placas. Indicó que la ATTT debe respetar los tiempos establecidos en la contratación pública, ya que su función se limita a emitir la resolución que da inicio al proceso ante Chapala y a especificar el modelo de las placas para el siguiente quinquenio. “Es el Centro Vocacional de Chapala el encargado de convocar y ejecutar la licitación para la selección de la empresa que producirá las placas, proceso que debe ser refrendado por la Contraloría”, explicó el funcionario. La Ley 214 del 4 de mayo de 2021 estableció que las placas vehiculares metálicas en Panamá tendrían una vigencia de cinco años, comenzando con las emitidas en 2021, las cuales fueron válidas hasta diciembre de 2025. La norma también introdujo el uso de calcomanías anuales para validar la placa, en lugar de cambiar la lámina metálica cada año, con el objetivo de promover la sostenibilidad y reducir costos. Henríquez detalló que la licitación ya fue realizada y adjudicada, y que solo resta la aprobación formal, la cual podría concretarse en los próximos días. Una vez cumplido este paso, la empresa contratada iniciará de inmediato la producción de las placas, comenzando por las correspondientes a vehículosdeprimeringreso,para luego atender el plan regular de renovación. Permisos de circulación temporales Mientras se completa este proceso, el director aclaró que los municipios están otorgando salvoconductos o permisos de circulación temporales a los vehículos nuevos. En ese sentido, la Alcaldía de Panamá confirmó que los conductores, tanto de vehículos nuevos como aquellos que deben renovar la placa en la ciudad capital, podrán circular con un permiso de circulación temporal mientras avanza el proceso de confección de las nuevas placas. Esta medida busca garantizar la legalidad de la circulación vehicular, explicó el tesorero municipal de Panamá, Olmedo Rodríguez. Actualmente se otorga un permiso de circulación temporal cuya vigencia inicial era de tres meses, pero que fue extendida a seis meses para cubrir los tiempos administrativos que conlleva la licitación. Se estima que en los dos primeros meses se podrán emitir más de 130 mil permisos temporales. Solo durante el mes de enero, la Alcaldía emitió aproximadamente 65 mil permisos de circulación temporal, cifra que se espera se repita en febrero. En la actualidad, entre 65 mil y 68 mil conductores circulan con este documento, el cual tiene la misma validez legal que la placa y el sticker, mientras dure la contingencia. Rodríguez aclaró que, una vez se normalice el proceso y estén disponibles las nuevas placas, los conductores deberán retirarlas junto con su respectivo sticker, momento en el cual el permiso temporal perderá vigencia. Este beneficio aplica tanto para vehículos de primer ingreso como para aquellos incluidos en el plan regular de renovación. ¿Qué incluye este permiso y cómo obtenerlo? El tesorero municipal informó que el documento incluye los datos generales del vehículo y un código QR, ubicado en la parte superior derecha, que permite a las autoridades verificar su autenticidad y evitar falsificaciones. El permiso está vinculado al sistema de la ATTT y se obtiene tras cumplir con los requisitos habituales. Para obtener el permiso, el ciudadano debe estar paz y salvo con el Municipio de Panamá y haber realizado el revisado vehicular correspondiente al año 2026. Los conductores pueden tramitar el permiso de forma digital a través de la plataforma alcaldiadigital.gob. pa, para ello, deben ingresar al portal, dirigirse al menú principal, seleccionar la sección de Vehículos, luego la opción Salvoconducto temporal, y completar los datos solicitados. El sistema enviará automáticamente un enlace al correo electrónico del usuario, desde donde podrá imprimir el permiso o guardarlo directamente en la billetera digital (Wallet) de su dispositivo móvil. Con respecto al replaqueo 2026–2030, la Alcaldía instó a los ciudadanos a esperar el anuncio oficial sobre la disponibilidad de las placas físicas. Además, reiteró que esta medida es transitoria y busca facilitar la movilidad, evitar sanciones innecesarias y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente mientras se completa el proceso de producción y distribución de las nuevas placas. Asimismo, se informó que las placas correspondientes a años anteriores a 2026, que no hayan sido retiradas, se mantienen disponibles en los centros de entrega de la Alcaldía para su retiro inmediato. Un problema de vieja data Por años, la ATTT ha emplazado al Centro Vocacional de Chapala por los retrasos en la confección de las placas. No obstante, esta institución también ha enfrentado demoras en el pago de sus servicios por parte de algunos municipios. Por ejemplo, en 2024 la administración del entonces alcalde José Luis Fábrega dejó deudas con Chapala por el orden de 3.5 millones de dólares, las cuales fueron saldadas el año pasado por la actual administración del alcalde Mayer Mizrachi. Este medio consultó al Centro Vocacional de Chapala para conocer las razones del retraso; sin embargo, no se obtuvo respuesta. No obstante, el mes pasado una fuente conocedora del proceso indicó a La Prensa que existe confusión pública sobre las responsabilidades, ya que Chapala, por mandato legal, se encarga únicamente de la confección de las placas como parte de su mecanismo de financiamiento. La licitación, precisó, corresponde exclusivamente a la adquisición de los materiales, la cual se adjudica a una empresa externa. En licitaciones menores anteriores se conoció que el costo de confección de una placa para vehículos era de cinco dólares, mientras que para motocicletas era de cuatro dólares. Sin embargo, en esta licitación la ATTT no ha informado el monto total ni la cantidad de placas a producir. Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen. . Elysée Fernández Denuncia por el CAI de Tocumen activa inspecciones oficiales NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Eliana Morales Gil [email protected] La crisis en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen activó a fiscales del Ministerio Público quienes visitaron el lugar horas después de que la diputada Alexandra Brenes, de la bancada Vamos, presentara una denuncia formal por las condiciones del albergue. El viernes 6 de febrero, día en que Brenes formuló la denuncia ante la Procuraduría General de la Nación, un equipo del Ministerio Público se trasladó al CAI de Tocumen para constatar las condiciones denunciadas. La diligencia se produjo pocas horas después de la presentación de la acción legal y formó parte de las primeras actuaciones dentro de la investigación abierta por las presuntas irregularidades detectadas en el lugar de acogida. Ese mismo viernes, los magistrados Efrén Tello, Judith Cossu y Milixa Hernández Díaz, del Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, también habrían acudido al centro para realizar una inspección, en medio de advertencias sobre posibles vulneraciones graves a los derechos de niños, niñas y adolescentes bajo custodia del Estado. Mientras tanto, La Prensa realizó un recorrido por el área y, aunque no se permitió el ingreso al centro, constató la presencia de vehículos oficiales, entre ellos del Ministerio de Gobierno y de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. En el CAI de Tocumen residen actualmente 35 personas bajo la jurisdicción de la Senniaf, entre ellas un bebé de tres meses de edad. Del total, 26 son del sexo masculino y nueve del sexo femenino. De acuerdo con información oficial, 23 son menores de edad y 12 son adultos. De las 35 personas alojadas en el centro, 21 presentan algún tipo de discapacidad. Entre los diagnósticos reportados figuran discapacidad mental en grados moderado y severo, autismo, esquizofrenia, parálisis cerebral, hidrocefalia y síndrome de Down. La denuncia La denuncia presentada por Brenes apunta directamente a la directora general de la Senniaf, Ana Melinda Fábrega Guardia, y a otros funcionarios de la entidad. El escrito recoge hallazgos documentados durante una visita al CAI realizada el jueves 5 de febrero y describe un patrón de irregularidades que, según la diputada, no surgió de forma repentina. Entre las advertencias figura la convivencia de menores con adultos, incluidos algunos con discapacidades psiquiátricas, sin separación adecuada por edad, condición o nivel de riesgo, y sin planes individualizados de atención. La denuncia también detalla el deterioro severo de la infraestructura: dormitorios sin ventilación, baños inhabilitados, camas y colchones en mal estado, escasez de insumos de limpieza y riesgos físicos dentro de las instalaciones. El documento advierte además sobre la inoperatividad de áreas esenciales para la vida cotidiana del centro, como la cocina, los salones de clases y varios dormitorios, así como la falta de personal suficiente para atender a la población residente. Según el escrito, estas condiciones persisten desde hace meses y fueron comunicadas a instancias superiores sin que se adoptaran correctivos eficaces. Junta directiva se reunirá En paralelo a las diligencias judiciales, la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, convocó a una reunión extraordinaria de su junta directiva para el próximo lunes 9 de febrero. Carles es la presidenta de este organismo. La junta directiva está integrada, además, por la propia Fábrega Guardia; el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo; la ministra de Educación, Lucy Molinar; la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz; el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; y el contralor general de la República, Anel Flores de la Lastra, además de cuatro representantes de la sociedad civil provenientes de la Red Nacional de Apoyo a la Niñez y Adolescencia y del Consejo Nacional de la Familia. En un comunicado divulgado este sábado, el Ministerio de Desarrollo Social informó que “la protección del interés superior de la niñez y la adolescencia es y seguirá siendo una prioridad absoluta del Estado y que, ante cualquier indicio de irregularidad que ponga en riesgo la integridad o seguridad de los menores, colaborará de manera total y transparente con las autoridades competentes”. El boletín de prensa añadió que “de manera previa, se ha recomendado la adopción de medidas concretas para fortalecer los protocolos institucionales, con el objetivo de garantizar una atención eficaz y la protección integral de los niños, niñas y adolescentes bajo custodia del Estado”. Simón Henríquez Olmedo Rodríguez
4A La Prensa Panamá, domingo 8 de febrero de 2026 Panorama ‘No es contra Vamos, es contra la democracia’: Jorge Bloise Simón Tejeira ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] El diputado independiente Jorge Bloise analiza las reformas electorales, defiende la libre postulación, advierte sobre riesgos para la democracia y expone su apuesta central: una reforma educativa con participación ciudadana y transparencia institucional. Hoy nos acompaña el diputado independiente por el circuito 8-4, Jorge Bloise. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Gracias, Simón. Aquí, tú sabes, con la reforma educativa, pero en medio de todas estas reformas electorales también se ha metido en la ecuación. Y además te acabas de comprometer. Decidiste planificar una boda en medio de todo esto. Bueno, no la estoy organizando yo, pero apoyo en lo que puedo. Hay mucho movimiento político y tú estás metido en buena parte de ese escenario. Quiero empezar por lo más reciente y explosivo: las reformas electorales. ¿Qué fue lo que pasó? Después de cada elección, el Tribunal Electoral convoca a la Mesa Nacional de Reformas Electorales para corregir vacíos y mejorar la norma. Eso se lleva a la Asamblea Nacional y se convierte en la nueva ley electoral. Lo que ocurrió ahora es que el Tribunal propuso cambiar el método de escogencia en los circuitos plurinominales, respetando un fallo de la Corte que reconoce el derecho del ciudadano a escoger la cantidad de diputados que hay por circuito. Si en un circuito salen cinco diputados, la propuesta era que el elector pudiera escoger libremente a los cinco que prefiera, sin importar si son de partidos o de libre postulación. Los partidos políticos tomaron esa propuesta y presentaron una contrapropuesta sin subirla a la plataforma ni discutirla con los demás miembros de la mesa: eliminar las listas de libre postulación. Un error de la elección pasada, según algunos, fue que quedaron muchos diputados independientes electos. Parece que ese fuera el error. Sí. Ese fue el “error” para los partidos políticos. Ellos mismos han dicho que lo que pasó con Vamos no debería volver a pasar. Eliminar las listas de libre postulación. Eso es lo que están eliminando. Correcto. Lo que quieren es que el ciudadano pueda votar por cinco diputados de un partido político, pero que por la libre postulación solo pueda votar por uno. Es decir, que el voto valga más si se emite por un partido que si se emite por la libre postulación. ¿Qué hubiera pasado si esas reglas hubieran estado vigentes en las elecciones pasadas? Más del 50% de los diputados independientes hubiéramos quedado por fuera. En circuitos como David, Santiago o San Miguelito, donde salieron varios independientes, probablemente solo habría salido uno. Desde el otro lado se argumenta que el partido político es el principal vehículo de representación ciudadana. Yo creo en los partidos políticos y reconozco su papel en la democracia. Pero lo que no puedo permitir es que se le diga al ciudadano que su voto vale más si vota por un partido que si vota por la libre postulación. Eso va en contra de la Constitución y de fallos claros de la Corte. No solo es injusto, es antidemocrático. Si esta reforma se mantiene, ¿qué pasa con los independientes? ¿Se quedan sin ese vehículo o se convierten en partido político? Muchos apuestan a que Vamos se convierta en partido político. Pero esto no lo veo como algo contra mí o contra Vamos; lo veo contra la democracia. Nosotros corrimos con sus reglas y les ganamos con esas mismas reglas. Lo que deberían hacer es prestar atención a lo que la ciudadanía está exigiendo, no a cómo hacer para que Vamos tenga menos diputados en la próxima elección. Hay principios dentro de la bancada independiente que han generado debates internos, como la no reelección. Aprovechando que hablamos de próximas elecciones, ¿vas a correr de nuevo? No quiero pensar en eso hasta dejar un legado. Mi legado es la reforma educativa. A eso le estoy metiendo alma, vida y corazón para poder decirle al país: cumplí. Si siento que cumplí, buscaría continuar. Si no, puedo volver al sector privado. También es importante demostrar que no hay que enquistarse en el poder para generar cambios. Hablemos de la reforma educativa. Has estado trabajando en proyectos de ley. ¿En qué etapa están? Presentamos casi 14 proyectos de ley en 18 meses. Todos están en segundo debate. Decidimos suspender la discusión mientras llega el proyecto del Ejecutivo, que sería una nueva ley general de educación. Desde la Comisión estamos revisando 30 años de consensos educativos y definiendo cuáles son los puntos no negociables. ¿Cuáles son esos no negociables? La formación docente, el currículo, la infraestructura, la descentralización, la desburocratización, la evaluación constante y la capacitación. Diagnósticos sobran; lo que hace falta es ejecutar. ¿Existe la posibilidad de que la propuesta del Ejecutivo sea muy distinta a lo que ustedes han trabajado? Sin duda. No sabemos si será borrón y cuenta nueva. Estamos a la expectativa. Lo que sí garantizamos es participación ciudadana, con encuestas, mesas de trabajo y visitas regionales para construir un consenso real. Quisiera entrar ahora en el Reglamento Orgánico de Régimen Interno, el RORI, que muchos consideran una “caja de Pandora” dentro de la Asamblea. ¿Qué está pasando ahí? Ha sido complicado. Hay propuestas muy distintas y mucha resistencia. La bancada independiente ha presionado durante 18 meses para que esta discusión se dé y ya se han logrado avances en primer debate. Nuestra apuesta es clara: transparencia, rendición de cuentas, el principio de que quien no trabaja no cobra y evaluación de desempeño. ¿Sientes que tienes el apoyo suficiente para lograrlo? El mayor avance ha sido en las comisiones. Hoy se entregan más y mejores proyectos de ley. Hay leyes importantes ya sancionadas y un trabajo legislativo que no se veía antes. Aun así, reconozco que en materia de integridad institucional hay resistencia y no se ha cumplido toda la expectativa. Ahí parece estar el mayor obstáculo. Sí. Pero confío en que antes de que termine el periodo podamos entregar un RORI actualizado, con reglas claras de transparencia y rendición de cuentas. Ese fue el compromiso y sigo creyendo que se puede lograr. Anel Asprilla
5A La Prensa Panamá, domingo 8 de febrero de 2026
6A La Prensa Panamá, domingo 8 de febrero de 2026 Panorama El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves (d), saluda a la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, durante una rueda de prensa, en San José (Costa Rica). Chaves anunció el nombramiento de Fernández como ministra de la Presidencia. EFE Costa Rica vota continuidad y pone a prueba su democracia Daniel Zovatto ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] ANÁLISIS La victoria de Laura Fernández en la primera vuelta, como candidata del Partido Pueblo Soberano y figura cercana al presidente Rodrigo Chaves —inhabilitado constitucionalmente para buscar la reelección—, funcionó como una consulta ciudadana sobre el desempeño del actual gobierno. Durante décadas, Costa Rica fue una anomalía virtuosa en Centroamérica: un país sin ejército desde 1949, con elecciones íntegras, alternancia pacífica en el poder, instituciones sólidas, un Estado de derecho funcional, respeto a los derechos humanos y al medio ambiente, y una democracia de calidad. Esa narrativa de excepcionalidad democrática no ha desaparecido, pero sí se ha ido resquebrajando de manera progresiva y hoy enfrenta un desafío inédito. Las elecciones generales del pasado 1 de febrero de 2026 —un verdadero punto de inflexión— confirmaron que el país ha ingresado en una nueva fase política: más polarizada, más confrontacional y marcada por una concepción distinta del papel de los contrapesos democráticos. La victoria en primera vuelta de Laura Fernández, candidata del Partido Pueblo Soberano y heredera política del presidente Rodrigo Chaves —quien, por mandato constitucional, no podía aspirar a la reelección consecutiva—, fue al mismo tiempo un referéndum sobre la gestión del actual mandatario. El 48% del 69% de los electores que acudieron a las urnas —una participación elevada que revirtió la tendencia al abstencionismo observada en los últimos procesos— no solo dio luz verde a la continuidad del proyecto gubernamental, sino que además otorgó al oficialismo una sólida mayoría legislativa: 31 de los 57 escaños en la Asamblea Legislativa unicameral. Sin embargo, una lectura rigurosa de este incuestionable triunfo exige introducir dos precisiones clave: la primera es que el resultado deja a un país dividido: el 51% del electorado no votó por Fernández y cerca del 30% se abstuvo. La segunda es que la mayoría alcanzada en la Asamblea, si bien le permitirá gobernar con comodidad, no es suficiente para reformar la Constitución ni para materializar por sí sola el “cambio profundo e irreversible” ni la llamada “tercera república” anunciada en su discurso de victoria la noche del domingo. El factor Chaves Chaves llegó al poder en 2022 como un outsider, con un discurso frontal contra los partidos tradicionales, la prensa crítica y lo que denomina una “institucionalidad capturada”. Cuatro años después, con niveles de aprobación cercanos al 60%, el presidente consiguió transferir a su candidata una parte sustantiva de su popularidad. Su liderazgo y el respaldo decisivo brindado a Fernández abren el interrogante sobre quién ejercerá efectivamente el poder durante los próximos cuatro años. La duda se ve reforzada por el hecho de que el actual mandatario designó — desde el pasado miércoles 5 de febrero y hasta el 8 de mayo— a la presidenta electa como ministra de la Presidencia, bajo el argumento de facilitar la transición. A su vez, Fernández invitó a su mentor a integrar el futuro gabinete, también como ministro de la Presidencia; una oferta que tendría entre sus objetivos principales —aunque no el único— preservar su inmunidad frente a eventuales procesos judiciales. La región ofrece abundantes ejemplos de presidentes o exmandatarios que ungieron a dedo a un sucesor, solo para que este, una vez en el poder, buscara emanciparse, generando turbulencia política, cuando no un distanciamiento o ruptura abierta entre ambos. El escenario se torna aún más complejo cuando el mandatario saliente conserva un liderazgo fuerte sobre la bancada oficialista en el Legislativo, una situación que, si no es gestionada con cuidado, puede traducirse en serios problemas de gobernabilidad. Seguridad, mano dura y Bukele La seguridad fue la prioridad central de estas elecciones, seguida por la economía, la educación, la salud y el medio ambiente. Costa Rica atraviesa una crisis inédita: cerca de 900 homicidios anuales y una tasa nacional próxima a 17 por cada 100,000 habitantes, con picos significativamente más elevados en provincias como Limón. Conviene subrayar que este deterioro se produjo durante la actual presidencia, aunque Chaves logró hábilmente —apoyado en una exitosa estrategia de comunicación— trasladar la responsabilidad a la oposición y a las instituciones, bajo el argumento de que, al gobernar en minoría en la Asamblea Legislativa, no se le permitió actuar con mayor contundencia. De ahí su pedido durante la campaña de que Fernández ganase en primera vuelta —como ocurrió— y también de lograr una bancada de 40 diputados para contar con mayoría calificada en la Asamblea. En ese contexto, la admiración del oficialismo por el modelo de “mano dura” del presidente salvadoreño Nayib Bukele es explícita. La construcción de una megacárcel inspirada en la Cecot y el debate sobre eventuales estados de excepción focalizados marcan un punto de inflexión en una democracia tradicionalmente reacia a la expansión del poder coercitivo del Ejecutivo. Por su parte, el respaldo público del mandatario salvadoreño a Fernández no fue anecdótico. Refleja la emergencia de una red de liderazgos regionales que, si bien son elegidos democráticamente, una vez en el poder promueven una reinterpretación de los derechos, la seguridad y los límites del Estado de derecho. Costa Rica, hasta hace poco inmune a estas corrientes, ya no observa el fenómeno desde la distancia. El temor al crimen organizado y al narcotráfico ha erosionado consensos históricos y abierto espacio a soluciones de carácter extraordinario. Los desafíos de la oposición El triunfo oficialista también arroja una luz reveladora sobre el frágil estado de la oposición. Sus adversarios, encabezados por el tradicional partido socialdemócrata Liberación Nacional (PLN) —cuyo candidato presidencial, Álvaro Ramos, obtuvo el 33% de los votos y la segunda bancada con 17 diputados—, centraron la campaña casi exclusivamente en advertir sobre los riesgos que Fernández y, en particular, la influencia de Chaves y su partido representarían para la democracia, pero no lograron convencer al electorado de respaldar mayoritariamente sus propias propuestas. Si durante la campaña las fuerzas opositoras no lograron articular un frente común y se presentaron de manera altamente fragmentada a través de 19 partidos, de cara a los próximos años los cuatro partidos de oposición que obtuvieron representación parlamentaria —Liberación Nacional, Frente Amplio (7), Partido Unidad Social Cristiana (1) y Agenda Ciudadana (1)— y que en conjunto suman 26 diputados enfrentan una responsabilidad histórica. Deberán conformar una coalición que, sin caer en el obstruccionismo, colabore en aquellos proyectos beneficiosos para el país y, al mismo tiempo, sepa establecer límites institucionales firmes cuando el Ejecutivo intente concentrar poder excesivo o busque avanzar por vías no democráticas. Reflexión final Siguiendo la tradición costarricense, el Tribunal Supremo de Elecciones volvió a organizar un proceso electoral impecable. Sin embargo, si la legitimidad de origen del nuevo gobierno es incuestionable, la legitimidad de ejercicio aparece rodeada de interrogantes. Ello se debe a que, si bien el chavismo no propone poner fin a la democracia, sí busca redefinirla en términos que reducen la intermediación, debilitan los controles y concentran mayor poder en el Ejecutivo. En este proceso, Costa Rica comienza a asemejarse a otras democracias latinoamericanas que, sin quebrar formalmente las reglas, han ido vaciando desde el poder algunos de sus principios sustantivos: la estigmatización de las instituciones como “enemigos del pueblo”, la confrontación permanente con la oposición, el debilitamiento de los órganos de control y la deslegitimación sistemática de la prensa. En ese marco, el “cambio profundo e irreversible” prometido por Fernández abre una ventana de expectativas y oportunidades, pero también plantea desafíos mayúsculos para la gobernanza democrática de un país que emerge de estas elecciones dividido prácticamente en mitades. Ello convierte al diálogo político y al respeto por los contrapesos institucionales en condiciones indispensables —no accesorias— para el futuro gobierno. En síntesis, la verdadera incógnita no es si la nueva administración dispone de poder suficiente —lo tiene—, sino si sabrá autolimitarse en su ejercicio. En otras palabras, el dilema central de Fernández reside en si logrará impulsar la transformación que la ciudadanía demanda respetando los procedimientos democráticos, la división de poderes, el Estado de derecho, la libertad de prensa y los derechos humanos, o si se verá tentada a hacerlo por vías de corte autoritario. Ambos escenarios permanecen abiertos. Los próximos años serán decisivos, pues determinarán si los anticuerpos institucionales y los valores de la cultura política que el país aún conserva resultan suficientes para preservar la excepcionalidad democrática costarricense. Y en ese proceso, la ciudadanía —y no solo las instituciones y la oposición— desempeña un papel clave: no hay democracia sin demócratas comprometidos.
7A La Prensa Panamá, domingo 8 de febrero de 2026 Tu opinión nos interesa [email protected] &Negocios @PRENSAECONOMIA Carga aérea crece a doble dígito Empresarios y autoridades coinciden en que el ritmo actual exige acelerar inversiones y proyectos pendientes. Los principales destinos de la carga aérea desde Tocumen incluyen Miami, Bogotá, Santiago de Chile, Lima y San José, lo cual refleja la concentración del comercio regional con Norteamérica y Suramérica. Archivo Alex E. Hernández V. ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] El negocio del transporte aéreo de carga en Panamá ha venido registrando un crecimiento sostenido en los últimos años, impulsado por el auge del comercio electrónico, la recuperación del comercio internacional tras la pandemia y el fortalecimiento del país como centro logístico regional. Las proyecciones del sector apuntan a que esta tendencia se mantendrá en el mediano y largo plazo, colocando nuevamente en el centro del debate la necesidad de ampliar y modernizar la infraestructura aeroportuaria, especialmente en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Durante la pandemia, el movimiento de carga aérea experimentó un repunte significativo, impulsado por las restricciones a la movilidad y el aumento en las compras en línea. Aunque tras la reapertura de las economías se registró una desaceleración, a partir de 2022 el sector retomó una senda de crecimiento de dos dígitos, según gremios logísticos, consolidando al aeropuerto como una plataforma clave para el comercio regional. De acuerdo con las estadísticas oficiales del Aeropuerto Internacional de Tocumen, en 2025 se movilizaron un total de 248,455 toneladas métricas de carga, reflejando un incremento frente a los años anteriores. Solo en diciembre de ese año, el movimiento alcanzó 22,789 toneladas métricas, con una variación positiva de 14% en comparación con diciembre de 2024. Del total movilizado en diciembre, el 57% correspondió a carga en transferencia, equivalente a 13,062 toneladas métricas, confirmando el papel del aeropuerto como un centro de redistribución regional. Asimismo, el 66% de la carga procesada durante ese mes fue transportada en aeronaves cargueras dedicadas, mientras que el 34% restante se movió en bodegas de aviones comerciales, lo que evidencia la complementariedad entre ambos modelos de operación. En términos geográficos, Suramérica se consolidó como el principal destino de la carga aérea desde Tocumen en diciembre de 2025, con 7,688 toneladas métricas, seguido por Norteamérica con 7,431 toneladas, Centroamérica con 3,622 toneladas, el Caribe con 2,202 toneladas y Europa con 1,843 toneladas métricas. Entre los principales destinos de vuelos cargueros se encuentran Miami, Bogotá, Santiago de Chile, San José, San Salvador, Lima y Ciudad de México, además de conexiones relevantes en el Caribe como Curazao, La Habana y Santo Domingo. Este crecimiento ha llevado a las autoridades aeroportuarias a replantear el desarrollo estratégico del complejo. El gerente general de Tocumen, José Ruiz, explicó que, al asumir la administración, el aeropuerto carecía de una hoja de ruta clara para su expansión. “Este aeropuerto no tenía dirección. No sabíamos hacia dónde íbamos. Lo peor que puedes hacer es crecer sin norte”, señaló Ruiz, al referirse al diagnóstico inicial realizado hace aproximadamente un año y medio. Según el directivo, durante ese período se ha trabajado en la definición de una visión delargoplazoquepermitaordenar el crecimiento. “Ya hemos hecho ciertas cosas en este tiempo, y ahora lo que estamos es expandiendo eso”, afirmó. Uno de los ejes centrales de esta estrategia es el plan maestro que desarrolla la firma internacional AECOM, el cual abarca el período 20302050 e integra tanto el crecimiento de pasajeros como el fortalecimiento del segmento de carga. Ruiz destacó que el aeropuerto dispone actualmente de cerca de 100 hectáreas, de las cuales solo el 29% está siendo utilizada para actividades relacionadas con carga, lo que representa unas 21 hectáreas operativas. Adicionalmente, existen alrededor de 5,000 hectáreas aledañas que, aunque no pertenecen al aeropuerto, están llamadas a convertirse en un polo de desarrollo logístico vinculado a su operación. “El aeropuerto juega un rol fundamental en el crecimiento de ese desarrollo”, sostuvo el gerente, al explicar que estas áreas podrían albergar proyectos vinculados a almacenamiento, procesamiento y redistribución de mercancías. Para viabilizar ese crecimiento, uno de los proyectos clave es la extensión del Corredor Sur, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y la Empresa Nacional de Autopistas. El trazado preliminar contempla bordear el aeropuerto y conectar con Pacora. Aunque el diseño definitivo aún se encuentra en análisis, Ruiz señaló que se evalúa la posibilidad de incluir un tramo subterráneo mediante un de “ciudad aeropuerto”, una iniciativa que combinaría bodegas, comercios, hoteles y hospitales. Con el paso del tiempo, sin embargo, la idea se fue diluyendo entre los planes de las distintas administraciones que han pasado por el aeropuerto. En su momento se dijo que parte de las 325 hectáreas que Tocumen compró a la Universidad de Panamá por más de $100 millones se utilizarían para la ciudad aeropuerto, pero la obra no se ha materializado. De acuerdo con el presidente de COEL, entre 2022 y 2024 el movimiento de carga creció entre 10% y 15% anual, impulsado por mercancías que van desde piezas industriales hasta productos de e-commerce, tendencia que se mantiene en 2025. TRANSPORTE túnel, similar al construido bajo la pista del antiguo aeropuerto de Río Abajo, con el fin de facilitar el acceso logístico. El plan maestro contempla una inversión estimada de alrededor de $3,000 millones, que no sería financiada con recursos públicos, sino mediante capital privado nacional e internacional, bajo esquemas de colaboración. “Eso no es financiamiento del país. Vendrá gente de afuera, con quienes ya estamos conversando”, explicó el gerente general. La proyección es que se generen más de 25 mil puestos de empleos con el desarrollo logístico en las cercanías del aeropuerto en los próximos años. Desde el sector privado, el Consejo Empresarial Logístico (COEL) ha insistido en la urgencia de acelerar la modernización de la infraestructura. Su presidente, Ángel Sánchez, considera que el potencial del aeropuerto en materia de carga sigue subutilizado. “El Aeropuerto Internacional de Tocumen es nuestra gran joya para pasajeros, pero su potencial de carga sigue operando a media máquina”, afirmó Sánchez. El dirigente recordó que el proyecto de la Zona Logística lleva más de una década en planificación sin avances concretos, mientras las instalaciones actuales operan con limitaciones estructurales. “No podemos pretender ser un hub de clase mundial cuando nuestras instalaciones no reflejan esa ambición”, señaló. Sánchez subrayó que la nueva zona no debe limitarse a bodegas, sino convertirse en un espacio donde la mercancía pueda ser procesada, ensamblada y redistribuida con valor agregado, especialmente para sectores como el farmacéutico y el comercio electrónico. Desde hace 15 años se analiza el desarrollo del proyecto El famoso señor sistema Ventana fiscal Adolfo J. Campos Barranco economí[email protected] Los sistemas informáticos no son autónomos, sino creados, actualizados y completados con la información que los seres humanos administramos y les proveemos. Los mismos deben ser útiles, facilitar la administración y ser parte permanente de la relación fisco-contribuyente. Siempre, totalmente apegados a lo que indica la normativa vigente en general; de lo contrario, sería ilegal. El Código de Procedimiento Tributario (CPT) señala en su artículo 142 que la Administración Tributaria proporcionará asistencia a los contribuyentes en el cumplimiento voluntario de sus obligaciones, particularmente por medio de sus sitios electrónicos, donde facilitará a los contribuyentes los programas informáticos de asistencia para la confección y presentación de solicitudes, declaraciones juradas, informes, así como cualquier otro formulario electrónico que sea necesario para que puedan cumplir con sus obligaciones. Precisamente, indica el artículo 142 mencionado que dichos formularios de declaración e informes son elaborados por la Administración Tributaria, que deben ser distribuidos con oportunidad (en palabras pobres, con tiempo), y se debe informar sobre las fechas y lugares de presentación. Sin dejar de lado que esa difusión y la ardua tarea de mantener actualizada la información redundan en los conocidos e históricos instructivos, que no son más que los manuales de cómo se deben completar dichos formularios, siempre, repito, en total cumplimiento de la Ley y demás normativa reglamentaria. Como les digo a los colegas más jóvenes, “en mis tiempos” recuerdo haber conocido que, cuando se expedía un nuevo formulario o se le hacía una modificación, se publicaba una resolución administrativa que contenía su instructivo y, además, recuerdo haber asistido a los seminarios de la Administración Tributaria en el auditorio de la Lotería Nacional o del antiguo edificio del Ministerio de Salud. Así es, he tirado la cédula. Al margen del cálculo que usted está haciendo de mi edad en este momento, considero que esta era una muy buena práctica admiCarga aérea en números 248,455 Toneladas métricas, es la carga aérea total movilizada en el Aeropuerto Internacional de Tocumen durante 2025. 14% Fue el crecimiento interanual del movimiento de carga en diciembre de 2025 frente al mismo mes de 2024. $3,000 Millones, es la inversión estimada del plan maestro de Tocumen para el período 2030-2050, orientado a expandir el área de pasajeros y fortalecer la plataforma de carga con capital privado. nistrativa. Hoy, en apego al artículo 142 del CPT, dichos instructivos pueden expedirse a través de resoluciones administrativas y su divulgación puede realizarse incluso a través de medios electrónicos, pódcasts, tutoriales pregrabados o hasta con animación por inteligencia artificial. Los recursos están allí. Cápsula fiscal: En la relación jurídico-tributaria pueden derivarse obligaciones tributarias materiales y formales, tanto para el Estado como para los contribuyentes. Las obligaciones tributarias materiales de carácter principal son aquellas que involucran realizar pagos, retener o percibir, así como todas las demás que tengan por objeto una prestación de dar y con contenido económico. Por su parte, las obligaciones formales son aquellas relacionadas con el deber de informar, presentar declaraciones, formularios y documentar transacciones. Estas declaraciones voluntarias que presenten los contribuyentes se realizarán a través de los formularios y medios electrónicos aprobados por la Dirección General de Ingresos y administrados a través del sistema e-Tax. De allí la importancia del famoso “señor sistema”. El autor es abogado especializado en materia tributaria. EMBALSE GATÚN EMBALSE ALHAJUELA Infografía: LP - Fuente: ACP Niveles de lagos afluentes del Canal 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 263 260 255 250 245 240 235 225 220 215 210 205 200 195 190 88.81 252.84 Elevación sobre el nivel del mar en pies
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