3A La Prensa Panamá, domingo 8 de febrero de 2026 Panorama La placa metálica tiene una vigencia de cinco años. LP ATTT atribuye retraso de placas al proceso de licitación en Chapala Yaritza Mojica [email protected] TRANSPORTE PÚBLICO El retraso en las placas 2026–2030 obligó a emitir permisos temporales mientras concluye la licitación a cargo de Chapala y el refrendo de la Contraloría. Solo en enero se otorgaron 65 mil salvoconductos, vigentes hasta por seis meses. Debido al retraso en la emisión de las nuevas placas vehiculares con diseño 2026–2030, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que se encuentra a la espera de que concluya el proceso de licitación y, posteriormente, del refrendo por parte de la Contraloría General de la República. El director de la entidad, Simón Henríquez, aseguró que este proceso corresponde al Centro Vocacional de Chapala, encargado de convocar y ejecutar la licitación para la selección de la empresa que suministrará los materiales necesarios para la producción de las placas. Indicó que la ATTT debe respetar los tiempos establecidos en la contratación pública, ya que su función se limita a emitir la resolución que da inicio al proceso ante Chapala y a especificar el modelo de las placas para el siguiente quinquenio. “Es el Centro Vocacional de Chapala el encargado de convocar y ejecutar la licitación para la selección de la empresa que producirá las placas, proceso que debe ser refrendado por la Contraloría”, explicó el funcionario. La Ley 214 del 4 de mayo de 2021 estableció que las placas vehiculares metálicas en Panamá tendrían una vigencia de cinco años, comenzando con las emitidas en 2021, las cuales fueron válidas hasta diciembre de 2025. La norma también introdujo el uso de calcomanías anuales para validar la placa, en lugar de cambiar la lámina metálica cada año, con el objetivo de promover la sostenibilidad y reducir costos. Henríquez detalló que la licitación ya fue realizada y adjudicada, y que solo resta la aprobación formal, la cual podría concretarse en los próximos días. Una vez cumplido este paso, la empresa contratada iniciará de inmediato la producción de las placas, comenzando por las correspondientes a vehículosdeprimeringreso,para luego atender el plan regular de renovación. Permisos de circulación temporales Mientras se completa este proceso, el director aclaró que los municipios están otorgando salvoconductos o permisos de circulación temporales a los vehículos nuevos. En ese sentido, la Alcaldía de Panamá confirmó que los conductores, tanto de vehículos nuevos como aquellos que deben renovar la placa en la ciudad capital, podrán circular con un permiso de circulación temporal mientras avanza el proceso de confección de las nuevas placas. Esta medida busca garantizar la legalidad de la circulación vehicular, explicó el tesorero municipal de Panamá, Olmedo Rodríguez. Actualmente se otorga un permiso de circulación temporal cuya vigencia inicial era de tres meses, pero que fue extendida a seis meses para cubrir los tiempos administrativos que conlleva la licitación. Se estima que en los dos primeros meses se podrán emitir más de 130 mil permisos temporales. Solo durante el mes de enero, la Alcaldía emitió aproximadamente 65 mil permisos de circulación temporal, cifra que se espera se repita en febrero. En la actualidad, entre 65 mil y 68 mil conductores circulan con este documento, el cual tiene la misma validez legal que la placa y el sticker, mientras dure la contingencia. Rodríguez aclaró que, una vez se normalice el proceso y estén disponibles las nuevas placas, los conductores deberán retirarlas junto con su respectivo sticker, momento en el cual el permiso temporal perderá vigencia. Este beneficio aplica tanto para vehículos de primer ingreso como para aquellos incluidos en el plan regular de renovación. ¿Qué incluye este permiso y cómo obtenerlo? El tesorero municipal informó que el documento incluye los datos generales del vehículo y un código QR, ubicado en la parte superior derecha, que permite a las autoridades verificar su autenticidad y evitar falsificaciones. El permiso está vinculado al sistema de la ATTT y se obtiene tras cumplir con los requisitos habituales. Para obtener el permiso, el ciudadano debe estar paz y salvo con el Municipio de Panamá y haber realizado el revisado vehicular correspondiente al año 2026. Los conductores pueden tramitar el permiso de forma digital a través de la plataforma alcaldiadigital.gob. pa, para ello, deben ingresar al portal, dirigirse al menú principal, seleccionar la sección de Vehículos, luego la opción Salvoconducto temporal, y completar los datos solicitados. El sistema enviará automáticamente un enlace al correo electrónico del usuario, desde donde podrá imprimir el permiso o guardarlo directamente en la billetera digital (Wallet) de su dispositivo móvil. Con respecto al replaqueo 2026–2030, la Alcaldía instó a los ciudadanos a esperar el anuncio oficial sobre la disponibilidad de las placas físicas. Además, reiteró que esta medida es transitoria y busca facilitar la movilidad, evitar sanciones innecesarias y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente mientras se completa el proceso de producción y distribución de las nuevas placas. Asimismo, se informó que las placas correspondientes a años anteriores a 2026, que no hayan sido retiradas, se mantienen disponibles en los centros de entrega de la Alcaldía para su retiro inmediato. Un problema de vieja data Por años, la ATTT ha emplazado al Centro Vocacional de Chapala por los retrasos en la confección de las placas. No obstante, esta institución también ha enfrentado demoras en el pago de sus servicios por parte de algunos municipios. Por ejemplo, en 2024 la administración del entonces alcalde José Luis Fábrega dejó deudas con Chapala por el orden de 3.5 millones de dólares, las cuales fueron saldadas el año pasado por la actual administración del alcalde Mayer Mizrachi. Este medio consultó al Centro Vocacional de Chapala para conocer las razones del retraso; sin embargo, no se obtuvo respuesta. No obstante, el mes pasado una fuente conocedora del proceso indicó a La Prensa que existe confusión pública sobre las responsabilidades, ya que Chapala, por mandato legal, se encarga únicamente de la confección de las placas como parte de su mecanismo de financiamiento. La licitación, precisó, corresponde exclusivamente a la adquisición de los materiales, la cual se adjudica a una empresa externa. En licitaciones menores anteriores se conoció que el costo de confección de una placa para vehículos era de cinco dólares, mientras que para motocicletas era de cuatro dólares. Sin embargo, en esta licitación la ATTT no ha informado el monto total ni la cantidad de placas a producir. Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen. . Elysée Fernández Denuncia por el CAI de Tocumen activa inspecciones oficiales NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Eliana Morales Gil [email protected] La crisis en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen activó a fiscales del Ministerio Público quienes visitaron el lugar horas después de que la diputada Alexandra Brenes, de la bancada Vamos, presentara una denuncia formal por las condiciones del albergue. El viernes 6 de febrero, día en que Brenes formuló la denuncia ante la Procuraduría General de la Nación, un equipo del Ministerio Público se trasladó al CAI de Tocumen para constatar las condiciones denunciadas. La diligencia se produjo pocas horas después de la presentación de la acción legal y formó parte de las primeras actuaciones dentro de la investigación abierta por las presuntas irregularidades detectadas en el lugar de acogida. Ese mismo viernes, los magistrados Efrén Tello, Judith Cossu y Milixa Hernández Díaz, del Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, también habrían acudido al centro para realizar una inspección, en medio de advertencias sobre posibles vulneraciones graves a los derechos de niños, niñas y adolescentes bajo custodia del Estado. Mientras tanto, La Prensa realizó un recorrido por el área y, aunque no se permitió el ingreso al centro, constató la presencia de vehículos oficiales, entre ellos del Ministerio de Gobierno y de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. En el CAI de Tocumen residen actualmente 35 personas bajo la jurisdicción de la Senniaf, entre ellas un bebé de tres meses de edad. Del total, 26 son del sexo masculino y nueve del sexo femenino. De acuerdo con información oficial, 23 son menores de edad y 12 son adultos. De las 35 personas alojadas en el centro, 21 presentan algún tipo de discapacidad. Entre los diagnósticos reportados figuran discapacidad mental en grados moderado y severo, autismo, esquizofrenia, parálisis cerebral, hidrocefalia y síndrome de Down. La denuncia La denuncia presentada por Brenes apunta directamente a la directora general de la Senniaf, Ana Melinda Fábrega Guardia, y a otros funcionarios de la entidad. El escrito recoge hallazgos documentados durante una visita al CAI realizada el jueves 5 de febrero y describe un patrón de irregularidades que, según la diputada, no surgió de forma repentina. Entre las advertencias figura la convivencia de menores con adultos, incluidos algunos con discapacidades psiquiátricas, sin separación adecuada por edad, condición o nivel de riesgo, y sin planes individualizados de atención. La denuncia también detalla el deterioro severo de la infraestructura: dormitorios sin ventilación, baños inhabilitados, camas y colchones en mal estado, escasez de insumos de limpieza y riesgos físicos dentro de las instalaciones. El documento advierte además sobre la inoperatividad de áreas esenciales para la vida cotidiana del centro, como la cocina, los salones de clases y varios dormitorios, así como la falta de personal suficiente para atender a la población residente. Según el escrito, estas condiciones persisten desde hace meses y fueron comunicadas a instancias superiores sin que se adoptaran correctivos eficaces. Junta directiva se reunirá En paralelo a las diligencias judiciales, la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, convocó a una reunión extraordinaria de su junta directiva para el próximo lunes 9 de febrero. Carles es la presidenta de este organismo. La junta directiva está integrada, además, por la propia Fábrega Guardia; el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo; la ministra de Educación, Lucy Molinar; la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz; el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; y el contralor general de la República, Anel Flores de la Lastra, además de cuatro representantes de la sociedad civil provenientes de la Red Nacional de Apoyo a la Niñez y Adolescencia y del Consejo Nacional de la Familia. En un comunicado divulgado este sábado, el Ministerio de Desarrollo Social informó que “la protección del interés superior de la niñez y la adolescencia es y seguirá siendo una prioridad absoluta del Estado y que, ante cualquier indicio de irregularidad que ponga en riesgo la integridad o seguridad de los menores, colaborará de manera total y transparente con las autoridades competentes”. El boletín de prensa añadió que “de manera previa, se ha recomendado la adopción de medidas concretas para fortalecer los protocolos institucionales, con el objetivo de garantizar una atención eficaz y la protección integral de los niños, niñas y adolescentes bajo custodia del Estado”. Simón Henríquez Olmedo Rodríguez
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