4A La Prensa Panamá, sábado 7 de febrero de 2026 Panorama Panama Ports Company (PPC) ha anunciado un proceso de arbitraje contra la República de Panamá. Era obvio, dadas las ridículas concesiones que gobierno tras gobierno le dieron a esa empresa sin que el Estado panameño fuera recompensado. PPC obtuvo todo cuanto quiso, incluyendo la renovación automática de un contrato leonino, profundamente inconveniente para los intereses de la Nación. Y PPC quiere todo de vuelta o que paguemos por recuperarlo, hasta el último centavo, más intereses, más lucro cesante y todo lo que le costó ese contrato. Los que lo renovaron no les importó nada. Al igual que el contrato minero, el gobierno de José Gabriel Carrizo/Laurentino Cortizo fue irresponsable y negligente, por decir algo decente. Mientras ambas empresas recogían diamantes, a nosotros solo nos permitían ver por unos instantes su brillo antes de verlos desaparecer en sus bolsillos. Estoy seguro de que, si se busca en la Ley, debe haber, no uno, sino varios delitos de los que se les pueda acusar a esos funcionarios ante lo que parece ser simple estupidez e incompetencia. Pero muchísimas personas, entre las que me incluyo –legos absolutos en asuntos legales– nos dábamos cuenta de lo absurdo que era mantener esos contratos. La Corte Suprema de Justicia, por petición de terceros, tuvo que intervenir para darnos la razón: los que firmaron esos contratos violentaron la Constitución. En consecuencia, ellos deberían ser investigados y enjuiciados, porque actuaron con, al menos, sospechosa desidia. Nadie, ni careciendo de sentido común, aceptaría los términos de esos contratos, salvo que esos funcionarios les permitieran algo más que presenciar fugazmente el destello de esos diamantes. O, como diría el exlegislador Manuel de la Hoz, “¡Aquí hay mameyes!”. La Corte Suprema dejó como verdaderos peleles a afamados bufetes que revisaron esos contratos; a abogados de la Contraloría, incluido el contralor – abogado también–, a departamentos completos de asesores legales de ministerios y de la Presidencia de la República. No escaparon sus titulares (Carrizo/Cortizo) ni los defensores de oficio de esos mamotretos legales hechos para exprimir hasta el último centavo de nuestros valiosos recursos. Pienso que para que se aprobaran esos contratos tal como quedaron redactados haría falta una orden de muy arriba; harían falta deslumbrantes incentivos para que los firmantes eligieran ser ciegos en lugar de leer lo que tenían enfrente; haría falta ser cómplice en lugar de íntegro; haría falta ser un Judas, un traidor que no lo fue por el puro gusto de serlo, sino porque comerció su falta de escrúpulos. No creo que haya sido únicamente desidia; creerlo sería como elegir ser ciego. Pero no faltará el que diga que hay que probarlo. Y ese eligió ser ciego, porque solo hay que ver cómo viven hoy y cómo vivían antes. Lo que habría que preguntarse es, además de lo obvio, quién más participó en la fiesta en la que se paga por bailar. Fuentes bien informadas relatan cuentos que aseguran no son cuentos. Narraciones de criptos, perdón, de la cripta. ¡De mameyes! De celebraciones y triunfos festejados discretamente; de riquezas instantáneas; de restaurantes y cafeterías que no necesitan clientes, sino de un local y un nombre. Y, por cierto, les recuerdo a esos que se pasan de ciegos que, si bien hay algunos que entran millonarios al Gobierno, como Ricardo Martinelli, eso no los hace menos codiciosos. Martinelli era o es infinitamente más rico, así que, en lugar de miles de dólares, mordió millones. Es decir, su inagotable apetito por lo ajeno no fue menos, fue mayor… Sugiero a alguna autoridad iniciar una investigación seria sobre este asunto. Los panameños probablemente tengamos que pagar miles de millones en indemnizaciones a PPC, aunque espero no sea así. Pero, si así fuera, los que firmaron y aprobaron ese contrato no deberían seguir en las calles, como si ellos no fueran responsables de absolutamente nada. Son ellos los que deberían pagar por su inexcusable negligencia o por su descarada complicidad…, pero en la cárcel. Sábado Picante Rolando Rodríguez [email protected] La juez Baloisa Marquínez en el momento en que juramentó a la testigo Tatiana Cherigo. Captura de pantalla Odebrecht: Martinelli, Duboy y Díaz presentan sus testigos Juan Manuel Díaz [email protected] JUICIO Duboy estaba presente personalmente en la sala. Martinelli siguió el desarrollo del juicio por Zoom. El juicio del caso Odebrecht sigue su curso. Ayer, con testigos que intentan justificar la legalidad de las transferencias realizadas, pese a que desde 2016 la constructora brasileña admitió que esos pagos son en realidad sobornos a cambio de contratos con el Estado panameño. Estos testimonios fueron solicitados por los acusados Ricardo Martinelli, Carlos Duboy y Rodrigo Díaz. Duboy estaba presente personalmente en la sala. Martinelli siguió el desarrollo del juicio por Zoom. A continuación, se presenta una cronología de los testimonios más relevantes durante la jornada, que inició a las 8:30 a.m., en la sala que preside la juez Baloisa Marquínez. Erasmo Moreno, un testigo requerido por Basilio González, abogado del exministro de Vivienda, Carlos Duboy, fue el primero. En realidad, empezó a declarar el día antes, pero como no terminó, continuó este viernes. Moreno confirmó que Strategic Management Group sí recibió fondos de sociedad controladas por Odebrecht, aunque supuestamente desconocía que su procedencia era ilícita. El testigo examinó el informe de la investigación realizada en Estados Unidos, que es una de las pruebas que la Fiscalía Especial Anticorrupción incorporó al expediente. El 21 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que había acordado una multa con Odebrecht, por las coimas que pagó la constructora en 12 países (incluyendo Panamá), entre los años 2010 y 2014, y que circularon por el sistema financiero estadounidense. Al respecto, Moreno recalcó que Strategic recibió fondos de Odebrecht en 2008 y 2009, antes del periodo aducido en la investigación. También hizo referencia a una declaración de André Campo Rabello, antiguo intendente de la constructora en Panamá, quien aseguró que Duboy no recibió fondos de Odebrecht. El segundo testigo en subir al estrado fue el perito Eluro Castillo, experto en banca y finanzas, presentado por Pedro Meilán, abogado de Rodrigo Díaz. Castillo explicó que elaboró un informe sobre el blanqueo de capitales relacionado con Mundial de Valores entre los años 2007 y 2008, cuando Díaz estaba al frente. Mundial de Valores recibió fondos de Klienfield Services, una sociedad fachada utilizada por la Oficina de Operaciones Estructuradas de Odebrecht para blanquear los pagos ilegales. El perito indicó que Mundial de Valores era una casa de valores que realizaba inversiones a solicitud de terceros y que debía contar con un oficial de cumplimiento para investigar a los clientes cuyo perfil transaccional no fuera adecuado. Señaló que se detectaron transacciones de empresas afiliadas a Odebrecht que ingresaron a Mundial de Valores y, a través de cinco transacciones, fueron enviadas a la cuenta de inversión de Inversora Villa Loly, por un monto total de $1.3 millones, entre 2007 y 2008. También se registró una transacción de 545 mil dólares a la sociedad Logaro, S.A. Inversora Villa Loly y Logaro eran controladas por Díaz. El perito citó la declaración de Rabello, quien informó que Hugo Torrijos Richa (ya fallecido), a quien identificó como socio de Díaz, era la persona encargada de decidir qué cuentas debían recibir los fondos que Odebrecht desembolsaba a Mundial de Valores. Castillo añadió que Díaz era ejecutivo de varias empresas, entre ellas Río Fuentes, dedicada al arrendamiento de equipos, que manejaba en sociedad con Torrijos. El perito insistió en que Torrijos actuó como intermediario entre Odebrecht y Klienfield Services para la transferencia de los fondos, los cuales luego fueron entregados a Díaz para saldar deudas que tenía con Río Fuentes. A continuación, declaró Tatiana Cherigo, contadora de profesión, quien fue citada por la defensa del expresidente Ricardo Martinelli. Cherigo elaboró un informe pericial sobre las actividades de Importadora Ricamar entre 2007 y 2009. Este informe involucró transacciones entre Caribbean Holding, Importadora Ricamar y el partido Cambio Democrático (CD). Cherigo relató que Importadora Ricamar tenía cuentas por cobrar con CD, derivadas de la campaña electoral de los años 2007, 2008 y 2009, las cuales consistían básicamente en una relación comercial. Detalló que ambas partes establecieron un acuerdo y tenían cuentas relacionadas con las donaciones realizadas por Caribbean Holding. Señaló que CD debía $2.8 millones a Importadora Ricamar, de los cuales Caribbean Holding pagó $2.6 millones. Caribbean Holding es una sociedad controlada por Aaron Mizrachi, cuñado de Martinelli. Mizrachi fue excluido del juicio, gracias a un fallo del Primer Tribunal Superior de Justicia que, en septiembre pasado, anuló los cargos en su contra. La fiscalía apeló esa decisión. También mencionó que se giraron cheques a agencias publicitarias y medios de comunicación en concepto de publicidad para la campaña de CD. A su vez, relató que los pagos por publicidad fueron reportados al Tribunal Electoral mediante un informe detallado con las facturas correspondientes. La testigo explicó que la información comercial utilizada en su análisis se la proporcionó Marcelino Vásquez, contador de Importadora Ricamar. Aseguró no haber encontrado actuaciones sospechosas relacionadas con las transacciones con CD. La fiscalía interrogó a la testigo sobre los saldos y transacciones con compañías relacionadas entre 2008 y 2009. Cherigo reconoció que Martinelli firmó tanto por Importadora Ricamar como por CD el convenio para el pago de las cuentas relacionadas con las actividades políticas. También indicó que no tuvo acceso a todos los estados financieros de Importadora Ricamar. Juan Manuel Díaz [email protected] Mizrachi fue proclamado como alcalde del distrito de Panamá el 9 de mayo de 2024. Archivo Sala Tercera rechaza demanda de $10 millones de Mizrachi contra el Estado CORTE SUPREMA La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), desestimó una demanda contencioso administrativa de indemnización, propuesta por el actual alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi, para que se condene al Estado al pago de $10 millones por mal funcionamiento del servicio público por parte del Ministerio Público (MP). A través del edicto No.391, se informa que bajo la ponencia de la magistrada Gisela Augurto y el respaldo de los magistrados Carlos Váquez y María Cristina Chen Staziola, se decidió no acceder a la pretensión presentada. Mizrachi demandó al MP, luego de que en julio del 2024, el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales declaró nulo un proceso en su contra por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales por un error en la denominación del delito por parte del Ministerio Público. Según el fallo del Tribunal Superior, el MP incurrió en una falla al imputar el cargo de blanqueo de capitales a Mizrachi, teniendo como delito precedente el delito de peculado, a pesar de que a través del auto vario No. 46 del 24 de agosto del 2021, el Tribunal Superior de Causas Penales archivó el proceso seguido al actual alcalde capitalino. La investigación inició en 2014, cuando la Autoridad de Innovación Gubernamental denunció que Mizrachi a través de la empresa Innovative Venture Ltd, incumplió un contrato para el suministro de un sistema informático denominado Criptex para los estamentos de seguridad, esta denuncia sirvió de base para abrir un proceso por blanqueo de capitales, usando como precedente la denuncia de la entidad. Al caso también se introdujo una certificación del Tribunal de Cuentas que revela que un proceso seguido en esta jurisdicción por estos mismos hechos se determinó que no existió lesión patrimonial.
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